EL BLOG DE TERESA GÓMEZ-LIMÓN


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NO TODAS LAS VÍCTIMAS SOMOS IGUALES

Vaya por delante mi solidaridad y mi respeto a las víctimas de los atentados de Barcelona del 17 de agosto de 2017. Como no podía ser de otra manera, tienen todo mi apoyo y mi cariño.

Pero, una vez dicho esto y vistos los actos conmemorativos y su reflejo en los medios de comunicación, no puedo por menos que recordar a las víctimas de otras tragedias no provocadas por ningún desastre natural o por ninguna causa imprevista sino por negligencias de personas responsables. Así podemos citar los desastres del Yack 42, de Spanair, del metro de Valencia y del tren de Santiago de Compostela. Todas ellas han sido tragedias colectivas, todas ellas han causado muertos y heridos, todas ellas han dado lugar a un procedimiento judicial, lo que implica posibles responsabilidades penales, y todas ellas han causado un dolor irreparable en las propias víctimas y en sus familiares. Por poner un ejemplo numérico respecto a los fallecidos: 74 muertos en el Yack 42; 43 muertos en el metro de Valencia; 153 muertos en Spanair y 81 muertos en Santiago de Compostela. Total 351 víctimas mortales más un gran número de heridos.

Sin embargo, todas estas víctimas, entre las que me encuentro, somos víctimas de segunda categoría, con un reconocimiento infinitamente menor que las víctimas del terrorismo.

Se me puede argumentar que, en el caso del terrorismo, es un crimen cometido con intención de matar y en los otros casos no existe dicha intención. Sin embargo, esta argumentación, aunque aparentemente real, no es del todo cierta. En el caso de un atentado terrorista, existe una intención de matar de forma directa. En el caso de estas otras catástrofes que acabo de citar existen diversas intenciones espurias que traen como consecuencia la muerte de muchas personas que han sido engañadas porque no conocen el riesgo a que son sometidas. Entre estas intenciones espurias se podrían citar: ahorro o necesidad de compensar pérdidas, desvío de dinero público, razones políticas, nombramiento o designación de personas incompetentes o cualquier otra que suponga por parte de los responsables un engaño o una negligencia más o menos grave.

Por ello sería más preciso hablar de intención directa y de intención indirecta. En la primera, la causa generalmente es un fanatismo irracional y violento que lleva, incluso, a inmolarse a aquellos que lo cometen. En la segunda, existen intereses prioritarios de determinados poderes que, para conseguirlos, no dudan en poner en riesgo la vida de las personas, aunque siempre confiando en que no ocurra nada. La primera es brutal, la segunda es cínica, aunque ambas sean inmorales.

Pero las víctimas, en uno y otro caso, somos solo eso: víctimas. Víctimas inocentes que paseaban tranquilamente, que cenaban en un restaurante o que acudían a una discoteca. Víctimas que cumplían sus obligaciones profesionales, que tomaban un metro, que cogían un avión o que nos subíamos a un tren. Todas ellas confiadas, todas ellas inocentes.

¿Cuál es la diferencia entre unas y otras víctimas? Una sola: las primeras son víctimas de un enemigo marginal, que no forma parte de nuestra sociedad, mientras que las segundas somos víctimas del Poder, del poder político, del poder económico, del poder institucional.

Sin embargo, el sufrimiento de las víctimas es el mismo en uno y otro caso: el sufrimiento por la pérdida, el sufrimiento por las secuelas y, lo que es más importante, el sufrimiento por la rabia y la impotencia de saber que no es un hecho casual sino que hay unos culpables. Pero mientras las víctimas del terrorismo cuentan con el apoyo total de las instituciones, las “otras víctimas” hemos de luchar contra las propias instituciones, contra el Poder, que esconde, silencia, manipula y tergiversa la información.

Los diferentes Gobiernos se han esforzado por luchar contra el terrorismo, poniendo todas las herramientas del Estado para ello;  por el contrario, no han tomado medida alguna que evite este otro tipo de víctimas, aunque debería de ser más fácil, ya que se trata de luchar contra las fisuras del Sistema, poniendo por delante los intereses de los ciudadanos. Tan pocas medidas se han tomado que en el 2003 se produjo la catástrofe del Yack 42,  en el 2006 la del Metro de Valencia, en el 2008 la de Spanair y en el 2013 la del tren de Santiago. No se aprendió o no se quiso aprender nada.

En el primer aniversario de los atentados de Barcelona se ha elogiado la ausencia de utilización partidista y la solidaridad sincera con las víctimas. Sin embargo y refiriéndome específicamente a la tragedia del tren de Santiago, las hemerotecas son testigos de la parafernalia con la que Núñez Feijoo utilizó a las víctimas para su autobombo; y también observamos con amargura como el ex presidente del Gobierno, Sr. Rajoy, en un comunicado oficial, confundió la tragedia de Santiago con el terremoto ocurrido en Gansu, China, lo que indicó la importancia que él mismo y su Gobierno concedieron al trágico accidente.

Todas víctimas, si. Pero no todas consideradas de la misma manera por parte de las instituciones. Las de primera son aquellas que no ponen en riesgo el Sistema, mientras que las segundas destapamos la cara más fea de éste. Por eso no todas las víctimas somos iguales.

 

 


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DEFENDER UNA CAUSA JUSTA NO CONVIERTE A UNO EN JUSTO

Según el diccionario de la RAE, “justicia es el principio moral  que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece”.

Siguiendo este principio, todos los líderes políticos y de organizaciones sociales han de ser justos y han de defender causas justas, reconocidas por aquellos a los que representan.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el ser humano es un ser complejo, el defender una causa objetivamente justa no significa que la conducta del líder que la defiende sea siempre justa. Tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia: líderes que han luchado por algo justo y que han sido notablemente injustos con personas cercanas que la mayoría de las veces les han ayudado en la consecución de dicha causa.

La reflexión sería ¿por qué ocurre esto? La mayoría de las veces se debe a dos factores que contribuyen de manera decisiva a dicha conducta: por una lado, un exceso de autoritarismo, por el que el líder aleja de su entorno a toda persona que tiene criterios propios y no sigue ciegamente sus indicaciones o consignas; por otro, una gran dosis de vanidad y de soberbia, percibiéndose a sí mismo como el líder carismático, sin el cual los representados no podrían conseguir su objetivo. Estos dos factores conducen a la tiranía y a valerse de cualquier método para “eliminar” a los que considera erróneamente sus “competidores”.

Hay que tener buenas dosis de equilibrio personal y un sentido filosófico de la caducidad de las cosas para sustraerse a las alabanzas de aquellos a los que el líder representa; cuando a uno le alaban, es difícil no caer en la tentación de creerse imprescindible e insustituible, aunque de cara al exterior se diga lo contrario. Cierta notoriedad, cierta presencia en los medios de comunicación… todo ello va “engrosando” el ego personal, que es una forma de “premio” ante la defensa de esa causa justa.

No podemos evitar referirnos a los clásicos cuando reflexionamos sobre algún tema. En este caso, podemos citar a Cicerón que dijo: “nada hay más injusto que buscar premio en la justicia”; porque actuar de una manera justa o luchar por una causa justa no debería significar en ningún caso perseguir una satisfacción personal a modo de alabanza o de reconocimiento excesivo, aunque ello pueda resultar muy halagador o motivante para el que lo recibe; y mucho menos ignorar la participación de las personas que han ayudado al líder a conseguir sus objetivos, cuando no apartarlas y despreciarlas para que queden en el ostracismo, reservándose todos los laureles y glorias para él solo. Esa es una actitud que, además de injusta, es estúpida por prescindir de colaboradores aptos, además de denotar un bajísimo aprecio por sí mismo.

En “Macbeth”, una joya como todas las de Shakespeare, éste se deja poseer por el mal que nace del ansia de poder creyéndose invencible y por lo que está dispuesto a todo: “Adelante y engañemos a todos fingiendo la inocencia: que esconda el rostro hipócrita lo que conoce el falso corazón”.

Aunque indudablemente los personajes del genio son ficticios, representan las grandes pasiones que acechan y embargan al ser humano y que, como decíamos al principio, pueden convertir a alguien en injusto aunque luche por una causa justa, si alguna de esas pasiones domina sus actuaciones en esa lucha.

Y para terminar siguiendo con “Macbeth”, cuando tengamos la más mínima tentación de caer en la vanidad o en la soberbia, despreciando a personas próximas que luchan por lo mismo, sería bueno que recordáramos esta frase dicha por el propio Macbeth en el Acto V, escena 5: “La vida es una sombra tan solo, que transcurre; un pobre actor que, orgulloso, consume su tramo desde el escenario para jamás volver a ser oído: Es una historia contada por un necio, llena de ruido y furia, que nada significa”.

Si alguien se siente aludido, que saque consecuencias.

 

 

 


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BORRÓN Y CUENTA NUEVA

Esta mañana escuchábamos a Pablo Casado en una entrevista para la Cadena SER decir, en referencia a la Memoria Histórica, que la dictadura franquista y todas sus lamentables consecuencias se acabaron con la Transición que, según él, fue un modelo para el mundo.

No sé si es que el Sr. Casado, por no haberse ilustrado con la lectura de historiadores de relevancia internacional, alguno de los cuales incluso podría pertenecer a su ámbito ideológico, desconoce qué fue lo que ocurrió en este país en la llamada “transición”. Por eso quizá conviene refrescarle la memoria.

La transición, Sr. Casado, fue un “enjuague” entre diferentes núcleos de poder de distinto signo que acordaron, una vez muerto el dictador, participar en una parte del “pastel” del gobierno de la nación, para lo que algunos -no todos- renunciaron a su ideología. Es a lo que eufemísticamente se le ha llamado “consenso”.

Ese llamado consenso consistió en que siguieron gobernando los mismos que lo habían hecho hasta entonces, aunque a partir de ese momento sin Franco, defendiendo los privilegios de los mismos y la sumisión manipulada del resto de la población.

Los perdedores, llamados también la “izquierda”, representados esencialmente por el Partido Socialista y el Partido Comunista, aceptaron de buen grado el papel de comparsa en ese teatrillo que se montó en torno a la construcción de un país supuestamente democrático.

Le voy a dar algunos ejemplos objetivos de leyes trascendentales que se aprobaron en aquel momento histórico con el acuerdo de todos: la Ley de Amnistía, publicada en el BOE el 17 de octubre de 1977 y que actualmente sigue en vigor, fue aprobada por UCD, PSOE, PCE y nacionalistas vascos y catalanes. Dicha ley, entre otras cosas, perdonaba “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. Aunque parezca increíble, eso fue lo que aceptaron los que, en aquel momento, eran llamados “padres de la patria”. Esta ley, como se ha visto recientemente en la impunidad manifiesta de algunos torturadores y criminales, acabó con los crímenes del franquismo. El dictador se murió en su cama, con todas las atenciones médicas posibles en aquel momento y todos sus secuaces quedaron libres de toda culpa.

Debo recordarle, Sr. Casado, que esta ley, impensable en cualquier país democrático de nuestro entorno, ha sido duramente criticada por las Naciones Unidas ya que España, antes de la aprobación de dicha ley, había suscrito el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que obligaba a castigar la violación de los derechos humanos.

Otro de los acuerdos a los que se llegó en aquel momento fue cumplir los deseos del dictador respecto a la monarquía. Si, lo ha oído bien, Sr. Casado, cumplir los deseos del dictador. No podemos olvidar que en 1947, 11 años después de acabar la guerra civil, Franco aprobó una de las ocho leyes fundamentales del régimen, que era la Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado, de acuerdo a la cual España se convierte en un reino, pero sin rey, ya que el dictador tenía claro que él sería el Jefe del Estado hasta su fallecimiento. En 1978, con el tan aplaudido “consenso”, se cumpliría unas de las voluntades más firmes de Franco.

La monarquía pasó a ser, en la Constitución de 1978, uno de los títulos absolutamente blindados, de manera que ya se ocuparon los que “consensuaron” para que fuera algo prácticamente inamovible.

Llegó el gobierno de UCD y, en un momento en el que la monarquía no gozaba de mucha popularidad, tiene lugar el 23F, cuya autoría nunca fue desvelada oficialmente, pero del cual se han escrito todo tipo de hipótesis, algunas muy documentadas fuera de España, porque aquí siguen clasificados los documentos.

Es en ese momento cuando Juan Carlos I, ese del que ahora sabemos que tiene una fortuna en Suiza, hace negocios con dictaduras (él aprendió mucho con Franco) y tiene testaferras, a las que utiliza haciendo parecer que son amantes, alcanza cierta popularidad, como el “salvador de la patria”, cosa que también decían de Franco.

Y así, con una Constitución sin proceso constituyente votado por los ciudadanos, con un Jefe del Estado y su heredero no votados por nadie y con unos “consensos” que para lo único que sirvieron fueron para amnistiar criminales y para mantener los privilegios de los mismos que los tuvieron desde que se instauró el franquismo, llegamos al día de hoy, sin haber cortado nunca jamás con la cruel dictadura.

Las víctimas, Sr. Casado, no pueden consensuar eso, las víctimas quieren reparación, las víctimas quieren un corte radical con esta realidad, que es solamente una continuidad de la situación anterior. Y los que no fuimos víctimas apoyamos esas reclamaciones por un mínimo sentido de la ética y de la decencia.

Ni en Alemania se permitió que hubiera consenso con el régimen nazi, ni en Italia se permitió que hubiera consenso con el régimen fascista, ni en Rusia se permitió que hubiera consenso con el régimen estalinista y en Argentina se derogó la Ley de Punto Final y Obediencia Debida. Esa es la Historia.

No es ético ni siquiera práctico hablar de borrón y cuenta nueva, Sr. Casado, porque la Historia no se puede emborronar, hay hechos, datos, testigos y analistas que lo verifican. Y tampoco podemos hablar de cuenta nueva mientras no se haya saldado la vieja, porque la memoria, la memoria individual y colectiva no se puede borrar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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ADIF: LOS INTERESES PONEN DE ACUERDO A LOS DOS GRANDES PARTIDOS

Acabamos de conocer el nombramiento de Isabel Pardo de Vera como Presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Se ha destacado en los medios de comunicación el hecho de ser la primera mujer al frente de esta empresa pública, lo cual celebramos. Pero lo que realmente subyace detrás de este nombramiento son los intereses de ADIF, de las grandes constructoras y de otros posibles operadores privados que han de entrar en el mercado para finales del 2020.

Isabel Pardo de Vera ha ocupado diversos puestos de libre designación, tanto con gobiernos del PSOE como del PP, habiendo sido Gerente y Jefa de Infraestructuras del AVE a Galicia y Directora de Obra, entre otras, del subtramo de los accesos a la estación de Santiago –lugar donde se produjo el grave accidente del Alvia- como así aparece en una entrevista concedida por ella a la revista de Adif  “Líneas”, de diciembre de 2011 y enero de 2012 y que se encuentra aportada al procedimiento judicial que se instruye en el Juzgado número 3 de Santiago de Compostela.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha dicho que iba a tocar lo menos posible la estructura y los planes estratégicos de las empresas de su Departamento, por lo que Pardo de Vera suponía una continuidad. Y es cierto, puesto que Pardo de Vera era la “segunda” del anterior Presidente de Adif. Pero, ¿en qué se basa esa continuidad?, ¿en hacer modelos de AVEs caros, ineficientes y sin seguridad? Porque, según un demoledor informe de auditoría de la UE, eso es lo que viene ocurriendo hasta ahora en España. En dicho informe se dice que Bruselas ha gastado 11.232 millones de euros en la cofinanciación del AVE español y que dicha red se ha diseñado en función de consideraciones políticas (“no es una realidad, sino un parche ineficaz”, dice el Informe en referencia a la Alta Velocidad española).

Pardo de Vera se va a encontrar sobre la mesa numerosos contratos de construcción y la presión de las licitadoras, empresas poderosas a las que tiene que dar respuesta a la satisfacción de éstas, tal como ya hizo también el PP.

Parece bastante claro que los objetivos de Adif en esta etapa de Gobierno del PSOE son esencialmente dos: uno, acelerar las líneas de Alta Velocidad, con el fin de que el PSOE pueda ganarse el voto de aquellos ciudadanos a los que les ha prometido la llegada del AVE a su región; y dos: “cumplir” los acuerdos con las grandes constructoras, porque no nos olvidemos de que Adif es una de las compañías públicas con mayor volumen de inversión, imprescindible para el sector privado.

Por eso no se quieren sacar a la luz las “chapuzas” de algunas líneas del AVE, como la del tramo Ourense-Santiago, que causó la muerte de 80 personas y dejó a 144 con graves secuelas. Una tragedia que no conviene airear demasiado, porque huele mal y el hedor llega demasiado lejos, tan lejos que afecta a los dos partidos mayoritarios.

Pero la clave está en la siguiente pregunta: ¿a quién o a quiénes se intenta proteger y por qué? Indudablemente una parte de los “protegidos” son los políticos de ambos partidos, PP y PSOE, que tenían distintos grados de responsabilidad en cuanto a la correcta realización de las obras y, especialmente, en lo que respecta a la seguridad de los viajeros, seguridad de la que depende la vida y la integridad de las personas; la carencia de dicha seguridad, además, constituye un delito. Pero existe otro aspecto del que se habla poco y es la perfecta imbricación de políticos y grandes empresas buscando siempre hacer el negocio más rentable, políticamente para unos y económicamente para otros. Estar fuera del “clan” significa tener que salir de España para hacer negocios.

Pardo de Vera, el nuevo Presidente de Renfe y el Ministro Ábalos tendrán que explicar, ahora que ya han tomado las riendas de las empresas ferroviarias, el porqué las personas imputadas en el caso Alvia siguen en sus puestos o en otros similares, algo que parece ir en contra de la máxima del Presidente Sánchez de tomar inmediatamente decisiones drásticas respecto a los responsables públicos que puedan tener un atisbo de “tacha”. Creo que la muerte de 80 personas y las lesiones de 144 son motivo más que suficiente para tomar ese tipo de medidas con la mayor celeridad posible.

Negligencias, prisas, ahorro…¡una completa chapuza!…un accidente grave: 80 muertos y 144 lesionados…5 años… ¡y a esconder en el cajón del olvido!. Es un cajón que se encuentra a rebosar, entre otras cosas, con las grandes tragedias -se llaman coloquialmente “accidentes”-  que ha sufrido este país en las dos últimas décadas: Yack 42, Spanair, Metro de Valencia, Alvia… Para vaciar el cajón es necesario sacar primero los intereses, que se encuentran encima de todo los demás e impiden que el cajón se abra. Es una obligación ética.

 

 


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UN PASO IMPORTANTE EN LA PARIDAD DE LAS MUJERES

Desde el día 8 de marzo del presente año, la reivindicación por parte de las mujeres para ocupar el puesto que nos corresponde en la sociedad ha dado un paso que, por suerte, ya no tiene vuelta atrás.

La lucha por nuestros derechos comenzó ya en el siglo XVIII con Mary Wollstonecraft autora de Una reivindicación de los derechos de la mujer. Mary Wollstonecraft escandalizó a sus coetáneos con sus ideas acerca del derecho de las mujeres a vivir como seres humanos plenos. A lo largo de los siglos XIX y XX han sido muchas las mujeres que se definieron a sí mismas como seres humanos autónomos. En Writing a Woman’s Life (1988), Carolyn G. Heilbrun entiende que el elemento crucial en la aventura de ser mujer es la asunción del poder.

Sin duda, desde la década de los setenta del pasado siglo XX se han dado, en el mundo occidental, notables avances respecto al papel de la mujer en la sociedad. Se han modificado leyes, se han ido cambiando costumbres y las mujeres hemos ido penetrando, poco a poco, en el tejido social y en el mercado de trabajo. Pero eso no ha sido ni es suficiente.

Todavía no se ha superado el llamado “techo de cristal”, denominación que apareció por primera vez en un artículo del Wall Street Journal en Estados Unidos en 1986. Desde entonces, se aplica este término en los estudios de género a la limitación velada del ascenso de cualquier tipo de las mujeres en todas las organizaciones. Es un techo “invisible”, porque no existen normas o leyes que impidan una limitación explícita, pero que se produce en la realidad.

Ese hecho tiene como consecuencia que, en casi todas las organizaciones sociales, las mujeres no llegamos a alcanzar la posición que nos debería corresponder en igualdad con los hombres porque es una manera de representar al pueblo; además, es importante tener en cuenta que la definición de los méritos y la capacidad tiene un sesgo androcéntrico. Además, no existe una evidencia empírica que demuestre que los hombres estén mejor cualificados que las mujeres.

Tenemos ejemplos muy recientes con lo que ha ocurrido en la Comisión que reformará los delitos sexuales en el Código Penal, cuyos integrantes eran 20 hombres. Este hecho produjo tal escándalo, que el Gobierno se vio obligado a “maquillar” la citada comisión y pedir la introducción de seis miembros-mujeres de manera no permanente. Algunas, teniendo en cuenta la diferencia de estatus que se proponía, renunciaron a formar parte de esa comisión. Una vez que se produce un gran debate social, finalmente se ha formado un Comisión Paritaria de 15 hombres y 15 mujeres con los mismos derechos y responsabilidades, que es lo que se tenía que haber sido desde el principio. Pero esta no es una concesión gratuita, sino que se ha conseguido a base de reivindicaciones de las propias mujeres. Siempre es así.

La buena noticia que hemos tenido esta misma semana ha sido la reacción de 50 académicos y 200 adhesiones más, pertenecientes a universidades nacionales e internacionales y a centros de investigación, que han lanzado un manifiesto en el que se comprometen a no participar en evento alguno en el que no exista una paridad entre hombres y mujeres. Este hecho es especialmente significativo porque parte de un colectivo exclusivamente masculino, que se suma a las justas reivindicaciones del movimiento feminista.

La paridad de género es la participación equilibrada entre hombres y mujeres en las posiciones de poder, de representación y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida (política, económica y social) y es un indicador de la calidad democrática de las organizaciones, reflejando de manera mucho más realista la composición de la sociedad. Ya en la Cumbre de Mujeres al Poder, celebrada en Atenas en 1992, dio como resultado un documento, la Declaración de Atenas, en el que se planteaba que la infrarrepresentación de las mujeres constituía un déficit democrático y allí se acuñó el término “democracia paritaria”. Este documento dice, entre otras cosas:

“Una participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones produciría diferentes ideas, valores y estilos de comportamiento necesarios para lograr un mundo más justo y equilibrado para todo el mundo, tanto para las mujeres como para los hombres”.

A este respecto, la Unión Europea ha proporcionado apoyo absoluto a la paridad desde 1996 hasta llegar a la Resolución de 10 de marzo de 2015, basada en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, entre otras cosas, dice lo siguiente:

“Hace hincapié en el consenso creciente a escala de la UE sobre la necesidad de promover la igualdad de género, entre otros medios, a través de la participación de las mujeres en la toma de decisiones económicas y políticas, que es una cuestión de derechos fundamentales y democracia….”.

Pero en todo este proceso, que ha empezado por quitarnos el lastre de la marginalidad y la ausencia de los derechos más fundamentales, como el derecho al voto o la dependencia absoluta del cónyuge para realizar actividades económicas o laborales, se ha pasado a una integración parcial en la sociedad y en el mundo laboral a una situación actual en la que luchamos por romper ese techo de cristal y poder dirigir y tomar decisiones en todos los ámbitos sociales en igualdad con los hombres, ya que representamos a la mitad de la población.

Sabemos que esta lucha no va a ser fácil, como no lo ha sido ninguna en los procesos anteriores, pero confiamos en la concienciación de la sociedad y en que no sea necesario establecer “cuotas” para que las propias organizaciones se conciencien de que las mujeres tenemos los mismos derechos de participación en los ámbitos de poder y de que ello contribuirá a mejorar la situación tanto de mujeres como de hombres.

Por eso la decisión de este grupo de hombres ha sido un ejemplo no solo de democracia sino también de inteligencia.

 

 


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EL PODER EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y EN LAS ORGANIZACIONES

Constantemente nos enteramos de las luchas de poder que existen en los partidos políticos y en todo tipo de organizaciones sociales.

A nadie le resulta desconocida la lucha entre Soraya Saenz de Santamaría y Mª Dolores de Cospedal, como tampoco la de Pedro Sánchez y Susana Díez o la de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón y así podríamos seguir con infinidad de casos en todos los niveles. Asimismo, en muchas organizaciones de la sociedad civil hemos visto idéntico enfrentamiento aunque, naturalmente, con mucha menos repercusión mediática.

Lo importante y en lo que creo habría que reflexionar es en qué medida estas luchas internas en los partidos y en las organizaciones afectan a los representados por ellas.

Cuando aparecen estas disensiones o luchas de poder en alguna organización, lo peor, desde mi punto de vista, es que se olvida el objetivo principal al que éstas se deben, porque toda la energía se vuelca en convencer a los representados de que cada opción es la mejor para obtener los votos o la aprobación dentro de sus filas.

En la dinámica de una organización, la asunción del poder es algo que se va gestando de manera progresiva y sutil, sin que ni los propios protagonistas tengan conciencia de ello. Por eso, muchas organizaciones que han nacido con la intención sincera de establecer cauces democráticos de participación, terminan convirtiéndose en una estructura piramidal, en la que una o varias personas ejercen el control de las mismas.

No es necesario que los objetivos de este control sean espurios, es decir que la persona que ejerce el poder pretenda conseguir beneficios con su liderazgo, pero de una manera más o menos inconsciente termina por dirigir de manera vertical la organización y rechaza, como si de una agresión personal se tratara, las posibles críticas a determinados aspectos de su gestión.

Desde mi punto de vista, el grave problema que se deriva de esta “transformación” del poder es que se va perdiendo de vista el objetivo final de la organización, el motivo para el cual se ha creado, para centrarse en luchas internas que no dejan tiempo ni ganas para ejercer adecuadamente los objetivos colectivos. Lo que podría ser una crítica a una actitud o conducta determinada se transforma en un problema personal y la lucha se termina convirtiendo en un tema de “personas” o “equipos” que se enfrentan por el poder y el control de la organización.

¿Y dónde queda el resto de los representados? Pues suele quedar en personas que, de buena fe, confían en la organización y están dispuestos por aceptar el liderazgo de quien lo ejerza en cada momento, con la convicción de lograr los objetivos que persigue la organización.

Si ponemos el ejemplo de los partidos políticos, ¿cómo puede ser posible que los líderes de un partido tengan la mente ocupada en los problemas de los ciudadanos cuando tienen que pensar en cómo van a conquistar el poder desde sus luchas internas? Resulta imposible centrar la atención en ambas cosas, puesto que se encuentran en polos opuestos, uno es individual y el otro colectivo.

La dinámica del poder dentro de cualquier organización ha sido y es objeto de investigación de la Psicología, la Sociología y otras ciencias humanas. Numerosos autores se han referido a la teoría de poder. Así Foucault afirma que existen múltiples formas de dominación que pueden ejercerse en el interior de la sociedad y de los grupos humanos, ya que se trata de las relaciones recíprocas entre los sujetos. Desde el punto de vista político y organizacional, algunas teorías como el anarquismo se han opuesto a este concepto, considerando una característica del libertarismo es la ausencia de poder y afirmando que cada persona, en cualquier organización, tiene el mismo grado de autoridad.

Pero el concepto de poder, aunque tenga unas connotaciones muy negativas, no siempre lo es, cuando se entiende y se ejerce correctamente. El “poder democrático” en una organización política o social -dejando aparte la organización productiva que tiene otras características- significa una dirección de la organización, pero que ha de estar constantemente sometida a la crítica y a la aceptación de diferentes ideas y planteamientos en la forma de llevar a cabo los proyectos, aceptando que ninguno de sus componentes se encuentra en una dimensión superior a los demás. Cuando este hecho no se cumple, se produce una ruptura en la organización, lo que significa que el poder se está ejerciendo erróneamente y que se ha perdido de vista el objetivo para el cual la organización nació.

La “burocratización” de las organizaciones es lo que termina anulándolas y no haciéndolas útiles. Dicha burocratización se refiere al hecho de que los modelos y métodos de decisión se conviertan en el rasgo dominante del conjunto de las relaciones entre sus miembros. A lo largo de la Historia, hemos tenido múltiples ejemplos, especialmente en organizaciones de izquierdas, que han pasado de ser una organización liberadora a convertirse en “aparatos”, cuyos miembros ejercen el dominio y el control sobre el resto. Pero sin llegar a esas grandes organizaciones políticas, ese modo de actuar puede ocurrir en cualquier tipo de organización humana en los que sus componentes han de interrelacionarse mediante un modelo y un método.

Para no caer en este tipo de errores, considero que es preciso tener siempre presente algunas cosas:

  1. Nadie es insustituible. A este respecto, quiero recordar que cuando los emperadores y generales romanos aparecían ante su pueblo enfebrecido y eran aclamados triunfalmente, un esclavo que sostenía sobre sus cabezas una corona de laurel, les susurraba al oído: “recuerda que eres mortal” (memento mori). Esta costumbre servía para que los líderes no se creyeran dioses.
  2. Nadie es más que nadie. Tal como decía Einstein: “Todo el mundo es un genio. Pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, pasará la vida pensando que es estúpido”.
  3. Nadie debe responder sólo a sus emociones. Jorge Bucay, un conocido psicoterapeuta, decía: “no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con las emociones”.

Creo que los responsables de algunas organizaciones deberían tener presentes estos sencillos pensamientos para no caer en el ejercicio erróneo del poder o del liderazgo, olvidando a sus representados y obteniendo a la larga mucho más sufrimiento que satisfacción.

 

 

 

 

 

 

 


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EL ACCIDENTE DE SANTIAGO Y LA POLÍTICA

El día 24 de julio de 2013 se produjo un accidente en las inmediaciones de Santiago de Compostela; un tren de Alta Velocidad descarrila y tiene unas consecuencias trágicas: 81 muertos y más de 144 heridos graves, la mayor tragedia ferroviaria desde hacía 70 años.

La causa de tal accidente la atribuyeron, en un primer momento, al maquinista por un exceso de velocidad. Era una imputación fácil, él mismo reconoció su error y también fue víctima del accidente.

Después de casi 5 años de instrucción judicial, analizadas las pruebas documentales, los peritajes, un informe de la Unión Europea y muchas declaraciones, hasta el día de hoy, además del maquinista, hay 6 imputados más. Y todavía no ha terminado la instrucción.

Seguramente hay personas que pueden pensar que se trata de un accidente y que, por lo tanto, es inevitable. Como ya se ha dicho por parte de algunos “la seguridad al cien por cien no existe”. En nuestro caso, desgraciadamente, fue “la inseguridad al cien por cien”, ya que todos los ocupantes del tren fuimos afectados.

Algunos pueden pensar que nada tiene que ver esto con la política, que se ha intentado politizar el tema y que las víctimas hemos sido manipuladas. Ya lo han dicho de manera interesada infinidad de veces. Pero hay otras personas que, de buena fe, no ven la relación entre el accidente y la política. Por eso mi intención en este artículo es aclararles esta relación.

Lo primero que es preciso destacar es que las empresas que gestionan en España el sector ferroviario son dos: ADIF y RENFE, ambas dependientes del Ministerio de Fomento y cuyos presidentes son nombrados por los correspondientes ministros. Lo segundo es que los responsables últimos de que no funcione la seguridad y tenga unas consecuencias tan catastróficas son los máximos responsables de dichas empresas y del Ministerio de Fomento, que tienen la obligación legal y política de velar porque un asunto esencial como la seguridad ferroviaria sea la prioridad. Es aquella obligación que se llama “in vigilando”.

En este conglomerado de empresas y Ministerio, cada uno de ellos con sus correspondientes departamentos, se encuentran los que se llaman “altos cargos”, que son cargos de “libre disposición”, es decir nombrados “a dedo”; suelen ser técnicos afines al partido que gobierna, muy bien pagados y, en el caso que nos ocupa, expertos en materia de seguridad ferroviaria. Éstos conocen, o deben conocer perfectamente la normativa de seguridad y han de aplicarla con absoluto rigor. En caso de duda o de una importante decisión han de reportan al máximo responsable (Ministro o Presidente).

Cuando se producen negligencias graves, los responsables penales, sin ninguna duda, son estos “altos cargos”. Pero qué ocurre con las cúpulas de las organizaciones? Pues que, aunque no tengan responsabilidad penal, porque no haya pruebas suficientes para imputarlos, al menos tienen responsabilidad política, que es aquella que les exige cumplir las funciones para las que han sido nombrados y que son muy bien remunerados con los impuestos de todos los ciudadanos.

Por eso las víctimas, además del procedimiento penal, que llevamos independientemente con nuestros respectivos abogados, hemos pedido reiteradamente una Comisión de Investigación Parlamentaria. Y quién puede solicitar y llevar a cabo dicha Comisión? Solamente los partidos políticos con representación parlamentaria. Por esa razón las víctimas nos hemos tenido que dirigir a ellos para buscar apoyos. Algunos nos han apoyado desde el principio y se lo agradecemos mucho; otros no nos apoyaban al principio pero han cambiado su posición y también se lo agradecemos porque “rectificar es de sabios”; y finalmente otros, en este caso solamente el PP, nunca nos han apoyado ni creo que lo hagan.

Por lo tanto, el caso del accidente de Santiago es un desgraciado hecho de naturaleza política, si queremos llegar al final del camino y desenmascarar a todos los que han tenido alguna responsabilidad en la pérdida de tantas vidas humanas, con o sin reproche penal.

Y, desde luego, las circunstancias políticas del país en un momento determinado influyen de una u otra manera en este asunto, así como en muchos otros. La Presidenta del Congreso, antes Ministra de Fomento, Ana Pastor, dice no saber nada de lo que ocurría en su Ministerio, aunque se muestra absolutamente dispuesta a conocer la verdad. ¿Cómo se puede conocer la verdad de algo de lo que uno no se ha enterado después de cinco años? Ciertamente parece difícil, por no decir imposible.

También influyen las políticas y los valores de los partidos, especialmente del que tiene la tarea de Gobierno. Si un partido, en este caso el PP, no cree en las libertades civiles y políticas de los ciudadanos y en sus derechos es mucho más difícil que facilite el camino a las víctimas, más bien tenderá a entorpecérselo e, incluso, a impedírselo por los medios que sea. Valga un ejemplo: el día del primer aniversario de la tragedia en Santiago de Compostela enviaron a la policía antidisturbios para reprimir nuestra “presencia” en la Casa de la Cultura. El día que hemos ido a ver a Ana Pastor y nos quedamos 12 víctimas en la calle bajo la lluvia, tuvimos que soportar la presencia de dos personas de seguridad camufladas vigilando nuestros movimientos, como si fuésemos peligrosos terroristas.

Por eso el que tienda a separar este asunto de la política en general se está equivocando y, aunque sea de buena fe, percibe erróneamente la realidad. Pensar de la política que ese no es “nuestro asunto” es un grave error porque es el asunto de todos; lo mismo que no debemos pensar que no es “su asunto” otras graves cosas que están ocurriendo en nuestro país y que afectan a muchos ciudadanos: a jóvenes, a mujeres, a pensionistas, a discapacitados, a activistas, a artistas…. La involución de nuestra democracia nos afecta a todos. Tratar de avanzar en un problema específico de un colectivo, sin tener en cuenta el contexto político, es estar condenado a no avanzar en su propio problema.