EL BLOG DE TERESA GÓMEZ-LIMÓN


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EL TRIAJE, EL TRIGO Y LA PAJA

Esta pandemia que estamos sufriendo nos debería hacer reflexionar sobre algunos planteamientos de la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Uno de los más perturbadores es el del “triaje” (trillaje, cribado, separación del trigo de la paja), una normativa no contemplada en ningún código jurídico según la cual, en momentos de sobrecarga de los servicios sanitarios, el médico de turno decide quién tiene que ser atendido y a quién se deja morir en función, según los protocolos al uso, de su mayor o menor “esperanza de vida”.

            El término “esperanza de vida” se encuentra totalmente incardinado en el concepto de futuro. Pero debemos preguntarnos ¿qué es el futuro?, sencillamente algo que no existe, que es solamente un constructo de nuestra mente, una entelequia, en el mejor de los casos solo una posibilidad, una conjetura. ¿Alguien puede asegurar que un paciente concreto de 40 años va a vivir más que otro paciente concreto de 60 años? ¿Alguien estaría dispuesto a poner su firma en dicha aseveración? ¿Incluso, alguien podría atreverse a decir cuánto tiempo va a vivir cada uno? Parece de ciencia ficción ¿no? Pues lo mismo es la aplicación del triaje durante esta pandemia, que muchos parecen encontrar de lo más normal.

            Está bastante claro que en este cribado, separando el trigo de la paja, la peor parte se la llevan las personas mayores, esas que en esta sociedad nuestra tan productiva y tan dinámica, que santifica constantemente a la juventud haciendo de ella un mito y un ideal al que todos queremos imitar, desprecia y margina a las personas a partir de cierta edad, quitándoles todo papel excepto el de hacer estúpidos juegos en un centro de la tercera edad que, generosamente, el ayuntamiento de turno ha diseñado para ellos, marginándolos de todo lo demás.

            No podemos dejar de señalar que esta discriminación, en una situación tan extrema como es la propia vida, infringe totalmente el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la no discriminación por razón, entre otras, de edad. Pero la cosa puede ir más allá. Cuando alguien, cuyo nombre no figura en un papel que le comprometa a asumir sus propias decisiones, decide que a alguien no se le va a atender en función de su “esperanza de vida”, ¿le pide al afectado el consentimiento informado?. Porque, de no hacerlo así, se está ejerciendo una eutanasia con la particularidad de que es sin consentimiento del “eutanasiado” [perdón por el barbarismo]. ¿Cómo puede ser que para hacerte una prueba común te pidan el consentimiento informado y no sea así cuando han decidido que te mueras?

            Pero demos un paso más. ¿En qué normativa de nuestro Código Penal se permite hacer algo así sin que se contemple como delito? Y no me hablen de los conflictos bélicos, porque este no es el caso, ni se le parece.

            Lo que ocurre es que en situaciones límite como es la de esta pandemia, se pueden ver con claridad los valores que tiene una sociedad, es decir lo que para cada sociedad vale y lo que no vale, lo que hay que preservar y lo que hay que desechar, cuál es el trigo y cuál es la paja. Una mujer keniata, Agnes Pareio, del pueblo de los masái, cuya historia reflejé en uno de mis libros, me dijo: “En cada cultura hay tradiciones que son dignas de conservarse; hay que conservar aspectos como el respeto a la gente mayor, que son la sabiduría de nuestro pueblo”.

            Los estados y los gobiernos tienen la obligación de preservar la vida de los ciudadanos, de todos, porque nadie es trigo ni nadie es paja, todos somos seres humanos. Tienen la obligación de tener recursos suficientes para atender a todos cuando no estamos en guerra, tienen la obligación de promulgar normas por las que ningún profesional tenga en sus manos la posibilidad de decidir la vida o la muerte de nadie mediante ningún protocolo burocrático, que solo sirve para calmar sus conciencias, tienen la obligación, en definitiva, de saber que la vida es el bien más valioso, el único que tenemos, y que mientras hay vida hay esperanza, la misma para todos.


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EL TIMO DE LA MONARQUÍA

Nos acaban de decir, aunque ya todos lo sabíamos hace tiempo, que el rey llamado equivocadamente “emérito”, ya que no hizo en su vida absolutamente ningún mérito para ser premiado por ello, se ha llenado sus bolsillos personales a costa de comisiones de Arabia Saudí con motivo de las obras del AVE. Eso que se sepa.

            Naturalmente, esta noticia no ha sido desvelada por la prensa española sino por el diario británico “The Telegraph” y, como consecuencia de ello, la Casa Real se ha apresurado a hacer un comunicado en el que el rey Felipe VI repudia a su padre, le quita su asignación presupuestaria y renuncia a su herencia. Todo ello es sumamente sorprendente porque, a pesar de que era conocedor de todo ello, toma esta decisión únicamente cuando un medio británico publica la citada información. También sorprende que renuncie a una herencia antes de recibirla, lo que no está contemplado en ningún precepto legal, como no podía ser de otra manera.

            Pero este hecho no denota solamente un cinismo y un oportunismo más que obvios por parte de la Corona, que también, sino que plantea un problema mucho más profundo como es la propia existencia de la monarquía en el siglo XXI y cuáles han sido los orígenes y la trayectoria de la restauración de la monarquía en nuestro país.

            A nadie le voy a descubrir que el rey Juan Carlos I fue traído y adoctrinado por el dictador Franco y que juró los Principios Fundamentales del Movimiento. Hay tantos documentos históricos y gráficos que sobra toda explicación.

            En lo que sí me gustaría detenerme es en el hecho de que la “monarquía parlamentaria” se nos ha vendido como una herramienta fundamental de la Transición, que ni fue tan “modélica” como se nos ha hecho creer ni estuvo liderada por un monarca intachable que amaba a su país por encima de todo y que, incluso, en un momento casualmente de baja popularidad de la propia monarquía, abortó el golpe de Estado del 23F. Ni la Transición fue ningún modelo ni la monarquía ha sido desde ningún punto de vista ni intachable ni imprescindible.

            Pero con estos mimbres, transición modélica y monarquía imprescindible, se forjó el Régimen del 78, un régimen que hoy hace aguas por todas partes y que ya no hay forma de maquillar, por mucho que los poderes fácticos se empeñen en ello.

            La Monarquía es un sistema hereditario, derivado de unos tiempos pretéritos, cuando todavía el concepto de democracia ni siquiera había sido mínimamente gestado. Nace, entre otras cosas, por la necesidad de unir, mediante matrimonios, territorios entre familias que eran poseedoras de ellos, lo que sin duda alguna no es el caso de nuestros tiempos. Y los modelos hereditarios tienen sus propias reglas que nada tienen que ver con lo que conocemos políticamente en un sistema democrático.

            Un rey no tiene personalidad propia, sino que representa a una Institución, ya que hereda el trono sin tener en cuenta su valía personal o moral, lo hereda por ser hijo de alguien que ya lo poseía. Puede ser listo o tonto, bueno o malo, honesto o inmoral, canalla o héroe, sea como sea hereda el trono. Esto plantea una derivada y es que no se trata de que, a estas alturas, cuando el rey Juan Carlos está en completo declive, se nos quiera vender que él era el malo pero que su hijo Felipe es el bueno. No, las cosas no son así.

            Ese razonamiento solo cabe aplicarlo a los gobernantes que se presentan a las elecciones: un partido puede haber tenido un gobernante con una gestión pésima, pero presentar posteriormente a otro completamente distinto para ser elegido y éste puede ser excelente.

            Pero no podemos aplicar las reglas de la democracia a una Institución no democrática como es la Monarquía. Los monarcas son una familia: los Romanov, los Windsor…, una familia que se valora en su conjunto, no en posibles diferencias individuales. Por eso, da lo mismo Juan Carlos, que Felipe, que Leonor, son una familia que hereda un poder, nada menos que la Jefatura del Estado, sin que nadie los elija, que son inviolables, que no han de demostrar especiales habilidades y que, eso sí, no hacen esto altruistamente sino que les pagamos todos los ciudadanos.

            Sin duda, las instituciones políticas actuales harán lo posible y lo imposible por mantener la Institución monárquica porque, desde la muerte del dictador Franco, ha sido la columna vertebral del sostenimiento del Sistema. Pero esto, desde un punto de vista puramente histórico y sociológico, ha llegado a su fin, entre otras cosas porque las generaciones jóvenes y futuras no lo entienden ni lo van a entender.

            Creo que ha llegado el momento de hacer una transición, pero una transición democrática de verdad no como la de 1978, cuyo único objetivo fue mantener las esencias del franquismo dulcificadas y maquilladas. En esta transición no caben reyes de ningún tipo, ni herederos, ni infantas para ostentar la Jefatura del Estado.

            La única opción posible, como en la mayoría de los países democráticos de nuestro entorno, ya que las monarquías existentes actualmente son puras reliquias, es una República cuyo Jefe del Estado sea elegido por los ciudadanos y cuya gestión sea igualmente evaluada al cabo del mandato.

            No hay otra opción y cuanto antes nos pongamos en marcha antes conseguiremos tener una democracia de primera  y dejar el lastre del pasado en el baúl de los recuerdos.


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LOS POLÍTICOS SON UNA CLASE DISTINTA AL RESTO DE LOS CIUDADANOS

Las crisis graves en las sociedades sirven para que nos demos cuenta de muchas cosas que, en situaciones normales, no percibimos. La pandemia del coronavirus ha puesto de relieve los privilegios de nuestra clase política.

            Según han dicho muchos medios de comunicación y los propios profesionales sanitarios, no existen suficientes kits para hacer el diagnóstico de los posibles infectados por el coronavirus, por ello los están restringiendo hasta el límite. Conozco personas de mi entorno próximo que tienen síntomas de fiebre, tos y dolores musculares y, cuando llaman a los teléfonos que han establecido para ello, se limitan de decirles que tomen paracetamol y, si empeoran, que vayan a urgencias.

            Al mismo tiempo, nos hemos enterado de que algunos políticos y políticas han sido infectados. Y cómo han tenido la certeza de tal infección? Pues sencillamente porque les han aplicado el kit diagnóstico, incluso sin tener apenas síntomas. Desde luego no han tenido que esperar a estar graves para acudir a urgencias ni han tenido que pagar 800 euros de manera privada para que les realicen la prueba y dejar ese kit disponible para otras personas que lo necesitan, a pesar de que su situación económica es sumamente privilegiada. Ni siquiera han tenido que desplazarse a un Hospital, ya que las pruebas, lo mismo que ocurre con las vacunas de la gripe, se las realizan en su lugar de trabajo, es decir en el Congreso de los Diputados o en las comunidades autónomas. Y no digamos nada del Jefe del Estado y su familia, que gozan de privilegios al máximo nivel, como si de un “derecho divino” se tratara.

            Además de eso, muchos trabajadores, al decretarse la situación de alarma y cerrar empresas, van a sufrir un ERTE, es decir un Expediente de Regulación Temporal de Empleo lo que significa que, mientras dure la crisis sanitaria, no van a recibir un salario que les permita vivir. Sin embargo, los señores diputados con salarios más que sustanciosos, aunque hayan cerrado el Congreso durante unos días, seguirán percibiendo su salario y todos los complementos, por lo que su vida personal no se va a resentir absolutamente nada.

            Asimismo, los diputados que tengan menores a su cargo, tienen suficientes recursos para contratar a alguien que se los cuide, no como muchos trabajadores, que tendrán que dejar a los menores con sus abuelos a riesgo de que los contaminen.

            La representación política implica que los representantes conocen los problemas de los representados y son capaces de ponerse en el lugar del otro. Difícilmente puede suceder tal cosa si ni siquiera son conscientes de lo que le ocurre a la gente normal y corriente, es decir a la mayoría que trabajamos y pagamos impuestos, es decir los que hacemos posible mantener la situación de privilegio de nuestros políticos.

            Sin duda la sociedad en la que vivimos está compuesta por clases, que se diferencian mucho las unas de las otras. Pero sin ninguna duda los políticos, tanto los del Gobierno como los de la oposición, se encuentran mucho más cerca de la clase pudiente que de la clase trabajadora, que somos la mayoría de la población. Por eso no son capaces de comprender los problemas que tenemos cuando ocurre una crisis sanitaria grave como la del coronavirus, por eso las medidas que toman, sin duda necesarias, no cubren las necesidades sanitarias y sociolaborales de los ciudadanos, por eso son una clase aparte, que ni conoce ni entiende los problemas de salud y derivados de la pandemia, por eso su representación se basa en promesas vacías, en programas sin contenido, en la oferta de una sociedad irreal, en la que ni ellos mismos creen.

            El coronavirus no entiende de sexos, ni razas ni clases sociales, pero está claro que es mucho más probable no fallecer, ni contaminar a otros ni quedarse en una situación precaria cuando se tienen los privilegios de la clase política.


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Carta que he enviado hoy al Ministro de Justicia

Madrid, 24 de enero de 2020

Sr. Campo:

            En primer lugar, quiero aclarar que esta carta se la envío a título personal y no en representación de nadie.

            Soy consciente de que usted acaba de tomar posesión del cargo y que necesita los famosos 100 días para ser “evaluado”. Pero mi intención no es evaluar su gestión, que deseo sea buena por el bien de todos los ciudadanos. Lo único que me mueve a contactar con usted es hacerle una reflexión y un ruego.

            Como usted sabrá, el día 24 de julio de 2013 se produjo el accidente ferroviario más grave de la democracia española, dejando como resultado 81 muertos (una mujer se encontraba embarazada) y 144 heridos, prácticamente todo el pasaje que íbamos en ese tren.

            Hoy hace exactamente 6 años y 6 meses desde el fatídico siniestro, por eso he elegido este día para enviarle la presente carta.

            Después de 6 años y 6 meses el procedimiento judicial sigue todavía en fase de Instrucción, sin que tengamos ni idea de cuándo se terminará de instruir y cuándo comenzará el Juicio (el Juicio, antes de los subsiguientes recursos).

            Durante estos 6 años y 6 meses se han producido algunos hitos que le voy a resumir muy brevemente:

  • El día del siniestro se hace cargo de la instrucción el Juez Aláez, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela. Desde mi punto de vista y creo que de todas las víctimas, este juez fue un modelo de rapidez y de interés por investigar la causa. Sin embargo, por desgracia, a los 10 meses y 19 días dejó el juzgado, según él “por razones personales”, para ocupar la plaza en otro juzgado de la misma localidad.
  • El día 20 de junio de 2014 se hizo cargo del Juzgado el juez Lago Louro, que permanece en la actualidad. Es decir que el nuevo Juez lleva con la instrucción de la causa 5 años, 7 meses y 4 días.
  • El 7 de octubre de 2015 el Juez Lago Louro cierra la causa. Pero después de un informe demoledor realizado por la Agencia Ferroviaria Europea, la Audiencia Provincial de A Coruña ordena su reapertura.
  • Así siguen las cosas hasta el 3 de diciembre de 2018 en que el Juez Lago Louro, tres años después, vuelve a cerrar la instrucción.
  • Finalmente el 12 de noviembre de 2019, la Audiencia de A Coruña vuelve a reabrir la causa por una nueva información de un empleado de Talgo.

Y así estamos a día de hoy.

            He de decirle, para que no haya lugar a equívocos, que aunque la causa es voluminosa y compleja, una vez conocida, tanto por parte del Juez instructor como por parte de la Audiencia, en los diferentes recursos se trataba solamente de ampliar algunas cuestiones muy concretas, que no requerían para ello más que analizar las pruebas testificales y documentales referentes a dicha cuestión.

            Pero la realidad es que para cada paso del procedimiento se tarda meses y meses en resolver, tanto por parte del Juez instructor como por parte de la Audiencia Provincial de A Coruña, lo que no es medianamente razonable. Y se lo digo porque yo, que trabajo, que no soy abogada, ni jueza, ni magistrada, ni fiscal y que no tengo ningún tipo de apoyo logístico, me he leído toda la causa y me la conozco perfectamente. Si eso lo puedo hacer yo, ¿por qué no lo pueden hacer los profesionales de la Justicia?.

            En este procedimiento, como en todos los procedimientos penales, hay dos partes: las víctimas y los demandados. Respecto a una de las partes, las víctimas, no hay nada que investigar porque somos víctimas y nuestro único delito fue comprar un billete a una empresa estatal (RENFE) para viajar en un tren que no cumplía las mínimas condiciones de seguridad, sin que fuéramos advertidos de ello.

            El problema está en la otra parte, los demandados, porque se cuestiona si son o no responsables penales y, lo más importante, quiénes son los responsables. Ahí reside el verdadero nudo gordiano de este procedimiento y la razón por la que se alarga sin fin.

            Mire, Sr. Campo, el que este procedimiento se alargue tanto tiempo solo beneficia a los demandados porque permite que el asunto ya no esté en los medios de comunicación ni en la sociedad y la memoria colectiva lo aparca en un rincón de su cerebro. Permite a los demandados “ganar tiempo”. Pero para las víctimas es un sufrimiento inmenso porque algunas morirán (o moriremos) antes de que se haya hecho Justicia por la muerte de sus seres queridos o por la secuelas que hemos de arrastrar de por vida. Las víctimas, debido a la lentitud en resolver esta causa, sufrimos una “victimización secundaria”, una secuela añadida. Y eso es inmoral.

            Hoy precisamente, hemos tenido noticias de la finalización de otro hecho trágico, similar al del Alvia: el del Metro de Valencia. Después de 13 años, ¡13 años!, las víctimas, absolutamente hartas, han llegado a un acuerdo con los imputados, de manera que éstos ni siquiera ingresarán en prisión. La conclusión es que solo hace falta dilatar el tiempo de la Justicia para que los culpables no paguen por sus delitos. Es un elemento que jamás falla y que sirve de “modelo” para otros casos.

            El motivo de mi carta no es solicitar de usted la más mínima influencia en la resolución del procedimiento. La resolución será la que sea por parte de la autoridad judicial, me parezca justa o injusta.

            Lo único que yo le ruego es que este asunto acabe de una vez por todas, porque las víctimas, yo en concreto, no podremos descansar en paz ni “pasar página” hasta que esto se haya acabado. El conocido aforismo que dice “la Justicia que es lenta no es Justicia” es una verdad que no tiene posibilidad de discusión.

            6 años y 6 meses. ¿No le parece a usted demasiado tiempo para una instrucción por muy compleja que ésta sea?.

                        Usted es el nuevo Ministro de Justicia. Mi ruego es que, como Ministro de Justicia, le diga al Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, que ordene acelerar este procedimiento después de 6 años y 6 meses de instrucción.

            El Auto de Instrucción será el que tenga que ser, pero que finalice ya y que comience el Juicio de una vez. Yo creo que las víctimas al menos tenemos ese derecho.

            Una última cosa: probablemente usted, Sr. Campo, nunca lea esta carta, probablemente esta carta la leerá y contestará burocráticamente alguno de sus asesores y quizá usted la firme. Me gustaría que quien lea esta carta por un instante se ponga en el lugar del otro, en este caso de las víctimas, los familiares de esas 81 personas que ya no pueden escribir cartas y los que tenemos que soportar una secuelas de por vida por el único delito de coger un tren.

            Muchas gracias por su atención y un saludo.

Fdo.: Teresa Gómez-Limón

Víctima del Alvia


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CARTA ABIERTA A LA PRESIDENTA DE ADIF (Isabel Pardo de Vera Posada)

Hoy, día 28 de diciembre, en plenas Navidades, escribe usted un artículo en La Voz de Galicia que hace daño a mucha gente. Es un artículo optimista, de celebración, anunciando con gran júbilo la finalización de las obras del AVE a Galicia, sin que haya usted tenido ni una sola palabra en recuerdo de las 81 personas que el 24 de julio de 2013 perdieron la vida en un accidente del AVE (por lo menos eso decían, que era un AVE) a Galicia. En ese AVE los pasajeros estábamos “hiperconectados”, pero con la muerte o con una vida llena de secuelas.

            Hace usted afirmaciones que hacen daño, entre otras cosas por la falsedad de las mismas: ¿”una infraestructura de referencia internacional… para la máxima seguridad”?, ¿conoce usted lo que dijo la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea del tramo que estaba hecho, nada menos que de Madrid a Ferrol? Otra de las mentiras de su artículo es la referente a la protección del medio ambiente. Me imagino que usted sabe que el tren S-730, llamado popularmente “Frankenstein”, lleva dos vagones convertidos en depósitos de gasóleo, que se incendiaron en el momento del accidente, después de contaminar el aire de los lugares por los que pasaba. Ya sé que el tren es responsabilidad de Renfe, pero forman un conjunto inseparable.

            Es muy fácil decir que “no es momento de lamentos” porque usted, Sra. Pardo de Vera, no ha perdido a ningún ser querido en un accidente del AVE; de lo contrario se lamentaría y mucho como nos pasa a las víctimas. No, Sra., nuestro AVE, el del 24 de julio de 2013, no sirvió para “mejorarnos la vida” sino para hundírnosla para siempre.

            Afirma que tienen un Sistema de Gestión de Seguridad. ¡Pues ya era hora! porque el día 24 de julio de 2013 nadie gestionó la seguridad, incumpliendo toda la normativa legal y, lo que es más importante,  los principios éticos para no poner en peligro, como así sucedió, la vida y la integridad de la casi totalidad de pasajeros que íbamos en ese maldito tren.

            Dice usted que “no toca la crítica destructiva”. Pues, mire, le diré una cosa: lo destructivo es que las víctimas hayamos perdido a nuestros seres queridos; lo destructivo es que ningún responsable de verdad, de los que toman decisiones, haya dimitido y haya pedido perdón; lo destructivo es que llevemos 6 años y medio (si, como lo oye, ¡6 años y medio!) con una instrucción judicial que no acaba nunca, por lo que el procedimiento judicial se puede alargar 12 o 15 años; lo destructivo es que todas esas cosas, Sra. Pardo de Vera, ni siquiera nos permiten a las víctimas pasar página. Y eso es una tortura muy cruel.

            Ya sé que me dirá que usted no estaba ahí en ese momento y que, por lo tanto, no es responsabilidad suya. Lo sé. Pero como estoy segura que, al hacerse cargo de la Presidencia, tuvo que informarse del caso, entre otras cosas porque se enteró el mundo entero, lo único que le pido es que se deje de triunfalismos, de celebraciones, de alegrías cuando se refiera al AVE de Galicia, porque duele, Sra. Pardo de Vera, duele y mucho. Y hubiera sido bonito que hubiera tenido usted un mínimo recuerdo, en estas fechas, para las víctimas de ese terrible accidente que no se produjo por un desastre natural sino por las negligencias, entre otros, de la empresa que usted preside, que no es un modelo de nada.

            Pero, qué le vamos a hacer, así son las cosas y usted “vende” su producto y su presidencia, que es lo que realmente le importa. Pero, se lo ruego, no nos vuelva a contar “lo maravilloso” que es el AVE a Galicia, que ya tenemos alguna experiencia de sus “bondades”.

            Espero que usted pase estas Navidades con sus seres queridos, muchas víctimas del Alvia, unas navidades más, no lo podrán hacer.


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CARTA ABIERTA A LOS JUECES DEL CASO ALVIA

Más de 6 años, 76 meses, 4.500 días. Ese es el tiempo que lleva la Instrucción del caso Alvia. Ahora ha surgido un nuevo indicio referido al tren y se ha reabierto la causa. Me alegro por ello, yo misma, víctima, lo he solicitado como la mayoría de las víctimas.

            Sin embargo, creo que se debería haber investigado antes la composición y el estado del tren, cosa que desde un principio fue descartada por la Justicia. Ese tren, entre otras cosas y según manifestaciones del ex Ministro de Fomento, José Blanco, era “único” en el mundo y resulta un tanto sospechoso que a los países con la tecnología más avanzada no se les haya ocurrido diseñar un tren de esas características. Por otra parte, todos sabemos que los vagones CET (los que llevaban un gran depósito de diesel) se incendiaron, provocando quemaduras en algunas víctimas y el pánico en otras, como ocurrió en mi caso. Está recogido en un informe de la policía cuando ocurrió el accidente.

            La Agencia Ferroviaria Europea, máximo órgano de la UE en materia ferroviaria, en un extenso y razonado informe pone de relieve, entre otras cosas, la necesidad de investigar el tren, un tren que ni siquiera cumplía los requisitos de homologación.

            Ahora existen indicios de que la empresa TALGO, fabricante del tren, realizó un borrado de los datos sobre averías del tren una vez ocurrido el siniestro. Es sin duda un dato importante, pero no hay que olvidar otros datos que ya se tenían y que eran igualmente importantes.

            José Manuel Lamela Rivera,  fue el perito nombrado por el Juez, pero propuesto por la Xunta de Galicia, en la que cuando realizó el Informe Pericial del tren ocupaba el puesto de Jefe de Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética en dicha Xunta. A pesar de dicha circunstancia, el Sr. Lamela, dijo en su informe pericial: “es conveniente indicar que carecen [las medidas] de validez metrológica, ya que se realizaron por personal de la empresa TALGO y sus mediciones no están acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) (pág. 7).

            “La modificación practicada a los trenes Alvia S130 supuso una variación de las prestaciones del vehículo ferroviario en su estado inicial y un incremento del nivel de riesgo original, por lo que fue considerada como una modificación significativa” (pág. 18).

            “En la elaboración de este informe y en opinión de este perito judicial, sería conveniente la participación <<externa>> de un Organismo de Certificación, tal y como establece la Orden FOM/233/2006, mientras que la Resolución Circular 10/2008 que desarrolla la Orden anterior, elimina esta participación externa a través de un evaluador independiente de seguridad que puede pertenecer a la operadora ferroviaria” [pág. 86].

            Por todo ello, me parece imprescindible investigar los aspectos referentes al material rodante (tren), que considero se han obviado en la presente investigación y que han causado cierta alarma por el conocimiento de los nuevos indicios.

            El Fiscal, ante esta nueva investigación ha solicitado, como es preceptivo, una prórroga de 18 meses más para la apertura de Juicio Oral, con lo cual nos ponemos para ello en el año 2021 y en una Instrucción de 8 años.

            Y ahí va mi petición: Sres. jueces, ¿ustedes creen que unas víctimas que no podemos pasar página hasta que no haya un Juicio (sin contar los recursos) tenemos que esperar 8 años para obtener Justicia? ¿Ustedes creen que una Justicia que actúa con tal lentitud es justa?

            Yo trabajo en el mundo de la Justicia y he podido comprobar que las demoras judiciales solo benefician a los imputados, nunca a las víctimas. El paso del tiempo supone, entre otras cosas, un olvido social, un arrinconamiento en una esquina de la memoria de los trágicos hechos.

            Pero las víctimas no podemos olvidar, porque siguen estando ausentes esos hijos, esos padres, esos hermanos… porque siguen estando presentes las secuelas de aquel terrorífico accidente.

            Por eso les pido, Sres. Jueces, que no se demoren, que investiguen a fondo sin que el procedimiento, por su lentitud, añada aún más sufrimiento a las víctimas.

Se lo ruego.


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VOX Y LA VUELTA A LA SECCIÓN FEMENINA

A veces, cuando se tienen años, una piensa que lo ha visto todo. Pues no, todavía hay hechos que siguen sorprendiendo.

            Uno de estos hechos ha sido la intervención en el Pleno de la Comunidad de Madrid de la diputada por Vox Alicia Rubio, que ha defendido modos de vida de la mujer que todos pensábamos estaban ya superados, no ya en el siglo XXI sino en el siglo XX.

            Esta señora defiende a estas alturas que en la escuela se ponga como asignatura obligatoria “costura”, porque “empodera mucho a las mujeres coser un botón”. También ha dicho que el feminismo es un “cáncer” manifestando una falta de respeto hacia aquellos que padecen esta grave enfermedad.

            Hemos de recordar que la Sección Femenina tenía esta misma tesis, por lo que en el colegio a las alumnas se les encargaba hacer vainica y confeccionar una canastilla, preparándolas así para ser “buenas madres y esposas”. Todo aquello pasó al baúl de los recuerdos, pero no por deseo de una izquierda “malévola” sino por el propio devenir de los tiempos.

            En la época de la comunicación, de las redes sociales, de la inteligencia artificial no se puede pedir a ninguna mujer que se dedique a ser una buena ama de casa, olvidándose del mundo y de todo lo demás. Esto, además de inútil, es una simple estupidez.

            Alicia Rubio también arremete contra Simone de Beauvoir, una de las autoras más importantes del siglo XX, con la que se puede discrepar, pero no desde la bajura intelectual de esta señora, cuyo nivel, lenguaje y expresión denotan una ausencia total de bagaje cultural y un exceso de odio que raya en lo ridículo.

            Me pregunto por qué Alicia Rubio es diputada, ya que lo más coherente es que estuviera zurciendo calcetines de su marido y sus hijos en su casa, que quizá fuera bueno para ellos (aunque la verdad es que eso ya no se estila) y, sobre todo, sería muy bueno para los ciudadanos, que no pagamos nuestros impuestos a los diputados para escuchar tal sarta de majaderías.

            Sería motivo de broma escuchar estas cosas, que seguro propiciarán muchos chistes. Sin embargo, lo que puede ser una broma en este momento podría convertirse en un hecho real, si alguna vez este partido alcanza el poder.

            El feminismo no es un invento ni de este país ni de este momento histórico. El feminismo, Sra. Rubio, nació en el siglo XVIII con la Ilustración, siguió con el movimiento sufragista en la segunda mitad del siglo XIX, le sucedió el movimiento de liberación  en la segunda mitad del siglo XX y se encuentra en este momento en la lucha contra la violencia machista en todo el mundo, Sra. Rubio, en todo el mundo.

            Sus chuscas declaraciones me indican que está usted en una etapa anterior al siglo XVIII, lo que no parece muy adecuado para ser representante en un Parlamento democrático del siglo XXI.

            Le pido un favor, Sra. Rubio, lea usted, en primer lugar para que se cultive un poco y, además, para que avance en el tiempo, lo cual no estaría mal teniendo en cuenta en la época que usted se encuentra. Y no le pido que lea a la “izquierda maligna” sino a múltiples autores/as de variadas tendencias a nivel mundial que han reflexionado y aportado pensamiento intelectual a las cuestiones relacionadas con la mujer.

            Y deje el escaño, se lo ruego, dedíquese a zurcir calcetines para lo que se encuentra usted mucho mejor dotada.