EL BLOG DE TERESA GÓMEZ-LIMÓN

LA VIOLENCIA MACHISTA Y LOS PERITOS FORENSES

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Los últimos casos de mujeres y menores asesinados y con denuncias de maltrato revelan que algo no funciona en la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género.

Cuando una mujer o un menor son asesinados, las instituciones se lamentan e inmediatamente convocan un minuto de silencio. Eso está muy bien, siempre que la cosa no quede solamente ahí. Pero desgraciadamente ahí queda y no se toma ninguna medida que pueda prevenir posteriores asesinatos.

Y lo más trágico es que existen herramientas para tomar medidas eficaces.

La primera de ellas es valorar la peligrosidad del supuesto maltratador. ¿Y cómo se hace esto en la actualidad? Pues mediante un cuestionario que un policía de turno, que no es un profesional en la materia, rellena mediante un programa informático con los datos que le proporciona la víctima. Nada más. Lo que es totalmente insuficiente y, en muchas ocasiones, erróneo.

Para realizar esta tarea existen forenses médicos, psicólogos y trabajadores sociales, especializados en violencia machista, cuya función es auxiliar a los jueces a tomar decisiones respecto las medidas cautelares que protejan a las mujeres y a los menores desde el momento de la denuncia.

 

Sin embargo, la situación real de dichos trabajadores, que somos profesionales con una superespecialización (somos doctores o licenciados y, además, forenses) deja mucho que desear. Por referirme solamente a la Comunidad de Madrid, que es donde ejerzo mi actividad, puedo constatar que los equipos de valoración forense (llamados psicosociales) somos sistemáticamente ninguneados por la Comunidad de Madrid, que no tiene en cuenta nuestras reivindicaciones profesionales para ejercer debidamente nuestro trabajo. Estas reivindicaciones consisten, entre otras, en: disponer de las herramientas adecuadas para la evaluación de las y los peritadas/os, que son insuficientes y llegan tarde y a cuenta gotas, teniéndonos que valer de fotocopias para poder disponer mínimamente de algunas; tener una contraprestación económica adecuada a nuestra responsabilidad y una seguridad en el empleo para todos los trabajadores; tener un complemento económico similar al complemento de destino que tienen los funcionarios; en caso de tener que realizar guardias, como así parece que va a ser, que no sean como las está planteando la Comunidad de Madrid (guardias de 12 horas con una contraprestación económica de 103 euros brutos y sin libranza, lo que está prohibido por las normas de la Unión Europea).

Otras “lindezas”, que hemos tenido que soportar en el traslado que se está realizando en el momento actual, es que la empresa adjudicataria de mudanzas (ORDAX), en un escrito sin firmar por nadie,  nos pide, lo mismo que al resto de los funcionarios, que embalemos y desembalemos la documentación y otros enseres, cuando en el Pliego de Condiciones de la contratación con dicha empresa dice claramente, como no podía ser de otra manera, que ese trabajo le corresponde al adjudicatario.

La última noticia que tenemos es que, en la nueva Sede de la calle Albarracín 31, no habrá plazas de parking salvo para unos pocos, lo que significa que o bien el que no tenga más remedio, habrá de alquilar una plaza de parking a costa de la reducción de su salario o bien, en el caso de las guardias, supondrá llegar a casa en muchos casos a las 23:00 horas, incumpliendo entre otras cosas la tan cacareada “conciliación” de la vida personal y laboral.

Con este maltrato al que nos somete la Comunidad de Madrid a los trabajadores de los equipos forenses, que somos un pilar fundamental para prevenir la violencia machista, parece estar claro por los hechos que nada o muy poco les importamos a la Comunidad de Madrid. Y si no les importamos los trabajadores indica que muy poco les importan las víctimas de la violencia machista, que son las destinatarias de nuestro trabajo.

No me sirve que la Comunidad de Madrid pueda alegar falta de presupuesto porque esta Comunidad tiene una desgraciada historia de corrupción, por cuya alcantarilla se han ido cientos de miles de euros, que hubieran sido necesarios para la atención a las mujeres víctimas de la violencia machista. Además, no cesa de crear nuevas Direcciones Generales, como la D.G. de Infraestructuras Judiciales, creada en el pasado mes de mayo, y que imagino supone un coste importante en recursos humanos y materiales.

Si las administraciones, en este caso la Comunidad de Madrid, quiere luchar de verdad contra la lacra de la violencia de género ha de empezar por respetar y valorar a los profesionales que trabajamos en ello, lo mismo que respetan y valoran a sus Diputados y altos cargos, que tienen muy buenas condiciones de trabajo y muy buen salario, sin que para éstos exista ningún problema presupuestario.

 

 

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