EL BLOG DE TERESA GÓMEZ-LIMÓN

JUAN JOSÉ CORTÉS Y LA DISCAPACIDAD DE IDA Y VUELTA

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Nos hemos enterado por los medios de comunicación y ha sido después corroborado por el propio interesado, de que Juan José Cortés, número 1 del PP por la circunscripción de Huelva y, por tanto, diputado en el Congreso, cobra una pensión pública por incapacidad permanente absoluta de 25.780 euros anuales (lo que significa 2.148,33 euros/mes), debido a que se encuentra totalmente incapacitado de por vida para realizar cualquier tipo de trabajo y parece ser que el motivo principal es padecer una depresión. Al parecer, su grado de discapacidad es del 33%, el mínimo que se puede tener para que a una persona se le considera “discapacitada”, aunque no reciba pensión alguna. Por debajo de ese porcentaje, nadie puede ser clasificado como discapacitado.

            Como Psicóloga Forense he de decir que para que incapaciten por depresión a una persona de manera permanente y absoluta para realizar cualquier tipo de trabajo ha de padecer una depresión mayor en grado máximo, que a las personas que lo sufren les impide incluso levantarse de la cama y realizar las tareas ordinarias como asearse,  que muestran un desinterés total por cualquier actividad, que tienen una incapacidad para tomar decisiones, etc. Por lo que hemos visto, el Sr. Cortés, desde que está en la vida pública, no manifiesta ninguno de estos síntomas sino que, muy al contrario, se muestra muy combativo y, sobre todo, muy interesado para entrar en política, sonriendo y manifestando sus convicciones semejantes a las del PP. Cualquier profesional que observe estas conductas JAMÁS diagnosticaría al Sr. Cortés como una persona que sufre depresión mayor.

            Pero vamos a ir mucho más allá. Cuando se “descubre” que el Sr. Cortés goza de estos beneficios sociales, se plantea si ha de dejar el escaño del Congreso por “incompatibilidad”. Las fuentes del Congreso llegan a la conclusión de que tendrá que renunciar a la pensión por incapacidad permanente absoluta y podrá recuperar la pensión cuando deje de ser diputado. Y el razonamiento que alega el Congreso, llamado también “la Casa de Todos los españoles”, es que ser diputado no es un trabajo sino una “función representativa”.

            Esto nos lleva al siguiente razonamiento: una persona que no es capaz de realizar ninguna actividad por depresión grave, que no tiene interés por nada, que no puede ser capaz de hacer planes a futuro, ¿es capaz de luchar por el bienestar de todos los ciudadanos? ¿O resulta que para realizar la función de diputado da lo mismo el estado mental que uno tenga?.

            Y por lo que se desprende de la realidad, el Sr. Cortés ha sido hasta ahora discapacitado, pero mientras sea diputado deja de serlo y cuando deje de de ser diputado volverá a adquirir de nuevo la condición de discapacitado. Vamos que TIENE UNA DISCAPACIDAD DE IDA Y VUELTA. ¡Vergonzoso!.

            Sería interesante saber qué Tribunal Médico ha firmado el estado mental del Sr. Cortés y en qué datos se ha fundamentado, porque es el procedimiento ordinario por el que debe pasar cualquier ciudadano para recibir la calificación de incapacidad permanente absoluta para cualquier tipo de trabajo, requisito indispensable para que reciba una pensión de esa cuantía, que es casi igual a la pensión máxima de jubilación.

            Sin lugar a dudas, esto es un “fraude de ley”, porque aunque la función “representativa” no se rija por el Estatuto de los Trabajadores, lo cierto y real es que si alguien no se encuentra capacitado para realizar ningún tipo de trabajo, sea el que sea, máxime por una enfermedad mental permanente, resulta difícil creer que pueda realizar un trabajo que significa plantear o debatir sobre proposición de leyes que afectan al conjunto de la ciudadanía.

            Resulta también llamativo que ningún diputado de ningún partido haya protestado por esta situación que es a todas luces injusta y fraudulenta, más aún teniendo en cuenta que a muchas personas, que sí padecen enfermedades físicas o psíquicas reales no les conceden esta condición y no reciben una pensión y, en muchos casos, ni siquiera una ayuda. Da la sensación de que el Congreso de los Diputados es un gremio corporativista que protege a los que pertenecen a él. Me gustaría saber qué diferencia al Sr. Cortés del resto de los ciudadanos.

            Deberían saber los Sres. diputados que esto es una forma de corrupción, porque corrupción no es solo robar, corrupción es todo aquello que manipula las leyes en favor de algunos, aunque se pueda “maquillar” con una supuesta legalidad que va en contra del sentido común más elemental e, incluso, del propio espíritu de la Ley.

            Administrar el dinero público es una tarea de gran responsabilidad, porque los ciudadanos pagamos impuestos no para que algunas personas de forma fraudulenta se aprovechen de ellos, sino para que se haga Justicia Social igualitaria y no para que se beneficien aquellos que tengan “padrinos”.

            No deseo que mis impuestos sean para pagar una pensión a un señor que parece estar “sanísimo”, sino para aquellas personas discapacitadas que lo necesiten y que se merecen llevar una vida digna, recibiendo todas aquellas ayudas que necesiten.

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