EL BLOG DE TERESA GÓMEZ-LIMÓN

EL ACCIDENTE DE SANTIAGO Y LA POLÍTICA

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El día 24 de julio de 2013 se produjo un accidente en las inmediaciones de Santiago de Compostela; un tren de Alta Velocidad descarrila y tiene unas consecuencias trágicas: 81 muertos y más de 144 heridos graves, la mayor tragedia ferroviaria desde hacía 70 años.

La causa de tal accidente la atribuyeron, en un primer momento, al maquinista por un exceso de velocidad. Era una imputación fácil, él mismo reconoció su error y también fue víctima del accidente.

Después de casi 5 años de instrucción judicial, analizadas las pruebas documentales, los peritajes, un informe de la Unión Europea y muchas declaraciones, hasta el día de hoy, además del maquinista, hay 6 imputados más. Y todavía no ha terminado la instrucción.

Seguramente hay personas que pueden pensar que se trata de un accidente y que, por lo tanto, es inevitable. Como ya se ha dicho por parte de algunos “la seguridad al cien por cien no existe”. En nuestro caso, desgraciadamente, fue “la inseguridad al cien por cien”, ya que todos los ocupantes del tren fuimos afectados.

Algunos pueden pensar que nada tiene que ver esto con la política, que se ha intentado politizar el tema y que las víctimas hemos sido manipuladas. Ya lo han dicho de manera interesada infinidad de veces. Pero hay otras personas que, de buena fe, no ven la relación entre el accidente y la política. Por eso mi intención en este artículo es aclararles esta relación.

Lo primero que es preciso destacar es que las empresas que gestionan en España el sector ferroviario son dos: ADIF y RENFE, ambas dependientes del Ministerio de Fomento y cuyos presidentes son nombrados por los correspondientes ministros. Lo segundo es que los responsables últimos de que no funcione la seguridad y tenga unas consecuencias tan catastróficas son los máximos responsables de dichas empresas y del Ministerio de Fomento, que tienen la obligación legal y política de velar porque un asunto esencial como la seguridad ferroviaria sea la prioridad. Es aquella obligación que se llama “in vigilando”.

En este conglomerado de empresas y Ministerio, cada uno de ellos con sus correspondientes departamentos, se encuentran los que se llaman “altos cargos”, que son cargos de “libre disposición”, es decir nombrados “a dedo”; suelen ser técnicos afines al partido que gobierna, muy bien pagados y, en el caso que nos ocupa, expertos en materia de seguridad ferroviaria. Éstos conocen, o deben conocer perfectamente la normativa de seguridad y han de aplicarla con absoluto rigor. En caso de duda o de una importante decisión han de reportan al máximo responsable (Ministro o Presidente).

Cuando se producen negligencias graves, los responsables penales, sin ninguna duda, son estos “altos cargos”. Pero qué ocurre con las cúpulas de las organizaciones? Pues que, aunque no tengan responsabilidad penal, porque no haya pruebas suficientes para imputarlos, al menos tienen responsabilidad política, que es aquella que les exige cumplir las funciones para las que han sido nombrados y que son muy bien remunerados con los impuestos de todos los ciudadanos.

Por eso las víctimas, además del procedimiento penal, que llevamos independientemente con nuestros respectivos abogados, hemos pedido reiteradamente una Comisión de Investigación Parlamentaria. Y quién puede solicitar y llevar a cabo dicha Comisión? Solamente los partidos políticos con representación parlamentaria. Por esa razón las víctimas nos hemos tenido que dirigir a ellos para buscar apoyos. Algunos nos han apoyado desde el principio y se lo agradecemos mucho; otros no nos apoyaban al principio pero han cambiado su posición y también se lo agradecemos porque “rectificar es de sabios”; y finalmente otros, en este caso solamente el PP, nunca nos han apoyado ni creo que lo hagan.

Por lo tanto, el caso del accidente de Santiago es un desgraciado hecho de naturaleza política, si queremos llegar al final del camino y desenmascarar a todos los que han tenido alguna responsabilidad en la pérdida de tantas vidas humanas, con o sin reproche penal.

Y, desde luego, las circunstancias políticas del país en un momento determinado influyen de una u otra manera en este asunto, así como en muchos otros. La Presidenta del Congreso, antes Ministra de Fomento, Ana Pastor, dice no saber nada de lo que ocurría en su Ministerio, aunque se muestra absolutamente dispuesta a conocer la verdad. ¿Cómo se puede conocer la verdad de algo de lo que uno no se ha enterado después de cinco años? Ciertamente parece difícil, por no decir imposible.

También influyen las políticas y los valores de los partidos, especialmente del que tiene la tarea de Gobierno. Si un partido, en este caso el PP, no cree en las libertades civiles y políticas de los ciudadanos y en sus derechos es mucho más difícil que facilite el camino a las víctimas, más bien tenderá a entorpecérselo e, incluso, a impedírselo por los medios que sea. Valga un ejemplo: el día del primer aniversario de la tragedia en Santiago de Compostela enviaron a la policía antidisturbios para reprimir nuestra “presencia” en la Casa de la Cultura. El día que hemos ido a ver a Ana Pastor y nos quedamos 12 víctimas en la calle bajo la lluvia, tuvimos que soportar la presencia de dos personas de seguridad camufladas vigilando nuestros movimientos, como si fuésemos peligrosos terroristas.

Por eso el que tienda a separar este asunto de la política en general se está equivocando y, aunque sea de buena fe, percibe erróneamente la realidad. Pensar de la política que ese no es “nuestro asunto” es un grave error porque es el asunto de todos; lo mismo que no debemos pensar que no es “su asunto” otras graves cosas que están ocurriendo en nuestro país y que afectan a muchos ciudadanos: a jóvenes, a mujeres, a pensionistas, a discapacitados, a activistas, a artistas…. La involución de nuestra democracia nos afecta a todos. Tratar de avanzar en un problema específico de un colectivo, sin tener en cuenta el contexto político, es estar condenado a no avanzar en su propio problema.

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