EL BLOG DE TERESA GÓMEZ-LIMÓN


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¿ES ESPAÑA UN PAÍS FRANQUISTA?

Sin entrar en el debate sobre el proceso independentista de Cataluña y poniendo por delante mi censura a cualquier tipo de odio o descalificación personal, venga de donde venga, me quisiera centrar en algo muy concreto que se cita frecuentemente sin que, en ocasiones, se profundice demasiado en ello: ¿es España un país franquista?

Antonio Muñoz Molina dice en un artículo que “en el extranjero muchos consideran que todo cuanto ocurre [en España] tiene sus orígenes en la Guerra Civil y los largos años de dictadura que le siguieron”. Y yo me pregunto, ¿no es eso cierto?.

Desde el comienzo de la guerra civil y el largo periodo de la dictadura han pasado 81 años que, aunque pueda parecer mucho tiempo, para la Historia no es más que un suspiro. Y todo ello deja huellas en la memoria colectiva de los pueblos, sobre todo en aquellos que fueron las víctimas de una situación tan lamentable y dramática.

Pero la cosa no queda ahí. Posteriormente vino la Transición y la instauración de la “democracia” que, como todos sabemos -o al menos algunos-, se realizó no mediante un consenso como se pretende vender, sino con la claudicación de las víctimas a través de aquellos que supuestamente las representaban (principalmente PC, PSOE y Sindicatos), que se pusieron al servicio del bloque franquista “reconvertido” por el devenir de los acontecimientos.

Ahora se argumenta y se elogia con entusiasmo el “acuerdo”, el “consenso” y las renuncias que hicieron todos para construir la democracia. Pero realmente, ¿quién renunció y a qué renunció?. Los que renunciaron fueron aquellos que representaban la legalidad del orden establecido antes de la Guerra Civil -es decir, la República- y que fueron masacrados por un golpe de Estado que acaudillo Franco, con la inestimable ayuda de los nazis. Por ello, los “Pactos de la Moncloa” tuvieron como resultado: poner a un rey como Jefe del Estado y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, que había sido preparado por Franco para sucederle y que había jurado los principios fundamentales del movimiento; desmantelar, por orden de su secretario general, Santiago Carrillo, el Partido Comunista y toda su organización, que había luchado durante años contra la dictadura franquista; neutralizar a los Sindicatos, mediante subvenciones y prebendas, de manera que nunca actuaran contra el sistema establecido. Y lo peor de todo, hacer una Constitución que ampara esencialmente la monarquía, el ejército y la Iglesia, así como la dificultad para modificarla, además de ser ambigua y no establecer, de manera clara y rotunda, tanto la separación de poderes -que en la práctica no existe- como la consideración de los derechos sociales como derechos fundamentales y no como una mera declaración de intenciones. Y tampoco ha existido una reparación -como sí lo han hecho en otros países- con la aceptación de la llamada “oposición” en aquel momento, promulgando una Ley de Amnistía que dejaba sin procesar a todos los genocidas que causaron la muerte de miles de civiles inocentes.

¿Cómo podemos pensar que con este continuismo del franquismo, maquillado con una apariencia de democracia, no van a existir problemas en nuestro país?. No solamente con el proceso catalán, sino que la situación va más allá, con una “Ley mordaza”, que disminuye notablemente la libertad de expresión y permite condenar a personas por ejercerla, con la excusa de que es una función del Poder Judicial que es “independiente”; con unos representantes públicos que defienden, sin ningún rubor, el apresamiento por parte de la Gestapo, la tortura y la muerte del Presidente de la Generalitat en aquel momento, Lluis Companys; con la manifestación de esos mismos representantes de que los familiares de las víctimas del franquismo lo único que buscan es la subvención; que éstos se mofan públicamente de aquella tragedia, diciendo que son “cosas del abuelo”. ¿Se imaginan ustedes hablar así de los hornos crematorios en Alemania?. Resulta indignante para cualquier demócrata que las víctimas del franquismo hayan de recurrir a un juzgado en Argentina para pedir Justicia.

Acaba de decir el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no hace falta reformar la Constitución, porque “lo que funciona no hay que cambiarlo”. Pero, ¿para quién funciona la Constitución?: ¿para los que tienen privilegios de aforamiento porque se supone que representan a los ciudadanos?; ¿para los que son beneficiarios de una amnistía fiscal a los que defraudan millones de euros a Hacienda?; ¿para los políticos que, una vez abandona el cargo, se “refugian” en un Consejo de administración de una empresa privada que ha sido beneficiada por ese mismo político?, ¿para que el fiscal de la hermana del rey en el caso Noos se reúna con los abogados de la Infanta para salvarla y el matrimonio esté gozando de unas “vacaciones” pagadas por todos sin que el cuñado del rey esté en prisión?. Y todo eso y más ocurre mientras que hay ciudadanos que son desahuciados de sus viviendas; mientras que existen 13 millones de personas en nuestro país que viven con riesgo de pobreza y exclusión social; mientras hay 3 millones y medio de parados y casi el 50% de los trabajadores cobran menos de 1.000 euros y el 65% de los contratos son temporales; mientras el salario mínimo interprofesional de España está por detrás de los siete países principales de Europa. Por todo ello está absolutamente claro a quién beneficia y a quién perjudica nuestro ordenamiento jurídico, empezando por la Constitución.

No voy a entrar en este artículo si esta situación que vivimos en España puede ser destacada por el independentismo catalán, pero lo cierto y verdad, según “afirman en el extranjero” es que España no ha hecho una ruptura con el franquismo, sino que simplemente ha “maquillado” aquel sistema dándole una apariencia de democracia, que no es digna de tal nombre.

 

 

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LA LEY Y LA POLÍTICA

Hace unos días los ciudadanos nos hemos enterado de lo que unos policías municipales nazis del Ayuntamiento de Madrid decían a través de un chat. Sus comentarios, a cualquier persona normal, le producen miedo por lo que tienen de extrema violencia y, además, se encuentran tipificados en el Código Penal, habiendo sido denunciados ante la autoridad judicial.

Sin embargo, nos sorprende que el Ayuntamiento de Madrid tan solo haya tomado “medidas cautelares” en el ámbito laboral, hasta que haya una resolución judicial, actuación con la que no estamos en absoluto de acuerdo, por parecernos unas medidas totalmente insuficientes por parte de la institución para la que trabajan.

No debemos olvidar que una cosa es la justicia penal y otra bien distinta la justicia laboral, siendo sus jurisdicciones totalmente independientes.

Evidentemente, el Ayuntamiento de Madrid no puede tomar medidas penales contra estos individuos, pero sí medidas laborales, ya que es la “patronal” de éstos.

Lo que el Ayuntamiento de Madrid, ejerciendo sus funciones de gobierno y de servicio público, tiene la obligación política de hacer es rescindir toda relación laboral con estos individuos, dicho de otra manera, despedirlos definitivamente del trabajo. Y si estos individuos se sienten afectados en sus derechos pueden recurrir a un Juzgado de lo Social o de lo Contencioso-Administrativo, según sea su relación laboral con el Ayuntamiento, con lo cual tardará entre 3 y 5 años en resolverse el tema, teniendo en cuenta la insuficiencia y el atasco de dichos juzgados. Pero, mientras tanto, no cobrarán un solo euro de los ciudadanos madrileños.

Me sorprende desagradablemente que el Delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, en referencia a este caso diga que “no hay que actuar con precipitación”, que “hay que ser garantista” y que el Ayuntamiento “cumple la ley” y lo peor de todo “que las medidas son provisionales y que se podrían levantar en cualquier momento o en el caso de que el juez que investiga el asunto lo archive”.

A este respecto, y siempre desde el plano laboral, me pregunto: ¿se es garantista cuando hay un despido de trabajadores honrados solo por el hecho de que la patronal obtenga más beneficios?; ¿se es garantista cuando la administración hace recortes que van en detrimento de los servicios de los ciudadanos?; ¿se es garantista cuando no se aplican los presupuestos aprobados por la Comunidad de Madrid para la violencia de género? Por qué se tiene que ser garantista con unos asesinos salvajes cuya máxima es matar?

También me ha dejado estupefacta el comentario de la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) que alega, supongo que para la defensa de estos individuos, que se trata de un “grupo privado y no público”. Y yo me pregunto, ¿acaso son públicos los delitos de pederastia, violaciones, violencia de género e, incluso, asesinatos? El hecho de no ser públicos no les exime del supuesto delito.

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Madrid, tiene obligación política de tomar decisiones en lo que es competente, que es en ámbito laboral, y no esconderse detrás de los jueces, como últimamente parecen hacer muchos políticos que gobiernan las instituciones. Si seguimos así, creo que nos sobran los gobernantes y vamos a tener que decir a los jueces que se presenten a las elecciones.

 

 


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VALORACIÓN DEL RIESGO DE LOS SUPUESTOS MALTRATADORES

Desgraciadamente el miércoles pasado nos hemos encontrado con otro asesinato de una mujer, a manos de un maltratador asesino que tenía nada menos que 4 condenas por violencia de género.

Se ha hablado en los medios de comunicación de que, en este caso, la valoración del asesino era MEDIA, como se puede comprobar una valoración sumamente baja teniendo en cuenta el lamentable desenlace de los acontecimientos.  Pero seguramente la mayoría de la gente no sabe cómo, desde las dependencias policiales, se hace la valoración del riesgo. Desde mi experiencia como psicóloga forense en los jugados de violencia de género, lo voy a explicar: se hace a través de un cuestionario informático estándar cuyas preguntas, tipo test, se dirigen a la víctima por parte de policías no especialistas en violencia de género (no hace falta especialización alguna al tratarse de un test informático) y, SIN VER EN NINGÚN MOMENTO AL DENUNCIADO.

            Cualquier especialista en la conducta humana estará de acuerdo conmigo en que, para evaluar las conductas presentes y prever las futuras, trabajo nada sencillo para el que se requiere formación y experiencia acreditada, es imprescindible ver a la persona y evaluar sus respuestas a las preguntas que se le formulen (que no pueden ser iguales para todos), su lenguaje, sus gestos, sus cambios emocionales, la veracidad del relato y otras muchas cosas que no se pueden evaluar a distancia, sin tener un contacto directo con el evaluado.

Cuando tengo que peritar a un supuesto maltratador en los juzgados, la mayoría de las veces me quedo perpleja sobre la valoración de riesgo que hacen en las comisarías de policía. He llegado a ver a psicópatas muy peligrosos con riesgo bajo, lo que no me extraña, teniendo en cuenta que nunca se les ha evaluado personalmente.

Pero, ¿cómo se puede solucionar esa importante deficiencia para impedir más asesinatos?. De una sola manera: creando plazas de profesionales que, en el momento de producirse los hechos, evalúen a fondo tanto a la víctima como al presunto maltratador. Eso sí, profesionales con una formación adecuada y con una experiencia contrastada que, con una evaluación seria y minuciosa, puedan alertar a la autoridad judicial sobre los riesgos que corre la víctima.

Y, ¿por qué no se implementan dichas medidas?. Pues muy sencillo, por falta de presupuesto, porque estas medidas suponen puestos de trabajo especializados que hay que pagar. Y parece ser que, cuando se habla del Pacto de Estado para la Violencia de Género, al Gobierno se le olvida ese “pequeño” detalle.

Si desde el gobierno se quiere erradicar la lacra de la violencia de género, lo primero que ha de hacer es dedicar una partida presupuestaria suficiente para atender a las víctimas porque, de lo contrario, seguiremos manifestándonos, poniendo flores en sus tumbas, dedicando minutos de silencio, pero nada habrá cambiado y las mujeres seguirán siendo asesinadas.


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RESPUESTA AL VERGONZOSO E ILEGAL ARTÍCULO DE HERMANN TERTSCH EN SU TRIBUNA DOMINICAL DE ABC

Refiriéndose a la humillante mofa que hicieron unos policías nacionales respecto a Oriol Junqueras, dice textualmente: “subido tal vez de tono, pero contado en <<petit comité>>, aunque con la mala fortuna que una <<oportuna>> cámara estaba allí para recoger esta relajada conversación entre tres agentes policiales” ….”fue una conversación privada entre compañeros”…”indigna la mera posibilidad de expediente”. “Nadie puede ser sancionado por una broma en una conversación privada”.

Usted, Sr. [lo de Sr. es porque soy una persona muy educada, no porque usted sea digno de tal tratamiento] Terstch está disculpando un delito muy grave. Y se lo voy a explicar, ya que su comportamiento absolutamente nazi, le lleva a disculpar y a animar conductas indignas y delictivas.

Lo primero que dice usted es que la expresión del deseo de estos bárbaros seres fue contado “en petit comité”…”fue una conversación privada entre compañeros”. Se equivoca. Fue contado ejerciendo sus labores de servicio, lo que es gravísimo. Por lo tanto usted afirma que si un delito, por ejemplo, una violación, un abuso sexual o cualquier acto de violencia se comete en “petit comité”, que es como se cometen estos delitos en los casos citados, no tienen ninguna importancia.

Más adelante, por si fuera poco con lo anterior, dice usted “con la mala fortuna que una <<oportuna>> cámara estaba allí”.  Por lo tanto usted afirma que si no te “pillan” se pueden cometer toda clase de delitos. Lo importante es que no te pillen.

También dice usted que se trataba de “una relajada conversación entre tres agentes policiales”. Supongo que si su escasa inteligencia y su excesivo odio no le impiden comprender, sabrá que dicha conversación “relajada” indica la expresión de unos valores y una forma de entender el mundo que a cualquier persona decente no se le ocurre comentar ni en broma. Eso ocurría -se lo recuerdo- cuando los nazis se mofaban de los judíos y mire como acabaron los “inocentes comentarios”.

Para rematar el asunto dice usted: “indigna la mera posibilidad de expediente”. “Nadie puede ser sancionado por una broma en una conversación privada”. Por lo tanto usted afirma que unos empleados públicos, que se suponen están para proteger a los ciudadanos cuando, estando en servicio, se pueden mofar, con unos “comentarios” de carácter sexual que incitan a cometer un delito de lo más aberrante que existe, no han de ser expedientados por ello, porque se ha tratado simplemente de una “broma”, es que usted es una persona claramente antisocial.

¿Qué diría usted si esa “broma” se la gastaran a un hijo suyo, a su mujer, a su padre o, mejor aún, al rey de España, ya que escribe usted en un periódico monárquico?. Seguro que sus opiniones serían distintas.

Le puedo asegurar que, a partir de ahora, si esos bárbaros, con un comportamiento filonazi, no son juzgados y condenados por ese delito, a partir de ahora, cuando vea a un policía, me iré por la acera de enfrente, no vaya a ser que, entre broma y broma me vayan a violar, ya que da la impresión de que eso les hace mucha “gracia”.

Respecto a usted, que espero no encontrármelo nunca, porque me produce miedo y asco, y no le deseo que, algún día, sea objeto de las mismas “bromas”.

Y, por último, respecto al diario ABC, que le paga por incitar al odio y a cometer delitos, espero que no vuelva a publicar ningún artículo suyo, aunque solo sea por ser coherente con las creencias y convicciones que dice tener.

 


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¿ES POSIBLE UN ACUERDO SOBRE LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA?

Sin duda el diálogo y, como consecuencia, el acuerdo son instrumentos democráticos que muchos pensamos constituyen una herramienta útil para la resolución de conflictos.

El acuerdo significa que cada uno de los intervinientes ceda una parte de sus propuestas, en base a conseguir otra parte, de manera que ambos salgan beneficiados. En un acuerdo tiene que existir un objeto de negociación, en el que cada una de las partes aspira a cumplir un objetivo. Hablar de negociación de manera abstracta es, simplemente, dejarlo todo en palabras vacías de contenido.

Las reivindicaciones de Cataluña son un problema de primera magnitud por algo esencial, que es el deseo de una gran parte de la ciudadanía del pueblo catalán de decidir libremente su situación política respecto al Estado español, lo cual traspasa los ámbitos puramente institucionales. Es una reivindicación social, como hemos tenido ocasión de ver todos a través de las manifestaciones masivas de ciudadanos en diferentes pueblos y ciudades de Cataluña

Si entramos a fondo sobre cuál es la reivindicación de esa inmensa parte del pueblo de Cataluña, en primer lugar debemos analizar el contenido de las palabras reivindicativas: “un estado catalán independiente en forma de república”. ¿Qué es lo que se puede acordar ante esa reivindicación?.

Pues aunque pueda parecer a primera vista increíble, considero que lo más fácil de todo es el tema de la independencia, porque en ese aspecto, tal como apuntan algunos, se podría acordar un punto intermedio, como es un sistema federal, con una situación de máxima de independencia, tal como existe en algunos países como los Estados Unidos, en donde cada “Estado” tiene su propio sistema judicial, sus propias leyes, su propio sistema fiscal y un largo etcétera, que permite a las autoridades de cada Estado gestionar su territorio con un grado muy grande de independencia. En ese aspecto se podría dialogar e, incluso, llegar a un acuerdo.

Sin embargo, hay otro aspecto en el que, desde mi punto de vista, es muy difícil, si no imposible, llegar a un acuerdo y es la forma de Estado. La reivindicación de los llamados “independentistas” es una forma de Estado republicano, mientras que en España hay una forma de Estado monárquico, lo cual es absolutamente incompatible, porque no se puede llegar a una posición intermedia, ya que no existe “media-monarquía” o “media-república”. Este hecho lastra cualquier posibilidad de negociación, salvo que cualquiera de las dos partes renuncie a la forma de Estado, una la existente y otra la reivindicada.

Se puede objetar a este razonamiento, el hecho de la absoluta obligatoriedad de cumplir la Constitución, pero sí ese es la única condición puesta para iniciar la negociación jamás podrá existir dicho acuerdo, ya que el cumplimiento de la actual Constitución impide cualquier modificación en la forma de relación entre Cataluña y España.

Por lo tanto, lo primero que habría que hacer es una reforma en profundidad de la Constitución española de 1978, comenzando por la forma de Estado y la integración  de diversos territorios, quizá en forma de federación con amplias competencias, integrada en una superestructura como es el Estado español.

Entendemos que, después de 40 años desde la Constitución de 1978 y unas cortes constituyentes no votadas por el pueblo español, ya va siendo hora de que se haga esa reforma imprescindible para tener un Estado moderno, propio del siglo XXI, y democrático, en donde los ciudadanos de toda España podamos elegir no sólo al Primer Ministro (por cierto, ¿porqué se llama “Presidente” y no “Primer Ministro” como en todos los países de nuestro entorno?) sino también al Jefe del Estado.

Mientras no se resuelva democráticamente esa reforma en profundidad de la Constitución española, me temo que los conflictos, no sólo en Cataluña sino los que puedan surgir en otros territorios, se resolverán a base de fuerza y autoritarismo, pero serán tan sólo una parche momentáneo y jamás una solución a largo plazo.

 

 


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VERGÜENZA

Ayer tuvimos que asistir a uno de los espectáculos más bochornosos que se producían desde tiempos de la dictadura franquista. En las imágenes, que han dado la vuelta al mundo, veíamos a una serie de ciudadanos -civiles- que, estando en actitud pacífica, fueron brutalmente agredidos por la policía, que rompían dedos, pegaban violentamente con las porras, lanzaban a personas por las escaleras, daban empujones y patadas, arrastraban a otros por el pelo, arrojaban pelotas de goma que están prohibidas; hemos visto ciudadanos sangrando, entre ellos ancianos y ancianas, una persona que quizá pierda un ojo, una brutalidad nunca vista en un país democrático contra ciudadanos pacíficos.

El Gobierno, intentando minimizar las consecuencias políticas de la actuación policial, dice que las cifras de heridos son menores, que la actuación de la policía fue como consecuencia de una orden judicial y, para colmo, que fue una actuación “proporcionada”.

Respecto a la cifra, no es una cuestión de números, porque somos seres humanos. Una sola persona que sea agredida por la policía, estando en actitud pacífica, es suficiente para que alguien asuma la responsabilidad. Respecto a que se cumplían órdenes judiciales, sería necesario y transparente conocer quién dio esa orden y si la orden contemplaba que era imprescindible cargar contra todas las personas que se pusieran delante, aunque fuera de manera pacífica. Y respecto a que fue proporcionada, no es necesario entrar en ello porque todos tenemos en la retina imágenes que no engañan. Esas imágenes las tenemos todos los ciudadanos españoles y las tiene mucha más gente, como mandatarios europeos, altos cargos de la ONU, corresponsales de prestigiosos periódicos, ciudadanos de otros países y un largo etcétera.

Claro que a mí estas órdenes por parte del Gobierno del PP no me extrañan nada, porque he podido vivir, desde mi propia experiencia, esta forma de actuar. El 24 de julio de 2014, un año después de la tragedia del tren de Santiago, cuando las víctimas nos acercamos a la Ciudad de la Cultura, donde se hacía una especie de “festejo” repartiendo unas medallas, las “autoridades” no nos dejaron entrar y como insistíamos en ello, nos enviaron a los antidisturbios. Las víctimas, que naturalmente éramos un grupo pequeño, que portábamos sillas de ruedas, muletas y, sobre todo, el inmenso dolor de las familias que habían perdido a seres queridos, por lo visto para el Delegado del Gobierno y para el Sr. Feijoo debíamos de ser “sumamente peligrosos”. No nos agredieron porque no teníamos fuerza física ni psíquica para insistir y nos retiramos.

En el caso de Cataluña, tengo que afirmar que esto ya no va de independencia o no sino de respeto a los derechos humanos fundamentales o no. Ningún demócrata puede aceptar el comportamiento que hemos visto. Además de todo ello, este vil comportamiento es ilegal, porque no respeta la Constitución española de 1978 (artículo 10.2)  ni la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 firmada por España.

El inefable ministro Catalá, siempre muy servil al Gobierno y al Sr. Rajoy, por lo que es sistemáticamente compensado, ha dicho en los desayunos de RTVE respecto a la actuación policial en Cataluña que “hubo respeto a los ciudadanos, mesura, proporcionalidad y que no se usó la fuerza”. Hace falta estar ciego o, como es el caso, ser muy cínico, para decir semejante cosa.

El Sr. Rajoy, si tuviera un mínimo de dignidad, dimitiría, como lo hacen otros mandatarios de nuestro entorno por actuaciones mucho menos importantes que esta.

 

 

 


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CUANDO UN REPRESENTANTE DE LA IGLESIA CATÓLICA SE CONVIERTE EN UN IMAN

He leído con verdadero estupor e indignación las declaraciones de Santiago Martín, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de Cuatro Caminos (Madrid), corresponsabilizando de la matanza de los terroristas de Barcelona a Ada Colau, por no poner bolardos y maceteros en las Ramblas. Es más, no conformándose con eso, se ha atrevido a decir, que “los abogados de las víctimas lo recordarán” y que “si yo fuera abogado de las víctimas estaría ya planteando una denuncia contra el Ayuntamiento de Barcelona por cooperación”.

Pero, además de esta barbaridad que, al margen de ser incierta, le lleva a meterse en un terreno jurídico y político que no le corresponde como religioso, ha dicho otras muchas barbaridades: ha criticado los minutos de silencio como agnósticos, cargándose de un plumazo la libertad de pensamiento; ha dicho que en la Plaza Mayor y en la Puerta del Sol pueden pasar los coches con total normalidad, demostrando una ignorancia supina, pues aún no se ha entrado que, desde hace mucho tiempo, los coches no pueden circular por esas zonas.

También en su soflama más propia de un régimen nazi que de un cura católico del siglo XXI ha dicho que “hay que tomar medidas disuasorias” y que los “comunistas” no quieren tomarlas. Lo que ocurre es que para este ciudadano, tan corto de miras, parece ser que las medidas disuasorias son solamente poner bolardos y maceteros. ¡Qué fácil se lo pone a los terroristas! No sé si recordará que en el 11S, el mayor atentado yihadista de la historia del terrorismo, se emplearon aviones, que en el 11M de Madrid se emplearon bombas, así como en tantos otros. Desde luego y desgraciadamente podemos asegurar que con macetas no se acaba el terrorismo.

Y es significativo que este ciudadano no haga la más mínima mención a la financiación que hace Arabia Saudí, Quatar y otros países del Golfo a los terroristas y que el think thank, es decir la inteligencia del wahabismo, los más radicales del islamismo, se encuentra en las universidades de Arabia Saudí. Tampoco debe saber que el antiguo rey, Juan Carlos I, llamaba al rey de Arabia Saudí y al rey de Marruecos “mi hermano”, que la reina Doña Sofía, se ponía el velo en España cuando estos individuos venían a España, como si fuera una musulmana más y que Bin Laden, uno de los terroristas más sangrientos, se formó y pertenecía a unas de las familias más influyentes de Arabia Saudí. ¿Por qué no le cuenta eso también a sus fieles? Porque contar lo que nos conviene de la historia es mentir y es mentir miserablemente, aprovechando es dolor de las víctimas y del resto de los ciudadanos.

Además, este ciudadano, aprovechando el eco que le da su tribuna y su cierto poder como representante de la iglesia católica, anima a los fieles a la “sublevación” contra el ayuntamiento de  Barcelona, regido -según él- por hordas de comunistas, lo cual desde el púlpito no se diferencia en nada a lo que hacen algunos imanes convocando a la “guerra santa”.

A lo largo de su soflama ha citado en diversas ocasiones la palabra comunista como si fuera el demonio con cuernos. Tendría que recordar lo que hace poco dijo el Papa Francisco:  “son los comunistas los que piensan como los cristianos”, lo que viniendo de donde viene al menos le debería hacer reflexionar.

Y lo mismo que al imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, le deberían expulsar por adoctrinar a terroristas, al cura Martín le deberían expulsar de la iglesia católica por manipular, mentir y evidentemente ponerse en un “bando” político, lo que nos recuerda hechos pasados que preferiríamos olvidar.