EL BLOG DE TERESA GÓMEZ-LIMÓN


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UN MÁSTER SOBRE LOS CONFINAMIENTOS

Andaba yo muy preocupada esta mañana sobre hasta dónde podía llegar hoy con el coche, después de haberme aprendido dónde están exactamente los límites de la ciudad de Madrid, cosa nada fácil teniendo en cuenta que hay muchas zonas en las que no se aprecia límite alguno. Eso, tengo que reconocerlo, me ha servido para ampliar mis conocimientos de geografía local, lo cual siempre es de agradecer a las autoridades y a un buen plano.

            Pero hete aquí que a mediodía me encuentro con la sorpresa de que ya no hay confinamientos porque la Justicia, con balanza y venda incluidas, ha dicho que eso no es legal. Por lo tanto ya puedo guardar el plano y borrar de mi memoria esa imagen de los límites de Madrid para poder ocupar mi pensamiento en cosas más productivas.

            Después escucho opiniones para todos los gustos: que si era anticonstitucional, que si no lo era porque era un confinamiento “perimetral”. Esta palabra la estamos escuchando últimamente a todas horas, lo cual sin duda aumenta nuestros conocimientos de geometría que seguramente teníamos un poco oxidados, lo cual también es de agradecer a las autoridades y al diccionario de la RAE. Sin embargo, no acabo de entender muy bien, seguramente debido a mis cortas entendederas, por qué unos perímetros se diferencian de otros en lo que a la legalidad se refiere. Porque digo yo, lo mismo es el perímetro de España, que el de Madrid, que el de Fuenlabrada, que el de un barrio de Vallecas. Todos los lugares tienen perímetro. Y la libertad de circulación se refiere a todos y cada uno de los perímetros. Digo yo.

            Como debo tener algún sesgo masoquista, sigo escuchando a la Presidenta de la Comunidad de Madrid que, después de tanta consulta y recurso a los tribunales,  dice que va a retirar la solicitud de medidas al TSJM y va a intentar llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad. Mis neuronas se ponen a trabajar, porque últimamente esta situación las obligas trabajar mucho a las pobres, y pienso lo siguiente: si llegan a un acuerdo, ¿lo que antes era ilegal se convierte automáticamente el legal? Probablemente esta es una pregunta de enjundia que habría que hacer a las mentes más preclaras de la jurisprudencia.

            Sigo escuchando cómo, para darnos ánimos, unos y otros se van echando la culpa de los errores cometidos en esto de los confinamientos y cómo va a afectar a la salud y a la economía, por lo que los sufridos ciudadanos vamos a terminar muertos y, en el mejor de los casos, arruinados.

            Los ciudadanos ya no sabemos si ahora las medidas que valen son las del Gobierno, las de la Comunidad o si hay otras medidas nuevas que no conocemos. Por eso he estado reflexionando y creo que lo mejor es que, para desplazarse, se exija a los ciudadanos no un salvoconducto de si va a un sitio o a otro, sino un Máster en Confinamientos, que abarque temas de geografía, geometría, derecho, planimetría y, como estamos poniéndonos al día en digitalización, la ayuda inestimable de Siri, un robot simpatiquísimo al que siempre podemos consultar en caso de duda.

            Y cuando me paren los agentes en un control enseñaré mi flamante Máster para demostrar que conozco todo sobre los confinamientos, por lo que no tengo peligro alguno.


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CARTA ABIERTA A LOS POLÍTICOS DE UNA CIUDADANA DE “A PIE”

El término popular de “a pié” se corresponde a la diferencia de ver la realidad que tienen unas personas y otras, en este caso los que dirigen y los que somos dirigidos, es decir los políticos y los ciudadanos comunes, en nuestro día a día. Es tan abismal esta diferencia que formamos parte de dos mundos distintos, que en nada se parecen. Lo de “a pié” está muy bien puesto en el lenguaje popular porque los políticos no van ni andando, ni en transporte público ni siquiera conduciendo su coche, ya que disponen de chóferes elegantes que les llevan y, además, les abren la puerta para que no se cansen demasiado al hacer este gesto. Además, se permiten llevar coches contaminantes, no eléctricos, cosa que el común de los conductores no podemos hacer para circular por el centro de las ciudades.

            Si algún político quiere “aterrizar” en el mundo real, yo le recomendaría una cosa: que abra una cuenta de correo electrónico, tenga un teléfono y una identidad temporal como un ciudadano cualquiera y comience a hacer una gestión, de esas que todos los demás mortales nos vemos obligados a hacer cada día.

            Para empezar puede intentar pedir cita en la Seguridad Social para solicitar un subsidio, acreditarse para tener una firma electrónica, jubilarse o cualquier otra cuestión que requiera un trámite administrativo. Pues bien, el recorrido que tendrá que hacer es el siguiente: irá a la página web de la Seguridad Social para pedir cita y no podrá porque están todos los días cubiertos, por lo que le remitirán a dos teléfonos; cuando llamen a uno de ellos, aparecerá un contestador automático remitiéndoles de nuevo a la página web y, si acude al otro, le dirán que no existe. Si uno osa presentarse en alguna oficina, no le dejará entrar un agente de seguridad privada y le remitirá a un anuncio que hay en la puerta y que está lleno de “QRs” que, para quien no lo sepa, son esos cuadraditos con dibujos que se tienen que abrir a través de una APP. Hay diferentes QRs: para pensiones, subsidios, firmas y otros menesteres. Y se forma una cola enorme para hacer fotografías de los QRs.

            Ese político “curioso” también puede intentar pedir cita en un Centro de Atención Primaria y se encontrará lo siguiente: la cita personal es imposible porque, al poner la fecha, aparece por internet un cartelito en rojo te dice que no hay citas para los siguientes siete días y luego los otros siete siguientes y luego los otros siete siguientes, así hasta el infinito. Si quieres optar por una cita telefónica, das tu móvil y dicen que te llamarán dentro de un mes, por lo que ni pueden explorar tu cuerpo ni ver qué color de cara tienes o si el ritmo cardiaco está bien. Así que dentro de un mes, si no te has muerto o te has puesto peor, seguro que ya te has curado con remedios caseros o lo que te haya dicho el vecino que tuvo lo mismo.

            Si el político con falsa identidad tuviera que hacer un trámite en el SEPE para recibir el subsidio de desempleo, debería comenzar por pedirle  a algún amigo o familiar que le preste el dinero para vivir, ya que ningún Banco le da préstamos a un desempleado, porque mientras que le dan cita y le empiezan a pagar transcurrirán unos cuantos meses. Y si trata de cobrar el Ingreso Mínimo Vital, que decían iba a ser algo automático, pues tendrá que buscar y presentar tantos papeles que terminará en las colas del Banco de Alimentos antes de resolverlo.

            Este político reconvertido temporalmente en ciudadano de a pié puede que quiera saber cómo funciona la Justicia. Pues en ese caso no le dará tiempo, porque en este ámbito el tiempo no existe, es infinito como el universo. Al político le dará tiempo a dejar el cargo e, incluso, a jubilarse antes de que se vea su causa y el procedimiento termine, aunque sea algo sencillo sin demasiadas complicaciones. Si encima se trata de algo más complejo, como por ejemplo el caso del Alvia, seguro que fallecerá antes de verlo resuelto.

            El otro día, en una de las ruedas de prensa que dio el Presidente del Gobierno, dijo que era conveniente vacunarse de la gripe a principios de octubre. Pues bien, nuestro político convertido en ciudadano por un tiempo podrá ver en la página web de la Atención Sanitaria de la Comunidad de Madrid cómo no hay nada anunciado al respecto y en otro lugar de internet se dice que la campaña comenzaría el 28 de octubre solo para que te puedan dar cita. Claro que los políticos reales no tendrán ningún problema con la vacuna de la gripe porque se la llevan al Congreso de los Diputados y a la Asamblea de Madrid, sin que tengan que molestarse en ir a ningún sitio ni siquiera con su flamante coche y su elegante chófer.

            Así que, con unas pocas experiencias, nuestro político podrá comprobar cuál es el país real, que dista mucho de ser el país que imagina.

            Pero no crean que este problema es solamente de los políticos de ahora. Ni mucho menos. En la década de los 80, repito por si quedan dudas, en la década de los 80, cuando existía formalmente una democracia en España, había leyes por las que un niño nacido en España de padres no casados por la Santa Iglesia Católica, no podían tener los apellidos de éstos. Por lo tanto, si no querías que tu hijo fuera señalado de por vida y tenías “posibles”, es decir dinero, la solución era marcharte al extranjero, a un país donde tu hijo pudiera adquirir la nacionalidad por el sistema ius soli, es decir el derecho a la nacionalidad por haber nacido allí, como por ejemplo Gran Bretaña.

            Por eso, cuando veo a los de las banderitas cuya solución a los males de este país es volver a los tiempos negros y casposos de la dictadura me echo a temblar.

            Claro que todo esto que les he contado se aminora mucho cuando eres un ciudadano con recursos económicos: no necesitas el Ingreso Mínimo Vital ni probablemente el subsidio de desempleo, puedes acudir a la medicina privada que no te va a tener esperando meses, te puedes vacunar y hacer las pruebas del Covid por la misma vía, puedes esperar a cobrar la jubilación y hasta te puedes marchar al extranjero para resolver asuntos de filiación. Parece ser que los políticos, cuando gestionan, piensan más en ese tipo de ciudadanos. Pero como podrán comprender ni eso es soberanía popular ni se le puede dar el título de democracia.

            Por razones históricas y sociológicas este país tiene un lastre político difícil de eliminar: unas instituciones decimonónicas, una ausencia de responsabilidades atribuyendo siempre la culpa al otro, una amiguismo y un nepotismo que hacen que el mérito y la capacidad sea solo un mero eslogan y, lo peor de todo, un corte radical entre los que forman parte del “entourage” (séquito) político y los que somos meros ciudadanos.

            Será por eso que no me siento concernida ni me produce ninguna emoción aquello de la “madre patria” porque, más que una madre, me parece una madrastra.

            Y digo todo esto por mis experiencias como ciudadana de “a pie”.


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EL TEATRO REAL Y EL MALTRATO A LOS CLIENTES

El domingo 20 de septiembre de 2020 tuvo lugar un hecho bochornoso en el Teatro Real de Madrid que, en plena pandemia, no cumplía las normas de seguridad en parte del aforo.

            A propósito de esta vergonzosa conducta, les voy a explicar lo que me ha ocurrido a mí con el Teatro Real.

            Había adquirido entradas para cuatro óperas que fueron suspendidas a causa de la pandemia. Como es natural y siguiendo lo que dice la ley respecto a los derechos de los consumidores, solicité la devolución del importe de dichas entradas. Para mi asombro, me invitaron a que donara el dinero a la Fundación y, una vez que yo rechacé dicha oferta, me dijeron que me darían unos tickets para que pudiera canjearlos por otras óperas más adelante. Cuando insistí en solicitar la devolución del importe de mis entradas, me lo negaron diciendo que era la “política de la empresa” y, a pesar de mis múltiples emails y llamadas, no me dieron ninguna solución al problema.

            Hice una reclamación al Ministerio de Consumo, que a su vez lo reenvió a la Comunidad de Madrid y ésta al Ayuntamiento de Madrid, del que no he obtenido aún respuesta alguna.

            Viendo el fracaso de las gestiones “institucionales”, escribí una carta certificada y con acuse de recibo al Director General del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer Laita, con copia al Ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, avisándoles de que, si en un plazo breve de tiempo no me devolvían el dinero, acudiría al Juzgado para hacer cumplir la ley.

            Estos señores nunca me contestaron. Pero a la semana siguiente tenía un correo de Taquilla del Teatro Real, solicitándome el número de cuenta para ingresarme el importe de las entradas.

            Resulta muy triste que una tenga que recurrir a estas acciones para que una entidad como el Teatro Real, financiada por las administraciones públicas y por empresas de gran solvencia, simplemente cumpla lo que dice la ley en vez de comportarse como si de unos trileros se tratara.

            Les aseguro que, a partir de ahora, me va a costar mucho volver al Teatro Real, a pesar de que soy una gran aficionada a la Ópera, pero no consiento que ni a mí ni a otros clientes como los que tuvieron que sufrir ese comportamiento el domingo nos traten de esa manera. Tendré que conformarme con ver óperas fuera de Madrid.

            Y por si a alguien le sirve, que tome nota de cómo puede conseguir que le hagan caso las autoridades del Teatro Real.


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EL ASESINATO MACHISTA DE PAZ FERNANDEZ

El 13 de febrero de 2018, PAZ FERNÁNDEZ BORREGO, de 43 años, fue asesinada en Navia (Gijón) por su pareja sentimental JAVIER LEDO OVIDE.  Según los datos aportados por la propia Fiscalía, la muerte se produjo a consecuencia del traumatismo craneoencefálico que le produjeron los repetidos golpes que Javier Ledo le propinó en la cabeza a Paz Fernández con una piedra de grandes dimensiones y que, según el informe médico-forense, dicho traumatismo era incompatible con la vida. Pero el asesino no se conformó con eso. Antes de matarla, la golpeó con fuerza con un rodillo de cocina envuelto en una bolsa, que imposibilitaron la huída de Paz y le provocaron un gran sufrimiento.

            Una vez muerta, el asesino envolvió el cadáver en una manta, le cubrió la cabeza con unas bolsas y la introdujo en el propio coche de Paz, conduciendo varios kilómetros con el cadáver de la víctima dentro del coche hasta llegar a un puente desde donde arrojó el cuerpo de Paz al Arroyo de la Pontiga y unos metros más adelante arrojó su bolso al río Navia. Una vez perpetrado el crimen y, después de haberse deshecho del cadáver, el asesino fue conduciendo el coche de la víctima que dejó estacionado en un lugar cercano a su casa, siguiendo después a pié. Una vez en su casa, eliminó todos los restos de sangre e hizo lo mismo con el coche de Paz, aparcándolo después en el Parking del Hospital de Jarrio. El asesino quemó parte de las ropas de Paz en la finca de sus padres.

            Al día siguiente de su asesinato, Javier Ledo envió varios mensajes al teléfono de Paz y preguntó por ella a personas de su entorno, con el fin de tener una coartada. El cadáver de Paz fue encontrado el 6 de marzo de 2018, 21 días después de que fuera asesinada, en el margen del embalse de Arbón.

            La primer declaración de Javier Ledo fue que no sabía nada del paradero de Paz pero, posteriormente, frente a las evidencias flagrantes, dijo que la víctima se había caído por las escaleras.

            Estos son los hechos que constan en el procedimiento, cuyo Juicio oral ha comenzado el 14 de septiembre de 2020.

            Como Psicóloga Forense de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Madrid y con experiencia en analizar conductas, debo decir que el perfil de Javier Lledó es un PERFIL CLARAMENTE PSICOPÁTICO, que no muestra ninguna empatía con la víctima puesto que no duda en golpearla brutalmente provocando en ella un sufrimiento innecesario antes acabar con su vida lo que, como dice la propia Fiscalía, tenía intención de hacer.

            Su actuación fue fría y premeditada, no dudando en envolver cuidadosamente el cadáver, llevarlo al coche de la propia víctima y arrojarlo después por un puente y su bolso unos metros después. Luego limpió las huellas de su casa y del coche y lo aparcó en otro lugar. Envió mensajes al teléfono de la víctima, incluso tuvo la frialdad de preguntar por ella a conocidos y durante 21 días, hasta la aparición del cuerpo, en ningún momento tuvo intención de entregarse a las autoridades, llevado por un mínimo remordimiento.

            Estamos, pues, ante un sujeto que sabe perfectamente lo que hace, ya que tiene la capacidad para planificar y para esconder sus actos, y que lo ha hecho con toda intencionalidad, es decir, ha tenido la voluntad de hacerlo.

            Además, como he podido conocer, ya había cometido otros delitos contra la mujer de amenazas y había incumplido una orden de alejamiento, además de algunos otros delitos al parecer menores. Todo lo cual indica que, además de cumplir los criterios de un perfil psicopático, muestra un desprecio claro hacia la mujer que ha llegado al punto de acabar con la vida de Paz.

            Una cosa que en este caso que llama poderosamente la atención es que la Fiscalía, aunque reconoce que el imputado “tenía evidente intención de acabar con su vida” finalmente califique el delito de homicidio, cuando todo apunta a que se trata de un asesinato, teniendo en cuenta la intencionalidad, el perfil psicopático del imputado y su forma de actuar durante y después de que se produjeran los hechos.

            Paz es una víctima más de la violencia machista, esa violencia que, lamentablemente, a veces se justifica y, en los casos más graves, se minimiza. A Paz la Justicia no le puede devolver la vida, pero sí le debe a su familia esa Reparación que solo con una condena firme de su asesino puede conseguir. La condena de Javier Ledo debe ser, no solo un castigo justo sino también ejemplarizante para el conjunto de la sociedad y, especialmente, para las mujeres posibles víctimas de los crímenes machistas.


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EX PRESIDENTES DEL GOBIERNO, EX SECRETARIOS GENERALES DE CCOO Y UGT Y OTRAS PERSONALIDADES APOYANDO A MARTÍN VILLA

Una ya no se asombra de nada de lo que pase en este país. Pero hay dos cosas que, una vez más, constato: que España no es una democracia y que estamos sistemáticamente gobernados por personas y organizaciones que apoyan delitos atroces de carácter inhumano y generalizado contra la población civil en tiempos de paz. Eso es lo que en Derecho se llama “crímenes de lesa humanidad”, de lo que está acusado Martín Villa, al que un número de personajes “ilustres” acaba de apoyar ante una jueza.

            ¿Cómo me pueden pedir que sea “patriota”? ¿Cómo me pueden pedir que me sienta orgullosa de un país dirigido por semejantes personas durante décadas?. Cuando se apoya a un criminal de esa naturaleza, uno se convierte en cómplice, si no jurídico, al menos moral.

            Cuando se hizo la Transición que algunos tanto admiran, se dictó una ley de punto final (Ley de Amnistía de 1977, firmada por el rey Juan Carlos, actualmente huído), de manera que todos los criminales de la Dictadura quedaron libres de culpa, siendo España uno de los pocos países -quizá el único en Europa- donde no fueron juzgados los crímenes de una dictadura. Sinceramente, yo no me imagino a Ángela Merkel apoyando a un lugarteniente de Hitler y creo que la propia jueza argentina Servini ha de estar completamente estupefacta de tal conducta, impropia de un país democrático.

            Es de un cinismo rayano en el insulto que un personaje como Zapatero, que vendió como un logro la “Ley de Memoria Histórica” para supuestamente defender a los asesinados por la dictadura pase ahora a apoyar a uno de los que los mataron. Este personaje [Zapatero] dice que “Martín Villa contribuyó con convicción y eficacia a afianzar el nacimiento de la democracia”. Desde luego convicción tenía, nadie lo duda, y era la mar de eficaz cuando mandaba matar.

            Antonio Gutiérrez, ex Secretario General de CCOO, dice nada menos “Ahora sí le doy las gracias a Martín Villa”,  agradecimiento que debe ser por los cinco obreros que este sujeto mandó gasear en una Iglesia de Vitoria. Lo de Felipe González, que como poco debería estar en las filas de Vox y al que quizá no admitieran por estar demasiado a la derecha, pide que se procese a las víctimas. Si,  han leído bien, ¡a las víctimas!, para añadir después que Martín Villa era un demócrata de toda la vida.

            Otro de los que también envía una carta de apoyo a la jueza Servini es el hoy el Jefe de la Diplomacia Europea, José Borrell, que no sé como conjuga ese cargo con su apoyo a un imputado por crímenes de lesa humanidad y del que no sabemos, por el momento, que “bondades” destaca de Martín Villa en su carta.

            Y luego están los de la derecha, Aznar, Rajoy y otros muchos que, ya se sabe, defienden a quien, como en la película, es “uno de los suyos”.

            Martín Villa, que ocupó cargos de responsabilidad durante la dictadura franquista, está imputado por 13 delitos de homicidio agravados por crímenes contra la Humanidad durante la Transición española. Hasta Naciones Unidas ha tenido que llamar la atención a España solicitando que permita la investigación de estos crímenes en base a la normativa del Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Penal Internacional.

            Esta noticia me ha causado asco y vergüenza, por pertenecer a un país en el que, digámoslo claro, no se trató de reconciliar dos “bandos” sino lo que se hizo y con notable éxito es que la dictadura, suavizada y bien maquillada, siguiera llevando las riendas del país, con algunas caras nuevas que rápidamente se arrimaron para que pareciera que todo cambiaba.

            Si los dirigentes actuales del Gobierno, de los partidos y de los sindicatos no hacen ninguna declaración rotunda y contundente condenando las conductas de las personas que han prestado su apoyo a un criminal, consideraré que están de acuerdo y a la misma altura que ellos.


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LA GRAN MENTIRA DEL TELETRABAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Desde que comenzó la pandemia, se ha hablado mucho del teletrabajo, algo que en otros países se practica de forma normalizada en aquellos trabajos que lo permiten, pero que en España, un país con unas normas laborales decimonónicas, todavía se ve como una especie de incumplimiento de las funciones laborales.

            Los gobiernos, tanto el central como los de las comunidades autónomas, han estado aconsejando en todos los medios de comunicación que, siempre que se pueda, se ha de recurrir al teletrabajo, porque es una forma de evitar contagios y, por lo tanto, de no propagar el virus. Es decir, es una medida sanitaria.

            Pues bien, la Comunidad de Madrid hace caso omiso de las medidas que ella misma recomienda. Voy a poner un caso concreto que vivo personalmente.

            Los peritos forenses (Psicólogos y Trabajadores Sociales) de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la Comunidad de Madrid (desconozco si ocurre en otro tipo de juzgados), que somos personal laboral no funcionario, entendemos que hemos de hacer presencialmente parte de nuestro trabajo en las funciones siguientes: entregar las citas en los juzgados correspondientes, examinar los procedimientos y realizar las entrevistas y las pruebas adecuadas al caso en cuestión. Pero una parte de nuestro trabajo, que consiste en analizar todo el material disponible y redactar los informes, lo podemos hacer perfectamente en casa, sin riesgo y en unas condiciones mucho más favorables, ya que en los juzgados tenemos que ir con mascarilla, máscara y guantes, en despachos pequeños y sin ventana. Esos artilugios (mascarilla, máscara y guantes) nos los ha proporcionado la propia Comunidad de Madrid porque sabe que son imprescindibles para no contagiarnos.

            Pues, aunque sea incomprensible, la Comunidad de Madrid nos prohíbe a los trabajadores laborales, no a los funcionarios, teletrabajar o, en nuestro caso, semi teletrabajar, ya que más o menos sería un teletrabajo al 50% de la jornada. Esta en una instrucción dada por última vez el 24/08/2020, en pleno rebrote de la pandemia, por CARMEN MESA ESTEVE, que es la responsable del Área de Modernización y que, a su vez, se remite a las instrucciones dadas por el Director General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, PEDRO IRIGOYEN BARJA, desconociendo si a este señor se las ha dado el Consejero de Justicia o la propia Presidenta de la Comunidad de Madrid.

            Y yo me hago las siguientes preguntas:

1.- ¿Por qué los funcionarios sí pueden teletrabajar y los laborales no podemos? Porque creo que esto no es un problema de contrato administrativo sino de función. Me imagino que porque somos considerados personal de segunda categoría.

2.- ¿Por qué no podemos REDACTAR los informes en nuestra casa, sin tener que soportar durante siete horas y media la tortura de una mascarilla, una máscara, unos guantes y un despacho sin ventana provocando estas condiciones, además del riesgo, una menor eficiencia en el trabajo?

3.- ¿Por qué no se cumplen las normas sanitarias que da la OMS, el Gobierno Central y la propia Comunidad Autónoma de Madrid?

4.- ¿Por qué el Área que nos da la instrucciones se llama “Modernización”? Es algo que me llama poderosamente la atención porque lo que propone no tiene nada de “moderno” sino más bien de todo lo contrario.

            Me gustaría que alguien responsable, sobre todo estas dos personas que cito, me dieran a mí y a mis compañeras alguna explicación RACIONAL, porque así al menos entenderíamos el motivo que tienen, que ha de ser un motivo muy relevante, cuando nos están exponiendo a diario a hacer un trabajo en pésimas condiciones, a enfermar e, incluso, a morir, tanto al conjunto de los trabajadores de este área como a las personas vulnerables que formamos parte de ese colectivo, así como a contagiar a terceras personas.

            Y aviso, si alguien enferma o fallece por esta norma absurda, los que la dictan tendrán que asumir responsabilidades.


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LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA VEJEZ

Debido a la pandemia del Covid19 y al alto número de fallecidos en las Residencias de Ancianos, se ha creado mucha polémica sobre el funcionamiento de estas residencias, especialmente de las privadas. Es cierto que se hace un gran negocio con las residencias de ancianos, como de casi cualquier cosa, sobre todo teniendo en cuenta que la esperanza de vida del ser humano es cada vez mayor.

            Pero el tema de este artículo no es el negocio de las residencias privadas, tampoco es el desabastecimiento de estas instituciones, sea quien sea el titular de las mismas. El tema de este artículo es la propia existencia de estas instituciones.

            Las instituciones de ancianos actuales son una evolución de otras instituciones cuya función en la sociedad era  “recluir” a determinados individuos con fines dispares. Por ello, lo primero que nos debemos plantear es su verdadera función dentro de las políticas de bienestar social. Michel Foucault denomina a las distintas formas de asilamiento como “el gran encierro” y solo una mirada ingenua puede producir la ilusión de pensar que la existencia de las residencias de ancianos es por las ventajas que reportan a los propios ancianos. De la misma manera, Ervin Goffman habla de estas organizaciones como la “institución total”.

            Las instituciones de ancianos se crean en los inicios de la Edad Moderna y los mismos condicionamientos culturales que presidieron su creación son los que persisten hoy día, aunque adaptados al momento actual, respondiendo a los mismos principios que llevaron a su creación. Estas residencia asumen la asistencia que tradicionalmente está a cargo del grupo primario familiar. Al principio, la residencias fueron parte de la beneficencia religiosa para luego entrar en el concepto de laicización de la caridad.

            La ideología que preside la decisión de someter a confinamiento a una masa de la población configura el mundo de la reclusión. Para Foucault el internamiento ha tenido un papel negativo de exclusión social.

            En la primera mitad del siglo XX existen las instituciones para ancianos pobres. Solo después de la Segunda Guerra Mundial, la institución se especializa al “medicalizarse”, por lo que se empieza a nutrir de personas de clase media e, incluso, superiores.

            Las residencias de ancianos no tienen un papel rehabilitador sino de mera custodia. Por eso debemos preguntarnos ¿a quiénes o para qué se custodia? y ¿qué función social tiene la custodia? A veces se utiliza la palabra “hogar” para describir centros donde los ancianos pasan horas de su jornada diaria o bien donde se retiran en sus últimos años de vida. Sin embargo hemos de afirmar que, aunque éstas tengan la categoría de “hoteles de lujo”, que no siempre es así, “hogar” no hay más que uno. Las residencias de ancianos, aún en su mejor versión, guardan una gran distancia con el hogar, si por éste entendemos algo más que techo, manutención y todos los aspectos de tipo material.. El hogar posee, por encima de su materialidad, una historia de relaciones personales, un conjunto inagotable de vivencias asociadas que el más exquisito trato de hotel no podrá jamás reproducir. Aunque las residencias de ancianos actuales estén lejos de los tenebrosos asilos de años atrás, tampoco son hogares. En la residencias el anciano vive “al lado de”, pero no comparte la vida.

            El modelo que Goffman asigna a sus “instituciones totales” es perfectamente aplicable a las residencias de ancianos en nuestras coordenadas culturales. En primer lugar porque no hay continuidad entre las organizaciones de la vida normal ciudadana y las instituciones “totales” como son las residencias de ancianos. Goffman afirma que la institución total es una mezcla de “comunidad residencial” y de “organización reglamentada”, que son los dos polos de la articulación del modelo.

            Toda organización, del tipo que sea, tiende a absorber a las personas que a ella pertenecen, delimitando unas fronteras con el exterior. En la medida en que toda la vida de una persona discurre dentro de la institución, ésta cobra el matiz de “total”. Las instituciones de ancianos son más propensas a revestirse de este carácter cuanto más deteriorados, física o psíquicamente, se encuentren sus residentes. En ello comparten la situación con los hospitales, con la diferencia de que en éstos últimos se está “de paso”.

            Es preciso tener en cuenta que los ancianos ya están bastante marginados antes de entrar en la institución residencial, entre otras razones por el impedimento obligatorio de hacer cualquier tipo de trabajo integrado en la sociedad. La institución no hace más que sancionar aquella impresión que se ha ido aposentando en la mente del anciano antes de ir a la residencia, en donde comienza la marginación. La residencia supone, pues, su irremediable apartamiento de la sociedad.

            Una de las características de los colectivos de internados es que en su seno se genera una subcultura, es decir, un universo de significaciones y normas, que es una versión empobrecida de la cultura ambiente, lo que provoca un colectivo de marginados. En las residencias de ancianos no se da una conciencia colectiva solidaria, ya que no es un colectivo elegido en función de los intereses, forma de vida e historia personal de cada uno, sino un colectivo formado únicamente en torno a la edad. No hay sentido de la “pertenencia” como existe en otros colectivos institucionalizados, como por ejemplo las cárceles.

            En las residencias de ancianos existe una “desculturización”, como afirma Goffman, en la medida de que una vida bajo tutela prolongada, junto con la disminución de facultades que suele acompañar la fase de envejecimiento, atrofia la capacidad de captar las transformaciones culturales que se producen en el mundo extra residencial.

            Los ancianos en las residencias reciben un trato standard, proveen la satisfacción de sus necesidades mediante un sistema de organización burocratizado, que enmarca la totalidad de la vida cotidiana y arrebata a los sujetos la capacidad de poder organizar incluso las actividades más triviales a su aire (comer, dormir y tener actividades de ocio en horas prefijadas y cuyas excepciones dependen de un permiso). Goffman dice al respecto: “Todo reglamento frustra al sujeto en su empeño de ajustar sus necesidades a sus objetivos de la manera que le parezca más eficaz; la autonomía de su acción le es arrebatada”.

            El trato colectivo significa un expolio a su privacidad; los ancianos se ven obligados a convivir con extraños, entre los que no existen intereses comunes. Este trato común e igualitario es un atentado a la personalidad, ya que ignora las diferencias que caracterizan su singularidad, su propia identidad.

            Las residencias de ancianos justifican “racionalmente” su normativa, en función de sus responsabilidades de custodia y siempre con el fin de “proteger” a los ancianos de las carencias inherentes a la vejez,. Por otra parte, los ancianos no se suelen resistir al reglamento, ya que sus posibilidades de sortearlo son escasas y dependen de su indefensión y de su estado de salud, por lo cual los asumen e interiorizan el status de personas disminuidas, es decir tienen un yo degradado. Contribuye a esto un trato infantilizado por parte de los cuidadores, con un tuteo o llamándoles “abuelo/abuela”. La institución fomenta y premia en los ancianos una actitud sumisa y pasiva. Pues, como dice Goffman, no poseen un status suficiente como para merecer las consideraciones de cortesía más elementales y, por esa misma razón, no se molestan en escucharles. El anciano residencial va entrando en una paulatina pérdida de control, el control que toda persona adulta ejerce sobre las circunstancias más habituales que le afectan como miembro de un grupo que participa plenamente en su vida social. La pérdida de control da origen a un sentimiento de incompetencia e inutilidad. El estado más avanzado del descontrol sobreviene cuando la persona interioriza el sentimiento de su incompetencia y se siente totalmente indefenso; ese es el estado de “indefensión aprendida”, lo que da lugar a una disminución del tono vital, apatía, además de depresiones, desesperanza y otros trastornos de carácter psíquico

            El internamiento de los ancianos desemboca en una remodelación del yo de tal manera que la persona acaba siendo lo que la institución pide que sea a través de sus prácticas de vida y aplicaciones reglamentistas y al margen totalmente de su discurso ideológico. Hay una serie de modificaciones que se producen en su personalidad, lo que hace que aumenten los motivos de insatisfacción de su vida.

            Envejecer en nuestra sociedad de hoy es comprobar cómo va quedando progresivamente limitado el horizonte de posibilidades de acción. Y ello no solo en razón de la disminución física, a veces lenta y bien llevada, sino más concretamente por los prejuicios y determinaciones sociales que hacen que avanzar en edad comporte casi fatalmente el sentir que las expectativas sociales van sufriendo rebajas hasta que acaban, podríamos decir, en dejar de ser personas.

            No deberíamos olvidar jamás que todos envejeceremos, que -si vivimos lo suficiente- ninguno estamos libres de escapar a esa etapa de la vida y que, si no creamos una sociedad sin instituciones totales como las residencias de ancianos, más adelante podremos estar atrapados en una de ellas y terminar convertidos en los “nadies” de los que habla el magnífico escritor Eduardo Galeano.


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EL TRIAJE, EL TRIGO Y LA PAJA

Esta pandemia que estamos sufriendo nos debería hacer reflexionar sobre algunos planteamientos de la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Uno de los más perturbadores es el del “triaje” (trillaje, cribado, separación del trigo de la paja), una normativa no contemplada en ningún código jurídico según la cual, en momentos de sobrecarga de los servicios sanitarios, el médico de turno decide quién tiene que ser atendido y a quién se deja morir en función, según los protocolos al uso, de su mayor o menor “esperanza de vida”.

            El término “esperanza de vida” se encuentra totalmente incardinado en el concepto de futuro. Pero debemos preguntarnos ¿qué es el futuro?, sencillamente algo que no existe, que es solamente un constructo de nuestra mente, una entelequia, en el mejor de los casos solo una posibilidad, una conjetura. ¿Alguien puede asegurar que un paciente concreto de 40 años va a vivir más que otro paciente concreto de 60 años? ¿Alguien estaría dispuesto a poner su firma en dicha aseveración? ¿Incluso, alguien podría atreverse a decir cuánto tiempo va a vivir cada uno? Parece de ciencia ficción ¿no? Pues lo mismo es la aplicación del triaje durante esta pandemia, que muchos parecen encontrar de lo más normal.

            Está bastante claro que en este cribado, separando el trigo de la paja, la peor parte se la llevan las personas mayores, esas que en esta sociedad nuestra tan productiva y tan dinámica, que santifica constantemente a la juventud haciendo de ella un mito y un ideal al que todos queremos imitar, desprecia y margina a las personas a partir de cierta edad, quitándoles todo papel excepto el de hacer estúpidos juegos en un centro de la tercera edad que, generosamente, el ayuntamiento de turno ha diseñado para ellos, marginándolos de todo lo demás.

            No podemos dejar de señalar que esta discriminación, en una situación tan extrema como es la propia vida, infringe totalmente el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la no discriminación por razón, entre otras, de edad. Pero la cosa puede ir más allá. Cuando alguien, cuyo nombre no figura en un papel que le comprometa a asumir sus propias decisiones, decide que a alguien no se le va a atender en función de su “esperanza de vida”, ¿le pide al afectado el consentimiento informado?. Porque, de no hacerlo así, se está ejerciendo una eutanasia con la particularidad de que es sin consentimiento del “eutanasiado” [perdón por el barbarismo]. ¿Cómo puede ser que para hacerte una prueba común te pidan el consentimiento informado y no sea así cuando han decidido que te mueras?

            Pero demos un paso más. ¿En qué normativa de nuestro Código Penal se permite hacer algo así sin que se contemple como delito? Y no me hablen de los conflictos bélicos, porque este no es el caso, ni se le parece.

            Lo que ocurre es que en situaciones límite como es la de esta pandemia, se pueden ver con claridad los valores que tiene una sociedad, es decir lo que para cada sociedad vale y lo que no vale, lo que hay que preservar y lo que hay que desechar, cuál es el trigo y cuál es la paja. Una mujer keniata, Agnes Pareio, del pueblo de los masái, cuya historia reflejé en uno de mis libros, me dijo: “En cada cultura hay tradiciones que son dignas de conservarse; hay que conservar aspectos como el respeto a la gente mayor, que son la sabiduría de nuestro pueblo”.

            Los estados y los gobiernos tienen la obligación de preservar la vida de los ciudadanos, de todos, porque nadie es trigo ni nadie es paja, todos somos seres humanos. Tienen la obligación de tener recursos suficientes para atender a todos cuando no estamos en guerra, tienen la obligación de promulgar normas por las que ningún profesional tenga en sus manos la posibilidad de decidir la vida o la muerte de nadie mediante ningún protocolo burocrático, que solo sirve para calmar sus conciencias, tienen la obligación, en definitiva, de saber que la vida es el bien más valioso, el único que tenemos, y que mientras hay vida hay esperanza, la misma para todos.


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EL TIMO DE LA MONARQUÍA

Nos acaban de decir, aunque ya todos lo sabíamos hace tiempo, que el rey llamado equivocadamente “emérito”, ya que no hizo en su vida absolutamente ningún mérito para ser premiado por ello, se ha llenado sus bolsillos personales a costa de comisiones de Arabia Saudí con motivo de las obras del AVE. Eso que se sepa.

            Naturalmente, esta noticia no ha sido desvelada por la prensa española sino por el diario británico “The Telegraph” y, como consecuencia de ello, la Casa Real se ha apresurado a hacer un comunicado en el que el rey Felipe VI repudia a su padre, le quita su asignación presupuestaria y renuncia a su herencia. Todo ello es sumamente sorprendente porque, a pesar de que era conocedor de todo ello, toma esta decisión únicamente cuando un medio británico publica la citada información. También sorprende que renuncie a una herencia antes de recibirla, lo que no está contemplado en ningún precepto legal, como no podía ser de otra manera.

            Pero este hecho no denota solamente un cinismo y un oportunismo más que obvios por parte de la Corona, que también, sino que plantea un problema mucho más profundo como es la propia existencia de la monarquía en el siglo XXI y cuáles han sido los orígenes y la trayectoria de la restauración de la monarquía en nuestro país.

            A nadie le voy a descubrir que el rey Juan Carlos I fue traído y adoctrinado por el dictador Franco y que juró los Principios Fundamentales del Movimiento. Hay tantos documentos históricos y gráficos que sobra toda explicación.

            En lo que sí me gustaría detenerme es en el hecho de que la “monarquía parlamentaria” se nos ha vendido como una herramienta fundamental de la Transición, que ni fue tan “modélica” como se nos ha hecho creer ni estuvo liderada por un monarca intachable que amaba a su país por encima de todo y que, incluso, en un momento casualmente de baja popularidad de la propia monarquía, abortó el golpe de Estado del 23F. Ni la Transición fue ningún modelo ni la monarquía ha sido desde ningún punto de vista ni intachable ni imprescindible.

            Pero con estos mimbres, transición modélica y monarquía imprescindible, se forjó el Régimen del 78, un régimen que hoy hace aguas por todas partes y que ya no hay forma de maquillar, por mucho que los poderes fácticos se empeñen en ello.

            La Monarquía es un sistema hereditario, derivado de unos tiempos pretéritos, cuando todavía el concepto de democracia ni siquiera había sido mínimamente gestado. Nace, entre otras cosas, por la necesidad de unir, mediante matrimonios, territorios entre familias que eran poseedoras de ellos, lo que sin duda alguna no es el caso de nuestros tiempos. Y los modelos hereditarios tienen sus propias reglas que nada tienen que ver con lo que conocemos políticamente en un sistema democrático.

            Un rey no tiene personalidad propia, sino que representa a una Institución, ya que hereda el trono sin tener en cuenta su valía personal o moral, lo hereda por ser hijo de alguien que ya lo poseía. Puede ser listo o tonto, bueno o malo, honesto o inmoral, canalla o héroe, sea como sea hereda el trono. Esto plantea una derivada y es que no se trata de que, a estas alturas, cuando el rey Juan Carlos está en completo declive, se nos quiera vender que él era el malo pero que su hijo Felipe es el bueno. No, las cosas no son así.

            Ese razonamiento solo cabe aplicarlo a los gobernantes que se presentan a las elecciones: un partido puede haber tenido un gobernante con una gestión pésima, pero presentar posteriormente a otro completamente distinto para ser elegido y éste puede ser excelente.

            Pero no podemos aplicar las reglas de la democracia a una Institución no democrática como es la Monarquía. Los monarcas son una familia: los Romanov, los Windsor…, una familia que se valora en su conjunto, no en posibles diferencias individuales. Por eso, da lo mismo Juan Carlos, que Felipe, que Leonor, son una familia que hereda un poder, nada menos que la Jefatura del Estado, sin que nadie los elija, que son inviolables, que no han de demostrar especiales habilidades y que, eso sí, no hacen esto altruistamente sino que les pagamos todos los ciudadanos.

            Sin duda, las instituciones políticas actuales harán lo posible y lo imposible por mantener la Institución monárquica porque, desde la muerte del dictador Franco, ha sido la columna vertebral del sostenimiento del Sistema. Pero esto, desde un punto de vista puramente histórico y sociológico, ha llegado a su fin, entre otras cosas porque las generaciones jóvenes y futuras no lo entienden ni lo van a entender.

            Creo que ha llegado el momento de hacer una transición, pero una transición democrática de verdad no como la de 1978, cuyo único objetivo fue mantener las esencias del franquismo dulcificadas y maquilladas. En esta transición no caben reyes de ningún tipo, ni herederos, ni infantas para ostentar la Jefatura del Estado.

            La única opción posible, como en la mayoría de los países democráticos de nuestro entorno, ya que las monarquías existentes actualmente son puras reliquias, es una República cuyo Jefe del Estado sea elegido por los ciudadanos y cuya gestión sea igualmente evaluada al cabo del mandato.

            No hay otra opción y cuanto antes nos pongamos en marcha antes conseguiremos tener una democracia de primera  y dejar el lastre del pasado en el baúl de los recuerdos.


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LOS POLÍTICOS SON UNA CLASE DISTINTA AL RESTO DE LOS CIUDADANOS

Las crisis graves en las sociedades sirven para que nos demos cuenta de muchas cosas que, en situaciones normales, no percibimos. La pandemia del coronavirus ha puesto de relieve los privilegios de nuestra clase política.

            Según han dicho muchos medios de comunicación y los propios profesionales sanitarios, no existen suficientes kits para hacer el diagnóstico de los posibles infectados por el coronavirus, por ello los están restringiendo hasta el límite. Conozco personas de mi entorno próximo que tienen síntomas de fiebre, tos y dolores musculares y, cuando llaman a los teléfonos que han establecido para ello, se limitan de decirles que tomen paracetamol y, si empeoran, que vayan a urgencias.

            Al mismo tiempo, nos hemos enterado de que algunos políticos y políticas han sido infectados. Y cómo han tenido la certeza de tal infección? Pues sencillamente porque les han aplicado el kit diagnóstico, incluso sin tener apenas síntomas. Desde luego no han tenido que esperar a estar graves para acudir a urgencias ni han tenido que pagar 800 euros de manera privada para que les realicen la prueba y dejar ese kit disponible para otras personas que lo necesitan, a pesar de que su situación económica es sumamente privilegiada. Ni siquiera han tenido que desplazarse a un Hospital, ya que las pruebas, lo mismo que ocurre con las vacunas de la gripe, se las realizan en su lugar de trabajo, es decir en el Congreso de los Diputados o en las comunidades autónomas. Y no digamos nada del Jefe del Estado y su familia, que gozan de privilegios al máximo nivel, como si de un “derecho divino” se tratara.

            Además de eso, muchos trabajadores, al decretarse la situación de alarma y cerrar empresas, van a sufrir un ERTE, es decir un Expediente de Regulación Temporal de Empleo lo que significa que, mientras dure la crisis sanitaria, no van a recibir un salario que les permita vivir. Sin embargo, los señores diputados con salarios más que sustanciosos, aunque hayan cerrado el Congreso durante unos días, seguirán percibiendo su salario y todos los complementos, por lo que su vida personal no se va a resentir absolutamente nada.

            Asimismo, los diputados que tengan menores a su cargo, tienen suficientes recursos para contratar a alguien que se los cuide, no como muchos trabajadores, que tendrán que dejar a los menores con sus abuelos a riesgo de que los contaminen.

            La representación política implica que los representantes conocen los problemas de los representados y son capaces de ponerse en el lugar del otro. Difícilmente puede suceder tal cosa si ni siquiera son conscientes de lo que le ocurre a la gente normal y corriente, es decir a la mayoría que trabajamos y pagamos impuestos, es decir los que hacemos posible mantener la situación de privilegio de nuestros políticos.

            Sin duda la sociedad en la que vivimos está compuesta por clases, que se diferencian mucho las unas de las otras. Pero sin ninguna duda los políticos, tanto los del Gobierno como los de la oposición, se encuentran mucho más cerca de la clase pudiente que de la clase trabajadora, que somos la mayoría de la población. Por eso no son capaces de comprender los problemas que tenemos cuando ocurre una crisis sanitaria grave como la del coronavirus, por eso las medidas que toman, sin duda necesarias, no cubren las necesidades sanitarias y sociolaborales de los ciudadanos, por eso son una clase aparte, que ni conoce ni entiende los problemas de salud y derivados de la pandemia, por eso su representación se basa en promesas vacías, en programas sin contenido, en la oferta de una sociedad irreal, en la que ni ellos mismos creen.

            El coronavirus no entiende de sexos, ni razas ni clases sociales, pero está claro que es mucho más probable no fallecer, ni contaminar a otros ni quedarse en una situación precaria cuando se tienen los privilegios de la clase política.