EL BLOG DE TERESA GÓMEZ-LIMÓN

LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y EL ACCIDENTE DE TREN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

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LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA

La responsabilidad política es la que tienen los gobernantes en una democracia e implica tanto a los cargos electos como a los cargos designados. La responsabilidad política no se refiere solo a un comportamiento fuera de la legalidad, pues ese tendrá que ser determinado por las autoridades judiciales, sino a la actividad de vigilancia y control político, que no significa sanción en el ámbito jurídico. Es lo que se conoce en la doctrina clásica como in eligiendo, in vigilando o in organizando, siempre que el actor principal tenga poder sobre su agente, es decir la persona en quien se delega, permitiéndole que actúe en su nombre. Es lo que se llama la cadena de delegación y responsabilidad. Todas las democracias representativas se basan en la existencia de delegación de poder y responsabilidad política para el ejercicio de ese poder, a pesar de que lo habitual es que los agentes estén mejor informados que quienes les controlan.          Toda responsabilidad, en este caso política, requiere una sanción que no se ha de quedar en el mero simbolismo. Como decía Kenney[1] en referencia a la responsabilidad política: “si no existe sanción, nos encontramos con una forma disminuida, reducida, es decir, incompleta de responsabilidad”. ¿Y en qué consiste dicha sanción? La primera y principal en la dimisión o el cese del cargo vinculado a los hechos que generan la responsabilidad o, en el caso de que ya no ocupara éste, el reproche político y ciudadano para ostentar otro tipo de representación política. Hemos de tener presente que la responsabilidad política es uno de los elementos con los que se valora la calidad de un régimen democrático.

La responsabilidad política se basa, esencialmente, en el respeto a los representados, es decir a todos los ciudadanos y está directamente asociada a la eficacia, la moral y la ética pública y en la no tolerancia de conductas negligentes e irresponsables.

El objeto de la responsabilidad política no son solamente los errores de la gestión, porque entonces el mero desconocimiento bastaría para anular la responsabilidad política; en ese caso, sería también políticamente responsable por incompetente.

¿Quién es el máximo responsable político de un Gobierno? Dicho por la mayoría de los autores, el Ministro/a que, al tomar posesión de su cargo, asume la responsabilidad política derivada de todos y cada uno de los integrantes del órgano que dirige. Los británicos, que tiene una democracia muy avanzada dicen al respecto lo siguiente: “cada ministro es responsable ante el Parlamento por la conducta de su ministerio. Los actos de cada funcionario son en principio considerados como actos del Ministro”[2]. El Ministro no podrá alegar desconocimiento, porque eso sería una dejación de funciones. Tan sólo podrá eludir dicha responsabilidad demostrando de que los actos que se investigan se realizaron contra sus instrucciones expresas, señalando a quienes las incumplieron.

LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA EN EL CASO DEL TREN ALVIA

Como víctima del accidente del Alvia, he seguido con cierta perplejidad las comparecencias se han producido en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados, finalizando -hoy- con la de los dos Ministros de Fomento. Y, repito, con perplejidad porque las comparecencias en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados se asemejan mucho a las comparecencias del procedimiento judicial y considero que eso es un error, puesto que ni se debe perseguir lo mismo ni las responsabilidades son las mismas.

De lo visto a lo largo de la Comisión hay cosas que me sorprenden:

  • Las empresas privadas nada tienen que ver con las responsabilidades políticas, ya que no son representantes públicos. Considero que su única aportación, políticamente hablando, es el contenido del contrato de dichas empresas con Renfe, Adif o el Ministerio de Fomento para conocer qué se les pedía, así como la identidad de quien firmó el contrato de que se trate por parte de la Administración.
  • En el caso de INECO, que en teoría es un evaluador independiente, exactamente lo mismo.
  • En el caso de personas que, en el momento en que se produjo el accidente, prestaban sus servicios en Renfe, Adif o el Ministerio de Fomento en algún Departamento que tenga que ver con el suceso, lo único que interesa políticamente son, por una parte, sus funciones concretas y por otra, muy especialmente, la CADENA DE MANDO y seguir dicha cadena hasta llegar al máximo responsable.
  • También, a la hora de pedir responsabilidades políticas, hemos de conocer qué personas han sido “designadas” y por quién.
  • Y, por último, las comparecencias de los respectivos ex Ministros, aunque eran las esperadas, no por eso son menos criticables.

Al Sr. Blanco y a la Sra. Pastor no se les pide que “entiendan” de cuestiones técnicas, por lo que nunca nadie va a pedir su imputación penal en el caso. Pero han de tener presente que son el último eslabón de la cadena de mando, por lo tanto, los máximos responsables de todo lo que afectaba a su Ministerio y que fue causa de los hechos. No se trata de “entender”, ni se trata de una “responsabilidad directa”, sino de una responsabilidad que les atañe como máximos responsables del Ministerio.

Como ya dije antes, la exigencia de responsabilidades políticas es lo que mide la calidad de una democracia y así lo vemos en el funcionamiento de la mayoría de los países de nuestro entorno. Por ello, cuando sucedió el accidente, yo solicité públicamente la dimisión o el cese de los Presidentes de Renfe y Adif, responsables máximos de las organizaciones que intervienen en la operación de la línea y del tren, al margen de su posible responsabilidad penal. Hoy ninguno de ellos ocupa ese cargo, pero desgraciadamente por circunstancias ajenas al accidente y no por una conducta políticamente sancionable.

La comparecencia del Sr. Blanco y la Sra. Pastor han sido las que se esperaban: no sabían, no eran expertos, no podían controlar todo lo que ocurría en su Ministerio. Lamentablemente, lo que nos han transmitido, una vez más, es que la calidad de nuestra democracia es muy deficiente y que los ciudadanos, que pagamos sus generosos salarios, somos los únicos sufridores de tanta irresponsabilidad que jamás parece merecer una sanción política.

 

 

 

 

[1] Horizontal Accountability: Concepts and Conflicts,  en “Democratic Accountability in Latin America”, Oxford University Press, 2003

[2] Sir Ivor Jennings, Parliament, Cambridge University Press, Londres, 1970

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