EL BLOG DE TERESA GÓMEZ-LIMÓN


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LOS DE ARRIBA Y LOS DE ABAJO Carta abierta a la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena

Sra. Alcaldesa,

Hoy, 30 de noviembre de 2018, se ha puesto en marcha el plan “Madrid Central”.

Vaya por delante que estoy totalmente de acuerdo con que se tomen medidas, a nivel mundial, estatal y local en favor del medio ambiente y de la no contaminación del planeta tierra.

Ahora bien, en lo que no estoy en absoluto de acuerdo es que dichas medidas siempre afecten a los “de abajo” y nunca a los “de arriba”, utilizando el argot de sus socios en el Gobierno de Madrid.

Por referirme a las medidas que ha tomado su Gobierno respecto a la circulación de los vehículos privados por un área muy extensa de la ciudad de Madrid, deseo que  reflexione sobre algunos extremos:

  1. Que los vehículos que no pueden circular son los más antiguos, que no disponen de ninguna etiqueta. Le puedo asegurar, Sra. Alcaldesa, y usted también lo sabe porque es una persona inteligente, que los ciudadanos no tienen el “capricho” de tener el mismo coche durante 10, 15 o 18 años, lo que les ocurre es que no pueden renovarlo porque no tienen recursos suficientes, ya que los coches eléctricos tienen un elevado precio que oscila entre los 35.000 y más de 150.000 euros. Este problema lo tienen los ciudadanos “de abajo”.
  2. Sin embargo a los ciudadanos “de arriba” esta medida no les afecta en absoluto, porque pueden gastarse dinero en un coche eléctrico e, incluso, tener varios coches, uno para cada uso.
  3. Por otra parte, los ciudadanos “de abajo” no suelen tener plaza de garaje por lo que, en caso de tener un coche eléctrico, tendrían que recargar su coche en la vía pública, no existiendo en toda la ciudad de Madrid más que 24 puntos de recarga y por lo tanto tendrían que ir a más de un punto, pudiendo tardar en toda la operación entre 4 y 5 horas. Sin embargo los “de arriba” sí tienen garaje, incluso para más de un coche.
  4. Si en los “de arriba” incluimos a los representantes de las instituciones, sería interesante saber cuántos coches eléctricos forman parte del Parque Móvil de Madrid, es decir, para que todo el mundo lo entienda, cuántos coches oficiales hay eléctricos.
  5. Si seguimos hablando de los “de arriba”, usted debe saber que la contaminación no se produce tan solo por los gases contaminantes de los coches, sino también por los sobreenvasados y la utilización excesiva de plásticos. Los consumidores no somos responsables de eso, sino que esa presentación de los productos corresponde a los distribuidores (las grandes superficies), que forman parte de los “de arriba”,  por lo tanto son intocables.
  6. Por otra parte, las fuentes de energía eléctrica no son todas limpias y renovables, sino que casi un 53% todavía no lo es, porque se va reconviertiendo poco a poco. ¿Por qué se les da una moratoria a las eléctricas?. Porque también éstas pertenecen a los “de arriba”.
  7. El Gobierno Central va a publicar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética en la que se contempla que no se podrán matricular coches con algún tipo de combustión en 2040, es decir dentro de 22 años, anunciándolo con tanto tiempo para que “el mundo del automóvil disponga del tiempo prudencial necesario para adaptarse”. ¿Por qué no se le da ese tiempo a los ciudadanos? Muy sencillo: porque los fabricantes de automóviles forman parte de los “de arriba”. Sin embargo usted, Sra. Alcaldesa, ha aprobado esta Ordenanza en un plazo de tiempo record y la ha puesto en vigor de forma inmediata para los “de abajo”

A nivel general, también hubiera sido necesario que, al hacer el estudio sobre lo que contaminan los coches privados en la ciudad de Madrid, se hubieran tenido en cuenta otros aspectos en relación al medio ambiente, como por ejemplo lo que contamina fabricar los materiales que forman un coche (baterías, chasis, pintura y demás elementos). Según fuentes de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), contamina lo mismo la producción de un vehículo convencional que la de uno eléctrico. Según un estudio del Instituto Medioambiental de Suecia, el proceso de elaboración de una batería eléctrica de 100 kWh genera hasta 200 toneladas de dióxido de carbono, cifras equivalentes al CO2 generado al conducir un coche diesel o gasolina durante unos ocho años. Si todos los ciudadanos afectados por restricciones en el uso de su vehículo se pusieran a adquirir coches eléctricos, ¿cuánto se contaminaría el planeta por la fabricación de los mismos?. ¿Ha hecho un estudio, Sra. Alcaldesa?.

Hay que mejorar el Medio Ambiente, de eso no hay duda, y hemos de colaborar todos. Pero es demagógico engañar a la gente con medidas parciales e improvisadas que afectan, como siempre, tan solo a los “de abajo”: a los que tienen que trabajar y han de fichar a una hora concreta, cosa de lo que usted no sabe nada porque nunca lo ha hecho, ni como Magistrada ni como Alcaldesa; a los que no disponen de una tarjeta de taxi sin que les cueste un céntimo, como ocurre con los diputados y cargos públicos; a los presidentes y altos cargos de las grandes compañías eléctricas, grandes superficies y fabricantes de automóviles y, en general, a los que se encuentran en una escala social potente, llamados en su argot a los “de arriba”, a los que jamás les afecta ninguna medida.

No haga demagogia, Sra. Alcaldesa, dando a sensación de que las medidas adoptadas por su Gobierno en la ciudad de Madrid, respecto a la limitación del tráfico privado de los coches más antiguos, son la panacea y van convertir la ciudad de Madrid en un vergel, sin que se realice algo mucho más amplio, planificado, con las infraestructuras suficientes y, sobre todo, pensando en todos los ciudadanos, también en los “de abajo”.

 

 

 

 


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LA TRAMPA POLÍTICA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY

Con el conflicto catalán estamos presenciando debates públicos sobre el incumplimiento de la Ley de los líderes catalanes y su tipificación en el Código Penal. Como consecuencia de ello, se dice frecuentemente que “hay que dejar hacer el trabajo a los jueces” lo que, en principio, podría ser razonable.

Sin embargo este aforismo se queda en la superficie del problema, ya que la única función de los jueces es aplicar las leyes existentes en cada momento. Y aunque es cierto que toda Ley tiene un margen de interpretación no es menos cierto que existe un límite en dicha interpretación que viene determinado por las propias leyes.

Las leyes dentro de una sociedad son creadas y aprobadas por los distintos poderes legislativos de cada país para regir el orden político que se desea; en ellas se recogen los derechos y deberes de los ciudadanos frente al Estado Y considero que es ahí donde debe centrarse el debate, porque esa es la raíz y el origen del conflicto.

Para comenzar esta reflexión, es preciso recordar que las leyes no son ajenas a los poderes políticos dado que éstos, en cualquier tiempo y lugar, promulgan leyes que son favorables al sistema político que defienden. Es decir, la leyes nunca son neutrales.

A lo largo de la Historia, siempre que se produce un cambio de signo, se derogan las leyes anteriores y se promulgan leyes nuevas. Podemos poner como ejemplo, las leyes de Núremberg en la época nazi o, por referirnos a nuestro país, las leyes Fundamentales del franquismo. Podrían ser, como de hecho lo eran, absolutamente injustas pero eran leyes que había que cumplir y el incumplimiento de las mismas traía consecuencias, algunas veces pagando con la propia vida.

El lector me podrá replicar que en los dos ejemplos expuestos se trataba de dictaduras. Y es verdad. Pero tenemos ejemplos iguales en democracias. En Estados Unidos, país que no ha conocido nada que no fuera un sistema democrático, existía la Ley Jim Craw, que avalaba “legalmente” la segregación racial; y la Ley Racial Integrity Act que, entre otras cosas, prohibía los matrimonios interraciales. Si nos vamos a un país como Francia, por ley no se permitió el voto femenino hasta 1944 y en la civilizada Suiza la ley impidió el voto femenino hasta 1971.

A este razonamiento se podrá alegar que “eran otros tiempos”, pero a eso se puede contraponer, en primer lugar, que estamos hablando del siglo pasado, no de la Edad Media y, en segundo lugar, que al parecer lo que en un momento dado era “ilegal” transcurrido el tiempo se convirtió en algo legal y perfectamente asumido por todos. No se puede adivinar el futuro, pero es muy probable que, refiriéndonos concretamente al problema catalán, lo que ahora nos parece una “herejía” dentro de 30, 40 ó 50 años seguramente parecerá lo más normal del mundo, porque los tiempos cambian y también los valores.

Se ha dicho con frecuencia por parte de algunos tertulianos que para cambiar las leyes de nuestro país, especialmente la Constitución, se ha de ir “de la ley a la ley”, frase pronunciada en su momento por Torcuato Fernández Miranda, uno de los artífices de la transición. Pero, cuando se asume como propia dicha frase no se puede olvidar que Torcuato Fernández Miranda fue Ministro Secretario General del Movimiento con Franco, es decir era un falangista, movimiento político con similitudes con el fascismo italiano y con el nacional-socialismo alemán, al basarse todos ellos en la exaltación de la patria y todos ellos enemigos del liberalismo, del racionalismo, del marxismo y, lo que es peor, de la democracia. Por ello es importante conocer quién es el autor de determinadas afirmaciones cuando se hacen propias. Hubiera sido más realista decir: “del franquismo al postfranquismo”, pero naturalmente la intención era otra y las palabras tienen su importancia simbólica.

Volviendo de nuevo al problema catalán, el dilema principal no está en los jueces, que sin duda tienen su “parte de responsabilidad” en la interpretación de las leyes, máxime cuando la separación de poderes en este país está cuestionada por la propia Unión Europea. El verdadero problema, desde mi punto de vista, reside en las mismas leyes, comenzando por la Constitución, que no permite referéndums con libertad, que consagra una forma de Estado -la monarquía-  prácticamente inamovible desde esa misma Constitución que, aunque sea una monarquía parlamentaria, se encuentra absolutamente ligada a la religión.

Este hecho es fácil de demostrar ante la pregunta ¿por qué es inviolable el rey?. Porque la inviolabilidad tiene su origen en las monarquías medievales, que basaban el origen de la monarquía en un “mandato divino”, por lo que el rey “no puede pecar”. En definitiva, el rey es una persona sagrada y, en consecuencia, no puede obrar mal ya que es el representante de Dios y, si el poder lo recibe de Dios, solo ante él responde. Este hecho, aunque dicho así pueda parecer un sarcasmo, es exactamente así pues no de otro modo se explica que en el año 2018 exista semejante precepto legal y constitucional.

Cataluña tiene unas legítimas aspiraciones históricas que se remontan, al menos, hasta 1714 cuando Rafael Casanova estuvo en la resistencia para impedir la toma de Barcelona por el primer Borbón de España, Felipe V, un rey nefasto que terminó completamente demente, sumiendo a este país en un desastre, como ocurrió con la mayoría de los borbones.

Sin lugar a dudas los hechos históricos que ocurren en los pueblos tienen su repercusión a lo largo de los años, aunque los protagonistas sean otros y las circunstancias sean diferentes. Y las leyes, esas leyes que en un momento dado nos parecen sagradas, con el paso del tiempo vemos que no eran tan sagradas sino que, en muchos casos, violaban los Derechos Humanos Fundamentales. Por eso creo que no se debe hablar superficialmente, sino que hay que conocer la Historia y reflexionar más. Quizá de esa manera se pueda entender mejor el problema de Cataluña.

 

 

 


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LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y EL ACCIDENTE DE TREN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

La responsabilidad política

Últimamente, por multitud de eventos que están ocurriendo en nuestro país, se escucha constantemente hablar de “responsabilidad política”, por lo que creo indispensable saber qué implica y a quién es exigible dicha responsabilidad.

La responsabilidad política es la que tienen los gobernantes en una democracia e implica tanto a los cargos electos como a los cargos designados. La responsabilidad política no se refiere solo a un comportamiento fuera de la legalidad, pues ese tendrá que ser determinado por las autoridades judiciales, sino a la actividad de vigilancia y control político, que no significa sanción en el ámbito jurídico. Es lo que se conoce en la doctrina clásica como in eligiendo, in vigilando o in organizando, siempre que el actor principal tenga poder sobre su agente, es decir la persona en quien se delega, permitiéndole que actúe en su nombre. Es lo que se llama la cadena de delegación y responsabilidad. Todas las democracias representativas se basan en la existencia de delegación de poder y responsabilidad política para el ejercicio de ese poder, a pesar de que lo habitual es que los agentes estén mejor informados que quienes les controlan.          Toda responsabilidad, en este caso política, requiere una sanción que no se ha de quedar en el mero simbolismo. Como decía Kenney[1] en referencia a la responsabilidad política: “si no existe sanción, nos encontramos con una forma disminuida, reducida, es decir, incompleta de responsabilidad”. ¿Y en qué consiste dicha sanción? La primera y principal en la dimisión o el cese del cargo vinculado a los hechos que generan la responsabilidad o, en el caso de que ya no ocupara éste, el reproche político y ciudadano para ostentar otro tipo de representación política. Hemos de tener presente que la responsabilidad política es uno de los elementos con los que se valora la calidad de un régimen democrático.

La responsabilidad política se basa, esencialmente, en el respeto a los representados, es decir a todos los ciudadanos y está directamente asociada a la eficacia, la moral y la ética pública y en la no tolerancia del abuso de poder.

El objeto de la responsabilidad política no son solamente los errores de la gestión, porque entonces el mero desconocimiento bastaría para anular la responsabilidad política; en ese caso, sería también políticamente responsable por incompetente.

¿Quién es el máximo responsable político de un Gobierno? Dicho por la mayoría de los autores, el Ministro/a que, al tomar posesión de su cargo, asume la responsabilidad política derivada de todos y cada uno de los integrantes del órgano que dirige. Los británicos, que tienen una democracia muy avanzada dicen al respecto lo siguiente: “cada ministro es responsable ante el Parlamento por la conducta de su ministerio. Los actos de cada funcionario son en principio considerados como actos del Ministro”[2]. El Ministro no podrá alegar desconocimiento, porque eso sería una dejación de funciones. Tan sólo podrá eludir dicha responsabilidad demostrando que los actos que se investigan se realizaron contra sus instrucciones expresas, señalando a quienes las incumplieron.

 

La responsabilidad política en el caso del Alvia

Como víctima del accidente del Alvia, sigo con cierta perplejidad las comparecencias que se están produciendo en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados. Y digo con perplejidad porque se asemejan mucho a las comparecencias del procedimiento judicial y considero que eso es un error, puesto que ni se debe perseguir lo mismo ni las responsabilidades son las mismas.

Desconozco quiénes son los comparecientes que faltan, pero de lo visto hasta ahora hay cosas que me sorprenden:

  • Las empresas privadas nada tienen que ver con las responsabilidades políticas, ya que no son representantes públicos. Considero que su única aportación, políticamente hablando, es el contenido del contrato de dichas empresas con Renfe, Adif o el Ministerio de Fomento para conocer qué se les pedía, así como la identidad de quien firmó el contrato de que se trate por parte de la Administración.
  • En el caso de INECO, que en teoría es un evaluador independiente, exactamente lo mismo.
  • En el caso de personas que, en el momento en que se produjo el accidente, prestaban sus servicios en Renfe, Adif o el Ministerio de Fomento en algún Departamento que tenga que ver con el suceso, lo único que interesa políticamente es por una parte sus funciones concretas y por otra, muy especialmente, la cadena de mando y seguir dicha cadena hasta llegar al máximo responsable.
  • También sería interesante conocer qué personas han sido “nombradas” y por quién.

 

No sé quiénes asesoran a los diputados respecto a la selección de los comparecientes, puesto que deduzco que les será imposible haberse leído los 78 tomos de la causa, de donde se pueden deducir los comparecientes de interés en el plano puramente político. Sin embargo considero que, de lo visto hasta ahora, sobran algunas comparecencias y faltan otras y echo de menos algunas preguntas destinadas directamente a averiguar las responsabilidades políticas. Llevar a comparecientes no responsables políticamente o hacer preguntas que no vayan destinadas a la asunción de responsabilidades en toda la cadena de mando es desvirtuar la Comisión de Investigación.

Considero que, si se sigue por ese camino, al final el objeto de la Comisión va a quedarse en concluir si se cumple o no la legislación vigente y eso le corresponde exclusivamente al Juez y no a una Comisión Parlamentaria.

Como ya dije antes, la exigencia de responsabilidades políticas es lo que mide la calidad de una democracia y así lo vemos en el funcionamiento de la mayoría de los países de nuestro entorno. Por ello, cuando sucedió el accidente, yo solicité públicamente la dimisión o el cese de los Presidentes de Renfe y Adif, responsables máximos de las organizaciones que intervienen en la operación de la línea y del tren, al margen de su posible responsabilidad penal. Hoy ninguno de ellos ocupa ese cargo, pero desgraciadamente por circunstancias ajenas al accidente y no por una conducta políticamente sancionable.

 

 

 

 

[1] Horizontal Accountability: Concepts and Conflicts,  en “Democratic Accountability in Latin America”, Oxford University Press, 2003

[2] Sir Ivor Jennings, Parliament, Cambridge University Press, Londres, 1970


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LA VIOLENCIA MACHISTA Y LOS PERITOS FORENSES

Los últimos casos de mujeres y menores asesinados y con denuncias de maltrato revelan que algo no funciona en la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género.

Cuando una mujer o un menor son asesinados, las instituciones se lamentan e inmediatamente convocan un minuto de silencio. Eso está muy bien, siempre que la cosa no quede solamente ahí. Pero desgraciadamente ahí queda y no se toma ninguna medida que pueda prevenir posteriores asesinatos.

Y lo más trágico es que existen herramientas para tomar medidas eficaces.

La primera de ellas es valorar la peligrosidad del supuesto maltratador. ¿Y cómo se hace esto en la actualidad? Pues mediante un cuestionario que un policía de turno, que no es un profesional en la materia, rellena mediante un programa informático con los datos que le proporciona la víctima. Nada más. Lo que es totalmente insuficiente y, en muchas ocasiones, erróneo.

Para realizar esta tarea existen forenses médicos, psicólogos y trabajadores sociales, especializados en violencia machista, cuya función es auxiliar a los jueces a tomar decisiones respecto las medidas cautelares que protejan a las mujeres y a los menores desde el momento de la denuncia.

 

Sin embargo, la situación real de dichos trabajadores, que somos profesionales con una superespecialización (somos doctores o licenciados y, además, forenses) deja mucho que desear. Por referirme solamente a la Comunidad de Madrid, que es donde ejerzo mi actividad, puedo constatar que los equipos de valoración forense (llamados psicosociales) somos sistemáticamente ninguneados por la Comunidad de Madrid, que no tiene en cuenta nuestras reivindicaciones profesionales para ejercer debidamente nuestro trabajo. Estas reivindicaciones consisten, entre otras, en: disponer de las herramientas adecuadas para la evaluación de las y los peritadas/os, que son insuficientes y llegan tarde y a cuenta gotas, teniéndonos que valer de fotocopias para poder disponer mínimamente de algunas; tener una contraprestación económica adecuada a nuestra responsabilidad y una seguridad en el empleo para todos los trabajadores; tener un complemento económico similar al complemento de destino que tienen los funcionarios; en caso de tener que realizar guardias, como así parece que va a ser, que no sean como las está planteando la Comunidad de Madrid (guardias de 12 horas con una contraprestación económica de 103 euros brutos y sin libranza, lo que está prohibido por las normas de la Unión Europea).

Otras “lindezas”, que hemos tenido que soportar en el traslado que se está realizando en el momento actual, es que la empresa adjudicataria de mudanzas (ORDAX), en un escrito sin firmar por nadie,  nos pide, lo mismo que al resto de los funcionarios, que embalemos y desembalemos la documentación y otros enseres, cuando en el Pliego de Condiciones de la contratación con dicha empresa dice claramente, como no podía ser de otra manera, que ese trabajo le corresponde al adjudicatario.

La última noticia que tenemos es que, en la nueva Sede de la calle Albarracín 31, no habrá plazas de parking salvo para unos pocos, lo que significa que o bien el que no tenga más remedio, habrá de alquilar una plaza de parking a costa de la reducción de su salario o bien, en el caso de las guardias, supondrá llegar a casa en muchos casos a las 23:00 horas, incumpliendo entre otras cosas la tan cacareada “conciliación” de la vida personal y laboral.

Con este maltrato al que nos somete la Comunidad de Madrid a los trabajadores de los equipos forenses, que somos un pilar fundamental para prevenir la violencia machista, parece estar claro por los hechos que nada o muy poco les importamos a la Comunidad de Madrid. Y si no les importamos los trabajadores indica que muy poco les importan las víctimas de la violencia machista, que son las destinatarias de nuestro trabajo.

No me sirve que la Comunidad de Madrid pueda alegar falta de presupuesto porque esta Comunidad tiene una desgraciada historia de corrupción, por cuya alcantarilla se han ido cientos de miles de euros, que hubieran sido necesarios para la atención a las mujeres víctimas de la violencia machista. Además, no cesa de crear nuevas Direcciones Generales, como la D.G. de Infraestructuras Judiciales, creada en el pasado mes de mayo, y que imagino supone un coste importante en recursos humanos y materiales.

Si las administraciones, en este caso la Comunidad de Madrid, quiere luchar de verdad contra la lacra de la violencia de género ha de empezar por respetar y valorar a los profesionales que trabajamos en ello, lo mismo que respetan y valoran a sus Diputados y altos cargos, que tienen muy buenas condiciones de trabajo y muy buen salario, sin que para éstos exista ningún problema presupuestario.

 

 


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NO TODAS LAS VÍCTIMAS SOMOS IGUALES

Vaya por delante mi solidaridad y mi respeto a las víctimas de los atentados de Barcelona del 17 de agosto de 2017. Como no podía ser de otra manera, tienen todo mi apoyo y mi cariño.

Pero, una vez dicho esto y vistos los actos conmemorativos y su reflejo en los medios de comunicación, no puedo por menos que recordar a las víctimas de otras tragedias no provocadas por ningún desastre natural o por ninguna causa imprevista sino por negligencias de personas responsables. Así podemos citar los desastres del Yack 42, de Spanair, del metro de Valencia y del tren de Santiago de Compostela. Todas ellas han sido tragedias colectivas, todas ellas han causado muertos y heridos, todas ellas han dado lugar a un procedimiento judicial, lo que implica posibles responsabilidades penales, y todas ellas han causado un dolor irreparable en las propias víctimas y en sus familiares. Por poner un ejemplo numérico respecto a los fallecidos: 74 muertos en el Yack 42; 43 muertos en el metro de Valencia; 153 muertos en Spanair y 81 muertos en Santiago de Compostela. Total 351 víctimas mortales más un gran número de heridos.

Sin embargo, todas estas víctimas, entre las que me encuentro, somos víctimas de segunda categoría, con un reconocimiento infinitamente menor que las víctimas del terrorismo.

Se me puede argumentar que, en el caso del terrorismo, es un crimen cometido con intención de matar y en los otros casos no existe dicha intención. Sin embargo, esta argumentación, aunque aparentemente real, no es del todo cierta. En el caso de un atentado terrorista, existe una intención de matar de forma directa. En el caso de estas otras catástrofes que acabo de citar existen diversas intenciones espurias que traen como consecuencia la muerte de muchas personas que han sido engañadas porque no conocen el riesgo a que son sometidas. Entre estas intenciones espurias se podrían citar: ahorro o necesidad de compensar pérdidas, desvío de dinero público, razones políticas, nombramiento o designación de personas incompetentes o cualquier otra que suponga por parte de los responsables un engaño o una negligencia más o menos grave.

Por ello sería más preciso hablar de intención directa y de intención indirecta. En la primera, la causa generalmente es un fanatismo irracional y violento que lleva, incluso, a inmolarse a aquellos que lo cometen. En la segunda, existen intereses prioritarios de determinados poderes que, para conseguirlos, no dudan en poner en riesgo la vida de las personas, aunque siempre confiando en que no ocurra nada. La primera es brutal, la segunda es cínica, aunque ambas sean inmorales.

Pero las víctimas, en uno y otro caso, somos solo eso: víctimas. Víctimas inocentes que paseaban tranquilamente, que cenaban en un restaurante o que acudían a una discoteca. Víctimas que cumplían sus obligaciones profesionales, que tomaban un metro, que cogían un avión o que nos subíamos a un tren. Todas ellas confiadas, todas ellas inocentes.

¿Cuál es la diferencia entre unas y otras víctimas? Una sola: las primeras son víctimas de un enemigo marginal, que no forma parte de nuestra sociedad, mientras que las segundas somos víctimas del Poder, del poder político, del poder económico, del poder institucional.

Sin embargo, el sufrimiento de las víctimas es el mismo en uno y otro caso: el sufrimiento por la pérdida, el sufrimiento por las secuelas y, lo que es más importante, el sufrimiento por la rabia y la impotencia de saber que no es un hecho casual sino que hay unos culpables. Pero mientras las víctimas del terrorismo cuentan con el apoyo total de las instituciones, las “otras víctimas” hemos de luchar contra las propias instituciones, contra el Poder, que esconde, silencia, manipula y tergiversa la información.

Los diferentes Gobiernos se han esforzado por luchar contra el terrorismo, poniendo todas las herramientas del Estado para ello;  por el contrario, no han tomado medida alguna que evite este otro tipo de víctimas, aunque debería de ser más fácil, ya que se trata de luchar contra las fisuras del Sistema, poniendo por delante los intereses de los ciudadanos. Tan pocas medidas se han tomado que en el 2003 se produjo la catástrofe del Yack 42,  en el 2006 la del Metro de Valencia, en el 2008 la de Spanair y en el 2013 la del tren de Santiago. No se aprendió o no se quiso aprender nada.

En el primer aniversario de los atentados de Barcelona se ha elogiado la ausencia de utilización partidista y la solidaridad sincera con las víctimas. Sin embargo y refiriéndome específicamente a la tragedia del tren de Santiago, las hemerotecas son testigos de la parafernalia con la que Núñez Feijoo utilizó a las víctimas para su autobombo; y también observamos con amargura como el ex presidente del Gobierno, Sr. Rajoy, en un comunicado oficial, confundió la tragedia de Santiago con el terremoto ocurrido en Gansu, China, lo que indicó la importancia que él mismo y su Gobierno concedieron al trágico accidente.

Todas víctimas, si. Pero no todas consideradas de la misma manera por parte de las instituciones. Las de primera son aquellas que no ponen en riesgo el Sistema, mientras que las segundas destapamos la cara más fea de éste. Por eso no todas las víctimas somos iguales.

 

 


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DEFENDER UNA CAUSA JUSTA NO CONVIERTE A UNO EN JUSTO

Según el diccionario de la RAE, “justicia es el principio moral  que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece”.

Siguiendo este principio, todos los líderes políticos y de organizaciones sociales han de ser justos y han de defender causas justas, reconocidas por aquellos a los que representan.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el ser humano es un ser complejo, el defender una causa objetivamente justa no significa que la conducta del líder que la defiende sea siempre justa. Tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia: líderes que han luchado por algo justo y que han sido notablemente injustos con personas cercanas que la mayoría de las veces les han ayudado en la consecución de dicha causa.

La reflexión sería ¿por qué ocurre esto? La mayoría de las veces se debe a dos factores que contribuyen de manera decisiva a dicha conducta: por una lado, un exceso de autoritarismo, por el que el líder aleja de su entorno a toda persona que tiene criterios propios y no sigue ciegamente sus indicaciones o consignas; por otro, una gran dosis de vanidad y de soberbia, percibiéndose a sí mismo como el líder carismático, sin el cual los representados no podrían conseguir su objetivo. Estos dos factores conducen a la tiranía y a valerse de cualquier método para “eliminar” a los que considera erróneamente sus “competidores”.

Hay que tener buenas dosis de equilibrio personal y un sentido filosófico de la caducidad de las cosas para sustraerse a las alabanzas de aquellos a los que el líder representa; cuando a uno le alaban, es difícil no caer en la tentación de creerse imprescindible e insustituible, aunque de cara al exterior se diga lo contrario. Cierta notoriedad, cierta presencia en los medios de comunicación… todo ello va “engrosando” el ego personal, que es una forma de “premio” ante la defensa de esa causa justa.

No podemos evitar referirnos a los clásicos cuando reflexionamos sobre algún tema. En este caso, podemos citar a Cicerón que dijo: “nada hay más injusto que buscar premio en la justicia”; porque actuar de una manera justa o luchar por una causa justa no debería significar en ningún caso perseguir una satisfacción personal a modo de alabanza o de reconocimiento excesivo, aunque ello pueda resultar muy halagador o motivante para el que lo recibe; y mucho menos ignorar la participación de las personas que han ayudado al líder a conseguir sus objetivos, cuando no apartarlas y despreciarlas para que queden en el ostracismo, reservándose todos los laureles y glorias para él solo. Esa es una actitud que, además de injusta, es estúpida por prescindir de colaboradores aptos, además de denotar un bajísimo aprecio por sí mismo.

En “Macbeth”, una joya como todas las de Shakespeare, éste se deja poseer por el mal que nace del ansia de poder creyéndose invencible y por lo que está dispuesto a todo: “Adelante y engañemos a todos fingiendo la inocencia: que esconda el rostro hipócrita lo que conoce el falso corazón”.

Aunque indudablemente los personajes del genio son ficticios, representan las grandes pasiones que acechan y embargan al ser humano y que, como decíamos al principio, pueden convertir a alguien en injusto aunque luche por una causa justa, si alguna de esas pasiones domina sus actuaciones en esa lucha.

Y para terminar siguiendo con “Macbeth”, cuando tengamos la más mínima tentación de caer en la vanidad o en la soberbia, despreciando a personas próximas que luchan por lo mismo, sería bueno que recordáramos esta frase dicha por el propio Macbeth en el Acto V, escena 5: “La vida es una sombra tan solo, que transcurre; un pobre actor que, orgulloso, consume su tramo desde el escenario para jamás volver a ser oído: Es una historia contada por un necio, llena de ruido y furia, que nada significa”.

Si alguien se siente aludido, que saque consecuencias.

 

 

 


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BORRÓN Y CUENTA NUEVA

Esta mañana escuchábamos a Pablo Casado en una entrevista para la Cadena SER decir, en referencia a la Memoria Histórica, que la dictadura franquista y todas sus lamentables consecuencias se acabaron con la Transición que, según él, fue un modelo para el mundo.

No sé si es que el Sr. Casado, por no haberse ilustrado con la lectura de historiadores de relevancia internacional, alguno de los cuales incluso podría pertenecer a su ámbito ideológico, desconoce qué fue lo que ocurrió en este país en la llamada “transición”. Por eso quizá conviene refrescarle la memoria.

La transición, Sr. Casado, fue un “enjuague” entre diferentes núcleos de poder de distinto signo que acordaron, una vez muerto el dictador, participar en una parte del “pastel” del gobierno de la nación, para lo que algunos -no todos- renunciaron a su ideología. Es a lo que eufemísticamente se le ha llamado “consenso”.

Ese llamado consenso consistió en que siguieron gobernando los mismos que lo habían hecho hasta entonces, aunque a partir de ese momento sin Franco, defendiendo los privilegios de los mismos y la sumisión manipulada del resto de la población.

Los perdedores, llamados también la “izquierda”, representados esencialmente por el Partido Socialista y el Partido Comunista, aceptaron de buen grado el papel de comparsa en ese teatrillo que se montó en torno a la construcción de un país supuestamente democrático.

Le voy a dar algunos ejemplos objetivos de leyes trascendentales que se aprobaron en aquel momento histórico con el acuerdo de todos: la Ley de Amnistía, publicada en el BOE el 17 de octubre de 1977 y que actualmente sigue en vigor, fue aprobada por UCD, PSOE, PCE y nacionalistas vascos y catalanes. Dicha ley, entre otras cosas, perdonaba “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. Aunque parezca increíble, eso fue lo que aceptaron los que, en aquel momento, eran llamados “padres de la patria”. Esta ley, como se ha visto recientemente en la impunidad manifiesta de algunos torturadores y criminales, acabó con los crímenes del franquismo. El dictador se murió en su cama, con todas las atenciones médicas posibles en aquel momento y todos sus secuaces quedaron libres de toda culpa.

Debo recordarle, Sr. Casado, que esta ley, impensable en cualquier país democrático de nuestro entorno, ha sido duramente criticada por las Naciones Unidas ya que España, antes de la aprobación de dicha ley, había suscrito el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que obligaba a castigar la violación de los derechos humanos.

Otro de los acuerdos a los que se llegó en aquel momento fue cumplir los deseos del dictador respecto a la monarquía. Si, lo ha oído bien, Sr. Casado, cumplir los deseos del dictador. No podemos olvidar que en 1947, 11 años después de acabar la guerra civil, Franco aprobó una de las ocho leyes fundamentales del régimen, que era la Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado, de acuerdo a la cual España se convierte en un reino, pero sin rey, ya que el dictador tenía claro que él sería el Jefe del Estado hasta su fallecimiento. En 1978, con el tan aplaudido “consenso”, se cumpliría unas de las voluntades más firmes de Franco.

La monarquía pasó a ser, en la Constitución de 1978, uno de los títulos absolutamente blindados, de manera que ya se ocuparon los que “consensuaron” para que fuera algo prácticamente inamovible.

Llegó el gobierno de UCD y, en un momento en el que la monarquía no gozaba de mucha popularidad, tiene lugar el 23F, cuya autoría nunca fue desvelada oficialmente, pero del cual se han escrito todo tipo de hipótesis, algunas muy documentadas fuera de España, porque aquí siguen clasificados los documentos.

Es en ese momento cuando Juan Carlos I, ese del que ahora sabemos que tiene una fortuna en Suiza, hace negocios con dictaduras (él aprendió mucho con Franco) y tiene testaferras, a las que utiliza haciendo parecer que son amantes, alcanza cierta popularidad, como el “salvador de la patria”, cosa que también decían de Franco.

Y así, con una Constitución sin proceso constituyente votado por los ciudadanos, con un Jefe del Estado y su heredero no votados por nadie y con unos “consensos” que para lo único que sirvieron fueron para amnistiar criminales y para mantener los privilegios de los mismos que los tuvieron desde que se instauró el franquismo, llegamos al día de hoy, sin haber cortado nunca jamás con la cruel dictadura.

Las víctimas, Sr. Casado, no pueden consensuar eso, las víctimas quieren reparación, las víctimas quieren un corte radical con esta realidad, que es solamente una continuidad de la situación anterior. Y los que no fuimos víctimas apoyamos esas reclamaciones por un mínimo sentido de la ética y de la decencia.

Ni en Alemania se permitió que hubiera consenso con el régimen nazi, ni en Italia se permitió que hubiera consenso con el régimen fascista, ni en Rusia se permitió que hubiera consenso con el régimen estalinista y en Argentina se derogó la Ley de Punto Final y Obediencia Debida. Esa es la Historia.

No es ético ni siquiera práctico hablar de borrón y cuenta nueva, Sr. Casado, porque la Historia no se puede emborronar, hay hechos, datos, testigos y analistas que lo verifican. Y tampoco podemos hablar de cuenta nueva mientras no se haya saldado la vieja, porque la memoria, la memoria individual y colectiva no se puede borrar.