EL BLOG DE TERESA GÓMEZ-LIMÓN

EL GOBIERNO DA LA “PUNTILLA” A LA JUSTICIA

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Es ya bastante lamentable, desde el punto de vista democrático y por tanto desde la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, la ausencia de separación de poderes en España, especialmente del Poder Judicial, pilar esencial de la democracia. Pero el Gobierno del PP se ha superado a sí mismo, con el proyecto de ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado por el Consejo de Ministros el viernes 13 de marzo de 2015.

Además del eufemismo de llamar al actual “imputado” con el melifluo término de “investigado” y al “acusado” con el también menos comprensible término para el ciudadano de “encausado”, lo peor de esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no está ahí.

Lo que verdaderamente le da un mazazo a lo poco que quedaba de independencia judicial es la limitación de los procesos de instrucción, que es la parte del proceso en donde se investigan los hechos, no pudiendo pasar de un tiempo determinado por ley, sea cual sea la complejidad del caso, con un máximo de 18 meses. Y lo más grave de todo el asunto es a quién se “encomienda” la responsabilidad de señalar la duración de la instrucción: el fiscal tendrá en exclusiva la llave de prorrogar o no las instrucciones, a partir de los seis meses.

El problema es que la Fiscalía es un organización jerárquica, cuyo máximo “jefe” es el Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno, por lo cual su independencia, al menos institucionalmente, deja bastante que desear.

Hay mucha prisa por aprobar esta ley que, según parece, podría entrar en vigor a final de año y va a afectar también a las causas que ya están en marcha, teniendo la ley un “efecto retroactivo”, ¡increíble!.

Al parecer el Gobierno del PP, antes de dejar los asientos del Consejo de Ministros, quiere asegurarse de que todos los casos que tiene en marcha su partido, con una “legión” de imputados, no sigan encontrando más y más nombres, sino que se cierren, todo se olvide y deje de ser LA NOTICIA cada día en los medios de comunicación.

Esto, además, lo hace un Ministro, Rafael Catalá que, en cualquier país democrático, habría dimitido como Secretario de Estado del Ministerio de Fomento por su responsabilidad política en el accidente del tren de Santiago y que, sin embargo, en nuestro país, es “premiado” nada menos que con el Ministerio de Justicia, seguramente para que remate la faena, haciendo el trabajo sucio con esta ley antidemocrática. Este personaje se califica a sí mismo a través de sus declaraciones tras el accidente, que  fueron lamentar la posible fragilidad de los “negocios” en vez de las vidas humanas, lo que naturalmente causó más dolor e indignación en todas las víctimas y en todos los ciudadanos de bien.

Eso sí, tengo que reconocer que el Gobierno del PP ha elegido un buen día para darle la puntilla a la Justicia en España: viernes 13. Realmente no creo que el terror con el que nos ha obsequiado a los demócratas el Gobierno del PP pueda tener una fecha mejor elegida para ser aprobado.

La única esperanza que nos queda a los que creemos en la democracia es que todos los miembros de este antidemocrático Gobierno del PP se vayan de una vez por todas a su casa y que, a partir de entonces, procuren salir poco a la calle, no vaya a ser que con su sola presencia asusten a los ciudadanos, como si de una película de terror se tratara.

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