EL BLOG DE TERESA GÓMEZ-LIMÓN

ADIF: LOS INTERESES PONEN DE ACUERDO A LOS DOS GRANDES PARTIDOS

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Acabamos de conocer el nombramiento de Isabel Pardo de Vera como Presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Se ha destacado en los medios de comunicación el hecho de ser la primera mujer al frente de esta empresa pública, lo cual celebramos. Pero lo que realmente subyace detrás de este nombramiento son los intereses de ADIF, de las grandes constructoras y de otros posibles operadores privados que han de entrar en el mercado para finales del 2020.

Isabel Pardo de Vera ha ocupado diversos puestos de libre designación, tanto con gobiernos del PSOE como del PP, habiendo sido Gerente y Jefa de Infraestructuras del AVE a Galicia y Directora de Obra, entre otras, del subtramo de los accesos a la estación de Santiago –lugar donde se produjo el grave accidente del Alvia- como así aparece en una entrevista concedida por ella a la revista de Adif  “Líneas”, de diciembre de 2011 y enero de 2012 y que se encuentra aportada al procedimiento judicial que se instruye en el Juzgado número 3 de Santiago de Compostela.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha dicho que iba a tocar lo menos posible la estructura y los planes estratégicos de las empresas de su Departamento, por lo que Pardo de Vera suponía una continuidad. Y es cierto, puesto que Pardo de Vera era la “segunda” del anterior Presidente de Adif. Pero, ¿en qué se basa esa continuidad?, ¿en hacer modelos de AVEs caros, ineficientes y sin seguridad? Porque, según un demoledor informe de auditoría de la UE, eso es lo que viene ocurriendo hasta ahora en España. En dicho informe se dice que Bruselas ha gastado 11.232 millones de euros en la cofinanciación del AVE español y que dicha red se ha diseñado en función de consideraciones políticas (“no es una realidad, sino un parche ineficaz”, dice el Informe en referencia a la Alta Velocidad española).

Pardo de Vera se va a encontrar sobre la mesa numerosos contratos de construcción y la presión de las licitadoras, empresas poderosas a las que tiene que dar respuesta a la satisfacción de éstas, tal como ya hizo también el PP.

Parece bastante claro que los objetivos de Adif en esta etapa de Gobierno del PSOE son esencialmente dos: uno, acelerar las líneas de Alta Velocidad, con el fin de que el PSOE pueda ganarse el voto de aquellos ciudadanos a los que les ha prometido la llegada del AVE a su región; y dos: “cumplir” los acuerdos con las grandes constructoras, porque no nos olvidemos de que Adif es una de las compañías públicas con mayor volumen de inversión, imprescindible para el sector privado.

Por eso no se quieren sacar a la luz las “chapuzas” de algunas líneas del AVE, como la del tramo Ourense-Santiago, que causó la muerte de 80 personas y dejó a 144 con graves secuelas. Una tragedia que no conviene airear demasiado, porque huele mal y el hedor llega demasiado lejos, tan lejos que afecta a los dos partidos mayoritarios.

Pero la clave está en la siguiente pregunta: ¿a quién o a quiénes se intenta proteger y por qué? Indudablemente una parte de los “protegidos” son los políticos de ambos partidos, PP y PSOE, que tenían distintos grados de responsabilidad en cuanto a la correcta realización de las obras y, especialmente, en lo que respecta a la seguridad de los viajeros, seguridad de la que depende la vida y la integridad de las personas; la carencia de dicha seguridad, además, constituye un delito. Pero existe otro aspecto del que se habla poco y es la perfecta imbricación de políticos y grandes empresas buscando siempre hacer el negocio más rentable, políticamente para unos y económicamente para otros. Estar fuera del “clan” significa tener que salir de España para hacer negocios.

Pardo de Vera, el nuevo Presidente de Renfe y el Ministro Ábalos tendrán que explicar, ahora que ya han tomado las riendas de las empresas ferroviarias, el porqué las personas imputadas en el caso Alvia siguen en sus puestos o en otros similares, algo que parece ir en contra de la máxima del Presidente Sánchez de tomar inmediatamente decisiones drásticas respecto a los responsables públicos que puedan tener un atisbo de “tacha”. Creo que la muerte de 80 personas y las lesiones de 144 son motivo más que suficiente para tomar ese tipo de medidas con la mayor celeridad posible.

Negligencias, prisas, ahorro…¡una completa chapuza!…un accidente grave: 80 muertos y 144 lesionados…5 años… ¡y a esconder en el cajón del olvido!. Es un cajón que se encuentra a rebosar, entre otras cosas, con las grandes tragedias -se llaman coloquialmente “accidentes”-  que ha sufrido este país en las dos últimas décadas: Yack 42, Spanair, Metro de Valencia, Alvia… Para vaciar el cajón es necesario sacar primero los intereses, que se encuentran encima de todo los demás e impiden que el cajón se abra. Es una obligación ética.

 

 

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