EL BLOG DE TERESA GÓMEZ-LIMÓN


Deja un comentario

SEIS AÑOS DESDE EL ACCIDENTE DEL ALVIA

El 24 de julio de 2019 se cumplieron seis años del fatídico accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela. Seis largos años. Cuando llega esta fecha, hay cierto interés en algunos medios de comunicación por el recuerdo, por preguntarnos a las víctimas cómo va todo, qué se sabe de la investigación política y judicial. Se lo agradecemos, alguien se interesa, alguien pregunta. Después… nada, el silencio, la invisibilidad.

            Comprendo que las noticias fluyen con demasiada rapidez y ¡hay tantos asuntos de los que hablar!. La vida corre deprisa y las noticias, para que interesen al público, han de ir por la misma senda, a la misma velocidad. Los asuntos aparecen y desaparecen y caen pronto en el olvido.

            Las víctimas del Alvia hemos sufrido y sufrimos mucho, es grande y profundo nuestro dolor.  Muertos… heridos… ¡Pero qué son 80 muertos de hace seis años en la vorágine de cada día! Muy poca cosa. Es la terrible realidad.

            La lucha es importante cuando es justa y no hay lucha más justa que la que se hace por saber por qué tuvieron que morir nuestros seres queridos y esa misma lucha nos dignifica, nos hace dirigir nuestra rabia, nuestro dolor. Pero no es suficiente. No lo es.

            Después de seis largos años, las víctimas tenemos claro qué ocurrió y quienes tenían la obligación de evitarlo. Las víctimas lo sabemos y lo vamos a saber todos los días de nuestra vida, aunque no lo diga una Comisión de Investigación, aunque no lo diga un Juzgado. Pero eso no basta para cerrar bien las heridas. No basta. Necesitamos un reconocimiento social e institucional; necesitamos que las instituciones políticas y judiciales lo reconozcan y no se escondan en disculpas y mentiras para defender a los responsables y castigar a las víctimas.

            Seguro que los responsables, que saben que lo son, se disculparán ante sí mismos diciéndose: “¡son cosas que pasan!” porque nadie, salvo los muy desalmados, se pueden mirar ante el espejo sabiendo que son los causantes de muchas muertes, de mucho dolor. Pero lo más grave es la respuesta de nuestras instituciones, que nos transmiten a las víctimas y a todos los ciudadanos que, aunque peleemos, no tenemos nada que hacer, nos lo demuestran con los hechos desde hace seis años. Una táctica de nuestras instituciones que utilizan con mucha eficacia es alargar sin fin los asuntos, porque es la mejor forma de que queden en el olvido de la gente y de que a las propias víctimas nos falte la fuerza y los ánimos para seguir combatiendo. El Poder, en este caso el Estado, tiene todo el tiempo del mundo y no tiene corazón, es un monstruo enorme, sin identidad. Los muertos, sin embargo, tenían nombre y apellidos, familia, edad, ilusiones. Eran de carne y hueso.

            No quiero, bajo ningún concepto, que se interpreten estas palabras como una derrota. No. Venceremos. Porque… ¿qué es vencer?, ¿vencer en los tribunales?, ¿afear su conducta política a los altos cargos de Adif, Renfe y Ministerio de Fomento? Eso estaría muy bien, pero puede que no lo consigamos, aunque lo seguiremos intentando. Pero vencer es algo más que eso: es mirar con la cabeza muy alta a los indignos, a los cobardes, a los mentirosos; es acusar con el dedo de la dignidad a los que les importa muy poco la vida de otros seres humanos; es, en definitiva, tener el Poder de la Verdad y la Justicia frente al Poder del monstruo.

            Una vez más, vayan estas palabras dedicadas a los 80 muertos que en un día 24 de julio de hace seis años perdieron la vida por culpa de algunos irresponsables.


Deja un comentario

LOS PACTOS: PROGRAMAS O “SILLONES”

Como ciudadana, que he cumplido con mi responsabilidad de votar, me siento verdaderamente decepcionada con el espectáculo al que estamos asistiendo por parte de los partidos políticos en relación con los pactos.

            En nuestro Sistema Electoral, que yo entiendo se debería cambiar para que fuera realmente democrático, con una verdadera separación de poderes, se vota un Programa que está representado por una Lista, que encabeza una Persona. Sin embargo, lo esencial –o lo que debería ser lo esencial en nuestro sistema electoral- es que esa Lista, que corresponde a un Partido Político, ofrece a los votantes un Programa en el que se dicen las políticas que pretende hacer ese determinado partido durante los próximos cuatro años. Y en función de dichas propuestas, los votantes ejercemos nuestra libertad de voto.

            Aunque el nuestro sea un Sistema Parlamentario y en el momento actual no haya mayorías absolutas, nada impide que lo que se tenga en cuenta, a la hora de hacer los pactos sean los Programas de cada Partido. Esto significa lo siguiente: el partido más votado, que tiene posibilidad de formar gobierno, debe buscar apoyos para ser investido y gobernar. Pero ese apoyo se debería fundamentar en los programas y en la negociación sobre los mismos, llegando a acuerdos que reflejen la voluntad de los ciudadanos de aquellos partidos que hayan sustentado el pacto.

            Lo que no hemos votado los ciudadanos – o al menos yo no he votado para eso- es que unos señores aspiren a repartirse “sillones” o, lo que es lo mismo, ministerios, consejerías o concejalías como el que reparte dádivas a título personal, porque no debemos olvidar que los programas son colectivos, pero los cargos son individuales.

            Lo lógico, lo sensato, lo normal y, sobre todo, lo decente es pactar sobre los Programas y que sea esto y solo esto lo que se ponga en juego a la hora de la negociación. Y el Grupo que no esté de acuerdo con el Programa que expone el candidato a ser investido Presidente que explique en el debate en qué no está de acuerdo, por qué y cuáles son sus alternativas. De esa manera los ciudadanos nos enteraríamos mejor de lo que cada uno pretende hacer en la gobernanza de este país, comunidad o localidad durante la próxima legislatura.

            Por otra parte, si creemos en la separación del poder legislativo y ejecutivo –cosa de la que tengo muchas dudas- es bastante lógico que el Jefe del Ejecutivo elija al equipo con el que pretende llevar a cabo sus políticas, teniendo el Poder Legislativo, representado por los escaños obtenidos por cada partido, la función de oponerse y votar en contra de todo aquello con lo que no esté de acuerdo. Así entiendo yo que debe transcurrir la democracia.

            Sin embargo, tengo la amarga sensación de que en todo este “teatro” los ciudadanos contamos muy poco, por no decir nada, porque cuando se escuchan lugares comunes como “programa social” o “cumplir el mandato de los ciudadanos” y cosas por el estilo, sin que se concrete en nada específico, suena a palabras vacías y poco creíbles.

            No valoro si la mejor opción es un gobierno en solitario o un gobierno de coalición. Lo que creo firmemente es que la opción que sea ha de basarse en los programas y nunca en los “sillones” o en las “carteras”. Esas peticiones y negociaciones, lejos de darnos confianza a los ciudadanos, nos sumen en la mayor de las decepciones.


Deja un comentario

JUAN JOSÉ CORTÉS Y LA DISCAPACIDAD DE IDA Y VUELTA

Nos hemos enterado por los medios de comunicación y ha sido después corroborado por el propio interesado, de que Juan José Cortés, número 1 del PP por la circunscripción de Huelva y, por tanto, diputado en el Congreso, cobra una pensión pública por incapacidad permanente absoluta de 25.780 euros anuales (lo que significa 2.148,33 euros/mes), debido a que se encuentra totalmente incapacitado de por vida para realizar cualquier tipo de trabajo y parece ser que el motivo principal es padecer una depresión. Al parecer, su grado de discapacidad es del 33%, el mínimo que se puede tener para que a una persona se le considera “discapacitada”, aunque no reciba pensión alguna. Por debajo de ese porcentaje, nadie puede ser clasificado como discapacitado.

            Como Psicóloga Forense he de decir que para que incapaciten por depresión a una persona de manera permanente y absoluta para realizar cualquier tipo de trabajo ha de padecer una depresión mayor en grado máximo, que a las personas que lo sufren les impide incluso levantarse de la cama y realizar las tareas ordinarias como asearse,  que muestran un desinterés total por cualquier actividad, que tienen una incapacidad para tomar decisiones, etc. Por lo que hemos visto, el Sr. Cortés, desde que está en la vida pública, no manifiesta ninguno de estos síntomas sino que, muy al contrario, se muestra muy combativo y, sobre todo, muy interesado para entrar en política, sonriendo y manifestando sus convicciones semejantes a las del PP. Cualquier profesional que observe estas conductas JAMÁS diagnosticaría al Sr. Cortés como una persona que sufre depresión mayor.

            Pero vamos a ir mucho más allá. Cuando se “descubre” que el Sr. Cortés goza de estos beneficios sociales, se plantea si ha de dejar el escaño del Congreso por “incompatibilidad”. Las fuentes del Congreso llegan a la conclusión de que tendrá que renunciar a la pensión por incapacidad permanente absoluta y podrá recuperar la pensión cuando deje de ser diputado. Y el razonamiento que alega el Congreso, llamado también “la Casa de Todos los españoles”, es que ser diputado no es un trabajo sino una “función representativa”.

            Esto nos lleva al siguiente razonamiento: una persona que no es capaz de realizar ninguna actividad por depresión grave, que no tiene interés por nada, que no puede ser capaz de hacer planes a futuro, ¿es capaz de luchar por el bienestar de todos los ciudadanos? ¿O resulta que para realizar la función de diputado da lo mismo el estado mental que uno tenga?.

            Y por lo que se desprende de la realidad, el Sr. Cortés ha sido hasta ahora discapacitado, pero mientras sea diputado deja de serlo y cuando deje de de ser diputado volverá a adquirir de nuevo la condición de discapacitado. Vamos que TIENE UNA DISCAPACIDAD DE IDA Y VUELTA. ¡Vergonzoso!.

            Sería interesante saber qué Tribunal Médico ha firmado el estado mental del Sr. Cortés y en qué datos se ha fundamentado, porque es el procedimiento ordinario por el que debe pasar cualquier ciudadano para recibir la calificación de incapacidad permanente absoluta para cualquier tipo de trabajo, requisito indispensable para que reciba una pensión de esa cuantía, que es casi igual a la pensión máxima de jubilación.

            Sin lugar a dudas, esto es un “fraude de ley”, porque aunque la función “representativa” no se rija por el Estatuto de los Trabajadores, lo cierto y real es que si alguien no se encuentra capacitado para realizar ningún tipo de trabajo, sea el que sea, máxime por una enfermedad mental permanente, resulta difícil creer que pueda realizar un trabajo que significa plantear o debatir sobre proposición de leyes que afectan al conjunto de la ciudadanía.

            Resulta también llamativo que ningún diputado de ningún partido haya protestado por esta situación que es a todas luces injusta y fraudulenta, más aún teniendo en cuenta que a muchas personas, que sí padecen enfermedades físicas o psíquicas reales no les conceden esta condición y no reciben una pensión y, en muchos casos, ni siquiera una ayuda. Da la sensación de que el Congreso de los Diputados es un gremio corporativista que protege a los que pertenecen a él. Me gustaría saber qué diferencia al Sr. Cortés del resto de los ciudadanos.

            Deberían saber los Sres. diputados que esto es una forma de corrupción, porque corrupción no es solo robar, corrupción es todo aquello que manipula las leyes en favor de algunos, aunque se pueda “maquillar” con una supuesta legalidad que va en contra del sentido común más elemental e, incluso, del propio espíritu de la Ley.

            Administrar el dinero público es una tarea de gran responsabilidad, porque los ciudadanos pagamos impuestos no para que algunas personas de forma fraudulenta se aprovechen de ellos, sino para que se haga Justicia Social igualitaria y no para que se beneficien aquellos que tengan “padrinos”.

            No deseo que mis impuestos sean para pagar una pensión a un señor que parece estar “sanísimo”, sino para aquellas personas discapacitadas que lo necesiten y que se merecen llevar una vida digna, recibiendo todas aquellas ayudas que necesiten.


Deja un comentario

VOX, LA ORIENTACIÓN SEXUAL Y EL MALTRATO A LA INFANCIA

Vox, a través de Rocío Monasterio y otros diputados de dicha formación, defienden la aplicación de las llamadas “terapias de conversión” para que  una persona, hombre o mujer, adulto o niño, cambie su orientación sexual hacia la heterosexualidad. Por lo tanto quieren derogar la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia de la Comunidad de Madrid, que fue aprobada por todos los grupos políticos.

            Lo primero que tengo que decir al respecto, cosa que por otra parte todas las personas mínimamente informadas saben, es que la orientación sexual no heterosexual NO ES UNA ENFERMEDAD. Esto lo sostienen las dos organizaciones internacionales más importantes del mundo (la Organización Mundial de la Salud y la American Psychiatric Association).

            La orientación sexual es algo que forma parte de la naturaleza humana, como ser alto o bajo, moreno o rubio… ¿Alguien llevaría a un hijo/a a hacer una terapia para que consiguiera medir una altura determinada porque considera que es “lo deseable”? Seguro que no, porque eso va contra la propia naturaleza, los genes y otros agentes biológicos.

            Las instituciones tienen la obligación de defender a los ciudadanos, especialmente a los menores, cuando se quieren aplicar sobre ellos acciones que les pueden dañar muy severamente, siendo una de ellas aplicar “supuestas terapias” para “curar” algo que no es ninguna enfermedad sino una “patología” creada por fanáticos ultra religiosos con una ideología nazi (todos de pura raza blanca, todos hombres muy “machotes” y mujeres que den hijos a la patria, ¿les suena?), de manera que se uniformice a la sociedad, expulsando de ella a los que son distintos.

            Pero lo peor de todo son los efectos perjudiciales que estas prácticas, si se dan, tienen para los menores. Cuando un niño/a despierta a la sexualidad tiene una orientación determinada. Si se criminaliza esa orientación, le estamos creando un problema grave, porque se siente distinto y rechazado, entre otros por sus propios padres, que intentan que “cambie”, llevándolo a hacer terapias a unos supuestos “profesionales” que no lo son y que están ejerciendo una mala praxis. Con el tiempo, ese menor crece con una baja autoestima, intenta ocultar su orientación natural, lo que le produce todo tipo de problemas psicológicos, llegando en algunos casos incluso al suicidio.

            Lo que un psicólogo debe hacer cuando la orientación sexual de una persona le cause problemas es justamente todo lo contrario que dicen estos fanáticos: hacer que asuma su sexualidad como un hecho natural, porque es exactamente eso, y no se culpabilice por ello, sino muy al contrario que ejerza su sexualidad según su orientación y que eso le lleve a sentirse seguro y bien consigo mismo. El profesional de la psicología que haga lo contrario es un timador, un ignorante y un peligro en el ejercicio de su profesión.

            Ningún progenitor tiene derecho, en base a unas convicciones fanáticas y anticientíficas, perjudicar a sus hijos, que tienen por encima de todo derecho a su vida personal y no son propiedad de nadie. Para mayor abundamiento, la Sra. Monasterio y sus colegas defienden estas teorías anticientíficas en base a una supuesta “libertad”. ¿Libertad de qué, de manipular, de perjudicar toda la vida de un ser humano, de querer modificar su naturaleza?.

            Ejercer esa intromisión en la orientación sexual de un menor, bien sea por parte de los progenitores como de los profesionales, ES UN MALTRATO GRAVE A LA INFANCIA y por ello está justamente penado y así debe seguir.

            En otro orden de cosas, lo primero que nos deberíamos preguntar es ¿quién está detrás de la defensa de estas prácticas aberrantes?. Existen varias asociaciones que defienden tesis similares, pero quizá la más significativa e importante es “Hazte Oír”, que es una asociación española de extrema derecha, de corte ultra católico, fundada por Ignacio Arsuaga en 2001. Esta asociación en 2013 fue considerada de utilidad pública por el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y en 2019 el propio Ministerio del Interior revocó la condición de asociación de utilidad pública por denigrar y minusvalorar otras concepciones de la familia. Según la documentación consultada, esta asociación está vinculada con la sociedad secreta de extrema derecha El Yunque. ¿Y qué es El Yunque? Es, como sus asociaciones “pantalla”, una organización de extrema derecha internacional cuyo objetivo es, según ellos mismos dicen, “defender la religión católica y luchar contra las fuerzas de Satanás”, mediante la infiltración de todos sus miembros en las más altas esferas del poder político y económico. Es un grupo paramilitar, ultra católico, anticomunista, antisemita, antiliberal y de ideología fascista.

            Los máximos componentes de Vox, vinculados a los grupos anteriormente descritos, forman hoy parte de nuestras instituciones y tratan de implantar su ideología, que forma parte de la ultra derecha internacional y europea, un verdadero peligro para las democracia e, incluso, llegado el caso, para la paz de Europa, como ya se vivió en la primera mitad del siglo XX.

            Por lo tanto, hemos de defender por encima de todo y en este caso, los derechos de los menores, impedir que se ejerzan sobre ellos prácticas que atenten contra su integridad psicológica e impedir a los profesionales que ejerciten una mala praxis con sus pacientes, todo ello recogido en la ley vigente.

            TODOS los partidos demócratas, de cualquier ámbito del arco parlamentario deben impedir que se lleven a cabo estas propuestas de Vox, que son de ideología fascista, por lo tanto excluyentes y deshumanizadas, por más que las quieran maquillar con la defensa de una supuesta libertad que no existe en ninguna de sus propuestas.

            Cualquier partido que PACTE, ASUMA, RECIBA, ACEPTE o PERMITA estos postulados u otros similares de Vox, estará siendo CÓMPLICE de estas políticas de ideología fascista y, por tanto, su condición de demócrata quedará invalidada.


Deja un comentario

PENALIZADO EL DELITO DE ODIO CONTRA LOS NAZIS, SEGUN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Esta semana he leído con verdadero estupor y preocupación que la Fiscalía General del Estado ha publicado la Circular 7/2019 “sobre las pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en el art. 510 CP”.

            Ante todo, quiero dejar claras dos cosas: la primera es que, como en cualquier debate serio, he acudido a la fuente original y me he leído las 88 páginas de que consta la citada Circular; y la segunda es que no defiendo ninguna agresión física hacia ningún colectivo, sea el que sea.

            Dicho esto, me ha llamado poderosamente la atención que la Fiscalía haga mención específica a la ideología y colectivos nazis para incluirlos en la protección contra los delitos de odio, cosa que por otra parte no aparece en ninguna de las normas internacionales y de DDHH, citadas por la propia Fiscalía, ni en ninguna de las Sentencias a la que ésta hace referencia en la Circular.

            También me sorprende que la Fiscalía, aunque sí hace alusión a la definición de los delitos de odio contemplados en el art. 510 CP, evita cualquier mención a lo que significa la “ideología nazi”. Pues bien, con el fin de aclarar conceptos, quiero dejar patente que la ideología nazi o nazismo, también conocido como nacionalsocialismo, se denominó al movimiento político y social que gobernó Alemania entre 1933 y 1945. Se caracterizó por ser una ideología de tipo fascista, que exaltaba la supremacía de la raza aria, impulsaba la expansión imperial de Alemania y promovía sentimientos de antisemitismo. Su principal símbolo era la cruz esvástica. El nazismo fue una ideología de carácter totalitario, que otorgaba principal importancia al papel del Estado, que controlaba todos los órdenes de la vida y que estaba representado por el liderazgo de un caudillo supremo. Hoy en día se denominan como neonazis a los partidarios de esta ideología que pretenden reimpulsarla en el escenario actual. Esa es exactamente la “ideología nazi”.

            Las consecuencias del nazismo fueron la Segunda Guerra Mundial, que generó millones de víctimas inocentes en todo el mundo y el genocidio del pueblo judío en campos de concentración (Holocausto). Estos son unos hechos ciertos y comprobados de los que, salvo los “negacionistas”, nadie puede dudar.

            Otra de las afirmaciones que se vierten en la Circular de la Fiscalía General del Estado y que me parece sumamente peligrosa es que “la vulnerabilidad del colectivo no es un elemento del tipo delictivo que requiera ser acreditado y tampoco lo es el valor ético que pueda tener el sujeto pasivo”.

            La ideología nazi es una ideología criminal, que causó millones de muertos y cuyas acciones están catalogadas como de “crímenes contra la Humanidad”. Por lo tanto, ¡claro que se debe tener en cuenta el valor ético del sujeto pasivo!, porque de lo contrario estaríamos abriendo la puerta a que cualquier colectivo o grupo debiera ser protegido, aunque sus acciones fueran execrables (maltratadores, pederastas, violadores…), en defensa de proteger sus “supuestos derechos”. Asimismo, hemos de decir que la penalización del delito de odio surgió para la protección de colectivos vulnerables, que eran discriminados de manera injusta por ser de otra raza, de otra orientación sexual, de otro sexo, por tener una discapacidad… es decir, todos ellos colectivos vulnerables que la sociedad tenía la obligación de proteger. ¿Desde cuándo los colectivos nazis son vulnerables?. Los únicos vulnerables han sido y son sus víctimas.

            Por otra parte, el texto de la Circular es totalmente contradictorio porque no se puede proteger a las víctimas de la xenofobia y a los xenófobos, a las víctimas del racismo y a los racistas, a las víctimas de discriminación sexual y a los que las discriminan. Eso es un oxímoron o defender conceptos contrarios.

            Como formas delictivas, la Circular se refiere muy claramente, no solo a la violencia física, que creo debe ser rechazable, sino a la violencia psíquica con términos como “hostilidad”, “rechazo”, “exclusión”, “menosprecio”, “descrédito”, “discriminación”, a través de “afirmaciones”y “mensajes”, hechos por diferentes cauces de comunicación y haciendo una mención especial a las manifestaciones públicas y a las redes sociales.

            La Circular de la Fiscalía habla también de un “peligro abstracto, que no requiere el fomento de un acto concreto sino la aptitud o idoneidad para generar un clima de odio o discriminación que, en su caso, sea susceptible de provocar acciones frente a un grupo o sus integrantes, como expresión de una intolerancia excluyente ante los que son diferentes”. Deduzco de estas palabras que la “ideología nazi”, según la Fiscalía,no puede ser rechazada públicamente porque eso supone una intolerancia ante quienes son diferentes, aunque su diferencia radique en que ellos son intolerantes y rechazan a otros colectivos.

            También dice la citada Circular de la Fiscalía General del Estado que “El dolo de estos delitos se rellena con la constatación de la voluntariedad del acto y la constatación de no tratarse de una situación incontrolada o una reacción momentánea, incluso emocional, ante una circunstancia que el sujeto no ha sido capaz de controlar”. Quiero recordar a la Fiscalía General del Estado que cuando se rechaza la “ideología nazi” no es porque una persona mantenga una “pelea” con Hitler, Goebbels, Himmler, Hess…, sino porque es una “ideología” rechazable en sí misma, desde el punto de vista ideológico. Además resulta imposible “lesionar la dignidad y la integridad moral” de los nazis, ya que éstos carecen de ella. En cuanto a la “estigmatización”, han sido sus criminales acciones los que les han estigmatizado en el mundo entero y para siempre.

            Al hacer referencia a la red social Twiter, la Circular de la Fiscalía General del Estado penaliza tanto al que envíe un mensaje de rechazo a la “ideología nazi” como al que lo “retuitee”, ampliando considerablemente los culpables que pueden ser incluso perseguidos de oficio.

            Aunque la Fiscalía General del Estado siga manteniendo los criterios recogidos en la Circular 7/2019 en defensa de la “ideología nazi”, considero que los ciudadanos de bien tenemos la obligación de rechazar, menospreciar, desacreditar y discriminar, así como mantener una actitud de hostilidad y exclusión ante la “ideología nazi”, que no significa otra cosa que defender los Derechos Humanos, derechos que siempre han de prevalecer sobre cualquier otra cosa.

            Y si esa actitud nos lleva a algunos a ser procesados y culpados por ello, yo al menos me sentiré muy satisfecha moral y éticamente por ello.


Deja un comentario

EN RELACIÓN A LAS DECLARACIONES HECHAS POR FRANCISCO SERRANO (VOX) RESPECTO A LOS PSICÓLOGOS/AS FORENSES

Las declaraciones de algunos sujetos que han accedido a la política producen pasmo, no solamente por lo que indican ideológicamente sino por el grado de ignorancia de quien las hace. Es el caso de Francisco Serrano, portavoz de Vox en la Junta de Andalucía, que ha hecho de la derogación de la Ley Integral contra la Violencia de Género su bandera y el objeto esencial de toda su política. Dicha ignorancia hace referencia al desarrollo de la normativa vigente respecto a los peritos forenses, que está claro no conoce, lo cual es especialmente chocante y lamentable viniendo de una persona que ha sido Juez.

Me voy a referir al caso de los peritos psicólogos que es el que conozco bien, ya que yo lo soy y ejerzo mi actividad en los juzgados de violencia de género de Madrid. Y vaya por delante que yo estoy colegiada en Madrid desde el inicio del Colegio y que -permítanme lo que pueda parecer una falta de modestia- soy Doctora en Psicología, tengo tres másteres y soy profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Digo esto, porque no quiero que parezca que mis palabras son consecuencia de algo que me afecta personalmente, sino que lo hago en defensa de mis compañeros/as profesionales que se merecen todo el respeto.

En primer lugar quiero explicarle al Sr. Serrano que un Psicólogo Forense no tiene que hacer el PIR, como él ha afirmado, pues el PIR solamente es obligatorio para ejercer la Psicología Clínica en la sanidad pública, no en la privada. En segundo lugar, quiero que sepa que la Psicología Forense no evalúa solamente trastornos mentales sino conductas e interacciones entre los seres humanos, rasgos de personalidad e influencia del entorno en sus aprendizajes, como así determinan muchas escuelas de Psicología, entre otras la psicología cognitivo-conductual, de carácter totalmente científico y de la que existe abundante investigación nacional e internacional al respecto.

En relación a la colegiación, el Sr. Serrano debería saber, porque entra dentro de su campo de conocimientos, que la colegiación no es obligatoria para los empleados públicos sea su vinculación funcionarial o laboral, siendo la propia Administración de Justicia quien responde de sus trabajadores, que se encuentran sometidos al régimen disciplinario previsto en las normas para la función pública. La colegiación solamente es exigible para el ejercicio privado de la profesión.

La carrera de Psicología, de lo que el Sr. Serrano debería haberse informado antes de hacer una crítica sin fundamento, nace en 1968 en pleno régimen franquista como una Sección de la carrera de Filosofía y Letras, con el fin de que ésta formara parte del campo de las letras y humanidades y no de la ciencia, de manera que no interfiriera con las creencias religiosas integradas en la política de entonces. Posteriormente, en 1975, se convierte en una Sección de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Y en 1980 se crea la Facultad de Psicología como facultad independiente.

Teniendo en cuenta que estamos en 2019, es decir que la carrera de Psicología como facultad independiente existe desde hace 39 años, considero que deben quedar pocos profesionales ejercientes de la promoción de 1973. No obstante, aunque esto fuera así, están en todo su derecho de poder ejercer con el título que les proporcionó la Universidad en la época franquista, que era la “patria” de entonces.

Para la información del Sr. Serrano, la situación en el momento actual es la siguiente: todas las personas con la Licenciatura o el Grado puede ejercer la Psicología en cualquiera de los ámbitos, excepto para el ejercicio en la sanidad pública para lo que se exige un PIR, no existiendo especialidad alguna exigible normativamente para el ejercicio profesional por parte de la Administración ni de las universidades. Esta es la legislación vigente.

Por supuesto que entre los psicólogos/as hay profesionales mejores y peores, lo mismo que entre los médicos, los arquitectos y los jueces, por poner algunos ejemplos. Un caso concreto es el del Sr. Serrano, que habla sin conocer la normativa y que ha tenido algunos “problemas” en el ejercicio de su profesión como juez.

No puedo dejar de referirme aquí a otro “mantra” del que siempre habla el Sr. Serrano, que es el de las denuncias falsas en los casos de violencia de género. Lo primero que debería saber el Sr. Serrano es que los peritajes forenses no son vinculantes, sino una prueba más, que el Juez puede tener en cuenta o no. En segundo lugar, el que de las denuncias por violencia de género no todas acaben en condena es lo mismo que ocurre en cualquier orden jurisdiccional: penal, civil, social, mercantil o contencioso administrativo, puesto que los jueces solamente pueden condenar cuando existen pruebas suficientes, además del informe pericial. En tercer lugar, una denuncia falsa está penada por el artículo 456 del Código Penal y la estadística de las penas por denuncias falsas que hayan sido condenadas como tal son del 0,01 del total de denuncias en este ámbito.

Por último, el Sr. Serrano debería saber, en relación con la discriminación positiva en materia de violencia de género, que existen 6 sentencias del Tribunal Constitucional que avalan dicha discriminación para dar respuesta a una realidad de nuestra sociedad, que la Justicia no debe ni puede ignorar. Esta es la Ley y quiero suponer que el Sr. Serrano estará a favor de cumplir la Ley, aunque no la comparta.

En cualquier caso, es muy lamentable que los ciudadanos se encuentren representados en la Junta de Andalucía por alguien que, además de su ideología, que respetamos aunque no compartamos en absoluto, manifieste una ignorancia tan supina de todas estas materias, muchas de las cuales forman parte de su propia ex profesión de Juez. Por ello le animamos a que estudie, aprenda y después opine.

 

 

 

 

 

 


Deja un comentario

LAS MENTIRAS DE LA DERECHA Y LA EXTREMA DERECHA SOBRE CLARA CAMPOAMOR

Desde los prolegómenos del 8 de marzo de 2019 y el éxito de las reivindicaciones y manifestaciones feministas, parece que toda la derecha y la extrema derecha se está dedicando a alabar a Clara Campoamor, no por ella misma,  con la que seguro no comparten muchas cosas, sino como contraposición a otras mujeres de la misma época respecto al voto femenino.

Al margen de las mentiras que dicen estos líderes, en parte por utilizar esta herramienta para denigrar el feminismo y en una buena parte, no lo podemos olvidar, por su SUPINA, ENORME E INCONMENSURABLE IGNORANCIA, considero que es preciso aclarar algunos datos históricos para que todos estos individuos aprendan un poquitín de Historia.

Clara Campoamor, una mujer sin duda muy avanzada a su época y una luchadora por los derechos de las mujeres, en la Cortes Constituyentes de 1931, en las que era Diputada por el Partido Radical, que en un principio se manifestaba como: republicano, liberal, laico y democrático, consiguió que se hicieran realidad las siguientes reivindicaciones de las mujeres de la época: no discriminación por razón de sexo, igualdad jurídica de hijos e hijas habidos dentro y fuera del matrimonio y el divorcio. Respecto al sufragio femenino, contó con el apoyo del Partido Socialista, de Esquerra Republicana de Cataluña, de la Agrupación de Defensa de la República y de buena parte de la derecha. En contra votaron: Acción Republicana, el Partido Radical Socialista y su propio partido, el Partido Radical.

¿Y por qué el Partido Radical- el partido de Clara Campoamor- votó en contra?. Porque en aquel momento estaba subordinado a la CEDA, que era una coalición de partidos católicos y de derechas de corte nazi, capitaneados por Gil-Robles, que se hacía llamar “El Duce”, emulando al fascismo italiano.

Lo que no se dice de Clara Campoamor es que desde que estalló la guerra tuvo que vivir el resto de su vida exiliada en Argentina y en Suiza, donde murió, teniendo la amenaza de ser procesada en España por el hecho de pertenecer a una logia masónica.

En resumen, lo más importante de este relato es que Clara Campoamor fue discriminada esencialmente por su propio partido, dirigido por un sujeto, Alejandro Lerroux, que se “cambió de chaqueta”, subordinándose a los intereses de la CEDA, un partido de corte nazi (bienio radical-cedista), se opuso al independentismo catalán, se exilió a Portugal al estallido de la Guerra Civil y posteriormente se adhirió a las tesis de Franco. En 1934, Clara Campoamor abandonó el Partido Radical, no por ser de izquierdas sino por todo lo contrario: por su asociación con la CEDA y por la represión en la insurrección revolucionaria de Asturias.

Sin ninguna duda, no puedo compartir la teoría de Victoria Kent porque, como bien dijo Clara Campoamor, los Principios y los Derechos siempre han de estar por encima de los intereses del Estado. Sin embargo, considero que esto fue un debate entre dos mujeres con una preparación y una gran personalidad más que del binomio que se quiere presentar de izquierda – derecha. Y, además, se trata ver a Clara Campoamor de manera parcial, escogiendo de ella lo que interesa a algunos y no la actuación de esta mujer feminista en su totalidad, dentro del contexto de la época.