EL BLOG DE TERESA GÓMEZ-LIMÓN

PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA: UN AUTENTICO PARIPÉ

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La semana pasada los profesionales y las usuarias de los juzgados de violencia de género de Madrid sufrimos una penosa actuación por un grupo de individuos que constantemente acuden a los juzgados de violencia con pegatinas insultantes que colocan en árboles, aceras y por fuera de los juzgados, algo que les sale completamente gratis. El pasado martes, 21 de febrero, aparecieron con una sábana donde se pedía la derogación de la Ley contra la Violencia de Género y en un especie de bandera de España la frase: “in dubio pro zorra”, lo que sin duda es una invitación al odio y a la violencia contra las mujeres. A alguna compañera mía, que se acercó para hacer una foto, la increparon. Me gustaría que, en este caso, la fiscalía actuara de oficio contra estos individuos si de verdad las instituciones quieren demostrar que están decididas a luchar contra la violencia de género. Resulta asombroso que ante una actuación de este tipo ni siquiera se haya abierto una investigación.

No sé si, en este caso, el Ministro Catalá, dirá, como en el caso de los titiriteros, que es “repugnante y nada edificante” y que tienen “tintes manifiestamente de delito por ensalzamiento del terrorismo”. Probablemente al Sr. Catalá, el que maten cada día a las mujeres por violencia machista y que, al mismo tiempo, unos individuos vayan a llamarlas “zorras” no tiene la menor importancia. Así es el Ministro de Justicia que tenemos.

Desde que ha comenzado 2017 han sido asesinadas 15 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, lo que constituye toda una lacra social y un atentado contra los derechos humanos, que una sociedad  no puede permitir de ninguna manera.

Ante lo grave de la situación, PP y PSOE han propuesto en el Congreso de los Diputados un pacto de Estado contra la violencia machista. Para ello han creado una subcomisión, a la que al parecer van a acudir, además de diputados, reconocidos expertos.

Sin embargo a mí, como psicóloga forense de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que día a día me encuentro con este problema como profesional y que tengo una experiencia más que dilatada en ese campo, me asaltan muchas dudas. Temo que dicho pacto no quede, como ya ha ocurrido en muchas otras ocasiones, en otro “maquillaje gatopardiano” para quedar bien ante la opinión pública y que, como en otras ocasiones, nos hagan creer que cambia todo para que no cambie nada. Voy a señalar algunos aspectos que, desde mi experiencia, habría que cambiar de manera inmediata.

  1. La violencia de género, no nos olvidemos, no surge de un día para otro sino que se gesta a lo largo de años. Las víctimas deberían tener acceso  a servicios públicos -psicológicos y sociales- a los que acudir sin que tengan necesidad de interponer una denuncia. Porque -y este dato nunca lo debemos olvidar- la mayoría de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas no habían denunciado previamente. ¿Por qué?, por el propio problema de la violencia de género: miedo, inseguridad y, sobre todo, problemas emocionales. Por lo tanto, las mujeres víctimas de violencia de género deberían contar con servicios públicos psicológicos y sociales de calidad previos a la denuncia.
  2. La mayoría de las mujeres que denuncian lo hacen con abogados de oficio, es decir sin coste para la víctima. El problema, como ellos mismos reivindican, es que habría que modificar de manera profunda el turno de oficio, ya que un abogado de estas características cobra unos 130 euros por expediente y a algunos de dichos expedientes hay que dedicarles mucho tiempo porque se trata de causas complejas. Los abogados más reputados no trabajan de oficio sino de manera privada y sus costas son mucho más altas y muchas mujeres víctimas de la violencia machista no las pueden pagar. Otro aspecto sería que las mujeres víctimas de violencia de género  contaran con abogados de oficio con experiencia, profesionalidad, capacidad y, naturalmente, pagados dignamente.
  3. La peligrosidad del supuesto maltratador es un elemento esencial para evitar las muertes, eso parece un aspecto casi de sentido común. Pero, ¿cómo se evalúa la peligrosidad de los supuestos maltratadores? Pues a través de un programa informático, llamado VioGen, que tiene la policía y que, en función de unos datos que le da la víctima cuando va a denunciar, determina informáticamente la peligrosidad del supuesto maltratador. En la mayoría de los casos, la evaluación del riesgo nada tiene que ver con la realidad. Yo, como psicóloga, que evalúa a muchos maltratadores, puedo asegurar que es IMPOSIBLE predecir y evaluar la conducta peligrosa de una persona sin haberla visto. Por lo tanto, en las comisarías donde la víctima vaya a poner la denuncia, deberían existir psicólogos expertos para evaluar la peligrosidad del supuesto maltratador. Esta es una medida que mitigaría bastante el riesgo.
  4. Una formación continua de cualquier profesional es algo básico y esencial. Pues bien, en el caso de los profesionales que actúan como peritos de los equipos psicosociales la situación es la siguiente: no tienen plaza fija, tan solo la tenemos los más antiguos, no hay una reposición de plazas equilibrada (se quedan más plazas vacantes de las que se cubren) y en la periferia, lo que no es Madrid capital, los juzgados de violencia tienen que compatibilizar la atención a las mujeres víctimas de violencia con el resto de procedimientos de instrucción, con lo que una víctima puede tardar un año en ser citada para su evaluación. Además, las personas que se incorporan por bolsa de trabajo, muchas veces, aunque tengan el título profesional, jamás han trabajado en un juzgado ni -lo que es peor- la administración les ha formado para ello. Somos las propias compañeras, de manera altruista, las que les damos cierta formación en la medida de nuestra disposición de tiempo. Por lo tanto, las víctimas de violencia de género, cuando ponen una denuncia, deberían contar con recursos suficientes en el juzgado para que su caso se evaluara en breve y los profesionales que la atiendan sean profesionales formados y con experiencia.
  5. En muchos casos no ha existido petición por parte del juez ni del fiscal de informe pericial psicológico o social. Esto es grave porque en una sala de vistas, con el escaso tiempo de que disponen los jueces, dedicándole a la víctima un tiempo limitado, que solamente se refiere a los hechos denunciados, pero que no enmarcan las circunstancias en su totalidad, es muy difícil conocer bien la situación y, en ocasiones, percibir su nivel de gravedad. Por lo tanto, lo mismo que ocurre con el caso de los menores, en el caso de víctimas de violencia de género el informe pericial debería ser preceptivo, aunque no vinculante. Esto lo hemos pedido en reiteradas ocasiones, pero las autoridades jamás nos han hecho caso.
  6. La Comunidad de Madrid, de quien dependemos, está siempre amenazando con quitar juzgados de violencia de género en la capital y los psicólogos y trabajadores sociales no estamos en las guardias de los juzgados, aunque lo hemos reivindicado cantidad de veces. Así que cuando llega una víctima de violencia machista, en circunstancias psicológicas bastante degradadas, lo único que recibe es la toma de declaración y una lista de teléfonos con los recursos a los que acudir, pero nadie la atiende psicológica y socialmente de una manera personalizada. Esta atención es importante, porque se trata de una mujer en situación vulnerable, que necesita algo más que burocracia. Por otra parte el material psicotécnico nos lo dan a cuentagotas y nunca todo lo que pedimos y que es necesario para nuestro trabajo.

Habría muchas más cosas que hacer, como lo referente a temas educativos, concienciación de la sociedad, introducción legislativa como violencia de los temas de trata o de acoso laboral, que no están en la ley, casas de acogida, puntos de encuentro familiar, que se deberían tratar, pero que alargarían mucho este artículo.

Pero lo que pretendo demostrar en estos seis puntos que he expuesto es que todas las medidas requieren de algo esencial: recursos económicos públicos y que, desde el año 2010, los presupuestos generales del Estado para violencia de género se han recortado un 26%, mientras que se rescata a los Bancos, se hacen amnistías fiscales y las SICAV tributan el 1% de sus grandes fortunas.

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