EL BLOG DE TERESA GÓMEZ-LIMÓN


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VALORACIÓN DEL RIESGO DE LOS SUPUESTOS MALTRATADORES

Desgraciadamente el miércoles pasado nos hemos encontrado con otro asesinato de una mujer, a manos de un maltratador asesino que tenía nada menos que 4 condenas por violencia de género.

Se ha hablado en los medios de comunicación de que, en este caso, la valoración del asesino era MEDIA, como se puede comprobar una valoración sumamente baja teniendo en cuenta el lamentable desenlace de los acontecimientos.  Pero seguramente la mayoría de la gente no sabe cómo, desde las dependencias policiales, se hace la valoración del riesgo. Desde mi experiencia como psicóloga forense en los jugados de violencia de género, lo voy a explicar: se hace a través de un cuestionario informático estándar cuyas preguntas, tipo test, se dirigen a la víctima por parte de policías no especialistas en violencia de género (no hace falta especialización alguna al tratarse de un test informático) y, SIN VER EN NINGÚN MOMENTO AL DENUNCIADO.

            Cualquier especialista en la conducta humana estará de acuerdo conmigo en que, para evaluar las conductas presentes y prever las futuras, trabajo nada sencillo para el que se requiere formación y experiencia acreditada, es imprescindible ver a la persona y evaluar sus respuestas a las preguntas que se le formulen (que no pueden ser iguales para todos), su lenguaje, sus gestos, sus cambios emocionales, la veracidad del relato y otras muchas cosas que no se pueden evaluar a distancia, sin tener un contacto directo con el evaluado.

Cuando tengo que peritar a un supuesto maltratador en los juzgados, la mayoría de las veces me quedo perpleja sobre la valoración de riesgo que hacen en las comisarías de policía. He llegado a ver a psicópatas muy peligrosos con riesgo bajo, lo que no me extraña, teniendo en cuenta que nunca se les ha evaluado personalmente.

Pero, ¿cómo se puede solucionar esa importante deficiencia para impedir más asesinatos?. De una sola manera: creando plazas de profesionales que, en el momento de producirse los hechos, evalúen a fondo tanto a la víctima como al presunto maltratador. Eso sí, profesionales con una formación adecuada y con una experiencia contrastada que, con una evaluación seria y minuciosa, puedan alertar a la autoridad judicial sobre los riesgos que corre la víctima.

Y, ¿por qué no se implementan dichas medidas?. Pues muy sencillo, por falta de presupuesto, porque estas medidas suponen puestos de trabajo especializados que hay que pagar. Y parece ser que, cuando se habla del Pacto de Estado para la Violencia de Género, al Gobierno se le olvida ese “pequeño” detalle.

Si desde el gobierno se quiere erradicar la lacra de la violencia de género, lo primero que ha de hacer es dedicar una partida presupuestaria suficiente para atender a las víctimas porque, de lo contrario, seguiremos manifestándonos, poniendo flores en sus tumbas, dedicando minutos de silencio, pero nada habrá cambiado y las mujeres seguirán siendo asesinadas.

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RESPUESTA AL VERGONZOSO E ILEGAL ARTÍCULO DE HERMANN TERTSCH EN SU TRIBUNA DOMINICAL DE ABC

Refiriéndose a la humillante mofa que hicieron unos policías nacionales respecto a Oriol Junqueras, dice textualmente: “subido tal vez de tono, pero contado en <<petit comité>>, aunque con la mala fortuna que una <<oportuna>> cámara estaba allí para recoger esta relajada conversación entre tres agentes policiales” ….”fue una conversación privada entre compañeros”…”indigna la mera posibilidad de expediente”. “Nadie puede ser sancionado por una broma en una conversación privada”.

Usted, Sr. [lo de Sr. es porque soy una persona muy educada, no porque usted sea digno de tal tratamiento] Terstch está disculpando un delito muy grave. Y se lo voy a explicar, ya que su comportamiento absolutamente nazi, le lleva a disculpar y a animar conductas indignas y delictivas.

Lo primero que dice usted es que la expresión del deseo de estos bárbaros seres fue contado “en petit comité”…”fue una conversación privada entre compañeros”. Se equivoca. Fue contado ejerciendo sus labores de servicio, lo que es gravísimo. Por lo tanto usted afirma que si un delito, por ejemplo, una violación, un abuso sexual o cualquier acto de violencia se comete en “petit comité”, que es como se cometen estos delitos en los casos citados, no tienen ninguna importancia.

Más adelante, por si fuera poco con lo anterior, dice usted “con la mala fortuna que una <<oportuna>> cámara estaba allí”.  Por lo tanto usted afirma que si no te “pillan” se pueden cometer toda clase de delitos. Lo importante es que no te pillen.

También dice usted que se trataba de “una relajada conversación entre tres agentes policiales”. Supongo que si su escasa inteligencia y su excesivo odio no le impiden comprender, sabrá que dicha conversación “relajada” indica la expresión de unos valores y una forma de entender el mundo que a cualquier persona decente no se le ocurre comentar ni en broma. Eso ocurría -se lo recuerdo- cuando los nazis se mofaban de los judíos y mire como acabaron los “inocentes comentarios”.

Para rematar el asunto dice usted: “indigna la mera posibilidad de expediente”. “Nadie puede ser sancionado por una broma en una conversación privada”. Por lo tanto usted afirma que unos empleados públicos, que se suponen están para proteger a los ciudadanos cuando, estando en servicio, se pueden mofar, con unos “comentarios” de carácter sexual que incitan a cometer un delito de lo más aberrante que existe, no han de ser expedientados por ello, porque se ha tratado simplemente de una “broma”, es que usted es una persona claramente antisocial.

¿Qué diría usted si esa “broma” se la gastaran a un hijo suyo, a su mujer, a su padre o, mejor aún, al rey de España, ya que escribe usted en un periódico monárquico?. Seguro que sus opiniones serían distintas.

Le puedo asegurar que, a partir de ahora, si esos bárbaros, con un comportamiento filonazi, no son juzgados y condenados por ese delito, a partir de ahora, cuando vea a un policía, me iré por la acera de enfrente, no vaya a ser que, entre broma y broma me vayan a violar, ya que da la impresión de que eso les hace mucha “gracia”.

Respecto a usted, que espero no encontrármelo nunca, porque me produce miedo y asco, y no le deseo que, algún día, sea objeto de las mismas “bromas”.

Y, por último, respecto al diario ABC, que le paga por incitar al odio y a cometer delitos, espero que no vuelva a publicar ningún artículo suyo, aunque solo sea por ser coherente con las creencias y convicciones que dice tener.

 


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¿ES POSIBLE UN ACUERDO SOBRE LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA?

Sin duda el diálogo y, como consecuencia, el acuerdo son instrumentos democráticos que muchos pensamos constituyen una herramienta útil para la resolución de conflictos.

El acuerdo significa que cada uno de los intervinientes ceda una parte de sus propuestas, en base a conseguir otra parte, de manera que ambos salgan beneficiados. En un acuerdo tiene que existir un objeto de negociación, en el que cada una de las partes aspira a cumplir un objetivo. Hablar de negociación de manera abstracta es, simplemente, dejarlo todo en palabras vacías de contenido.

Las reivindicaciones de Cataluña son un problema de primera magnitud por algo esencial, que es el deseo de una gran parte de la ciudadanía del pueblo catalán de decidir libremente su situación política respecto al Estado español, lo cual traspasa los ámbitos puramente institucionales. Es una reivindicación social, como hemos tenido ocasión de ver todos a través de las manifestaciones masivas de ciudadanos en diferentes pueblos y ciudades de Cataluña

Si entramos a fondo sobre cuál es la reivindicación de esa inmensa parte del pueblo de Cataluña, en primer lugar debemos analizar el contenido de las palabras reivindicativas: “un estado catalán independiente en forma de república”. ¿Qué es lo que se puede acordar ante esa reivindicación?.

Pues aunque pueda parecer a primera vista increíble, considero que lo más fácil de todo es el tema de la independencia, porque en ese aspecto, tal como apuntan algunos, se podría acordar un punto intermedio, como es un sistema federal, con una situación de máxima de independencia, tal como existe en algunos países como los Estados Unidos, en donde cada “Estado” tiene su propio sistema judicial, sus propias leyes, su propio sistema fiscal y un largo etcétera, que permite a las autoridades de cada Estado gestionar su territorio con un grado muy grande de independencia. En ese aspecto se podría dialogar e, incluso, llegar a un acuerdo.

Sin embargo, hay otro aspecto en el que, desde mi punto de vista, es muy difícil, si no imposible, llegar a un acuerdo y es la forma de Estado. La reivindicación de los llamados “independentistas” es una forma de Estado republicano, mientras que en España hay una forma de Estado monárquico, lo cual es absolutamente incompatible, porque no se puede llegar a una posición intermedia, ya que no existe “media-monarquía” o “media-república”. Este hecho lastra cualquier posibilidad de negociación, salvo que cualquiera de las dos partes renuncie a la forma de Estado, una la existente y otra la reivindicada.

Se puede objetar a este razonamiento, el hecho de la absoluta obligatoriedad de cumplir la Constitución, pero sí ese es la única condición puesta para iniciar la negociación jamás podrá existir dicho acuerdo, ya que el cumplimiento de la actual Constitución impide cualquier modificación en la forma de relación entre Cataluña y España.

Por lo tanto, lo primero que habría que hacer es una reforma en profundidad de la Constitución española de 1978, comenzando por la forma de Estado y la integración  de diversos territorios, quizá en forma de federación con amplias competencias, integrada en una superestructura como es el Estado español.

Entendemos que, después de 40 años desde la Constitución de 1978 y unas cortes constituyentes no votadas por el pueblo español, ya va siendo hora de que se haga esa reforma imprescindible para tener un Estado moderno, propio del siglo XXI, y democrático, en donde los ciudadanos de toda España podamos elegir no sólo al Primer Ministro (por cierto, ¿porqué se llama “Presidente” y no “Primer Ministro” como en todos los países de nuestro entorno?) sino también al Jefe del Estado.

Mientras no se resuelva democráticamente esa reforma en profundidad de la Constitución española, me temo que los conflictos, no sólo en Cataluña sino los que puedan surgir en otros territorios, se resolverán a base de fuerza y autoritarismo, pero serán tan sólo una parche momentáneo y jamás una solución a largo plazo.

 

 


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VERGÜENZA

Ayer tuvimos que asistir a uno de los espectáculos más bochornosos que se producían desde tiempos de la dictadura franquista. En las imágenes, que han dado la vuelta al mundo, veíamos a una serie de ciudadanos -civiles- que, estando en actitud pacífica, fueron brutalmente agredidos por la policía, que rompían dedos, pegaban violentamente con las porras, lanzaban a personas por las escaleras, daban empujones y patadas, arrastraban a otros por el pelo, arrojaban pelotas de goma que están prohibidas; hemos visto ciudadanos sangrando, entre ellos ancianos y ancianas, una persona que quizá pierda un ojo, una brutalidad nunca vista en un país democrático contra ciudadanos pacíficos.

El Gobierno, intentando minimizar las consecuencias políticas de la actuación policial, dice que las cifras de heridos son menores, que la actuación de la policía fue como consecuencia de una orden judicial y, para colmo, que fue una actuación “proporcionada”.

Respecto a la cifra, no es una cuestión de números, porque somos seres humanos. Una sola persona que sea agredida por la policía, estando en actitud pacífica, es suficiente para que alguien asuma la responsabilidad. Respecto a que se cumplían órdenes judiciales, sería necesario y transparente conocer quién dio esa orden y si la orden contemplaba que era imprescindible cargar contra todas las personas que se pusieran delante, aunque fuera de manera pacífica. Y respecto a que fue proporcionada, no es necesario entrar en ello porque todos tenemos en la retina imágenes que no engañan. Esas imágenes las tenemos todos los ciudadanos españoles y las tiene mucha más gente, como mandatarios europeos, altos cargos de la ONU, corresponsales de prestigiosos periódicos, ciudadanos de otros países y un largo etcétera.

Claro que a mí estas órdenes por parte del Gobierno del PP no me extrañan nada, porque he podido vivir, desde mi propia experiencia, esta forma de actuar. El 24 de julio de 2014, un año después de la tragedia del tren de Santiago, cuando las víctimas nos acercamos a la Ciudad de la Cultura, donde se hacía una especie de “festejo” repartiendo unas medallas, las “autoridades” no nos dejaron entrar y como insistíamos en ello, nos enviaron a los antidisturbios. Las víctimas, que naturalmente éramos un grupo pequeño, que portábamos sillas de ruedas, muletas y, sobre todo, el inmenso dolor de las familias que habían perdido a seres queridos, por lo visto para el Delegado del Gobierno y para el Sr. Feijoo debíamos de ser “sumamente peligrosos”. No nos agredieron porque no teníamos fuerza física ni psíquica para insistir y nos retiramos.

En el caso de Cataluña, tengo que afirmar que esto ya no va de independencia o no sino de respeto a los derechos humanos fundamentales o no. Ningún demócrata puede aceptar el comportamiento que hemos visto. Además de todo ello, este vil comportamiento es ilegal, porque no respeta la Constitución española de 1978 (artículo 10.2)  ni la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 firmada por España.

El inefable ministro Catalá, siempre muy servil al Gobierno y al Sr. Rajoy, por lo que es sistemáticamente compensado, ha dicho en los desayunos de RTVE respecto a la actuación policial en Cataluña que “hubo respeto a los ciudadanos, mesura, proporcionalidad y que no se usó la fuerza”. Hace falta estar ciego o, como es el caso, ser muy cínico, para decir semejante cosa.

El Sr. Rajoy, si tuviera un mínimo de dignidad, dimitiría, como lo hacen otros mandatarios de nuestro entorno por actuaciones mucho menos importantes que esta.

 

 

 


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CUANDO UN REPRESENTANTE DE LA IGLESIA CATÓLICA SE CONVIERTE EN UN IMAN

He leído con verdadero estupor e indignación las declaraciones de Santiago Martín, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de Cuatro Caminos (Madrid), corresponsabilizando de la matanza de los terroristas de Barcelona a Ada Colau, por no poner bolardos y maceteros en las Ramblas. Es más, no conformándose con eso, se ha atrevido a decir, que “los abogados de las víctimas lo recordarán” y que “si yo fuera abogado de las víctimas estaría ya planteando una denuncia contra el Ayuntamiento de Barcelona por cooperación”.

Pero, además de esta barbaridad que, al margen de ser incierta, le lleva a meterse en un terreno jurídico y político que no le corresponde como religioso, ha dicho otras muchas barbaridades: ha criticado los minutos de silencio como agnósticos, cargándose de un plumazo la libertad de pensamiento; ha dicho que en la Plaza Mayor y en la Puerta del Sol pueden pasar los coches con total normalidad, demostrando una ignorancia supina, pues aún no se ha entrado que, desde hace mucho tiempo, los coches no pueden circular por esas zonas.

También en su soflama más propia de un régimen nazi que de un cura católico del siglo XXI ha dicho que “hay que tomar medidas disuasorias” y que los “comunistas” no quieren tomarlas. Lo que ocurre es que para este ciudadano, tan corto de miras, parece ser que las medidas disuasorias son solamente poner bolardos y maceteros. ¡Qué fácil se lo pone a los terroristas! No sé si recordará que en el 11S, el mayor atentado yihadista de la historia del terrorismo, se emplearon aviones, que en el 11M de Madrid se emplearon bombas, así como en tantos otros. Desde luego y desgraciadamente podemos asegurar que con macetas no se acaba el terrorismo.

Y es significativo que este ciudadano no haga la más mínima mención a la financiación que hace Arabia Saudí, Quatar y otros países del Golfo a los terroristas y que el think thank, es decir la inteligencia del wahabismo, los más radicales del islamismo, se encuentra en las universidades de Arabia Saudí. Tampoco debe saber que el antiguo rey, Juan Carlos I, llamaba al rey de Arabia Saudí y al rey de Marruecos “mi hermano”, que la reina Doña Sofía, se ponía el velo en España cuando estos individuos venían a España, como si fuera una musulmana más y que Bin Laden, uno de los terroristas más sangrientos, se formó y pertenecía a unas de las familias más influyentes de Arabia Saudí. ¿Por qué no le cuenta eso también a sus fieles? Porque contar lo que nos conviene de la historia es mentir y es mentir miserablemente, aprovechando es dolor de las víctimas y del resto de los ciudadanos.

Además, este ciudadano, aprovechando el eco que le da su tribuna y su cierto poder como representante de la iglesia católica, anima a los fieles a la “sublevación” contra el ayuntamiento de  Barcelona, regido -según él- por hordas de comunistas, lo cual desde el púlpito no se diferencia en nada a lo que hacen algunos imanes convocando a la “guerra santa”.

A lo largo de su soflama ha citado en diversas ocasiones la palabra comunista como si fuera el demonio con cuernos. Tendría que recordar lo que hace poco dijo el Papa Francisco:  “son los comunistas los que piensan como los cristianos”, lo que viniendo de donde viene al menos le debería hacer reflexionar.

Y lo mismo que al imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, le deberían expulsar por adoctrinar a terroristas, al cura Martín le deberían expulsar de la iglesia católica por manipular, mentir y evidentemente ponerse en un “bando” político, lo que nos recuerda hechos pasados que preferiríamos olvidar.

 


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LOS CAMBIOS DE OPERADORES JUDICIALES EN EL CASO ALVIA: CASUALIDAD O CAUSALIDAD

Desde que tuvo lugar el accidente del tren de Santiago de Compostela, el 24 de julio de 2013, se ha cambiado de Juez y de Fiscal. Esto podría ser algo normal dentro de la movilidad de los operadores judiciales, si no fuera porque en la catástrofe del tren de Alta Velocidad Alvia, que tuvo como consecuencia 81 fallecidos y 144 lesionados, existen desde el principio demasiados “indicios” conducentes a que se trata de tapar la verdad  de las causas que la produjeron.

Dicen los medios de comunicación que va a asumir la fiscalía dejada por Antonio Roma, que se marcha para ocupar un puesto de gran relevancia internacional, “un equipo de fiscales bajo la dirección del fiscal jefe”. No sabemos todavía cuántas personas componen ese equipo de fiscales, quiénes son y tampoco sabemos quién es el fiscal-jefe inmediato superior. Lo que sí sabemos es que la causa lleva una instrucción de casi 4 años, que consta de 71 tomos y 35.000 páginas y que todo ello va a suponer, como mínimo, un notable retraso en la investigación, en un momento en que parecía estar tomando cuerpo.

También sabemos que es el Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno, D. José Manuel Maza, la máxima autoridad de la Fiscalía, quien da las órdenes últimas en los casos en los que se puedan ver implicados miembros del propio Gobierno o de empresas públicas, como es este caso. Y que el Sr. Maza, para dar dichas órdenes solo tiene que ampararse en el principio constitucional de la “jerarquía”. Respecto a este Sr., hemos visto cómo ha tenido que ir por dos veces al Congreso de los Diputados para dar explicaciones por las conductas un tanto polémicas del fiscal-jefe anticorrupción, las filtraciones y un largo etcétera de anomalías.

Por eso, las víctimas nos preguntamos: ¿dará el Sr. Maza órdenes a este “equipo” sobre cómo conducir la investigación? ¿Se producirá en Galicia algo parecido a lo que está ocurriendo en Madrid con el Sr. Moix o a lo que ha ocurrido recientemente en Murcia?. No lo sabemos, pero tenemos muchas dudas al respecto.

Es realmente inquietante que la marcha del Juez Aláez se produjera justamente cuando imputó por dos veces a altos cargos de Adif y que la marcha del Fiscal Antonio Roma se produzca inmediatamente después de que éste no haya recurrido la imputación (investigación) del Sr. Cortabitarte, dictada por el Juez Lago y basada en criterios tanto periciales como de la Agencia Ferroviaria Europea. Parece que, esta vez, a la vista de la investigación de los hechos, el Fiscal Roma estaba de acuerdo con la imputación (investigación) del Director General de Seguridad de Adif.

Realmente, si no fuera por la tragedia que supone la muerte de 81 personas y las lesiones de otras 144, esto podría analizarse como una novela, en la que aparecen de pronto “giros” inesperados para mantener la atención del lector.

Lo grave es que esto no es una novela, sino un hecho real en el que sabemos, porque lo han dicho todos los expertos, que hubo negligencias inaceptables, dejación de funciones, intereses políticos por encima de la seguridad de los viajeros y un montón de conductas que están tipificadas en el Código Penal.

Las víctimas sospechamos que lo que se está pretendiendo en el caso del tren de Santiago es, de una lado, retrasar la instrucción y todo el procedimiento judicial, de tal manera que, dentro de 14 años, ya nadie recuerde el suceso. Por otro lado, en función de los hechos que están ocurriendo con la Fiscalía y que todo el país conoce, a lo mejor lo que pretenden también es “afinar desde la fiscalía la causa”, como dijo en su día el ex ministro Fernández Díaz.

Sean cuales sean las auténticas causas de los cambios de juez y fiscal en el caso del tren de Santiago, en momentos cruciales de la investigación, todo nos lleva a pensar que no estamos hablando de casualidades sino de causalidades en los cambios producidos. Y la confianza de las víctimas en las instituciones del Estado es inexistente. Esto es un asunto muy grave, pero son ustedes, los gobernantes de este país, los que se han de preguntar el porqué.


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RAFAEL CATALÁ, IGNACIO GONZÁLEZ Y LA MANIPULACIÓN DE LA JUSTICIA

Cuando las Victimas de la catástrofe del tren de Santiago hemos visto, oído y leído las conversaciones telefónicas privadas entre Ignacio González y Eduardo Zaplana, en las que aparecen referencias a los jueces y, ¡cómo no!, al ínclito Rafael Catalá, actual Ministro de Justicia, hemos podido corroborar lo que ya tenía todo el aspecto de ser una corrupción más: el cambio de destino del juez Aláez, sin hacer caso de su propia petición y la de las víctimas de acabar, antes de ocupar el nuevo puesto, la instrucción de este caso. La razón era muy simple y comprensible: es una instrucción compleja (actualmente ocupa más de 71 tomos) que un nuevo juez debería comenzar desde cero y eso produce muchos retrasos, lo que es un drama para las víctimas pero un beneficio para el Gobierno, que pretendía que el tema se fuera diluyendo en la memoria de los ciudadanos e, incluso, de las propias víctimas, lo que para su desgracia no han conseguido. También había otra razón: el juez Aláez había imputado primero a 22 altos cargos de ADIF y, posteriormente, a 11 altos cargos de ADIF, imputaciones que fueron desestimadas por la Audiencia Provincial de La Coruña.

Ahora ya lo entendemos todo con claridad: “tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia y…a un juez que está provisional…..¿Cuál es la plaza que le toca? ¿Onteniente? A tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coño” Y sigue diciendo: “yo no me corto en decirle a Rafa (Catalá): <<Oye Rafa>>, ¿sabes? El aparato del Estado y los medios de comunicación …..o los tienes controlados o estás muerto”.

Al margen del bochornoso lenguaje de estos individuos, propio de la mafia más rastrera y barriobajera, porque ni siquiera lo mucho que roban les sirve para “pulirse” un poco, está claro el “modus operandi” en relación con la Justicia: utilizar todos los subterfugios para quitar al que les estorba y presionar y acosar al que no pueden quitar.

El problema con el que no cuentan estos personajes mafiosos, amparados y “premiados” nada más y nada menos que por todo un Gobierno -esa es, desgraciadamente la “marca España- es que no todo el mundo se deja manipular: el juez Aláez fue un ejemplo de buen hacer y el juez Lago Louro, actual instructor, aunque más despacio, está investigando por conocer la verdad y por hacer Justicia. No pueden imaginar los jueces en general y éstos en particular, lo que los ciudadanos y las víctimas agradecemos esa conducta. Contrariamente a lo que hacen los mafiosos, las víctimas no buscamos ningún beneficio personal de carácter económico, solo queremos Verdad y Justicia para poder descansar tranquilos. Es nuestro derecho.

Respecto al Ministro de Justicia, Rafael Catalá -llamado coloquialmente “Rafa”- lo único decente que podría hacer él, si tuviera la más mínima dignidad, es dimitir, pero como no la tiene, el Gobierno tendría que cesarle. Es absolutamente vergonzoso tener un Ministro de Justicia de esa catadura moral. No nos olvidemos del caso de los fiscales de Murcia, del cese de la anterior Fiscal General del Estado, del nombramiento del actual Fiscal General del Estado y de los fiscales subsiguientes, como Manuel Moix, y la cita del “ojalá se cierren pronto los líos” dicha a un imputado.

Todos los corruptos han de irse y estar fuera de las instituciones, pero los primeros que deben hacerlo son aquellos que tienen que ver con la Justicia, porque de lo contrario empezaremos a creer con razón que el Estado de Derecho no existe en nuestro país y estamos gobernados por una organización criminal.