EL BLOG DE TERESA GÓMEZ-LIMÓN


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CUANDO UN REPRESENTANTE DE LA IGLESIA CATÓLICA SE CONVIERTE EN UN IMAN

He leído con verdadero estupor e indignación las declaraciones de Santiago Martín, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de Cuatro Caminos (Madrid), corresponsabilizando de la matanza de los terroristas de Barcelona a Ada Colau, por no poner bolardos y maceteros en las Ramblas. Es más, no conformándose con eso, se ha atrevido a decir, que “los abogados de las víctimas lo recordarán” y que “si yo fuera abogado de las víctimas estaría ya planteando una denuncia contra el Ayuntamiento de Barcelona por cooperación”.

Pero, además de esta barbaridad que, al margen de ser incierta, le lleva a meterse en un terreno jurídico y político que no le corresponde como religioso, ha dicho otras muchas barbaridades: ha criticado los minutos de silencio como agnósticos, cargándose de un plumazo la libertad de pensamiento; ha dicho que en la Plaza Mayor y en la Puerta del Sol pueden pasar los coches con total normalidad, demostrando una ignorancia supina, pues aún no se ha entrado que, desde hace mucho tiempo, los coches no pueden circular por esas zonas.

También en su soflama más propia de un régimen nazi que de un cura católico del siglo XXI ha dicho que “hay que tomar medidas disuasorias” y que los “comunistas” no quieren tomarlas. Lo que ocurre es que para este ciudadano, tan corto de miras, parece ser que las medidas disuasorias son solamente poner bolardos y maceteros. ¡Qué fácil se lo pone a los terroristas! No sé si recordará que en el 11S, el mayor atentado yihadista de la historia del terrorismo, se emplearon aviones, que en el 11M de Madrid se emplearon bombas, así como en tantos otros. Desde luego y desgraciadamente podemos asegurar que con macetas no se acaba el terrorismo.

Y es significativo que este ciudadano no haga la más mínima mención a la financiación que hace Arabia Saudí, Quatar y otros países del Golfo a los terroristas y que el think thank, es decir la inteligencia del wahabismo, los más radicales del islamismo, se encuentra en las universidades de Arabia Saudí. Tampoco debe saber que el antiguo rey, Juan Carlos I, llamaba al rey de Arabia Saudí y al rey de Marruecos “mi hermano”, que la reina Doña Sofía, se ponía el velo en España cuando estos individuos venían a España, como si fuera una musulmana más y que Bin Laden, uno de los terroristas más sangrientos, se formó y pertenecía a unas de las familias más influyentes de Arabia Saudí. ¿Por qué no le cuenta eso también a sus fieles? Porque contar lo que nos conviene de la historia es mentir y es mentir miserablemente, aprovechando es dolor de las víctimas y del resto de los ciudadanos.

Además, este ciudadano, aprovechando el eco que le da su tribuna y su cierto poder como representante de la iglesia católica, anima a los fieles a la “sublevación” contra el ayuntamiento de  Barcelona, regido -según él- por hordas de comunistas, lo cual desde el púlpito no se diferencia en nada a lo que hacen algunos imanes convocando a la “guerra santa”.

A lo largo de su soflama ha citado en diversas ocasiones la palabra comunista como si fuera el demonio con cuernos. Tendría que recordar lo que hace poco dijo el Papa Francisco:  “son los comunistas los que piensan como los cristianos”, lo que viniendo de donde viene al menos le debería hacer reflexionar.

Y lo mismo que al imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, le deberían expulsar por adoctrinar a terroristas, al cura Martín le deberían expulsar de la iglesia católica por manipular, mentir y evidentemente ponerse en un “bando” político, lo que nos recuerda hechos pasados que preferiríamos olvidar.

 

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LOS CAMBIOS DE OPERADORES JUDICIALES EN EL CASO ALVIA: CASUALIDAD O CAUSALIDAD

Desde que tuvo lugar el accidente del tren de Santiago de Compostela, el 24 de julio de 2013, se ha cambiado de Juez y de Fiscal. Esto podría ser algo normal dentro de la movilidad de los operadores judiciales, si no fuera porque en la catástrofe del tren de Alta Velocidad Alvia, que tuvo como consecuencia 81 fallecidos y 144 lesionados, existen desde el principio demasiados “indicios” conducentes a que se trata de tapar la verdad  de las causas que la produjeron.

Dicen los medios de comunicación que va a asumir la fiscalía dejada por Antonio Roma, que se marcha para ocupar un puesto de gran relevancia internacional, “un equipo de fiscales bajo la dirección del fiscal jefe”. No sabemos todavía cuántas personas componen ese equipo de fiscales, quiénes son y tampoco sabemos quién es el fiscal-jefe inmediato superior. Lo que sí sabemos es que la causa lleva una instrucción de casi 4 años, que consta de 71 tomos y 35.000 páginas y que todo ello va a suponer, como mínimo, un notable retraso en la investigación, en un momento en que parecía estar tomando cuerpo.

También sabemos que es el Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno, D. José Manuel Maza, la máxima autoridad de la Fiscalía, quien da las órdenes últimas en los casos en los que se puedan ver implicados miembros del propio Gobierno o de empresas públicas, como es este caso. Y que el Sr. Maza, para dar dichas órdenes solo tiene que ampararse en el principio constitucional de la “jerarquía”. Respecto a este Sr., hemos visto cómo ha tenido que ir por dos veces al Congreso de los Diputados para dar explicaciones por las conductas un tanto polémicas del fiscal-jefe anticorrupción, las filtraciones y un largo etcétera de anomalías.

Por eso, las víctimas nos preguntamos: ¿dará el Sr. Maza órdenes a este “equipo” sobre cómo conducir la investigación? ¿Se producirá en Galicia algo parecido a lo que está ocurriendo en Madrid con el Sr. Moix o a lo que ha ocurrido recientemente en Murcia?. No lo sabemos, pero tenemos muchas dudas al respecto.

Es realmente inquietante que la marcha del Juez Aláez se produjera justamente cuando imputó por dos veces a altos cargos de Adif y que la marcha del Fiscal Antonio Roma se produzca inmediatamente después de que éste no haya recurrido la imputación (investigación) del Sr. Cortabitarte, dictada por el Juez Lago y basada en criterios tanto periciales como de la Agencia Ferroviaria Europea. Parece que, esta vez, a la vista de la investigación de los hechos, el Fiscal Roma estaba de acuerdo con la imputación (investigación) del Director General de Seguridad de Adif.

Realmente, si no fuera por la tragedia que supone la muerte de 81 personas y las lesiones de otras 144, esto podría analizarse como una novela, en la que aparecen de pronto “giros” inesperados para mantener la atención del lector.

Lo grave es que esto no es una novela, sino un hecho real en el que sabemos, porque lo han dicho todos los expertos, que hubo negligencias inaceptables, dejación de funciones, intereses políticos por encima de la seguridad de los viajeros y un montón de conductas que están tipificadas en el Código Penal.

Las víctimas sospechamos que lo que se está pretendiendo en el caso del tren de Santiago es, de una lado, retrasar la instrucción y todo el procedimiento judicial, de tal manera que, dentro de 14 años, ya nadie recuerde el suceso. Por otro lado, en función de los hechos que están ocurriendo con la Fiscalía y que todo el país conoce, a lo mejor lo que pretenden también es “afinar desde la fiscalía la causa”, como dijo en su día el ex ministro Fernández Díaz.

Sean cuales sean las auténticas causas de los cambios de juez y fiscal en el caso del tren de Santiago, en momentos cruciales de la investigación, todo nos lleva a pensar que no estamos hablando de casualidades sino de causalidades en los cambios producidos. Y la confianza de las víctimas en las instituciones del Estado es inexistente. Esto es un asunto muy grave, pero son ustedes, los gobernantes de este país, los que se han de preguntar el porqué.


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RAFAEL CATALÁ, IGNACIO GONZÁLEZ Y LA MANIPULACIÓN DE LA JUSTICIA

Cuando las Victimas de la catástrofe del tren de Santiago hemos visto, oído y leído las conversaciones telefónicas privadas entre Ignacio González y Eduardo Zaplana, en las que aparecen referencias a los jueces y, ¡cómo no!, al ínclito Rafael Catalá, actual Ministro de Justicia, hemos podido corroborar lo que ya tenía todo el aspecto de ser una corrupción más: el cambio de destino del juez Aláez, sin hacer caso de su propia petición y la de las víctimas de acabar, antes de ocupar el nuevo puesto, la instrucción de este caso. La razón era muy simple y comprensible: es una instrucción compleja (actualmente ocupa más de 71 tomos) que un nuevo juez debería comenzar desde cero y eso produce muchos retrasos, lo que es un drama para las víctimas pero un beneficio para el Gobierno, que pretendía que el tema se fuera diluyendo en la memoria de los ciudadanos e, incluso, de las propias víctimas, lo que para su desgracia no han conseguido. También había otra razón: el juez Aláez había imputado primero a 22 altos cargos de ADIF y, posteriormente, a 11 altos cargos de ADIF, imputaciones que fueron desestimadas por la Audiencia Provincial de La Coruña.

Ahora ya lo entendemos todo con claridad: “tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia y…a un juez que está provisional…..¿Cuál es la plaza que le toca? ¿Onteniente? A tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coño” Y sigue diciendo: “yo no me corto en decirle a Rafa (Catalá): <<Oye Rafa>>, ¿sabes? El aparato del Estado y los medios de comunicación …..o los tienes controlados o estás muerto”.

Al margen del bochornoso lenguaje de estos individuos, propio de la mafia más rastrera y barriobajera, porque ni siquiera lo mucho que roban les sirve para “pulirse” un poco, está claro el “modus operandi” en relación con la Justicia: utilizar todos los subterfugios para quitar al que les estorba y presionar y acosar al que no pueden quitar.

El problema con el que no cuentan estos personajes mafiosos, amparados y “premiados” nada más y nada menos que por todo un Gobierno -esa es, desgraciadamente la “marca España- es que no todo el mundo se deja manipular: el juez Aláez fue un ejemplo de buen hacer y el juez Lago Louro, actual instructor, aunque más despacio, está investigando por conocer la verdad y por hacer Justicia. No pueden imaginar los jueces en general y éstos en particular, lo que los ciudadanos y las víctimas agradecemos esa conducta. Contrariamente a lo que hacen los mafiosos, las víctimas no buscamos ningún beneficio personal de carácter económico, solo queremos Verdad y Justicia para poder descansar tranquilos. Es nuestro derecho.

Respecto al Ministro de Justicia, Rafael Catalá -llamado coloquialmente “Rafa”- lo único decente que podría hacer él, si tuviera la más mínima dignidad, es dimitir, pero como no la tiene, el Gobierno tendría que cesarle. Es absolutamente vergonzoso tener un Ministro de Justicia de esa catadura moral. No nos olvidemos del caso de los fiscales de Murcia, del cese de la anterior Fiscal General del Estado, del nombramiento del actual Fiscal General del Estado y de los fiscales subsiguientes, como Manuel Moix, y la cita del “ojalá se cierren pronto los líos” dicha a un imputado.

Todos los corruptos han de irse y estar fuera de las instituciones, pero los primeros que deben hacerlo son aquellos que tienen que ver con la Justicia, porque de lo contrario empezaremos a creer con razón que el Estado de Derecho no existe en nuestro país y estamos gobernados por una organización criminal.

 


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CARTA ABIERTA AL MINISTRO DE FOMENTO ÍÑIGO DE LA SERNA

Sr. Ministro,

Supongo que sigue usted con interés las noticias que aparecen sobre la catástrofe del tren de Santiago, ocurrido el 24 de julio de 2013 y que dejó 81 fallecidos y 144 lesionados.

Pero, por si acaso no ha estado al tanto, ya que últimamente tiene usted mucha “tarea” con el sistema ferroviario español (un tren se le incendia, teniendo que ser evacuados todos sus pasajeros; se estropea el sistema eléctrico del AVE de Andalucía….), le voy a contar algunas novedades que sin duda van a ser de su interés.

Cuando usted se dignó recibir a una representación de las víctimas el 29 de diciembre de 2016 y en aquella reunión le pedimos que cumpliera los compromisos que había adquirido siendo Alcalde de Santander de que se constituyera una Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) independiente, cumpliendo así con el mandato de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA, por sus siglas en inglés), usted, de forma muy displicente y despreciativa, dijo que la ERA no tenía competencias en España. Eso es una verdad a medias, puesto que la ERA, que como debería saber es el think tank (comité de expertos) de la Unión Europea en materia ferroviaria, es la que asesora a los eurodiputados y a la Comisión para la elaboración de la normativa en esta materia y, además, a partir del 2019 sus competencias van a ser mayores. Pero es cierto que no tiene competencias directas sobre usted y su Gobierno.

En aquella lamentable reunión usted apeló a los consejos de la Abogacía del Estado, es decir “sus abogados” y naturalmente “los abogados de ADIF y RENFE Operadora”, que son el Ministerio de Fomento. Naturalmente “sus abogados” -por cierto pagados por todos los ciudadanos- le aconsejaron bien, porque hacer una CIAF independiente supondría que saldrían a la luz datos que ni a usted ni a su gobierno ni al gobierno anterior le interesa que salgan. Esa es la verdad.

Cada una de las veces que ha tenido que salir a la palestra en relación con esta catástrofe ferroviaria, la más grave en la historia de la democracia, usted, sus antecesores y su gobierno han dicho la frase mágica: “dejemos que actúe la justicia”, como si la política no tuviera nada que ver en esto. Es lo que vulgarmente se llama “echar balones fuera”. Pues bien, la Justicia se ha pronunciado precisamente en ese tema y la Audiencia Provincial de La Coruña, en los autos de 26/05/16 y de 31/03/17 de 2017 ha dicho lo siguiente respecto a la CIAF: …”ciertamente, dado el origen de sus componentes, no puede ser tenido [se refiere al informe de la CIAF] como una evaluación de agentes independientes, lo que ocurre es que ese documento no forma parte de las pruebas documentales en el proceso penal, con lo cual la Audiencia, a mi manera de ver correctamente, se inhibe del tema político.

Respecto al nombramiento del nuevo Presidente de la CIAF, D. Fernando Montes Ponce de León, lo primero que quiero destacar es que ha sido vetado en la Comisión de Fomento del Congreso por muchos diputados, aunque naturalmente ha contado -como no podía ser de otra manera- con el voto favorable del PP y la abstención del PSOE, ambos partidos implicados en el caso Alvia. Respecto al nuevo presidente, Sr. Montes, he de puntualizar algunos extremos que considero del máximo interés:

  1. El Sr. Montes ha sido propuesto por el Ministro de Fomento, lo cual, como muy bien dice la Sala de la Audiencia el origende su propuesta, ya no puede considerarse independiente.
  2. El Sr. Montes dijo en sede parlamentaria que el informe de la CIAF sobre la catástrofe del Alvia  “se hizo con completa independencia y por gente profesional” . Es lógico que este señor diga eso, puesto que él mismo ha formado parte de la Comisión. ¡¡Faltaría más!!.
  3. Pero, además, o la ignorancia o la “obediencia debida” a quien le propone y le nombra, deben obnubilar los conocimientos de este señor porque dice algo a todas luces falso y es “hay 300 puntos similares a los de la curva de Angrois”. El Sr. Montes, a estas alturas de la investigación debería saber, como han dicho casi todos los peritos, que una curva de esta envergadura, en una línea de Alta Velocidad, en donde se tenga que pasar de 220 km/h a 80 km/h, sin mediar ninguna señalización lateral de velocidad es ÚNICA en la red ferroviaria española.
  4. Por último, también queremos destacar que el Sr. Montes trabajo, entre otros, para la empresa Dimetronic, una de las adjudicatarias del proyecto Orense-Santiago.

Sr. Ministro, las víctimas no pedimos que se “reabra” ninguna Comisión de Investigación de Accidentes ferroviarios, porque no estamos en un procedimiento judicial. Lo que hay que hacer es una Comisión nueva, que sea independiente y cumpla la Directiva Europea 49/2004, cosa que no se ha hecho, tal y como afirman la Comisión y el Parlamento Europeo y, ahora, hasta la Audiencia Provincial de La Coruña.

Por último, no olvide, Sr. Ministro, la palabras del poeta inglés Alexander Pope (1688-1744): El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar veinte más para sostener la certeza de esta primera”.


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OTRO ACCIDENTE DEL ALVIA S730

Otro  tren Alvia S730 (FRANKENSTEIN), semejante al que sufrió el accidente de Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013, ha vuelto a sufrir un accidente, en este caso, afortunadamente sin víctimas. El accidente, ocurrido el 6 de abril de 2017 a las 18:00 h.,  ha sido provocado porque uno de los dos Coches Extremos Técnicos, que van cargados con un gran depósito de diesel para poder circular por líneas no electrificadas, se incendió (lo mismo que ocurrió también en el accidente de Santiago), teniendo que ser evacuados urgentemente todos los pasajeros que fueron llevados en autobús a su lugar de destino.

Como ya dijo la Agencia Ferroviaria Europea, en su informe de 26 de enero de 2016, era y es preciso hacer un análisis de riesgos de dicho material rodante, que es un nuevo tren hecho “a trozos” sin ninguna integración entre sí y sin que nadie, hasta el momento, tal como dice la normativa, haya hecho la citada evaluación de riesgos de este siniestro tren.

El tren Alvia S730 es- según palabras del ex ministro de Fomento, José Blanco- “único en el mundo”, lo cual es totalmente cierto, ya que se trata de una chapuza de tal naturaleza que hasta la empresa fabricante, Talgo, lo tiene descatalogado y no lo vende en ningún país del mundo, mientras que en España siguen funcionando en nuestras líneas ferroviarias poniendo en peligro la seguridad y la vida de los ocupantes del mismo.

Nos gustaría saber qué va a hacer ahora el Ministerio de Fomento. ¿Va a constituir una nueva Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios tan “independiente” como la anterior?; ¿le va a echar la culpa también al maquinista o a un pirómano que pasaba por allí?; ¿le va a contar lo sucedido a la Agencia Ferroviaria Europea para que vea lo estupendo que es el sistema ferroviario español?. Seguramente lo que va a hacer RENFE y el Ministerio de Fomento, que son la misma cosa, es como siempre hace, SILENCIAR lo acontecido y echar balones fuera.

Pero lo cierto y verdad es que los ciudadanos españoles no podemos seguir montándonos en trenes, que son un verdadero “monstruo tecnológico”, cuyos riesgos no han sido evaluados, que incumplen la normativa más elemental de seguridad y que ponen en peligro la vida de los usuarios y de los trabajadores.

 


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LA INJUSTA SENTENCIA DE CASANDRA, LA AUSENCIA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LOS DATOS FALSOS

Todo el mundo -y cuando digo “mundo” lo digo en sentido literal, ya que este caso ha traspasado nuestras fronteras- está de acuerdo en lo injusto, desfasado en el tiempo y contra uno de los derechos fundamentales (la libertad de expresión) de la Sentencia contra Cassandra. La gente civilizada, que respetamos los Derechos Humanos Fundamentales, estamos de acuerdo en ello.

Sin embargo me ha llamado la atención que nadie, absolutamente nadie, al referirse al supuesto “enaltecimiento del terrorismo” al que se refiere la Sentencia de la Audiencia Nacional hable, no del terrorismo de ETA, sino del terrorismo de la CIA, con Henry Kissinger a la cabeza (por cierto actualmente este “señor” se encuentra en busca y captura internacional por delitos de genocidio). Algunos, empezando por los Ilustres Magistrados de la Audiencia Nacional, deberían estar mejor informados y no dejarse llevar por las mentiras que, desde el poder, contaron a los ciudadanos en su día y siguen manteniendo hoy.

Lo cierto y verdad, como así lo describe magistralmente en su libro “El Precio del Trono” la escritora y periodista Pilar Urbano, que hasta donde yo sé no ha sido denunciada todavía desde el año 2011 en que se publicó dicho libro, describe perfectamente en el mismo cómo los integrantes de ETA, que naturalmente tenían “infiltrados” dentro de su organización, recibieron por sorpresa (ya que ellos solo pretendían hacer un secuestro de alguna personalidad importante para intercambiarlo por presos de ETA) las órdenes oportunas  de matar a Carrero Blanco, cosa que a ellos mismos les dejó en su momento perplejos. Pero los de ETA fueron solamente el “instrumento” que utilizó la CIA para hacerlo y no los verdaderos autores, pues para no tener ni disponían de los explosivos adecuados, ya que los que pusieron -hasta que la CIA los cambió- estaban “caducados” y, en caso de utilizarlos, no hubieran explotado.

Esto no es ninguna leyenda urbana. Pilar Urbano obtiene dicha documentación, de los documentos que EEUU tiene obligación de desclasificar pasados 30 años, cosa que no ocurre en España.

Y algunos se preguntarán, ¿por qué la CIA iba a querer matar a Carrero Blanco? Por dos razones: la primera porque tenía muchas reticencias de renovar las bases norteamericanas sin ninguna contraprestación a España por parte del Gobierno americano y la segunda y más importante porque Carrero, en una de las visitas de Kissinger, le enseñó un anteproyecto de acuerdo para fabricar armas nucleares entre Francia y España. El asesino Kissinger y, por supuesto el Gobierno americano de entonces, no tuvo dudas sobre lo que había que hacer de manera inmediata.

Todo esto lo cuento porque, si la Audiencia Nacional decide, basándose en los fundamentos de derecho que estime oportunos, condenar a Casandra a un año de prisión por enaltecimiento del terrorismo, lo primero que ha de hacer en su sentencia es decir que los verdaderos terroristas fueron la CIA y Henry Kissinger, que planearon, organizaron, ordenaron y pusieron los medios necesarios para el asesinato de Carrero Blanco. Los de ETA, obedeciendo órdenes, se limitaron a apretar el botón.

Tanto esto es así que, cuando se analizó el explosivo que causó la muerte de Carrero Blanco, se dijo con claridad que dicho explosivo solo era utilizado en todo el mundo por el ejército de los Estados Unidos.

Señores de la Audiencia Nacional, cuando condenen a alguien por hacer un chiste de un dictador asesinado hace 44 años, al menos digan toda la verdad y pongan en su Sentencia a los verdaderos terroristas a los que se está enalteciendo: la CIA y Henry Kissinger. Existe documentación al respecto.

Por eso, para mejor proveer, les recomiendo encarecidamente la lectura del mencionado libro, con toda la documentación utilizada para su redacción.

Y permitan que la gente haga chistes de dictadores asesinos, es lo menos que se puede hacer, ya que nunca fueron condenados por sus crímenes, como ocurrió en la Alemania nazi. La Justicia debe ser para todos.


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“JUDICIALIZAR” LA TRAGEDIA DEL TREN DE SANTIAGO

El Partido Popular, que tiene una gran cantidad de altos cargos supuestamente implicados en delitos, siempre trata de “judicializar” lo asuntos, diciendo cosas tales como: “ya lo decidirán los tribunales”…., “tenemos que esperar a ver qué dice la Justicia”…. y cosas similares, que escuchamos constantemente en las declaraciones que hacen en los medios de comunicación.

Al parecer, al Partido Popular el hecho de que haya personas que ocupan altos cargos dentro de la administración y a los que todos les pagamos, el que hagan una buena o mala gestión, el que cumplan con sus responsabilidades, el que velen por el bien común de los ciudadanos, les debe parecer una cosa que no tiene la menor importancia.

En el caso de la tragedia del tren de Santiago, esas frases las estamos oyendo desde que esta catástrofe se produjo. Pero, ¿por qué el Gobierno pretende que el asunto se convierta solo en un tema judicial y no sea considerado, además, un tema político, relativo a sus responsabilidades públicas? Pues es muy sencillo:

  1. Porque la Justicia, especialmente la Fiscalía, como lamentablemente hemos podido conocer últimamente, está controlada por el Gobierno. Hemos oído como el Ministro Catalá, que fue Secretario de Estado del Ministerio de Fomento cuando se produjo el accidente, ha dicho públicamente: “me pongo al lado de los jefes”.¿Y quiénes son los jefes?: el Fiscal General del Estado, elegido por el Gobierno, y el Sr. Catalá, que quita y pone fiscales en función de su “obediencia debida”.
  2. Porque los asuntos judiciales se dilatan muchísimo en el tiempo, a veces no tanto porque sean tan complejos sino porque “se meten en el cajón” y así los ciudadanos e, incluso, los afectados se van “olvidando” del tema. En ningún país de Europa ocurre que un asunto como el del Yack 42 tarde 14 años en aclararse. Y solo en parte.
  3. Porque el Gobierno jamás admite responsabilidades políticas, los políticos no son responsables más que de “servir fielmente a su partido”. En una ocasión, a las víctimas del Alvia un exministro relacionado directamente con el tema nos dijo a la cara: “los ministros estamos para firmar”.
  4. Porque el Gobierno lo tiene todo “atado y bien atado”, como decía el dictador, y en España existe un solo poder con distintas funciones. Y a la Justicia le han dado el “marrón” de proteger a los poderosos. Y cuando alguno se sale del esquema lo cesan, lo inhabilitan, lo presionan y hasta reciben amenazas, ellos y sus familias. Como se ve, todo muy democrático.

Menos mal que estamos en Europa, que es el único “contrapunto” para tanta desvergüenza, inmoralidad e ignominia que ocurre en este país, concretamente contra la víctimas del tren de Santiago. Las autoridades europeas han demostrado tener moral y nos han tratado como a ciudadanos, cosa a la que desgraciadamente no estamos acostumbrados.

El Fiscal que lleva la instrucción de nuestra causa, D. Antonio Roma, en dos ocasiones que el Juez Aláez imputó primero a 22 y luego a 11 responsables de Adif, solicitó inmediatamente su desimputación, obviamente, tal como ha dicho el Ministro, “obedeciendo a sus jefes”. No sabemos si, con los datos actuales, que son demoledores, tanto por parte de la Agencia Ferroviaria Europea como por parte de los peritos independientes, seguirá obedeciendo a sus jefes o cumplirá con los que dice la Constitución que es su función: “la defensa de la legalidad y el bien común”. Porque, según vemos, ambas cosas son incompatibles. El tiempo nos lo dirá.