EL BLOG DE TERESA GÓMEZ-LIMÓN

LA TRAMPA POLÍTICA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY

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Con el conflicto catalán estamos presenciando debates públicos sobre el incumplimiento de la Ley de los líderes catalanes y su tipificación en el Código Penal. Como consecuencia de ello, se dice frecuentemente que “hay que dejar hacer el trabajo a los jueces” lo que, en principio, podría ser razonable.

Sin embargo este aforismo se queda en la superficie del problema, ya que la única función de los jueces es aplicar las leyes existentes en cada momento. Y aunque es cierto que toda Ley tiene un margen de interpretación no es menos cierto que existe un límite en dicha interpretación que viene determinado por las propias leyes.

Las leyes dentro de una sociedad son creadas y aprobadas por los distintos poderes legislativos de cada país para regir el orden político que se desea; en ellas se recogen los derechos y deberes de los ciudadanos frente al Estado Y considero que es ahí donde debe centrarse el debate, porque esa es la raíz y el origen del conflicto.

Para comenzar esta reflexión, es preciso recordar que las leyes no son ajenas a los poderes políticos dado que éstos, en cualquier tiempo y lugar, promulgan leyes que son favorables al sistema político que defienden. Es decir, la leyes nunca son neutrales.

A lo largo de la Historia, siempre que se produce un cambio de signo, se derogan las leyes anteriores y se promulgan leyes nuevas. Podemos poner como ejemplo, las leyes de Núremberg en la época nazi o, por referirnos a nuestro país, las leyes Fundamentales del franquismo. Podrían ser, como de hecho lo eran, absolutamente injustas pero eran leyes que había que cumplir y el incumplimiento de las mismas traía consecuencias, algunas veces pagando con la propia vida.

El lector me podrá replicar que en los dos ejemplos expuestos se trataba de dictaduras. Y es verdad. Pero tenemos ejemplos iguales en democracias. En Estados Unidos, país que no ha conocido nada que no fuera un sistema democrático, existía la Ley Jim Craw, que avalaba “legalmente” la segregación racial; y la Ley Racial Integrity Act que, entre otras cosas, prohibía los matrimonios interraciales. Si nos vamos a un país como Francia, por ley no se permitió el voto femenino hasta 1944 y en la civilizada Suiza la ley impidió el voto femenino hasta 1971.

A este razonamiento se podrá alegar que “eran otros tiempos”, pero a eso se puede contraponer, en primer lugar, que estamos hablando del siglo pasado, no de la Edad Media y, en segundo lugar, que al parecer lo que en un momento dado era “ilegal” transcurrido el tiempo se convirtió en algo legal y perfectamente asumido por todos. No se puede adivinar el futuro, pero es muy probable que, refiriéndonos concretamente al problema catalán, lo que ahora nos parece una “herejía” dentro de 30, 40 ó 50 años seguramente parecerá lo más normal del mundo, porque los tiempos cambian y también los valores.

Se ha dicho con frecuencia por parte de algunos tertulianos que para cambiar las leyes de nuestro país, especialmente la Constitución, se ha de ir “de la ley a la ley”, frase pronunciada en su momento por Torcuato Fernández Miranda, uno de los artífices de la transición. Pero, cuando se asume como propia dicha frase no se puede olvidar que Torcuato Fernández Miranda fue Ministro Secretario General del Movimiento con Franco, es decir era un falangista, movimiento político con similitudes con el fascismo italiano y con el nacional-socialismo alemán, al basarse todos ellos en la exaltación de la patria y todos ellos enemigos del liberalismo, del racionalismo, del marxismo y, lo que es peor, de la democracia. Por ello es importante conocer quién es el autor de determinadas afirmaciones cuando se hacen propias. Hubiera sido más realista decir: “del franquismo al postfranquismo”, pero naturalmente la intención era otra y las palabras tienen su importancia simbólica.

Volviendo de nuevo al problema catalán, el dilema principal no está en los jueces, que sin duda tienen su “parte de responsabilidad” en la interpretación de las leyes, máxime cuando la separación de poderes en este país está cuestionada por la propia Unión Europea. El verdadero problema, desde mi punto de vista, reside en las mismas leyes, comenzando por la Constitución, que no permite referéndums con libertad, que consagra una forma de Estado -la monarquía-  prácticamente inamovible desde esa misma Constitución que, aunque sea una monarquía parlamentaria, se encuentra absolutamente ligada a la religión.

Este hecho es fácil de demostrar ante la pregunta ¿por qué es inviolable el rey?. Porque la inviolabilidad tiene su origen en las monarquías medievales, que basaban el origen de la monarquía en un “mandato divino”, por lo que el rey “no puede pecar”. En definitiva, el rey es una persona sagrada y, en consecuencia, no puede obrar mal ya que es el representante de Dios y, si el poder lo recibe de Dios, solo ante él responde. Este hecho, aunque dicho así pueda parecer un sarcasmo, es exactamente así pues no de otro modo se explica que en el año 2018 exista semejante precepto legal y constitucional.

Cataluña tiene unas legítimas aspiraciones históricas que se remontan, al menos, hasta 1714 cuando Rafael Casanova estuvo en la resistencia para impedir la toma de Barcelona por el primer Borbón de España, Felipe V, un rey nefasto que terminó completamente demente, sumiendo a este país en un desastre, como ocurrió con la mayoría de los borbones.

Sin lugar a dudas los hechos históricos que ocurren en los pueblos tienen su repercusión a lo largo de los años, aunque los protagonistas sean otros y las circunstancias sean diferentes. Y las leyes, esas leyes que en un momento dado nos parecen sagradas, con el paso del tiempo vemos que no eran tan sagradas sino que, en muchos casos, violaban los Derechos Humanos Fundamentales. Por eso creo que no se debe hablar superficialmente, sino que hay que conocer la Historia y reflexionar más. Quizá de esa manera se pueda entender mejor el problema de Cataluña.

 

 

 

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