EL BLOG DE TERESA GÓMEZ-LIMÓN


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LA LLAMADA LEY “TRANS” Y EL FEMINISMO

Desde su inicio, este Proyecto de Ley está provocando una gran discusión en la sociedad en general y, especialmente, entre los grupos feministas. Y no es para menos. Lo que ocurre, desde mi punto de vista, es que en muchos casos la discusión no entra en la esencia del problema, que son los propios conceptos, tras los cuales sin duda existe una concepción ideológica enmascarada.

            La primera anomalía que observamos es el propio título del Proyecto de Ley que dice: “Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans”. Lo primero que cabe preguntarse es ¿qué entiende el Gobierno por trans? Porque “trans” es simplemente un prefijo que significa “más alla de” o “al otro lado de”. Aunque todos sepamos de qué estamos hablando cuando se habla de la ley trans, eso puede servir para el lenguaje coloquial pero desde luego jamás para nombrar una ley. Quizá lo que ocurre es que no se ha querido definir si es transexual o transgénero, por eso mejor dejarlo en la indefinición en su propio enunciado.

            Decir que las feministas somos “transfóbicas” es simplemente un argumento populista que nada tiene que ver con la realidad y lo que intenta es desacreditar un movimiento masivo y universal cuya lucha, desde hace más de tres siglos, y continuas demandas están cambiando el mundo y a muchos, los que realmente lo dirigen, no les interesa. ¿Qué mejor, pues, que inventarnos algo que, con una apariencia de progresismo, contrarreste el movimiento feminista? Una idea muy brillante.

            Pero empecemos por el principio. El concepto “sexo” no tiene discusión alguna, son los atributos biológicos con los que nacemos, lo mismo que el color de los ojos, de la piel o del cabello. A esto se le llama en este proyecto de ley “el sexo asignado al nacer” (art. 4.2). Es como si los padres de un recién nacido/a le “asignaran” caprichosamente un sexo, cuando es algo puramente biológico. Eso se llama tergiversar el discurso, cuando debería poner “el sexo biológico”, eliminando la palabra “asignar”.

            Este Proyecto de Ley si pretende tener cierto rigor debería comenzar en la propia exposición de motivos por definir los conceptos que va a utilizar a lo largo del texto para no confundir al lector del mismo. Lo intentaremos hacer aquí.

            Como es bien sabido, el sexo es un concepto puramente biológico, se trata de las características sexuales que nos vienen dadas desde el nacimiento y que se expresan en los órganos genitales. El género son los atributos que cada cultura y cada sociedad asigna a cada uno de los sexos como, por ejemplo, que la mujer es sumisa, obediente, esta infradotada para asumir determinados trabajos y es preciso tratarla como un ser menor de edad. Contra todas esas características atribucionales hemos venido luchando las feministas desde hace tres siglos. Así se ha conseguido el voto, un papel de mayor responsabilidad en la sociedad, una libertad de la que carecíamos y un largo etcétera.

            La transexualidad es la característica de determinadas personas que, por razones neurológicas y endocrinológicas en las que ahora no vamos a entrar, se sienten atrapadas en un cuerpo que no corresponde con lo que realmente se identifican. Esto, al margen de consideraciones patológicas o no, es algo real, un problema grave para quien lo sufre. Por eso a estas personas la sociedad ha de ayudarlas con una atención integral a que resuelvan dicho problema y, naturalmente, la primera obligación es la no discriminación. Eso es algo absolutamente claro desde el punto de vista conceptual.

            Pero en el Proyecto de Ley aparecen otros conceptos distintos que son los de transgénero e identidad de género. Por tanto, es necesario en primer lugar saber qué significan estos conceptos. Transgénero es aquella persona cuya identidad de género o expresión no coincide con las expectativas sociales típicas de su género. ¿Cuáles son las expectativas sociales? ¿Ser una mujer sumisa? ¿Llevar falda? ¿Obedecer al varón? Esas son las expectativas sociales de nuestra cultura contra las que las feministas hemos luchado. Identidad de género es identificarse con los atributos de género asignados a hombres y mujeres, según los ideales de masculinidad y feminidad de su sociedad. ¿Cuál es el ideal de feminidad de nuestra cultura? ¿La perpetuación del patriarcado? ¿La sumisión? ¿La belleza? En definitiva, el concepto de género es un concepto atribucional.

            En la exposición de motivos del Proyecto de Ley (pág. 2, párrafo 1) dice que la identidad de género que cada persona defina es esencial para su personalidad. Lo que ocurre es que la personalidad es algo que se conforma mediante el aprendizaje y cada ser humano “aprende” a ser niño o niña en función de las atribuciones de su cultura, como ya hace muchos años dijo Bandura[1] y han mantenido muchos otros autores posteriormente. Eso es precisamente lo que hace la sociedad para someter y quitar derechos a las mujeres contra lo que venimos luchando las feministas.

            En ningún momento en el texto se refiere a identidad de sexo sino a identidad de género. De hecho en las siete primeras páginas de la exposición de motivos repite el término “identidad de género” 27 veces y nunca se refiere a identidad de sexo.

            En todo el articulado de este Proyecto de Ley, sigue refiriéndose constantemente a la identidad de género, sin que aparezca en ningún momento la identidad de sexo, que es de lo que debería tratarse, puesto que en el resto de ámbitos de su vida son personas como el resto de las personas, sean hombres o mujeres.

            Precisamente lo que las feministas llevamos reivindicando desde hace tres siglos es que las mujeres y los hombres, con distinto sexo, son personas con los mismos derechos y las mismas obligaciones y que su sexo no les puede atribuir un género determinado. Si ahora lo que prima es el género lo que estamos haciendo es diferenciar a hombres y mujeres y darles a cada uno unos atributos en función de las creencias y normas sociales. ¿Y para eso las feministas hemos estado luchando tres siglos?.

            Pero esto no es casual ni creo que se le haya ocurrido a un grupo loco o indocumentado. Tiene su razón de ser. El movimiento feminista ha crecido mucho en los últimos años, se han cambiado muchas leyes y se han condenado a los maltratadores, a los violadores y al machismo y patriarcado en general. Por otra parte, el feminismo siempre ha supuesto un avance en la sociedad, es una actitud progresista y siempre ha estado ligado a la reivindicación de otros derechos como los de las mujeres trabajadoras, las más laceradas por la discriminación. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que este movimiento, que es mundial, no conviene a muchos Poderes y lo más inteligente es reventarlos desde dentro y hacerlo, además, con la inestimable colaboración de una supuesta izquierda que lo reivindica como algo enormemente progresista, aunque sea todo lo contrario.

            Lo que se desprende del Proyecto de Ley “trans” es exactamente la teoría queer. ¿Y qué es la teoría queer? Pues un conjunto de ideas que prácticamente niegan la biología sexual y eso es una manera de anular a las mujeres y de decir que el heteropatriarcado no existe, lo que claramente va contra la violencia sobre la mujer, ya que el concepto mujer es de dudosa existencia para la teoría queer. Y quienes propugnan esas teorías lo hacen desde una posición elitista y académica, además de profundamente individualista y clasista, lo que resulta plenamente coherente con las teorías liberales.

            Hay una cosa clara: la teoría queer no es peligrosa para el Sistema, el sexo no existe sino que es una construcción social, solo existe el género y cada uno a lo largo de su vida elige lo que es su sentir en cada momento con total libertad. No hay explotación, ni subordinación, ni violencia ni nada que haga que las mujeres se rebelen ni se manifiesten. Pero sigue habiendo niñas a las que les hacen la ablación del clítoris, niñas a las que casan prematuramente, mujeres sometidas a sus padres y sus maridos, mujeres violadas y abusadas, mujeres maltratadas y sometidas, mujeres prostituidas, mujeres empobrecidas. Y todo eso solo por una cosa: por el hecho de ser mujeres.

            Pensemos en ello.


[1] BANDURA, A. y WALTERS, R.H. Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad. Alianza


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LA LEY TRANS: IGNORANCIA Y DEMAGOGIA

Comenzaré este artículo afirmando mi respeto a todas las personas por el hecho de serlo, sea cual sea su sexo, raza, identidad, orientación sexual o cualquiera otra característica.

            Dicho esto, la llamada Ley Trans está llena de inexactitudes científicas y de demagogia. Empezaré por las primeras. Dice esta ley que la transexualidad ha sido despatologizada por la OMS y eso no es cierto. Lo único que ha ocurrido es que ha pasado del epígrafe de “enfermedad mental” al de “salud sexual” y llama ahora al trastorno “incongruencia de género”, con lo cual estoy completamente de acuerdo. Por otra parte, el DSM-V, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la APA, que es, junto con la CIE-11 de la OMS, uno de descriptores de diagnósticos mentales más prestigiosos del mundo, en su 5ª edición recientemente publicada, diagnostica el trastorno de la transexualidad como “disforia de género”.

            Lo que verdaderamente ocurre es que para las señoras que han redactado la Ley tener una patología conlleva una discriminación social y, por tanto, consideran que si quitan el nombre quitan la discriminación. Por esa regla tenemos que comenzar a quitar nombres de muchas patologías mentales que, sin duda, tienen un estigma social: la esquizofrenia, el retraso mental, el autismo, anorexia y otras muchas. Como consecuencia de ello, para no discriminarlas decimos que esas personas no tienen ninguna patología y las dejamos sin atención sanitaria.

            Siguiendo ese razonamiento dialéctico, cuando una persona transexual desee hacerse un tratamiento médico para cambiar de sexo físicamente, al no ser considerada una patología, no debería ser atendida por un servicio sanitario público porque, hasta donde yo sé, los servicios sanitarios públicos solamente atienden trastornos y no lo que podríamos considerar “caprichos” de una persona sana. Estaría, pues, en la categoría de las operaciones de cirugía estética, que no son debidas a un trastorno por lo que, salvo excepciones por accidentes, no están cubiertos por la Seguridad Social.

            Como psicóloga afirmo que una persona transexual, cuyo cuerpo no se corresponde con su sistema hormonal y endocrinológico, sufre un verdadero calvario, no solo porque sea aceptada o no por los demás sino por su propia identidad, lo mismo en cierto modo que le pasa a una persona anoréxica cuando pesando treinta kilos se ve gorda.

            Si de verdad las que han redactado esta Ley tuvieran verdadero interés por estas personas y no se dedicaran a hacer demagogia para tener votos, lo que habrían redactado en esa ley sería justamente lo contrario, diciendo que son personas que tienen un trastorno que les hace daño y que la sociedad debe ayudarlas; que deben contar con servicios sanitarios especializados, que determinen en cada momento la necesidad o no de hormonar o de operar; que este proceso, en el caso de los menores, debe ser conocido y aceptado por los padres porque su colaboración es fundamental para el éxito o el fracaso del mismo.

            ¿De verdad alguien se puede creer que porque una persona transexual en vez de llamarse en el Registro José se llame Cristina, pero siga teniendo apariencia de hombre, le va a solucionar algo respecto a la aceptación social si no va acompañada de una trasformación física con la que la persona se sienta cómoda? Eso, además de demagogo, es sencillamente una estupidez.

            Y lo de negar la existencia del sexo y decir que te asignan uno al nacer, pero que luego en cada momento de tu vida vas eligiendo aquel con el que te sientes mejor, tal como afirma la teoría queer, es sin duda cargarse de un plumazo el feminismo, puesto que para esta teoría no existen hombres ni mujeres y, por tanto, no existe discriminación alguna de las mujeres y deja de tener sentido el feminismo. Esto es para otro debate más profundo, que sería demasiado extenso para este artículo.

            Lo último que tengo verdadera curiosidad por saber es qué es una persona no binaria porque afirmo mi desconocimiento absoluto sobre el tema. No es hombre, no es mujer, ¿es una cosa, por aquello del género neutro? ¿Qué apariencia tiene? ¿Qué caracteres sexuales tiene? El que se ponga en el registro o en el carnet “no binaria” no me resuelve las dudas. Es posible que se deba a mis cortas entendederas o que sea algo de otra dimensión, perteneciente al mundo extraterrestre. Quizá.


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LA “DESINFORMACIÓN” Y EL PODER

Aunque mi capacidad de asombro se encuentra bajo mínimos, teniendo en cuenta las situaciones que estamos viviendo diariamente, siempre queda algo por lo que asombrarse. Lo último, que seguramente pronto se convertirá en lo penúltimo de lo penúltimo, es la Orden 1030/2020 de 30 de octubre (BOE 5 de noviembre 2020), referente al Procedimiento de Actuación contra la Desinformación, sin que en la citada Orden se defina previamente el concepto del término, primer punto necesario cuando se pretende hacer un análisis riguroso.

            La norma comienza por hacer una referencia a Europa, lo que sin duda pretende otorgar a esta norma un plus de credibilidad, haciéndonos ver que eso no es algo “patrio” sino que tiene una base europea. Pero lo que no nos aclara de forma directa es que, cuando Europa se refiere a ese aspecto, lo hace solamente en dos casos: en relación con los procesos electorales y en la lucha contra el COVID 19. Nada más.

            Para comenzar el debate deberíamos preguntarnos, ¿qué entiende el Gobierno por “desinformación”? o mejor, ¿qué entiende por información? Porque la realidad tiene múltiples aristas y no existe una verdad única y objetiva. Esa máxima solo la afirman las religiones. Pero el Gobierno no es -o no debe ser- una organización religiosa sino una institución que tiene que respetar la pluralidad de la sociedad y, por lo tanto, los distintos puntos de vista. Incluso aquellas cosas que podrían calificarse como objetivas no lo son. Pongamos por caso los datos estadísticos, que dependerán de qué se pregunte, cómo se pregunte y cómo se interpreten los resultados.

            Actualmente vivimos en un mundo con redes sociales, que con todos sus defectos han traspasado la barrera del poder de los medios. Y si bien es cierto que en dichas redes se lee de todo, es la capacidad de cada cual la que ha de poner los filtros y la crítica. ¿Por qué el Gobierno nos trata como a menores de edad, a los que hay que ponerles “rombos” en las noticias como se hacía con los menores en las películas? Esto solo se puede calificar de trato bochornoso e indignante a los ciudadanos.

            Pero podemos decir más, ¿es que el Gobierno no nos “desinforma”? Porque siempre que saca una medida nos la vende como un logro único que va a solucionar todos los problemas del tema de que se trate. ¿Esas no son fakes news? Y por ir a lo concreto y no quedarnos en palabras huecas, el Gobierno nos ha vendido el ingreso mínimo vital como algo que iba a permitir que todo el mundo viviera en condiciones dignas, cuando el importe de tal subsidio no lo permite y ninguno de los miembros del Gobierno podría vivir ni tres días con esa cantidad. Nos han dicho que los ERTES iban a permitir que los trabajadores pudieran mantener su forma de vida cuando hay muchos trabajadores que llevan más de cuatro meses sin cobrar un solo euro. Nos dijeron que iban a derogar la llamada “Ley Mordaza” y todavía sigue ahí, sin que se haya modificado un solo artículo de la misma. Nos dijeron hace ocho años, dos gobiernos sucesivos, que nos podíamos montar con absoluta seguridad en el tren de Alta Velocidad de Madrid a Santiago y el resultado fueron 80 muertos y 144 heridos, habiéndonos enterado luego de que no cumplía las mínimas condiciones de seguridad, cuando nos dijeron todo lo contrario. Y, según tengo entendido, ahora pretenden decirnos, a través de una Ley, que las mujeres no existimos, que el sexo es algo cultural. Podría seguir poniendo ejemplos, pero haría demasiado exhaustivo este artículo.

            Lo que el Gobierno pretende hacer con esta Orden es un control de los ciudadanos que no perjudique sus intereses. Eso es lo único que pretende. Y eso no es democrático, Sres. del Gobierno, porque si algo tiene de ejercicio real la democracia es el derecho a protestar, a opinar, a ver la realidad desde cada particular punto de vista e, incluso, a equivocarse.  Ya sabemos que la mayoría de las veces esas protestas contra las instituciones no sirven para nada. Pero, ¡no nos quiten eso también, por favor!

            En Corea de Norte, Kim Jong-un no tiene que preocuparse por la desinformación, ya que la información no existe, tan solo existe lo que dice el “amado líder” con el que sus ciudadanos, por algunas imágenes que nos han llegado aquí, parecen estar encantados o, quizá, “acojonados”. La democracia está reñida con el control de la información, porque la democracia significa, entre otras cosas, hacer ciudadanos adultos que tengan criterios y opiniones bien argumentadas. Convertir a los ciudadanos en rebaños y luego controlar las informaciones que se les da para que las ingieran adecuadamente es algo perverso.

            Y luego está la Justicia, de la que se dice es independiente de otros poderes del Estado. Así pues, cuando una noticia difama, incita al odio o al delito, para eso están los tribunales. ¿Eso no lo ha tenido en cuenta el Gobierno? ¿O es que el Gobierno no se fía de la independencia de su propia Justicia?

            La Ministra González Laya ha puesto un ejemplo grotesco para justificar lo injustificable. Ha dicho que este Comité o Ministerio de la Verdad intentará “proteger” a los ciudadanos para que no nos dejemos engañar por alguien que nos diga que la lejía cura el coronavirus. ¿Me puede decir la Ministra si una sola persona en Estados Unidos ha puesto en riesgo su vida haciendo semejante cosa, por muy admiradora que fuera del caído Trump? Esa misma es ya una desinformación por parte de la Ministra.

            Al margen de todo lo que supone la violación de la libertad de expresión contenida como un derecho fundamental en nuestra querida y amada Constitución de 1978, el Gobierno muestra no conocer absolutamente nada sobre el pensamiento y la conducta humana. El ser humano es muy “tozudo” y, como se ha demostrado a lo largo de la Historia, se suele empeñar siempre en reafirmarse en sus ideas. Por lo tanto, por mucho que se empeñe el Gobierno y por muchas órdenes ministeriales que publique, cada ciudadano va a hacer caso a aquellos medios y personas que digan lo que cada uno quiere escuchar, aunque lo llamen “desinformación”. La única forma de acabar de raíz con ese fenómeno en los medios de comunicación y en las redes sociales es una dictadura férrea que controle todo. Y aún así, quizá pudiera existir alguna vía de agua.

            No creo en absoluto que el Gobierno quiera imponer una dictadura. No quiere y no puede. Lo que quiere el Gobierno, a mi modo de ver, es que los ciudadanos crean lo que el Gobierno quiera que crean y no se opongan ni critiquen sus actuaciones, siendo todos así la mar de felices.

            Pero eso, además de una “desinformación”, es una utopía.


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RESPECTO A LA LEY TRANSEXUAL PROPUESTA POR EL MINISTERIO DE IGUALDAD

Quiero dejar absolutamente claro que defiendo totalmente los derechos de las personas transexuales y la no discriminación en cualquier ámbito, así como la obligación de la sociedad y de los poderes públicos de proporcionarles todas aquellas herramientas y servicios que necesiten para su plena integración en la sociedad.

            Una vez hecha esta declaración, creo que lo que está haciendo el Ministerio de Igualdad es subestimar de una forma irresponsable este problema, que tiene unas causas y unas consecuencias, y que afecta gravemente a las personas que lo padecen.

            La primera anomalía es lo que ha venido a llamar el Ministerio de Igualdad “consulta pública”. ¿Qué es lo que van a consultar?, porque lo que hemos encontrado es un texto de poco más de cuatro páginas en el que nos pretende “vender” las bondades de una futura Ley, de la que no se incluye texto alguno. No obstante, vamos a analizar algunas de las cosas que afirma el citado texto de consulta.

            En primer lugar se refiere a que la norma actual no permite a las personas menores de edad solicitar la rectificación de la mención registral del sexo y cita una Sentencia del Tribunal Constitucional que está a favor de permitir esto a las personas menores de edad con “suficiente madurez” y que se encuentren en una “situación estable de transexualidad”. ¿Y quién determina la madurez y la situación estable de transexualidad en los menores? Porque si no lo pueden hacer ni los padres ni los profesionales, entiendo que es el propio menor el que determina su propia madurez, lo cual es inconcebible desde el punto de vista científico.

            Más adelante, dice que la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud en su undécima versión de 2018 (CIE-11) ha “despatologizado” las identidades transexuales y eso no es cierto. Lo que ha hecho la OMS en la CIE-11 es trasladar este trastorno, que lo es, del epígrafe de los trastornos mentales y del comportamiento al epígrafe de la salud sexual, calificándolo como “disfunción sexual”, que desde mi punto de vista es más correcto. Por eso lo primero que le pido al Ministerio de Igualdad es que no engañe a la gente. Por otra parte, en el DSM-V, una de las clasificaciones internacionales más utilizadas para los trastornos mentales, observamos como a este trastorno se le clasifica como “disforia de género”.

            El que una persona sufra un trastorno no significa que se la tenga que discriminar o marginar. Más de media humanidad sufre -o sufrimos- ansiedad, que está catalogado como enfermedad mental, y no pasa nada. El problema no es el trastorno, el problema es si de ese trastorno la sociedad hace un estigma. Pero eso no se soluciona eliminando y escondiendo el trastorno.

            Dejando a un lado el texto publicado por el Ministerio de Igualdad que apenas contiene más que unos cuantos lugares comunes relativos al derecho a la igualdad, con los que nadie sensato puede estar en desacuerdo, vamos a profundizar un poco más en este problema o disfunción, tal como lo llama la OMS.

            El sexo es algo biológico, no creo que nadie pueda dudar de ello; es lo mismo que tener los ojos azules o marrones, el pelo rubio o moreno o ser alto o bajo. Y naturalmente a los bebés se les inscribe en el registro en función de su sexo.

            Algunas personas cuando crecen, especialmente en la adolescencia y, según mi criterio, por razones de funcionamiento neurológico y endocrinológico, no se identifican con su propio cuerpo, lo que indudablemente les produce un gran sufrimiento psicológico porque sufren un fenómeno disociativo entre lo que son físicamente y lo que sienten psicológicamente. Y lo que estas personas necesitan es tener la posibilidad de que su cuerpo se transforme y sea distinto al que tienen (de ahí el nombre “trans”).

            Pero para hacer esa transformación se necesitan especialistas médicos, psicólogos, que lo que van a hacer es ayudar a la persona que sufre este problema para que logre superarlo, con todas las cautelas que requiere el caso y no de manera compulsiva y arbitraria, lo que para las personas afectadas crearía muchos más problemas sin solucionar ninguno.

            Si nos atenemos a la propuesta de Ley que hizo Podemos en el Congreso el 2017, único texto que tenemos hasta ahora, junto con las declaraciones hechas por la Ministra de Igualdad, podemos deducir en qué va a consistir dicha Ley.

            Esta Ley que la Ministra pretende aprobar está basada totalmente en la teoría queer, una teoría que surgió en los Estados Unidos en los años 90 entre círculos académicos y que, desde el principio, se ha explicado de manera farragosa e indigerible para que solo fuera accesible a determinados círculos elitistas y academicistas. Por ello vamos a intentar arrojar alguna luz sobre lo que dicha teoría defiende. Las ideas centrales de la teoría queer son:

  • La “mujer” como tal no existe y su condición no viene determinada por la biología. Esta afirmación está hecha por la principal teórica del antifeminismo posmoderno y queer, Judith Butler, que proclama que el sexo biológico es una construcción cultural, que va cambiando continuamente. Es decir, se borra el concepto mujer con el concepto género, que son cosas bien distintas.
  • Al no existir la mujer, no puede luchar por su emancipación y sus derechos.
  • Es una teoría totalmente individualista, que no tiene en cuenta los derechos colectivos de todas las mujeres.

            La teoría queer, por muy feminista y transgresora que se presente, es antifeminista e individualista y legitima conductas y actitudes muy dañinas para mujeres y niñas. Es una forma de destruir el movimiento feminista desde dentro. Esta teoría pone en cuestión el sujeto del feminismo, la violencia machista, la misoginia organizada, la defensa del porno, la prostitución, el sadomasoquistmo, la pedofilia y cuestiona la existencia del sujeto mujer. Esto, que podría ser solo un divertimento académico, si se tratara de conductas inofensivas, son una burla sádica y sangrante de la realidad de miles y miles de niñas y mujeres.

            La teoría queer es antagónica al feminismo entendido como movimiento de liberación de las mujeres. No tiene cabida dentro de él. Es más, es incompatible con el feminismo.

            Resulta bastante significativo que durante los años 70/80 el FBI declaró al Movimiento de Liberación de la Mujer como una amenaza para la seguridad nacional y que justamente en los años 90 surgiera la teoría posmoderna queer, ampliamente apoyada por el Poder y la Academia, con lo que se pretendió liquidar o domesticar al feminismo.

            ¿Qué pretende el Ministerio de Igualdad y su Ministra Irene Montero con esta Ley? ¿Cargarse al Movimiento Feminista, cuya lucha dura más de 300 años? ¿Conoce lo que significa el movimiento queer que es la base ideológica de su Ley? ¿O sencillamente “obedece órdenes de otros” que están por encima?

            Sea lo que sea, esta Ley, como ya dijimos al principio, no va a solucionar el problema de las personas transexuales sino que los va a agravar y les va a crear otros problemas añadidos, además de ir directamente en contra del movimiento feminista.

            Las mujeres, Ministra, seamos heterosexuales, bisexuales, asexuales, lesbianas, no podemos permitir más que pretendan expulsarnos de nuestra propia lucha, que se nos niegue, oculte o invisibilice, por mucha Ley que usted proponga.       


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UN MÁSTER SOBRE LOS CONFINAMIENTOS

Andaba yo muy preocupada esta mañana sobre hasta dónde podía llegar hoy con el coche, después de haberme aprendido dónde están exactamente los límites de la ciudad de Madrid, cosa nada fácil teniendo en cuenta que hay muchas zonas en las que no se aprecia límite alguno. Eso, tengo que reconocerlo, me ha servido para ampliar mis conocimientos de geografía local, lo cual siempre es de agradecer a las autoridades y a un buen plano.

            Pero hete aquí que a mediodía me encuentro con la sorpresa de que ya no hay confinamientos porque la Justicia, con balanza y venda incluidas, ha dicho que eso no es legal. Por lo tanto ya puedo guardar el plano y borrar de mi memoria esa imagen de los límites de Madrid para poder ocupar mi pensamiento en cosas más productivas.

            Después escucho opiniones para todos los gustos: que si era anticonstitucional, que si no lo era porque era un confinamiento “perimetral”. Esta palabra la estamos escuchando últimamente a todas horas, lo cual sin duda aumenta nuestros conocimientos de geometría que seguramente teníamos un poco oxidados, lo cual también es de agradecer a las autoridades y al diccionario de la RAE. Sin embargo, no acabo de entender muy bien, seguramente debido a mis cortas entendederas, por qué unos perímetros se diferencian de otros en lo que a la legalidad se refiere. Porque digo yo, lo mismo es el perímetro de España, que el de Madrid, que el de Fuenlabrada, que el de un barrio de Vallecas. Todos los lugares tienen perímetro. Y la libertad de circulación se refiere a todos y cada uno de los perímetros. Digo yo.

            Como debo tener algún sesgo masoquista, sigo escuchando a la Presidenta de la Comunidad de Madrid que, después de tanta consulta y recurso a los tribunales,  dice que va a retirar la solicitud de medidas al TSJM y va a intentar llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad. Mis neuronas se ponen a trabajar, porque últimamente esta situación las obligas trabajar mucho a las pobres, y pienso lo siguiente: si llegan a un acuerdo, ¿lo que antes era ilegal se convierte automáticamente el legal? Probablemente esta es una pregunta de enjundia que habría que hacer a las mentes más preclaras de la jurisprudencia.

            Sigo escuchando cómo, para darnos ánimos, unos y otros se van echando la culpa de los errores cometidos en esto de los confinamientos y cómo va a afectar a la salud y a la economía, por lo que los sufridos ciudadanos vamos a terminar muertos y, en el mejor de los casos, arruinados.

            Los ciudadanos ya no sabemos si ahora las medidas que valen son las del Gobierno, las de la Comunidad o si hay otras medidas nuevas que no conocemos. Por eso he estado reflexionando y creo que lo mejor es que, para desplazarse, se exija a los ciudadanos no un salvoconducto de si va a un sitio o a otro, sino un Máster en Confinamientos, que abarque temas de geografía, geometría, derecho, planimetría y, como estamos poniéndonos al día en digitalización, la ayuda inestimable de Siri, un robot simpatiquísimo al que siempre podemos consultar en caso de duda.

            Y cuando me paren los agentes en un control enseñaré mi flamante Máster para demostrar que conozco todo sobre los confinamientos, por lo que no tengo peligro alguno.


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CARTA ABIERTA A LOS POLÍTICOS DE UNA CIUDADANA DE “A PIE”

El término popular de “a pié” se corresponde a la diferencia de ver la realidad que tienen unas personas y otras, en este caso los que dirigen y los que somos dirigidos, es decir los políticos y los ciudadanos comunes, en nuestro día a día. Es tan abismal esta diferencia que formamos parte de dos mundos distintos, que en nada se parecen. Lo de “a pié” está muy bien puesto en el lenguaje popular porque los políticos no van ni andando, ni en transporte público ni siquiera conduciendo su coche, ya que disponen de chóferes elegantes que les llevan y, además, les abren la puerta para que no se cansen demasiado al hacer este gesto. Además, se permiten llevar coches contaminantes, no eléctricos, cosa que el común de los conductores no podemos hacer para circular por el centro de las ciudades.

            Si algún político quiere “aterrizar” en el mundo real, yo le recomendaría una cosa: que abra una cuenta de correo electrónico, tenga un teléfono y una identidad temporal como un ciudadano cualquiera y comience a hacer una gestión, de esas que todos los demás mortales nos vemos obligados a hacer cada día.

            Para empezar puede intentar pedir cita en la Seguridad Social para solicitar un subsidio, acreditarse para tener una firma electrónica, jubilarse o cualquier otra cuestión que requiera un trámite administrativo. Pues bien, el recorrido que tendrá que hacer es el siguiente: irá a la página web de la Seguridad Social para pedir cita y no podrá porque están todos los días cubiertos, por lo que le remitirán a dos teléfonos; cuando llamen a uno de ellos, aparecerá un contestador automático remitiéndoles de nuevo a la página web y, si acude al otro, le dirán que no existe. Si uno osa presentarse en alguna oficina, no le dejará entrar un agente de seguridad privada y le remitirá a un anuncio que hay en la puerta y que está lleno de “QRs” que, para quien no lo sepa, son esos cuadraditos con dibujos que se tienen que abrir a través de una APP. Hay diferentes QRs: para pensiones, subsidios, firmas y otros menesteres. Y se forma una cola enorme para hacer fotografías de los QRs.

            Ese político “curioso” también puede intentar pedir cita en un Centro de Atención Primaria y se encontrará lo siguiente: la cita personal es imposible porque, al poner la fecha, aparece por internet un cartelito en rojo te dice que no hay citas para los siguientes siete días y luego los otros siete siguientes y luego los otros siete siguientes, así hasta el infinito. Si quieres optar por una cita telefónica, das tu móvil y dicen que te llamarán dentro de un mes, por lo que ni pueden explorar tu cuerpo ni ver qué color de cara tienes o si el ritmo cardiaco está bien. Así que dentro de un mes, si no te has muerto o te has puesto peor, seguro que ya te has curado con remedios caseros o lo que te haya dicho el vecino que tuvo lo mismo.

            Si el político con falsa identidad tuviera que hacer un trámite en el SEPE para recibir el subsidio de desempleo, debería comenzar por pedirle  a algún amigo o familiar que le preste el dinero para vivir, ya que ningún Banco le da préstamos a un desempleado, porque mientras que le dan cita y le empiezan a pagar transcurrirán unos cuantos meses. Y si trata de cobrar el Ingreso Mínimo Vital, que decían iba a ser algo automático, pues tendrá que buscar y presentar tantos papeles que terminará en las colas del Banco de Alimentos antes de resolverlo.

            Este político reconvertido temporalmente en ciudadano de a pié puede que quiera saber cómo funciona la Justicia. Pues en ese caso no le dará tiempo, porque en este ámbito el tiempo no existe, es infinito como el universo. Al político le dará tiempo a dejar el cargo e, incluso, a jubilarse antes de que se vea su causa y el procedimiento termine, aunque sea algo sencillo sin demasiadas complicaciones. Si encima se trata de algo más complejo, como por ejemplo el caso del Alvia, seguro que fallecerá antes de verlo resuelto.

            El otro día, en una de las ruedas de prensa que dio el Presidente del Gobierno, dijo que era conveniente vacunarse de la gripe a principios de octubre. Pues bien, nuestro político convertido en ciudadano por un tiempo podrá ver en la página web de la Atención Sanitaria de la Comunidad de Madrid cómo no hay nada anunciado al respecto y en otro lugar de internet se dice que la campaña comenzaría el 28 de octubre solo para que te puedan dar cita. Claro que los políticos reales no tendrán ningún problema con la vacuna de la gripe porque se la llevan al Congreso de los Diputados y a la Asamblea de Madrid, sin que tengan que molestarse en ir a ningún sitio ni siquiera con su flamante coche y su elegante chófer.

            Así que, con unas pocas experiencias, nuestro político podrá comprobar cuál es el país real, que dista mucho de ser el país que imagina.

            Pero no crean que este problema es solamente de los políticos de ahora. Ni mucho menos. En la década de los 80, repito por si quedan dudas, en la década de los 80, cuando existía formalmente una democracia en España, había leyes por las que un niño nacido en España de padres no casados por la Santa Iglesia Católica, no podían tener los apellidos de éstos. Por lo tanto, si no querías que tu hijo fuera señalado de por vida y tenías “posibles”, es decir dinero, la solución era marcharte al extranjero, a un país donde tu hijo pudiera adquirir la nacionalidad por el sistema ius soli, es decir el derecho a la nacionalidad por haber nacido allí, como por ejemplo Gran Bretaña.

            Por eso, cuando veo a los de las banderitas cuya solución a los males de este país es volver a los tiempos negros y casposos de la dictadura me echo a temblar.

            Claro que todo esto que les he contado se aminora mucho cuando eres un ciudadano con recursos económicos: no necesitas el Ingreso Mínimo Vital ni probablemente el subsidio de desempleo, puedes acudir a la medicina privada que no te va a tener esperando meses, te puedes vacunar y hacer las pruebas del Covid por la misma vía, puedes esperar a cobrar la jubilación y hasta te puedes marchar al extranjero para resolver asuntos de filiación. Parece ser que los políticos, cuando gestionan, piensan más en ese tipo de ciudadanos. Pero como podrán comprender ni eso es soberanía popular ni se le puede dar el título de democracia.

            Por razones históricas y sociológicas este país tiene un lastre político difícil de eliminar: unas instituciones decimonónicas, una ausencia de responsabilidades atribuyendo siempre la culpa al otro, una amiguismo y un nepotismo que hacen que el mérito y la capacidad sea solo un mero eslogan y, lo peor de todo, un corte radical entre los que forman parte del “entourage” (séquito) político y los que somos meros ciudadanos.

            Será por eso que no me siento concernida ni me produce ninguna emoción aquello de la “madre patria” porque, más que una madre, me parece una madrastra.

            Y digo todo esto por mis experiencias como ciudadana de “a pie”.


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EL TEATRO REAL Y EL MALTRATO A LOS CLIENTES

El domingo 20 de septiembre de 2020 tuvo lugar un hecho bochornoso en el Teatro Real de Madrid que, en plena pandemia, no cumplía las normas de seguridad en parte del aforo.

            A propósito de esta vergonzosa conducta, les voy a explicar lo que me ha ocurrido a mí con el Teatro Real.

            Había adquirido entradas para cuatro óperas que fueron suspendidas a causa de la pandemia. Como es natural y siguiendo lo que dice la ley respecto a los derechos de los consumidores, solicité la devolución del importe de dichas entradas. Para mi asombro, me invitaron a que donara el dinero a la Fundación y, una vez que yo rechacé dicha oferta, me dijeron que me darían unos tickets para que pudiera canjearlos por otras óperas más adelante. Cuando insistí en solicitar la devolución del importe de mis entradas, me lo negaron diciendo que era la “política de la empresa” y, a pesar de mis múltiples emails y llamadas, no me dieron ninguna solución al problema.

            Hice una reclamación al Ministerio de Consumo, que a su vez lo reenvió a la Comunidad de Madrid y ésta al Ayuntamiento de Madrid, del que no he obtenido aún respuesta alguna.

            Viendo el fracaso de las gestiones “institucionales”, escribí una carta certificada y con acuse de recibo al Director General del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer Laita, con copia al Ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, avisándoles de que, si en un plazo breve de tiempo no me devolvían el dinero, acudiría al Juzgado para hacer cumplir la ley.

            Estos señores nunca me contestaron. Pero a la semana siguiente tenía un correo de Taquilla del Teatro Real, solicitándome el número de cuenta para ingresarme el importe de las entradas.

            Resulta muy triste que una tenga que recurrir a estas acciones para que una entidad como el Teatro Real, financiada por las administraciones públicas y por empresas de gran solvencia, simplemente cumpla lo que dice la ley en vez de comportarse como si de unos trileros se tratara.

            Les aseguro que, a partir de ahora, me va a costar mucho volver al Teatro Real, a pesar de que soy una gran aficionada a la Ópera, pero no consiento que ni a mí ni a otros clientes como los que tuvieron que sufrir ese comportamiento el domingo nos traten de esa manera. Tendré que conformarme con ver óperas fuera de Madrid.

            Y por si a alguien le sirve, que tome nota de cómo puede conseguir que le hagan caso las autoridades del Teatro Real.


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EL ASESINATO MACHISTA DE PAZ FERNANDEZ

El 13 de febrero de 2018, PAZ FERNÁNDEZ BORREGO, de 43 años, fue asesinada en Navia (Gijón) por su pareja sentimental JAVIER LEDO OVIDE.  Según los datos aportados por la propia Fiscalía, la muerte se produjo a consecuencia del traumatismo craneoencefálico que le produjeron los repetidos golpes que Javier Ledo le propinó en la cabeza a Paz Fernández con una piedra de grandes dimensiones y que, según el informe médico-forense, dicho traumatismo era incompatible con la vida. Pero el asesino no se conformó con eso. Antes de matarla, la golpeó con fuerza con un rodillo de cocina envuelto en una bolsa, que imposibilitaron la huída de Paz y le provocaron un gran sufrimiento.

            Una vez muerta, el asesino envolvió el cadáver en una manta, le cubrió la cabeza con unas bolsas y la introdujo en el propio coche de Paz, conduciendo varios kilómetros con el cadáver de la víctima dentro del coche hasta llegar a un puente desde donde arrojó el cuerpo de Paz al Arroyo de la Pontiga y unos metros más adelante arrojó su bolso al río Navia. Una vez perpetrado el crimen y, después de haberse deshecho del cadáver, el asesino fue conduciendo el coche de la víctima que dejó estacionado en un lugar cercano a su casa, siguiendo después a pié. Una vez en su casa, eliminó todos los restos de sangre e hizo lo mismo con el coche de Paz, aparcándolo después en el Parking del Hospital de Jarrio. El asesino quemó parte de las ropas de Paz en la finca de sus padres.

            Al día siguiente de su asesinato, Javier Ledo envió varios mensajes al teléfono de Paz y preguntó por ella a personas de su entorno, con el fin de tener una coartada. El cadáver de Paz fue encontrado el 6 de marzo de 2018, 21 días después de que fuera asesinada, en el margen del embalse de Arbón.

            La primer declaración de Javier Ledo fue que no sabía nada del paradero de Paz pero, posteriormente, frente a las evidencias flagrantes, dijo que la víctima se había caído por las escaleras.

            Estos son los hechos que constan en el procedimiento, cuyo Juicio oral ha comenzado el 14 de septiembre de 2020.

            Como Psicóloga Forense de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Madrid y con experiencia en analizar conductas, debo decir que el perfil de Javier Lledó es un PERFIL CLARAMENTE PSICOPÁTICO, que no muestra ninguna empatía con la víctima puesto que no duda en golpearla brutalmente provocando en ella un sufrimiento innecesario antes acabar con su vida lo que, como dice la propia Fiscalía, tenía intención de hacer.

            Su actuación fue fría y premeditada, no dudando en envolver cuidadosamente el cadáver, llevarlo al coche de la propia víctima y arrojarlo después por un puente y su bolso unos metros después. Luego limpió las huellas de su casa y del coche y lo aparcó en otro lugar. Envió mensajes al teléfono de la víctima, incluso tuvo la frialdad de preguntar por ella a conocidos y durante 21 días, hasta la aparición del cuerpo, en ningún momento tuvo intención de entregarse a las autoridades, llevado por un mínimo remordimiento.

            Estamos, pues, ante un sujeto que sabe perfectamente lo que hace, ya que tiene la capacidad para planificar y para esconder sus actos, y que lo ha hecho con toda intencionalidad, es decir, ha tenido la voluntad de hacerlo.

            Además, como he podido conocer, ya había cometido otros delitos contra la mujer de amenazas y había incumplido una orden de alejamiento, además de algunos otros delitos al parecer menores. Todo lo cual indica que, además de cumplir los criterios de un perfil psicopático, muestra un desprecio claro hacia la mujer que ha llegado al punto de acabar con la vida de Paz.

            Una cosa que en este caso que llama poderosamente la atención es que la Fiscalía, aunque reconoce que el imputado “tenía evidente intención de acabar con su vida” finalmente califique el delito de homicidio, cuando todo apunta a que se trata de un asesinato, teniendo en cuenta la intencionalidad, el perfil psicopático del imputado y su forma de actuar durante y después de que se produjeran los hechos.

            Paz es una víctima más de la violencia machista, esa violencia que, lamentablemente, a veces se justifica y, en los casos más graves, se minimiza. A Paz la Justicia no le puede devolver la vida, pero sí le debe a su familia esa Reparación que solo con una condena firme de su asesino puede conseguir. La condena de Javier Ledo debe ser, no solo un castigo justo sino también ejemplarizante para el conjunto de la sociedad y, especialmente, para las mujeres posibles víctimas de los crímenes machistas.


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EX PRESIDENTES DEL GOBIERNO, EX SECRETARIOS GENERALES DE CCOO Y UGT Y OTRAS PERSONALIDADES APOYANDO A MARTÍN VILLA

Una ya no se asombra de nada de lo que pase en este país. Pero hay dos cosas que, una vez más, constato: que España no es una democracia y que estamos sistemáticamente gobernados por personas y organizaciones que apoyan delitos atroces de carácter inhumano y generalizado contra la población civil en tiempos de paz. Eso es lo que en Derecho se llama “crímenes de lesa humanidad”, de lo que está acusado Martín Villa, al que un número de personajes “ilustres” acaba de apoyar ante una jueza.

            ¿Cómo me pueden pedir que sea “patriota”? ¿Cómo me pueden pedir que me sienta orgullosa de un país dirigido por semejantes personas durante décadas?. Cuando se apoya a un criminal de esa naturaleza, uno se convierte en cómplice, si no jurídico, al menos moral.

            Cuando se hizo la Transición que algunos tanto admiran, se dictó una ley de punto final (Ley de Amnistía de 1977, firmada por el rey Juan Carlos, actualmente huído), de manera que todos los criminales de la Dictadura quedaron libres de culpa, siendo España uno de los pocos países -quizá el único en Europa- donde no fueron juzgados los crímenes de una dictadura. Sinceramente, yo no me imagino a Ángela Merkel apoyando a un lugarteniente de Hitler y creo que la propia jueza argentina Servini ha de estar completamente estupefacta de tal conducta, impropia de un país democrático.

            Es de un cinismo rayano en el insulto que un personaje como Zapatero, que vendió como un logro la “Ley de Memoria Histórica” para supuestamente defender a los asesinados por la dictadura pase ahora a apoyar a uno de los que los mataron. Este personaje [Zapatero] dice que “Martín Villa contribuyó con convicción y eficacia a afianzar el nacimiento de la democracia”. Desde luego convicción tenía, nadie lo duda, y era la mar de eficaz cuando mandaba matar.

            Antonio Gutiérrez, ex Secretario General de CCOO, dice nada menos “Ahora sí le doy las gracias a Martín Villa”,  agradecimiento que debe ser por los cinco obreros que este sujeto mandó gasear en una Iglesia de Vitoria. Lo de Felipe González, que como poco debería estar en las filas de Vox y al que quizá no admitieran por estar demasiado a la derecha, pide que se procese a las víctimas. Si,  han leído bien, ¡a las víctimas!, para añadir después que Martín Villa era un demócrata de toda la vida.

            Otro de los que también envía una carta de apoyo a la jueza Servini es el hoy el Jefe de la Diplomacia Europea, José Borrell, que no sé como conjuga ese cargo con su apoyo a un imputado por crímenes de lesa humanidad y del que no sabemos, por el momento, que “bondades” destaca de Martín Villa en su carta.

            Y luego están los de la derecha, Aznar, Rajoy y otros muchos que, ya se sabe, defienden a quien, como en la película, es “uno de los suyos”.

            Martín Villa, que ocupó cargos de responsabilidad durante la dictadura franquista, está imputado por 13 delitos de homicidio agravados por crímenes contra la Humanidad durante la Transición española. Hasta Naciones Unidas ha tenido que llamar la atención a España solicitando que permita la investigación de estos crímenes en base a la normativa del Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Penal Internacional.

            Esta noticia me ha causado asco y vergüenza, por pertenecer a un país en el que, digámoslo claro, no se trató de reconciliar dos “bandos” sino lo que se hizo y con notable éxito es que la dictadura, suavizada y bien maquillada, siguiera llevando las riendas del país, con algunas caras nuevas que rápidamente se arrimaron para que pareciera que todo cambiaba.

            Si los dirigentes actuales del Gobierno, de los partidos y de los sindicatos no hacen ninguna declaración rotunda y contundente condenando las conductas de las personas que han prestado su apoyo a un criminal, consideraré que están de acuerdo y a la misma altura que ellos.


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LA GRAN MENTIRA DEL TELETRABAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Desde que comenzó la pandemia, se ha hablado mucho del teletrabajo, algo que en otros países se practica de forma normalizada en aquellos trabajos que lo permiten, pero que en España, un país con unas normas laborales decimonónicas, todavía se ve como una especie de incumplimiento de las funciones laborales.

            Los gobiernos, tanto el central como los de las comunidades autónomas, han estado aconsejando en todos los medios de comunicación que, siempre que se pueda, se ha de recurrir al teletrabajo, porque es una forma de evitar contagios y, por lo tanto, de no propagar el virus. Es decir, es una medida sanitaria.

            Pues bien, la Comunidad de Madrid hace caso omiso de las medidas que ella misma recomienda. Voy a poner un caso concreto que vivo personalmente.

            Los peritos forenses (Psicólogos y Trabajadores Sociales) de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la Comunidad de Madrid (desconozco si ocurre en otro tipo de juzgados), que somos personal laboral no funcionario, entendemos que hemos de hacer presencialmente parte de nuestro trabajo en las funciones siguientes: entregar las citas en los juzgados correspondientes, examinar los procedimientos y realizar las entrevistas y las pruebas adecuadas al caso en cuestión. Pero una parte de nuestro trabajo, que consiste en analizar todo el material disponible y redactar los informes, lo podemos hacer perfectamente en casa, sin riesgo y en unas condiciones mucho más favorables, ya que en los juzgados tenemos que ir con mascarilla, máscara y guantes, en despachos pequeños y sin ventana. Esos artilugios (mascarilla, máscara y guantes) nos los ha proporcionado la propia Comunidad de Madrid porque sabe que son imprescindibles para no contagiarnos.

            Pues, aunque sea incomprensible, la Comunidad de Madrid nos prohíbe a los trabajadores laborales, no a los funcionarios, teletrabajar o, en nuestro caso, semi teletrabajar, ya que más o menos sería un teletrabajo al 50% de la jornada. Esta en una instrucción dada por última vez el 24/08/2020, en pleno rebrote de la pandemia, por CARMEN MESA ESTEVE, que es la responsable del Área de Modernización y que, a su vez, se remite a las instrucciones dadas por el Director General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, PEDRO IRIGOYEN BARJA, desconociendo si a este señor se las ha dado el Consejero de Justicia o la propia Presidenta de la Comunidad de Madrid.

            Y yo me hago las siguientes preguntas:

1.- ¿Por qué los funcionarios sí pueden teletrabajar y los laborales no podemos? Porque creo que esto no es un problema de contrato administrativo sino de función. Me imagino que porque somos considerados personal de segunda categoría.

2.- ¿Por qué no podemos REDACTAR los informes en nuestra casa, sin tener que soportar durante siete horas y media la tortura de una mascarilla, una máscara, unos guantes y un despacho sin ventana provocando estas condiciones, además del riesgo, una menor eficiencia en el trabajo?

3.- ¿Por qué no se cumplen las normas sanitarias que da la OMS, el Gobierno Central y la propia Comunidad Autónoma de Madrid?

4.- ¿Por qué el Área que nos da la instrucciones se llama “Modernización”? Es algo que me llama poderosamente la atención porque lo que propone no tiene nada de “moderno” sino más bien de todo lo contrario.

            Me gustaría que alguien responsable, sobre todo estas dos personas que cito, me dieran a mí y a mis compañeras alguna explicación RACIONAL, porque así al menos entenderíamos el motivo que tienen, que ha de ser un motivo muy relevante, cuando nos están exponiendo a diario a hacer un trabajo en pésimas condiciones, a enfermar e, incluso, a morir, tanto al conjunto de los trabajadores de este área como a las personas vulnerables que formamos parte de ese colectivo, así como a contagiar a terceras personas.

            Y aviso, si alguien enferma o fallece por esta norma absurda, los que la dictan tendrán que asumir responsabilidades.