EL BLOG DE TERESA GÓMEZ-LIMÓN


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LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y EL ACCIDENTE DE TREN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

La responsabilidad política

Últimamente, por multitud de eventos que están ocurriendo en nuestro país, se escucha constantemente hablar de “responsabilidad política”, por lo que creo indispensable saber qué implica y a quién es exigible dicha responsabilidad.

La responsabilidad política es la que tienen los gobernantes en una democracia e implica tanto a los cargos electos como a los cargos designados. La responsabilidad política no se refiere solo a un comportamiento fuera de la legalidad, pues ese tendrá que ser determinado por las autoridades judiciales, sino a la actividad de vigilancia y control político, que no significa sanción en el ámbito jurídico. Es lo que se conoce en la doctrina clásica como in eligiendo, in vigilando o in organizando, siempre que el actor principal tenga poder sobre su agente, es decir la persona en quien se delega, permitiéndole que actúe en su nombre. Es lo que se llama la cadena de delegación y responsabilidad. Todas las democracias representativas se basan en la existencia de delegación de poder y responsabilidad política para el ejercicio de ese poder, a pesar de que lo habitual es que los agentes estén mejor informados que quienes les controlan.          Toda responsabilidad, en este caso política, requiere una sanción que no se ha de quedar en el mero simbolismo. Como decía Kenney[1] en referencia a la responsabilidad política: “si no existe sanción, nos encontramos con una forma disminuida, reducida, es decir, incompleta de responsabilidad”. ¿Y en qué consiste dicha sanción? La primera y principal en la dimisión o el cese del cargo vinculado a los hechos que generan la responsabilidad o, en el caso de que ya no ocupara éste, el reproche político y ciudadano para ostentar otro tipo de representación política. Hemos de tener presente que la responsabilidad política es uno de los elementos con los que se valora la calidad de un régimen democrático.

La responsabilidad política se basa, esencialmente, en el respeto a los representados, es decir a todos los ciudadanos y está directamente asociada a la eficacia, la moral y la ética pública y en la no tolerancia del abuso de poder.

El objeto de la responsabilidad política no son solamente los errores de la gestión, porque entonces el mero desconocimiento bastaría para anular la responsabilidad política; en ese caso, sería también políticamente responsable por incompetente.

¿Quién es el máximo responsable político de un Gobierno? Dicho por la mayoría de los autores, el Ministro/a que, al tomar posesión de su cargo, asume la responsabilidad política derivada de todos y cada uno de los integrantes del órgano que dirige. Los británicos, que tienen una democracia muy avanzada dicen al respecto lo siguiente: “cada ministro es responsable ante el Parlamento por la conducta de su ministerio. Los actos de cada funcionario son en principio considerados como actos del Ministro”[2]. El Ministro no podrá alegar desconocimiento, porque eso sería una dejación de funciones. Tan sólo podrá eludir dicha responsabilidad demostrando que los actos que se investigan se realizaron contra sus instrucciones expresas, señalando a quienes las incumplieron.

 

La responsabilidad política en el caso del Alvia

Como víctima del accidente del Alvia, sigo con cierta perplejidad las comparecencias que se están produciendo en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados. Y digo con perplejidad porque se asemejan mucho a las comparecencias del procedimiento judicial y considero que eso es un error, puesto que ni se debe perseguir lo mismo ni las responsabilidades son las mismas.

Desconozco quiénes son los comparecientes que faltan, pero de lo visto hasta ahora hay cosas que me sorprenden:

  • Las empresas privadas nada tienen que ver con las responsabilidades políticas, ya que no son representantes públicos. Considero que su única aportación, políticamente hablando, es el contenido del contrato de dichas empresas con Renfe, Adif o el Ministerio de Fomento para conocer qué se les pedía, así como la identidad de quien firmó el contrato de que se trate por parte de la Administración.
  • En el caso de INECO, que en teoría es un evaluador independiente, exactamente lo mismo.
  • En el caso de personas que, en el momento en que se produjo el accidente, prestaban sus servicios en Renfe, Adif o el Ministerio de Fomento en algún Departamento que tenga que ver con el suceso, lo único que interesa políticamente es por una parte sus funciones concretas y por otra, muy especialmente, la cadena de mando y seguir dicha cadena hasta llegar al máximo responsable.
  • También sería interesante conocer qué personas han sido “nombradas” y por quién.

 

No sé quiénes asesoran a los diputados respecto a la selección de los comparecientes, puesto que deduzco que les será imposible haberse leído los 78 tomos de la causa, de donde se pueden deducir los comparecientes de interés en el plano puramente político. Sin embargo considero que, de lo visto hasta ahora, sobran algunas comparecencias y faltan otras y echo de menos algunas preguntas destinadas directamente a averiguar las responsabilidades políticas. Llevar a comparecientes no responsables políticamente o hacer preguntas que no vayan destinadas a la asunción de responsabilidades en toda la cadena de mando es desvirtuar la Comisión de Investigación.

Considero que, si se sigue por ese camino, al final el objeto de la Comisión va a quedarse en concluir si se cumple o no la legislación vigente y eso le corresponde exclusivamente al Juez y no a una Comisión Parlamentaria.

Como ya dije antes, la exigencia de responsabilidades políticas es lo que mide la calidad de una democracia y así lo vemos en el funcionamiento de la mayoría de los países de nuestro entorno. Por ello, cuando sucedió el accidente, yo solicité públicamente la dimisión o el cese de los Presidentes de Renfe y Adif, responsables máximos de las organizaciones que intervienen en la operación de la línea y del tren, al margen de su posible responsabilidad penal. Hoy ninguno de ellos ocupa ese cargo, pero desgraciadamente por circunstancias ajenas al accidente y no por una conducta políticamente sancionable.

 

 

 

 

[1] Horizontal Accountability: Concepts and Conflicts,  en “Democratic Accountability in Latin America”, Oxford University Press, 2003

[2] Sir Ivor Jennings, Parliament, Cambridge University Press, Londres, 1970


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LA VIOLENCIA MACHISTA Y LOS PERITOS FORENSES

Los últimos casos de mujeres y menores asesinados y con denuncias de maltrato revelan que algo no funciona en la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género.

Cuando una mujer o un menor son asesinados, las instituciones se lamentan e inmediatamente convocan un minuto de silencio. Eso está muy bien, siempre que la cosa no quede solamente ahí. Pero desgraciadamente ahí queda y no se toma ninguna medida que pueda prevenir posteriores asesinatos.

Y lo más trágico es que existen herramientas para tomar medidas eficaces.

La primera de ellas es valorar la peligrosidad del supuesto maltratador. ¿Y cómo se hace esto en la actualidad? Pues mediante un cuestionario que un policía de turno, que no es un profesional en la materia, rellena mediante un programa informático con los datos que le proporciona la víctima. Nada más. Lo que es totalmente insuficiente y, en muchas ocasiones, erróneo.

Para realizar esta tarea existen forenses médicos, psicólogos y trabajadores sociales, especializados en violencia machista, cuya función es auxiliar a los jueces a tomar decisiones respecto las medidas cautelares que protejan a las mujeres y a los menores desde el momento de la denuncia.

 

Sin embargo, la situación real de dichos trabajadores, que somos profesionales con una superespecialización (somos doctores o licenciados y, además, forenses) deja mucho que desear. Por referirme solamente a la Comunidad de Madrid, que es donde ejerzo mi actividad, puedo constatar que los equipos de valoración forense (llamados psicosociales) somos sistemáticamente ninguneados por la Comunidad de Madrid, que no tiene en cuenta nuestras reivindicaciones profesionales para ejercer debidamente nuestro trabajo. Estas reivindicaciones consisten, entre otras, en: disponer de las herramientas adecuadas para la evaluación de las y los peritadas/os, que son insuficientes y llegan tarde y a cuenta gotas, teniéndonos que valer de fotocopias para poder disponer mínimamente de algunas; tener una contraprestación económica adecuada a nuestra responsabilidad y una seguridad en el empleo para todos los trabajadores; tener un complemento económico similar al complemento de destino que tienen los funcionarios; en caso de tener que realizar guardias, como así parece que va a ser, que no sean como las está planteando la Comunidad de Madrid (guardias de 12 horas con una contraprestación económica de 103 euros brutos y sin libranza, lo que está prohibido por las normas de la Unión Europea).

Otras “lindezas”, que hemos tenido que soportar en el traslado que se está realizando en el momento actual, es que la empresa adjudicataria de mudanzas (ORDAX), en un escrito sin firmar por nadie,  nos pide, lo mismo que al resto de los funcionarios, que embalemos y desembalemos la documentación y otros enseres, cuando en el Pliego de Condiciones de la contratación con dicha empresa dice claramente, como no podía ser de otra manera, que ese trabajo le corresponde al adjudicatario.

La última noticia que tenemos es que, en la nueva Sede de la calle Albarracín 31, no habrá plazas de parking salvo para unos pocos, lo que significa que o bien el que no tenga más remedio, habrá de alquilar una plaza de parking a costa de la reducción de su salario o bien, en el caso de las guardias, supondrá llegar a casa en muchos casos a las 23:00 horas, incumpliendo entre otras cosas la tan cacareada “conciliación” de la vida personal y laboral.

Con este maltrato al que nos somete la Comunidad de Madrid a los trabajadores de los equipos forenses, que somos un pilar fundamental para prevenir la violencia machista, parece estar claro por los hechos que nada o muy poco les importamos a la Comunidad de Madrid. Y si no les importamos los trabajadores indica que muy poco les importan las víctimas de la violencia machista, que son las destinatarias de nuestro trabajo.

No me sirve que la Comunidad de Madrid pueda alegar falta de presupuesto porque esta Comunidad tiene una desgraciada historia de corrupción, por cuya alcantarilla se han ido cientos de miles de euros, que hubieran sido necesarios para la atención a las mujeres víctimas de la violencia machista. Además, no cesa de crear nuevas Direcciones Generales, como la D.G. de Infraestructuras Judiciales, creada en el pasado mes de mayo, y que imagino supone un coste importante en recursos humanos y materiales.

Si las administraciones, en este caso la Comunidad de Madrid, quiere luchar de verdad contra la lacra de la violencia de género ha de empezar por respetar y valorar a los profesionales que trabajamos en ello, lo mismo que respetan y valoran a sus Diputados y altos cargos, que tienen muy buenas condiciones de trabajo y muy buen salario, sin que para éstos exista ningún problema presupuestario.

 

 


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NO TODAS LAS VÍCTIMAS SOMOS IGUALES

Vaya por delante mi solidaridad y mi respeto a las víctimas de los atentados de Barcelona del 17 de agosto de 2017. Como no podía ser de otra manera, tienen todo mi apoyo y mi cariño.

Pero, una vez dicho esto y vistos los actos conmemorativos y su reflejo en los medios de comunicación, no puedo por menos que recordar a las víctimas de otras tragedias no provocadas por ningún desastre natural o por ninguna causa imprevista sino por negligencias de personas responsables. Así podemos citar los desastres del Yack 42, de Spanair, del metro de Valencia y del tren de Santiago de Compostela. Todas ellas han sido tragedias colectivas, todas ellas han causado muertos y heridos, todas ellas han dado lugar a un procedimiento judicial, lo que implica posibles responsabilidades penales, y todas ellas han causado un dolor irreparable en las propias víctimas y en sus familiares. Por poner un ejemplo numérico respecto a los fallecidos: 74 muertos en el Yack 42; 43 muertos en el metro de Valencia; 153 muertos en Spanair y 81 muertos en Santiago de Compostela. Total 351 víctimas mortales más un gran número de heridos.

Sin embargo, todas estas víctimas, entre las que me encuentro, somos víctimas de segunda categoría, con un reconocimiento infinitamente menor que las víctimas del terrorismo.

Se me puede argumentar que, en el caso del terrorismo, es un crimen cometido con intención de matar y en los otros casos no existe dicha intención. Sin embargo, esta argumentación, aunque aparentemente real, no es del todo cierta. En el caso de un atentado terrorista, existe una intención de matar de forma directa. En el caso de estas otras catástrofes que acabo de citar existen diversas intenciones espurias que traen como consecuencia la muerte de muchas personas que han sido engañadas porque no conocen el riesgo a que son sometidas. Entre estas intenciones espurias se podrían citar: ahorro o necesidad de compensar pérdidas, desvío de dinero público, razones políticas, nombramiento o designación de personas incompetentes o cualquier otra que suponga por parte de los responsables un engaño o una negligencia más o menos grave.

Por ello sería más preciso hablar de intención directa y de intención indirecta. En la primera, la causa generalmente es un fanatismo irracional y violento que lleva, incluso, a inmolarse a aquellos que lo cometen. En la segunda, existen intereses prioritarios de determinados poderes que, para conseguirlos, no dudan en poner en riesgo la vida de las personas, aunque siempre confiando en que no ocurra nada. La primera es brutal, la segunda es cínica, aunque ambas sean inmorales.

Pero las víctimas, en uno y otro caso, somos solo eso: víctimas. Víctimas inocentes que paseaban tranquilamente, que cenaban en un restaurante o que acudían a una discoteca. Víctimas que cumplían sus obligaciones profesionales, que tomaban un metro, que cogían un avión o que nos subíamos a un tren. Todas ellas confiadas, todas ellas inocentes.

¿Cuál es la diferencia entre unas y otras víctimas? Una sola: las primeras son víctimas de un enemigo marginal, que no forma parte de nuestra sociedad, mientras que las segundas somos víctimas del Poder, del poder político, del poder económico, del poder institucional.

Sin embargo, el sufrimiento de las víctimas es el mismo en uno y otro caso: el sufrimiento por la pérdida, el sufrimiento por las secuelas y, lo que es más importante, el sufrimiento por la rabia y la impotencia de saber que no es un hecho casual sino que hay unos culpables. Pero mientras las víctimas del terrorismo cuentan con el apoyo total de las instituciones, las “otras víctimas” hemos de luchar contra las propias instituciones, contra el Poder, que esconde, silencia, manipula y tergiversa la información.

Los diferentes Gobiernos se han esforzado por luchar contra el terrorismo, poniendo todas las herramientas del Estado para ello;  por el contrario, no han tomado medida alguna que evite este otro tipo de víctimas, aunque debería de ser más fácil, ya que se trata de luchar contra las fisuras del Sistema, poniendo por delante los intereses de los ciudadanos. Tan pocas medidas se han tomado que en el 2003 se produjo la catástrofe del Yack 42,  en el 2006 la del Metro de Valencia, en el 2008 la de Spanair y en el 2013 la del tren de Santiago. No se aprendió o no se quiso aprender nada.

En el primer aniversario de los atentados de Barcelona se ha elogiado la ausencia de utilización partidista y la solidaridad sincera con las víctimas. Sin embargo y refiriéndome específicamente a la tragedia del tren de Santiago, las hemerotecas son testigos de la parafernalia con la que Núñez Feijoo utilizó a las víctimas para su autobombo; y también observamos con amargura como el ex presidente del Gobierno, Sr. Rajoy, en un comunicado oficial, confundió la tragedia de Santiago con el terremoto ocurrido en Gansu, China, lo que indicó la importancia que él mismo y su Gobierno concedieron al trágico accidente.

Todas víctimas, si. Pero no todas consideradas de la misma manera por parte de las instituciones. Las de primera son aquellas que no ponen en riesgo el Sistema, mientras que las segundas destapamos la cara más fea de éste. Por eso no todas las víctimas somos iguales.

 

 


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DEFENDER UNA CAUSA JUSTA NO CONVIERTE A UNO EN JUSTO

Según el diccionario de la RAE, “justicia es el principio moral  que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece”.

Siguiendo este principio, todos los líderes políticos y de organizaciones sociales han de ser justos y han de defender causas justas, reconocidas por aquellos a los que representan.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el ser humano es un ser complejo, el defender una causa objetivamente justa no significa que la conducta del líder que la defiende sea siempre justa. Tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia: líderes que han luchado por algo justo y que han sido notablemente injustos con personas cercanas que la mayoría de las veces les han ayudado en la consecución de dicha causa.

La reflexión sería ¿por qué ocurre esto? La mayoría de las veces se debe a dos factores que contribuyen de manera decisiva a dicha conducta: por una lado, un exceso de autoritarismo, por el que el líder aleja de su entorno a toda persona que tiene criterios propios y no sigue ciegamente sus indicaciones o consignas; por otro, una gran dosis de vanidad y de soberbia, percibiéndose a sí mismo como el líder carismático, sin el cual los representados no podrían conseguir su objetivo. Estos dos factores conducen a la tiranía y a valerse de cualquier método para “eliminar” a los que considera erróneamente sus “competidores”.

Hay que tener buenas dosis de equilibrio personal y un sentido filosófico de la caducidad de las cosas para sustraerse a las alabanzas de aquellos a los que el líder representa; cuando a uno le alaban, es difícil no caer en la tentación de creerse imprescindible e insustituible, aunque de cara al exterior se diga lo contrario. Cierta notoriedad, cierta presencia en los medios de comunicación… todo ello va “engrosando” el ego personal, que es una forma de “premio” ante la defensa de esa causa justa.

No podemos evitar referirnos a los clásicos cuando reflexionamos sobre algún tema. En este caso, podemos citar a Cicerón que dijo: “nada hay más injusto que buscar premio en la justicia”; porque actuar de una manera justa o luchar por una causa justa no debería significar en ningún caso perseguir una satisfacción personal a modo de alabanza o de reconocimiento excesivo, aunque ello pueda resultar muy halagador o motivante para el que lo recibe; y mucho menos ignorar la participación de las personas que han ayudado al líder a conseguir sus objetivos, cuando no apartarlas y despreciarlas para que queden en el ostracismo, reservándose todos los laureles y glorias para él solo. Esa es una actitud que, además de injusta, es estúpida por prescindir de colaboradores aptos, además de denotar un bajísimo aprecio por sí mismo.

En “Macbeth”, una joya como todas las de Shakespeare, éste se deja poseer por el mal que nace del ansia de poder creyéndose invencible y por lo que está dispuesto a todo: “Adelante y engañemos a todos fingiendo la inocencia: que esconda el rostro hipócrita lo que conoce el falso corazón”.

Aunque indudablemente los personajes del genio son ficticios, representan las grandes pasiones que acechan y embargan al ser humano y que, como decíamos al principio, pueden convertir a alguien en injusto aunque luche por una causa justa, si alguna de esas pasiones domina sus actuaciones en esa lucha.

Y para terminar siguiendo con “Macbeth”, cuando tengamos la más mínima tentación de caer en la vanidad o en la soberbia, despreciando a personas próximas que luchan por lo mismo, sería bueno que recordáramos esta frase dicha por el propio Macbeth en el Acto V, escena 5: “La vida es una sombra tan solo, que transcurre; un pobre actor que, orgulloso, consume su tramo desde el escenario para jamás volver a ser oído: Es una historia contada por un necio, llena de ruido y furia, que nada significa”.

Si alguien se siente aludido, que saque consecuencias.

 

 

 


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BORRÓN Y CUENTA NUEVA

Esta mañana escuchábamos a Pablo Casado en una entrevista para la Cadena SER decir, en referencia a la Memoria Histórica, que la dictadura franquista y todas sus lamentables consecuencias se acabaron con la Transición que, según él, fue un modelo para el mundo.

No sé si es que el Sr. Casado, por no haberse ilustrado con la lectura de historiadores de relevancia internacional, alguno de los cuales incluso podría pertenecer a su ámbito ideológico, desconoce qué fue lo que ocurrió en este país en la llamada “transición”. Por eso quizá conviene refrescarle la memoria.

La transición, Sr. Casado, fue un “enjuague” entre diferentes núcleos de poder de distinto signo que acordaron, una vez muerto el dictador, participar en una parte del “pastel” del gobierno de la nación, para lo que algunos -no todos- renunciaron a su ideología. Es a lo que eufemísticamente se le ha llamado “consenso”.

Ese llamado consenso consistió en que siguieron gobernando los mismos que lo habían hecho hasta entonces, aunque a partir de ese momento sin Franco, defendiendo los privilegios de los mismos y la sumisión manipulada del resto de la población.

Los perdedores, llamados también la “izquierda”, representados esencialmente por el Partido Socialista y el Partido Comunista, aceptaron de buen grado el papel de comparsa en ese teatrillo que se montó en torno a la construcción de un país supuestamente democrático.

Le voy a dar algunos ejemplos objetivos de leyes trascendentales que se aprobaron en aquel momento histórico con el acuerdo de todos: la Ley de Amnistía, publicada en el BOE el 17 de octubre de 1977 y que actualmente sigue en vigor, fue aprobada por UCD, PSOE, PCE y nacionalistas vascos y catalanes. Dicha ley, entre otras cosas, perdonaba “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. Aunque parezca increíble, eso fue lo que aceptaron los que, en aquel momento, eran llamados “padres de la patria”. Esta ley, como se ha visto recientemente en la impunidad manifiesta de algunos torturadores y criminales, acabó con los crímenes del franquismo. El dictador se murió en su cama, con todas las atenciones médicas posibles en aquel momento y todos sus secuaces quedaron libres de toda culpa.

Debo recordarle, Sr. Casado, que esta ley, impensable en cualquier país democrático de nuestro entorno, ha sido duramente criticada por las Naciones Unidas ya que España, antes de la aprobación de dicha ley, había suscrito el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que obligaba a castigar la violación de los derechos humanos.

Otro de los acuerdos a los que se llegó en aquel momento fue cumplir los deseos del dictador respecto a la monarquía. Si, lo ha oído bien, Sr. Casado, cumplir los deseos del dictador. No podemos olvidar que en 1947, 11 años después de acabar la guerra civil, Franco aprobó una de las ocho leyes fundamentales del régimen, que era la Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado, de acuerdo a la cual España se convierte en un reino, pero sin rey, ya que el dictador tenía claro que él sería el Jefe del Estado hasta su fallecimiento. En 1978, con el tan aplaudido “consenso”, se cumpliría unas de las voluntades más firmes de Franco.

La monarquía pasó a ser, en la Constitución de 1978, uno de los títulos absolutamente blindados, de manera que ya se ocuparon los que “consensuaron” para que fuera algo prácticamente inamovible.

Llegó el gobierno de UCD y, en un momento en el que la monarquía no gozaba de mucha popularidad, tiene lugar el 23F, cuya autoría nunca fue desvelada oficialmente, pero del cual se han escrito todo tipo de hipótesis, algunas muy documentadas fuera de España, porque aquí siguen clasificados los documentos.

Es en ese momento cuando Juan Carlos I, ese del que ahora sabemos que tiene una fortuna en Suiza, hace negocios con dictaduras (él aprendió mucho con Franco) y tiene testaferras, a las que utiliza haciendo parecer que son amantes, alcanza cierta popularidad, como el “salvador de la patria”, cosa que también decían de Franco.

Y así, con una Constitución sin proceso constituyente votado por los ciudadanos, con un Jefe del Estado y su heredero no votados por nadie y con unos “consensos” que para lo único que sirvieron fueron para amnistiar criminales y para mantener los privilegios de los mismos que los tuvieron desde que se instauró el franquismo, llegamos al día de hoy, sin haber cortado nunca jamás con la cruel dictadura.

Las víctimas, Sr. Casado, no pueden consensuar eso, las víctimas quieren reparación, las víctimas quieren un corte radical con esta realidad, que es solamente una continuidad de la situación anterior. Y los que no fuimos víctimas apoyamos esas reclamaciones por un mínimo sentido de la ética y de la decencia.

Ni en Alemania se permitió que hubiera consenso con el régimen nazi, ni en Italia se permitió que hubiera consenso con el régimen fascista, ni en Rusia se permitió que hubiera consenso con el régimen estalinista y en Argentina se derogó la Ley de Punto Final y Obediencia Debida. Esa es la Historia.

No es ético ni siquiera práctico hablar de borrón y cuenta nueva, Sr. Casado, porque la Historia no se puede emborronar, hay hechos, datos, testigos y analistas que lo verifican. Y tampoco podemos hablar de cuenta nueva mientras no se haya saldado la vieja, porque la memoria, la memoria individual y colectiva no se puede borrar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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ADIF: LOS INTERESES PONEN DE ACUERDO A LOS DOS GRANDES PARTIDOS

Acabamos de conocer el nombramiento de Isabel Pardo de Vera como Presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Se ha destacado en los medios de comunicación el hecho de ser la primera mujer al frente de esta empresa pública, lo cual celebramos. Pero lo que realmente subyace detrás de este nombramiento son los intereses de ADIF, de las grandes constructoras y de otros posibles operadores privados que han de entrar en el mercado para finales del 2020.

Isabel Pardo de Vera ha ocupado diversos puestos de libre designación, tanto con gobiernos del PSOE como del PP, habiendo sido Gerente y Jefa de Infraestructuras del AVE a Galicia y Directora de Obra, entre otras, del subtramo de los accesos a la estación de Santiago –lugar donde se produjo el grave accidente del Alvia- como así aparece en una entrevista concedida por ella a la revista de Adif  “Líneas”, de diciembre de 2011 y enero de 2012 y que se encuentra aportada al procedimiento judicial que se instruye en el Juzgado número 3 de Santiago de Compostela.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha dicho que iba a tocar lo menos posible la estructura y los planes estratégicos de las empresas de su Departamento, por lo que Pardo de Vera suponía una continuidad. Y es cierto, puesto que Pardo de Vera era la “segunda” del anterior Presidente de Adif. Pero, ¿en qué se basa esa continuidad?, ¿en hacer modelos de AVEs caros, ineficientes y sin seguridad? Porque, según un demoledor informe de auditoría de la UE, eso es lo que viene ocurriendo hasta ahora en España. En dicho informe se dice que Bruselas ha gastado 11.232 millones de euros en la cofinanciación del AVE español y que dicha red se ha diseñado en función de consideraciones políticas (“no es una realidad, sino un parche ineficaz”, dice el Informe en referencia a la Alta Velocidad española).

Pardo de Vera se va a encontrar sobre la mesa numerosos contratos de construcción y la presión de las licitadoras, empresas poderosas a las que tiene que dar respuesta a la satisfacción de éstas, tal como ya hizo también el PP.

Parece bastante claro que los objetivos de Adif en esta etapa de Gobierno del PSOE son esencialmente dos: uno, acelerar las líneas de Alta Velocidad, con el fin de que el PSOE pueda ganarse el voto de aquellos ciudadanos a los que les ha prometido la llegada del AVE a su región; y dos: “cumplir” los acuerdos con las grandes constructoras, porque no nos olvidemos de que Adif es una de las compañías públicas con mayor volumen de inversión, imprescindible para el sector privado.

Por eso no se quieren sacar a la luz las “chapuzas” de algunas líneas del AVE, como la del tramo Ourense-Santiago, que causó la muerte de 80 personas y dejó a 144 con graves secuelas. Una tragedia que no conviene airear demasiado, porque huele mal y el hedor llega demasiado lejos, tan lejos que afecta a los dos partidos mayoritarios.

Pero la clave está en la siguiente pregunta: ¿a quién o a quiénes se intenta proteger y por qué? Indudablemente una parte de los “protegidos” son los políticos de ambos partidos, PP y PSOE, que tenían distintos grados de responsabilidad en cuanto a la correcta realización de las obras y, especialmente, en lo que respecta a la seguridad de los viajeros, seguridad de la que depende la vida y la integridad de las personas; la carencia de dicha seguridad, además, constituye un delito. Pero existe otro aspecto del que se habla poco y es la perfecta imbricación de políticos y grandes empresas buscando siempre hacer el negocio más rentable, políticamente para unos y económicamente para otros. Estar fuera del “clan” significa tener que salir de España para hacer negocios.

Pardo de Vera, el nuevo Presidente de Renfe y el Ministro Ábalos tendrán que explicar, ahora que ya han tomado las riendas de las empresas ferroviarias, el porqué las personas imputadas en el caso Alvia siguen en sus puestos o en otros similares, algo que parece ir en contra de la máxima del Presidente Sánchez de tomar inmediatamente decisiones drásticas respecto a los responsables públicos que puedan tener un atisbo de “tacha”. Creo que la muerte de 80 personas y las lesiones de 144 son motivo más que suficiente para tomar ese tipo de medidas con la mayor celeridad posible.

Negligencias, prisas, ahorro…¡una completa chapuza!…un accidente grave: 80 muertos y 144 lesionados…5 años… ¡y a esconder en el cajón del olvido!. Es un cajón que se encuentra a rebosar, entre otras cosas, con las grandes tragedias -se llaman coloquialmente “accidentes”-  que ha sufrido este país en las dos últimas décadas: Yack 42, Spanair, Metro de Valencia, Alvia… Para vaciar el cajón es necesario sacar primero los intereses, que se encuentran encima de todo los demás e impiden que el cajón se abra. Es una obligación ética.

 

 


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UN PASO IMPORTANTE EN LA PARIDAD DE LAS MUJERES

Desde el día 8 de marzo del presente año, la reivindicación por parte de las mujeres para ocupar el puesto que nos corresponde en la sociedad ha dado un paso que, por suerte, ya no tiene vuelta atrás.

La lucha por nuestros derechos comenzó ya en el siglo XVIII con Mary Wollstonecraft autora de Una reivindicación de los derechos de la mujer. Mary Wollstonecraft escandalizó a sus coetáneos con sus ideas acerca del derecho de las mujeres a vivir como seres humanos plenos. A lo largo de los siglos XIX y XX han sido muchas las mujeres que se definieron a sí mismas como seres humanos autónomos. En Writing a Woman’s Life (1988), Carolyn G. Heilbrun entiende que el elemento crucial en la aventura de ser mujer es la asunción del poder.

Sin duda, desde la década de los setenta del pasado siglo XX se han dado, en el mundo occidental, notables avances respecto al papel de la mujer en la sociedad. Se han modificado leyes, se han ido cambiando costumbres y las mujeres hemos ido penetrando, poco a poco, en el tejido social y en el mercado de trabajo. Pero eso no ha sido ni es suficiente.

Todavía no se ha superado el llamado “techo de cristal”, denominación que apareció por primera vez en un artículo del Wall Street Journal en Estados Unidos en 1986. Desde entonces, se aplica este término en los estudios de género a la limitación velada del ascenso de cualquier tipo de las mujeres en todas las organizaciones. Es un techo “invisible”, porque no existen normas o leyes que impidan una limitación explícita, pero que se produce en la realidad.

Ese hecho tiene como consecuencia que, en casi todas las organizaciones sociales, las mujeres no llegamos a alcanzar la posición que nos debería corresponder en igualdad con los hombres porque es una manera de representar al pueblo; además, es importante tener en cuenta que la definición de los méritos y la capacidad tiene un sesgo androcéntrico. Además, no existe una evidencia empírica que demuestre que los hombres estén mejor cualificados que las mujeres.

Tenemos ejemplos muy recientes con lo que ha ocurrido en la Comisión que reformará los delitos sexuales en el Código Penal, cuyos integrantes eran 20 hombres. Este hecho produjo tal escándalo, que el Gobierno se vio obligado a “maquillar” la citada comisión y pedir la introducción de seis miembros-mujeres de manera no permanente. Algunas, teniendo en cuenta la diferencia de estatus que se proponía, renunciaron a formar parte de esa comisión. Una vez que se produce un gran debate social, finalmente se ha formado un Comisión Paritaria de 15 hombres y 15 mujeres con los mismos derechos y responsabilidades, que es lo que se tenía que haber sido desde el principio. Pero esta no es una concesión gratuita, sino que se ha conseguido a base de reivindicaciones de las propias mujeres. Siempre es así.

La buena noticia que hemos tenido esta misma semana ha sido la reacción de 50 académicos y 200 adhesiones más, pertenecientes a universidades nacionales e internacionales y a centros de investigación, que han lanzado un manifiesto en el que se comprometen a no participar en evento alguno en el que no exista una paridad entre hombres y mujeres. Este hecho es especialmente significativo porque parte de un colectivo exclusivamente masculino, que se suma a las justas reivindicaciones del movimiento feminista.

La paridad de género es la participación equilibrada entre hombres y mujeres en las posiciones de poder, de representación y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida (política, económica y social) y es un indicador de la calidad democrática de las organizaciones, reflejando de manera mucho más realista la composición de la sociedad. Ya en la Cumbre de Mujeres al Poder, celebrada en Atenas en 1992, dio como resultado un documento, la Declaración de Atenas, en el que se planteaba que la infrarrepresentación de las mujeres constituía un déficit democrático y allí se acuñó el término “democracia paritaria”. Este documento dice, entre otras cosas:

“Una participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones produciría diferentes ideas, valores y estilos de comportamiento necesarios para lograr un mundo más justo y equilibrado para todo el mundo, tanto para las mujeres como para los hombres”.

A este respecto, la Unión Europea ha proporcionado apoyo absoluto a la paridad desde 1996 hasta llegar a la Resolución de 10 de marzo de 2015, basada en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, entre otras cosas, dice lo siguiente:

“Hace hincapié en el consenso creciente a escala de la UE sobre la necesidad de promover la igualdad de género, entre otros medios, a través de la participación de las mujeres en la toma de decisiones económicas y políticas, que es una cuestión de derechos fundamentales y democracia….”.

Pero en todo este proceso, que ha empezado por quitarnos el lastre de la marginalidad y la ausencia de los derechos más fundamentales, como el derecho al voto o la dependencia absoluta del cónyuge para realizar actividades económicas o laborales, se ha pasado a una integración parcial en la sociedad y en el mundo laboral a una situación actual en la que luchamos por romper ese techo de cristal y poder dirigir y tomar decisiones en todos los ámbitos sociales en igualdad con los hombres, ya que representamos a la mitad de la población.

Sabemos que esta lucha no va a ser fácil, como no lo ha sido ninguna en los procesos anteriores, pero confiamos en la concienciación de la sociedad y en que no sea necesario establecer “cuotas” para que las propias organizaciones se conciencien de que las mujeres tenemos los mismos derechos de participación en los ámbitos de poder y de que ello contribuirá a mejorar la situación tanto de mujeres como de hombres.

Por eso la decisión de este grupo de hombres ha sido un ejemplo no solo de democracia sino también de inteligencia.