EL BLOG DE TERESA GÓMEZ-LIMÓN


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ADIF: LOS INTERESES PONEN DE ACUERDO A LOS DOS GRANDES PARTIDOS

Acabamos de conocer el nombramiento de Isabel Pardo de Vera como Presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Se ha destacado en los medios de comunicación el hecho de ser la primera mujer al frente de esta empresa pública, lo cual celebramos. Pero lo que realmente subyace detrás de este nombramiento son los intereses de ADIF, de las grandes constructoras y de otros posibles operadores privados que han de entrar en el mercado para finales del 2020.

Isabel Pardo de Vera ha ocupado diversos puestos de libre designación, tanto con gobiernos del PSOE como del PP, habiendo sido Gerente y Jefa de Infraestructuras del AVE a Galicia y Directora de Obra, entre otras, del subtramo de los accesos a la estación de Santiago –lugar donde se produjo el grave accidente del Alvia- como así aparece en una entrevista concedida por ella a la revista de Adif  “Líneas”, de diciembre de 2011 y enero de 2012 y que se encuentra aportada al procedimiento judicial que se instruye en el Juzgado número 3 de Santiago de Compostela.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha dicho que iba a tocar lo menos posible la estructura y los planes estratégicos de las empresas de su Departamento, por lo que Pardo de Vera suponía una continuidad. Y es cierto, puesto que Pardo de Vera era la “segunda” del anterior Presidente de Adif. Pero, ¿en qué se basa esa continuidad?, ¿en hacer modelos de AVEs caros, ineficientes y sin seguridad? Porque, según un demoledor informe de auditoría de la UE, eso es lo que viene ocurriendo hasta ahora en España. En dicho informe se dice que Bruselas ha gastado 11.232 millones de euros en la cofinanciación del AVE español y que dicha red se ha diseñado en función de consideraciones políticas (“no es una realidad, sino un parche ineficaz”, dice el Informe en referencia a la Alta Velocidad española).

Pardo de Vera se va a encontrar sobre la mesa numerosos contratos de construcción y la presión de las licitadoras, empresas poderosas a las que tiene que dar respuesta a la satisfacción de éstas, tal como ya hizo también el PP.

Parece bastante claro que los objetivos de Adif en esta etapa de Gobierno del PSOE son esencialmente dos: uno, acelerar las líneas de Alta Velocidad, con el fin de que el PSOE pueda ganarse el voto de aquellos ciudadanos a los que les ha prometido la llegada del AVE a su región; y dos: “cumplir” los acuerdos con las grandes constructoras, porque no nos olvidemos de que Adif es una de las compañías públicas con mayor volumen de inversión, imprescindible para el sector privado.

Por eso no se quieren sacar a la luz las “chapuzas” de algunas líneas del AVE, como la del tramo Ourense-Santiago, que causó la muerte de 80 personas y dejó a 144 con graves secuelas. Una tragedia que no conviene airear demasiado, porque huele mal y el hedor llega demasiado lejos, tan lejos que afecta a los dos partidos mayoritarios.

Pero la clave está en la siguiente pregunta: ¿a quién o a quiénes se intenta proteger y por qué? Indudablemente una parte de los “protegidos” son los políticos de ambos partidos, PP y PSOE, que tenían distintos grados de responsabilidad en cuanto a la correcta realización de las obras y, especialmente, en lo que respecta a la seguridad de los viajeros, seguridad de la que depende la vida y la integridad de las personas; la carencia de dicha seguridad, además, constituye un delito. Pero existe otro aspecto del que se habla poco y es la perfecta imbricación de políticos y grandes empresas buscando siempre hacer el negocio más rentable, políticamente para unos y económicamente para otros. Estar fuera del “clan” significa tener que salir de España para hacer negocios.

Pardo de Vera, el nuevo Presidente de Renfe y el Ministro Ábalos tendrán que explicar, ahora que ya han tomado las riendas de las empresas ferroviarias, el porqué las personas imputadas en el caso Alvia siguen en sus puestos o en otros similares, algo que parece ir en contra de la máxima del Presidente Sánchez de tomar inmediatamente decisiones drásticas respecto a los responsables públicos que puedan tener un atisbo de “tacha”. Creo que la muerte de 80 personas y las lesiones de 144 son motivo más que suficiente para tomar ese tipo de medidas con la mayor celeridad posible.

Negligencias, prisas, ahorro…¡una completa chapuza!…un accidente grave: 80 muertos y 144 lesionados…5 años… ¡y a esconder en el cajón del olvido!. Es un cajón que se encuentra a rebosar, entre otras cosas, con las grandes tragedias -se llaman coloquialmente “accidentes”-  que ha sufrido este país en las dos últimas décadas: Yack 42, Spanair, Metro de Valencia, Alvia… Para vaciar el cajón es necesario sacar primero los intereses, que se encuentran encima de todo los demás e impiden que el cajón se abra. Es una obligación ética.

 

 

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UN PASO IMPORTANTE EN LA PARIDAD DE LAS MUJERES

Desde el día 8 de marzo del presente año, la reivindicación por parte de las mujeres para ocupar el puesto que nos corresponde en la sociedad ha dado un paso que, por suerte, ya no tiene vuelta atrás.

La lucha por nuestros derechos comenzó ya en el siglo XVIII con Mary Wollstonecraft autora de Una reivindicación de los derechos de la mujer. Mary Wollstonecraft escandalizó a sus coetáneos con sus ideas acerca del derecho de las mujeres a vivir como seres humanos plenos. A lo largo de los siglos XIX y XX han sido muchas las mujeres que se definieron a sí mismas como seres humanos autónomos. En Writing a Woman’s Life (1988), Carolyn G. Heilbrun entiende que el elemento crucial en la aventura de ser mujer es la asunción del poder.

Sin duda, desde la década de los setenta del pasado siglo XX se han dado, en el mundo occidental, notables avances respecto al papel de la mujer en la sociedad. Se han modificado leyes, se han ido cambiando costumbres y las mujeres hemos ido penetrando, poco a poco, en el tejido social y en el mercado de trabajo. Pero eso no ha sido ni es suficiente.

Todavía no se ha superado el llamado “techo de cristal”, denominación que apareció por primera vez en un artículo del Wall Street Journal en Estados Unidos en 1986. Desde entonces, se aplica este término en los estudios de género a la limitación velada del ascenso de cualquier tipo de las mujeres en todas las organizaciones. Es un techo “invisible”, porque no existen normas o leyes que impidan una limitación explícita, pero que se produce en la realidad.

Ese hecho tiene como consecuencia que, en casi todas las organizaciones sociales, las mujeres no llegamos a alcanzar la posición que nos debería corresponder en igualdad con los hombres porque es una manera de representar al pueblo; además, es importante tener en cuenta que la definición de los méritos y la capacidad tiene un sesgo androcéntrico. Además, no existe una evidencia empírica que demuestre que los hombres estén mejor cualificados que las mujeres.

Tenemos ejemplos muy recientes con lo que ha ocurrido en la Comisión que reformará los delitos sexuales en el Código Penal, cuyos integrantes eran 20 hombres. Este hecho produjo tal escándalo, que el Gobierno se vio obligado a “maquillar” la citada comisión y pedir la introducción de seis miembros-mujeres de manera no permanente. Algunas, teniendo en cuenta la diferencia de estatus que se proponía, renunciaron a formar parte de esa comisión. Una vez que se produce un gran debate social, finalmente se ha formado un Comisión Paritaria de 15 hombres y 15 mujeres con los mismos derechos y responsabilidades, que es lo que se tenía que haber sido desde el principio. Pero esta no es una concesión gratuita, sino que se ha conseguido a base de reivindicaciones de las propias mujeres. Siempre es así.

La buena noticia que hemos tenido esta misma semana ha sido la reacción de 50 académicos y 200 adhesiones más, pertenecientes a universidades nacionales e internacionales y a centros de investigación, que han lanzado un manifiesto en el que se comprometen a no participar en evento alguno en el que no exista una paridad entre hombres y mujeres. Este hecho es especialmente significativo porque parte de un colectivo exclusivamente masculino, que se suma a las justas reivindicaciones del movimiento feminista.

La paridad de género es la participación equilibrada entre hombres y mujeres en las posiciones de poder, de representación y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida (política, económica y social) y es un indicador de la calidad democrática de las organizaciones, reflejando de manera mucho más realista la composición de la sociedad. Ya en la Cumbre de Mujeres al Poder, celebrada en Atenas en 1992, dio como resultado un documento, la Declaración de Atenas, en el que se planteaba que la infrarrepresentación de las mujeres constituía un déficit democrático y allí se acuñó el término “democracia paritaria”. Este documento dice, entre otras cosas:

“Una participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones produciría diferentes ideas, valores y estilos de comportamiento necesarios para lograr un mundo más justo y equilibrado para todo el mundo, tanto para las mujeres como para los hombres”.

A este respecto, la Unión Europea ha proporcionado apoyo absoluto a la paridad desde 1996 hasta llegar a la Resolución de 10 de marzo de 2015, basada en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, entre otras cosas, dice lo siguiente:

“Hace hincapié en el consenso creciente a escala de la UE sobre la necesidad de promover la igualdad de género, entre otros medios, a través de la participación de las mujeres en la toma de decisiones económicas y políticas, que es una cuestión de derechos fundamentales y democracia….”.

Pero en todo este proceso, que ha empezado por quitarnos el lastre de la marginalidad y la ausencia de los derechos más fundamentales, como el derecho al voto o la dependencia absoluta del cónyuge para realizar actividades económicas o laborales, se ha pasado a una integración parcial en la sociedad y en el mundo laboral a una situación actual en la que luchamos por romper ese techo de cristal y poder dirigir y tomar decisiones en todos los ámbitos sociales en igualdad con los hombres, ya que representamos a la mitad de la población.

Sabemos que esta lucha no va a ser fácil, como no lo ha sido ninguna en los procesos anteriores, pero confiamos en la concienciación de la sociedad y en que no sea necesario establecer “cuotas” para que las propias organizaciones se conciencien de que las mujeres tenemos los mismos derechos de participación en los ámbitos de poder y de que ello contribuirá a mejorar la situación tanto de mujeres como de hombres.

Por eso la decisión de este grupo de hombres ha sido un ejemplo no solo de democracia sino también de inteligencia.

 

 


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EL PODER EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y EN LAS ORGANIZACIONES

Constantemente nos enteramos de las luchas de poder que existen en los partidos políticos y en todo tipo de organizaciones sociales.

A nadie le resulta desconocida la lucha entre Soraya Saenz de Santamaría y Mª Dolores de Cospedal, como tampoco la de Pedro Sánchez y Susana Díez o la de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón y así podríamos seguir con infinidad de casos en todos los niveles. Asimismo, en muchas organizaciones de la sociedad civil hemos visto idéntico enfrentamiento aunque, naturalmente, con mucha menos repercusión mediática.

Lo importante y en lo que creo habría que reflexionar es en qué medida estas luchas internas en los partidos y en las organizaciones afectan a los representados por ellas.

Cuando aparecen estas disensiones o luchas de poder en alguna organización, lo peor, desde mi punto de vista, es que se olvida el objetivo principal al que éstas se deben, porque toda la energía se vuelca en convencer a los representados de que cada opción es la mejor para obtener los votos o la aprobación dentro de sus filas.

En la dinámica de una organización, la asunción del poder es algo que se va gestando de manera progresiva y sutil, sin que ni los propios protagonistas tengan conciencia de ello. Por eso, muchas organizaciones que han nacido con la intención sincera de establecer cauces democráticos de participación, terminan convirtiéndose en una estructura piramidal, en la que una o varias personas ejercen el control de las mismas.

No es necesario que los objetivos de este control sean espurios, es decir que la persona que ejerce el poder pretenda conseguir beneficios con su liderazgo, pero de una manera más o menos inconsciente termina por dirigir de manera vertical la organización y rechaza, como si de una agresión personal se tratara, las posibles críticas a determinados aspectos de su gestión.

Desde mi punto de vista, el grave problema que se deriva de esta “transformación” del poder es que se va perdiendo de vista el objetivo final de la organización, el motivo para el cual se ha creado, para centrarse en luchas internas que no dejan tiempo ni ganas para ejercer adecuadamente los objetivos colectivos. Lo que podría ser una crítica a una actitud o conducta determinada se transforma en un problema personal y la lucha se termina convirtiendo en un tema de “personas” o “equipos” que se enfrentan por el poder y el control de la organización.

¿Y dónde queda el resto de los representados? Pues suele quedar en personas que, de buena fe, confían en la organización y están dispuestos por aceptar el liderazgo de quien lo ejerza en cada momento, con la convicción de lograr los objetivos que persigue la organización.

Si ponemos el ejemplo de los partidos políticos, ¿cómo puede ser posible que los líderes de un partido tengan la mente ocupada en los problemas de los ciudadanos cuando tienen que pensar en cómo van a conquistar el poder desde sus luchas internas? Resulta imposible centrar la atención en ambas cosas, puesto que se encuentran en polos opuestos, uno es individual y el otro colectivo.

La dinámica del poder dentro de cualquier organización ha sido y es objeto de investigación de la Psicología, la Sociología y otras ciencias humanas. Numerosos autores se han referido a la teoría de poder. Así Foucault afirma que existen múltiples formas de dominación que pueden ejercerse en el interior de la sociedad y de los grupos humanos, ya que se trata de las relaciones recíprocas entre los sujetos. Desde el punto de vista político y organizacional, algunas teorías como el anarquismo se han opuesto a este concepto, considerando una característica del libertarismo es la ausencia de poder y afirmando que cada persona, en cualquier organización, tiene el mismo grado de autoridad.

Pero el concepto de poder, aunque tenga unas connotaciones muy negativas, no siempre lo es, cuando se entiende y se ejerce correctamente. El “poder democrático” en una organización política o social -dejando aparte la organización productiva que tiene otras características- significa una dirección de la organización, pero que ha de estar constantemente sometida a la crítica y a la aceptación de diferentes ideas y planteamientos en la forma de llevar a cabo los proyectos, aceptando que ninguno de sus componentes se encuentra en una dimensión superior a los demás. Cuando este hecho no se cumple, se produce una ruptura en la organización, lo que significa que el poder se está ejerciendo erróneamente y que se ha perdido de vista el objetivo para el cual la organización nació.

La “burocratización” de las organizaciones es lo que termina anulándolas y no haciéndolas útiles. Dicha burocratización se refiere al hecho de que los modelos y métodos de decisión se conviertan en el rasgo dominante del conjunto de las relaciones entre sus miembros. A lo largo de la Historia, hemos tenido múltiples ejemplos, especialmente en organizaciones de izquierdas, que han pasado de ser una organización liberadora a convertirse en “aparatos”, cuyos miembros ejercen el dominio y el control sobre el resto. Pero sin llegar a esas grandes organizaciones políticas, ese modo de actuar puede ocurrir en cualquier tipo de organización humana en los que sus componentes han de interrelacionarse mediante un modelo y un método.

Para no caer en este tipo de errores, considero que es preciso tener siempre presente algunas cosas:

  1. Nadie es insustituible. A este respecto, quiero recordar que cuando los emperadores y generales romanos aparecían ante su pueblo enfebrecido y eran aclamados triunfalmente, un esclavo que sostenía sobre sus cabezas una corona de laurel, les susurraba al oído: “recuerda que eres mortal” (memento mori). Esta costumbre servía para que los líderes no se creyeran dioses.
  2. Nadie es más que nadie. Tal como decía Einstein: “Todo el mundo es un genio. Pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, pasará la vida pensando que es estúpido”.
  3. Nadie debe responder sólo a sus emociones. Jorge Bucay, un conocido psicoterapeuta, decía: “no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con las emociones”.

Creo que los responsables de algunas organizaciones deberían tener presentes estos sencillos pensamientos para no caer en el ejercicio erróneo del poder o del liderazgo, olvidando a sus representados y obteniendo a la larga mucho más sufrimiento que satisfacción.

 

 

 

 

 

 

 


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EL ACCIDENTE DE SANTIAGO Y LA POLÍTICA

El día 24 de julio de 2013 se produjo un accidente en las inmediaciones de Santiago de Compostela; un tren de Alta Velocidad descarrila y tiene unas consecuencias trágicas: 81 muertos y más de 144 heridos graves, la mayor tragedia ferroviaria desde hacía 70 años.

La causa de tal accidente la atribuyeron, en un primer momento, al maquinista por un exceso de velocidad. Era una imputación fácil, él mismo reconoció su error y también fue víctima del accidente.

Después de casi 5 años de instrucción judicial, analizadas las pruebas documentales, los peritajes, un informe de la Unión Europea y muchas declaraciones, hasta el día de hoy, además del maquinista, hay 6 imputados más. Y todavía no ha terminado la instrucción.

Seguramente hay personas que pueden pensar que se trata de un accidente y que, por lo tanto, es inevitable. Como ya se ha dicho por parte de algunos “la seguridad al cien por cien no existe”. En nuestro caso, desgraciadamente, fue “la inseguridad al cien por cien”, ya que todos los ocupantes del tren fuimos afectados.

Algunos pueden pensar que nada tiene que ver esto con la política, que se ha intentado politizar el tema y que las víctimas hemos sido manipuladas. Ya lo han dicho de manera interesada infinidad de veces. Pero hay otras personas que, de buena fe, no ven la relación entre el accidente y la política. Por eso mi intención en este artículo es aclararles esta relación.

Lo primero que es preciso destacar es que las empresas que gestionan en España el sector ferroviario son dos: ADIF y RENFE, ambas dependientes del Ministerio de Fomento y cuyos presidentes son nombrados por los correspondientes ministros. Lo segundo es que los responsables últimos de que no funcione la seguridad y tenga unas consecuencias tan catastróficas son los máximos responsables de dichas empresas y del Ministerio de Fomento, que tienen la obligación legal y política de velar porque un asunto esencial como la seguridad ferroviaria sea la prioridad. Es aquella obligación que se llama “in vigilando”.

En este conglomerado de empresas y Ministerio, cada uno de ellos con sus correspondientes departamentos, se encuentran los que se llaman “altos cargos”, que son cargos de “libre disposición”, es decir nombrados “a dedo”; suelen ser técnicos afines al partido que gobierna, muy bien pagados y, en el caso que nos ocupa, expertos en materia de seguridad ferroviaria. Éstos conocen, o deben conocer perfectamente la normativa de seguridad y han de aplicarla con absoluto rigor. En caso de duda o de una importante decisión han de reportan al máximo responsable (Ministro o Presidente).

Cuando se producen negligencias graves, los responsables penales, sin ninguna duda, son estos “altos cargos”. Pero qué ocurre con las cúpulas de las organizaciones? Pues que, aunque no tengan responsabilidad penal, porque no haya pruebas suficientes para imputarlos, al menos tienen responsabilidad política, que es aquella que les exige cumplir las funciones para las que han sido nombrados y que son muy bien remunerados con los impuestos de todos los ciudadanos.

Por eso las víctimas, además del procedimiento penal, que llevamos independientemente con nuestros respectivos abogados, hemos pedido reiteradamente una Comisión de Investigación Parlamentaria. Y quién puede solicitar y llevar a cabo dicha Comisión? Solamente los partidos políticos con representación parlamentaria. Por esa razón las víctimas nos hemos tenido que dirigir a ellos para buscar apoyos. Algunos nos han apoyado desde el principio y se lo agradecemos mucho; otros no nos apoyaban al principio pero han cambiado su posición y también se lo agradecemos porque “rectificar es de sabios”; y finalmente otros, en este caso solamente el PP, nunca nos han apoyado ni creo que lo hagan.

Por lo tanto, el caso del accidente de Santiago es un desgraciado hecho de naturaleza política, si queremos llegar al final del camino y desenmascarar a todos los que han tenido alguna responsabilidad en la pérdida de tantas vidas humanas, con o sin reproche penal.

Y, desde luego, las circunstancias políticas del país en un momento determinado influyen de una u otra manera en este asunto, así como en muchos otros. La Presidenta del Congreso, antes Ministra de Fomento, Ana Pastor, dice no saber nada de lo que ocurría en su Ministerio, aunque se muestra absolutamente dispuesta a conocer la verdad. ¿Cómo se puede conocer la verdad de algo de lo que uno no se ha enterado después de cinco años? Ciertamente parece difícil, por no decir imposible.

También influyen las políticas y los valores de los partidos, especialmente del que tiene la tarea de Gobierno. Si un partido, en este caso el PP, no cree en las libertades civiles y políticas de los ciudadanos y en sus derechos es mucho más difícil que facilite el camino a las víctimas, más bien tenderá a entorpecérselo e, incluso, a impedírselo por los medios que sea. Valga un ejemplo: el día del primer aniversario de la tragedia en Santiago de Compostela enviaron a la policía antidisturbios para reprimir nuestra “presencia” en la Casa de la Cultura. El día que hemos ido a ver a Ana Pastor y nos quedamos 12 víctimas en la calle bajo la lluvia, tuvimos que soportar la presencia de dos personas de seguridad camufladas vigilando nuestros movimientos, como si fuésemos peligrosos terroristas.

Por eso el que tienda a separar este asunto de la política en general se está equivocando y, aunque sea de buena fe, percibe erróneamente la realidad. Pensar de la política que ese no es “nuestro asunto” es un grave error porque es el asunto de todos; lo mismo que no debemos pensar que no es “su asunto” otras graves cosas que están ocurriendo en nuestro país y que afectan a muchos ciudadanos: a jóvenes, a mujeres, a pensionistas, a discapacitados, a activistas, a artistas…. La involución de nuestra democracia nos afecta a todos. Tratar de avanzar en un problema específico de un colectivo, sin tener en cuenta el contexto político, es estar condenado a no avanzar en su propio problema.


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CRISTINA CIFUENTES Y SU PERSONAJE

El debate sobre el Máster de Cristina Cifuentes ha ocupado durante estos días páginas, debates, comparecencias, twists  y todo tipo de comunicaciones. Sin lugar a dudas, desde el punto de vista político y social es una actuación que merece todos los reproches, tanto por la más que probable falsedad, incluso documental, como por la mentira, que es uno de los peores “delitos” de un político.

Pero si profundizamos todavía más en el tema, ese análisis nos lleva a observar una situación desoladora en cuanto al concepto de valores que tiene Cifuentes y, por lo que sabemos, muchos más. A este respecto, habría que hacer la siguiente reflexión: ¿cuál fue la “razón práctica” que llevó a Cifuentes a “falsear” su Máster?. No lo necesitaba, no le iba a reportar ningún beneficio en su carrera política ni en su trabajo profesional, al que con toda probabilidad jamás se iba a incorporar. ¿Por qué entonces se metió en este lío?

Considero que el personaje de Cifuentes, ese que tenía que representar cada día y que la tenía muy satisfecha, necesitaba colgarse medallas, méritos, adornos, con los que compensar a la Cifuentes auténtica, que al parecer no llenaba su vida. Su problema en este momento es que, cuando se acaba el personaje, Cifuentes se queda sin nada, solo con la Cifuentes auténtica, desnuda como el rey de la fábula, lo que debe ser para ella dramático y produce hasta cierta compasión desde el punto de vista humano.

Cuando uno es un/a joven estudiante que acaba de terminar la carrera, no le queda más remedio que tener méritos académicos para encontrar un futuro en la vida; en ese momento vital los títulos importan mucho, porque la sociedad los exige. Pero cuando se tienen unos años y la vida resuelta, la motivación de hacer unos estudios post grado es esencialmente el conocimiento, eso que debería presidir cualquier estudio, pero de lo que nadie habla.

Lo verdaderamente importante sería preguntar: ¿qué aprendió Cifuentes del Máster? ¿Le sirvió para ser una persona, en este caso en el ejercicio de la política, más eficaz, más eficiente, más creativa, servir mejor a los ciudadanos? Indudablemente no, hubiera cursado o no el Máster. Porque el conocimiento, en política, está completamente devaluado; no importa, no interesa, incluso puede ser contraproducente porque sirve para hacer ciudadanos libres y la libertad siempre es un peligro para la política.

Por otra parte, los valores que representa el “personaje” político en nuestra sociedad son totalmente discriminatorios: los títulos parecen ser adornos imprescindibles. Cuantos más mejor, aunque no se haya asimilado nada de dicho aprendizaje, aunque no hayan servido para incrementar el conocimiento de la persona e influir positivamente en su modo de pensar y de actuar. Tengo que decir, por mi experiencia personal, que he conocido a personas muy valiosas sin título y a otras lamentables con muchos títulos.

Hemos visto imágenes abochornantes del PP aplaudiendo a Cifuentes de manera desmesurada por la supuesta falsificación de su Máster. Todas estas personas eran también “personajes” que se tenían que atener a su papel de comparsas necesarias para conseguir que la compañía de teatro les vuelva a contratar de nuevo.

Por ello para que un político sea fiable y haga bien su trabajo ha de despojarse del personaje y ser persona, con sus aciertos y con sus errores. Porque ponerse en el lugar de los ciudadanos y comprender sus problemas no es ir a un mercadillo y besar a los niños, eso lo hace el personaje, disfrazado, lleno de adornos y representando un papel.

Cristina Cifuentes probablemente se va a quedar sin personaje. Ahora tendrá que aprender a ser persona, esa persona que ha escondido durante tanto tiempo.

 


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LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO EN TORNO A LAS PENSIONES Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

En estos días estamos asistiendo a una serie de reivindicaciones de los pensionistas que, porque son absolutamente justas, desde el Gobierno se tratan de maquillar, utilizando un subterfugio para que los pensionistas acepten lo que no en aceptable en modo alguno.

Desde mi punto de vista, lo mismo que otros servicios públicos básicos, las pensiones deberían financiarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y no estar sometidas a determinadas fluctuaciones como son: el mercado de trabajo, la esperanza de vida o la salud económica de las arcas públicas. Es un “timo” eso del “pacto intergeneracional” y una excusa fantástica del Estado para poder bajar y manipular las pensiones  en función de su interés.

Lo mismo que ocurre en una economía privada -la de cada uno de nosotros- existen gastos esenciales que no podemos dejar de pagar: vivienda, luz, agua, medicamentos y alimentación. Sin eso, no podemos vivir. Sin embargo, otros gastos, aunque deseables, podemos considerarlos superfluos o de segundo orden en función de nuestras posibilidades, como: viajes, coche, restaurantes de lujo, móviles de última generación, ropa de marca, etc.

Los Presupuestos Generales del Estado deben cubrir, para todos los ciudadanos, esos gastos esenciales: educación, sanidad, pensiones, justicia, dependencia, paro y vivienda.  Y con el resto pagar otros gastos no imprescindibles, como pueden ser: AVE, autopistas, aeropuertos, ejército, etc.. Todo ello pagado con dinero público y mermándolo de los gastos básicos. ¿Por qué se priorizan esos gastos no imprescindibles?. Muy sencillo: porque esos gastos benefician a las empresas importantes e influyentes a los que se le adjudican las obras e incluso permiten, como lo estamos viendo cada día, que algunos políticos corruptos se lucren de ellos. Eso no ocurre con las pensiones y sueldos y salarios para pagar a los funcionarios que realizan el trabajo de las necesidades básicas (maestros, médicos, cuidadores y, en general, personal de la administración y servicios).

¿Se cumple así la Constitución de 1978?

Desde los Poderes del Estado español ya se encargaron en la Constitución de 1978 de “blindar” algunos artículos: la monarquía,  la cooperación con la iglesia católica, la sumisión a la tutela militar y la modificación de la propia Constitución. Sin embargo otros, los más necesarios para la ciudadanía, aquellos que afectan a los derechos básicos de la gente, no constituyen un principio de obligado cumplimiento: derecho a una vivienda digna, derecho a la salud, derechos laborales, derecho a las prestaciones sociales, derecho a la cultura, derechos de los discapacitados, derechos de los mayores y derechos de los consumidores, todos ellos recogidos en el capítulo tercero como “principios rectores de la política social y económica”, pero sin que exista una obligación de cumplimiento por parte de los poderes públicos. Esto no es una casualidad, es algo que se hizo con total y absoluta intencionalidad.

¿Y qué ocurre con los ingresos?

Sin lugar a dudas el Estado ha de equilibrar los ingresos con los gastos, porque de otra forma será imposible que los recursos lleguen para todas las necesidades. Los ingresos vienen de los impuestos de todo tipo. Pero ¿quién paga los impuestos?

Esencialmente lo pagamos los trabajadores por cuenta ajena que superamos el mínimo no exento de pagar impuestos. Ese es el grueso, junto con el IVA.

¿Quién se libra total o parcialmente de pagar impuestos teniendo ingresos más que suficientes?

  • Los que forman parte de una SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable): entidades bancarias (Santander, Banca March, Sabadell, Credit Suisse, BBVA, Urquijo Gestión….) y grupos independientes, pertenecientes, en general, al IBEX 35 (Endesa, Telefónica, Abertis, Repsol….).

Estas sociedades manejan (datos de 2017) 297.913 millones de euros, con enormes beneficios cada año. Las SICAV están formadas por las grandes fortunas y es una herramienta para canalizar sus inversiones. La principal ventaja de las SICAV es que las ganancias logradas por la sociedad de inversión tributan al 1%, frente al 30% del impuesto de sociedades. Estas sociedades requieren, para su puesta en marcha, de la participación de, al menos, 100 accionistas y un mínimo de, al menos, 2,4 millones de euros de patrimonio.

  • Los beneficiados de una amnistía fiscal. Cuando se produce la última amnistía fiscal se regularizan 40.000 millones de euros. Dicha amnistía fiscal afectó a 31.500 beneficiarios, que tributaron tan solo al 3%, mucho menos de lo que tributa un trabajador que recibe 800 euros al mes (12%).
  • Exenciones tributarias a la Iglesia Católica que, por diferentes conceptos, deja de ingresar a las arcas públicas 2.500 millones de euros cada año.
  • El dinero que se ha robado de las arcas públicas a consecuencia de la corrupción.

Se calcula que, si se resolviera todo lo anteriormente dicho, se añadirían a la recaudación en los Presupuestos Generales del Estado anualmente unos 200.000 millones de euros, con lo que se podrían pagar todas las necesidades básicas de los ciudadanos e, incluso, sobraría presupuesto para otros gastos necesarios aunque no básicos.

¿Por qué no se hace?

Porque existen intereses para favorecer los exorbitantes beneficios de unos en contra de los derechos de otros. Y todo ello amparado por una Constitución hecha por y para esos que, pudiendo, no contribuyen a los intereses generales.

La buena noticia es que hemos llegado a un punto en que la ciudadanía de este país tenemos conocimiento e información  y no estamos dispuestos a que se pisoteen nuestros derechos esenciales. Eso es democracia, lo demás es un timo.

 

 

 


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EL GOBIERNO DE ESPAÑA INCUMPLE DERECHOS FUNDAMENTALES RECOGIDOS EN LA CONSTITUCIÓN

Resulta asombrosa, además de preocupante, la deriva que está adoptando el Gobierno de Mariano Rajoy respecto al problema catalán. Este Gobierno del PP, con el inestimable apoyo de PSOE y C’s no se conforma solamente con enviar un batallón de policías y guardias civiles a Cataluña, con motivo de 1-O, para agredir a ciudadanos civiles pacíficos, cuyo único “delito” era querer votar, es decir ejercer un derecho democrático, en las condiciones que fueran, pero un derecho democrático al fin.

Las últimas acciones del Gobierno en estos días a muchos nos han producido auténtica “perplejidad” aunque, dicho sea de paso, ya no nos sorprendemos de casi nada. El asunto tan debatido en todos los medios de comunicación es la “iluminada” ocurrencia de acudir -otra vez- al Tribunal Constitucional para que Puigdemont no sea investido Presidente de la Generalitat de ninguna de las maneras, ni presencial, ni telemáticamente, ni en cuclillas.

Quiero pensar que estos Sres. que forman el Gobierno del reino de España, presidido por Mariano Rajoy, saben que el derecho del sufragio activo y pasivo es un derecho fundamental recogido en el artículo 23 de nuestra Constitución, esa a la que ellos mismos apelan continuamente. Y deben saber que si se impide la elección de la persona con más apoyos en el Parlament de Cataluña no solamente se le está impidiendo ejercer su derecho de ser elegido sino, lo que es peor, se está impidiendo ejercer un derecho fundamental a todos los electores que han votado legal y legítimamente a los diputados que apoyan la candidatura de Puigdemont. En este caso 2 millones de ciudadanos.

También quiero pensar que los miembros de este Gobierno saben que otro derecho fundamental es la presunción de inocencia de toda persona hasta que no exista una Sentencia firme. Por lo tanto, hasta tanto exista un inhabilitación en Sentencia firme, toda persona y también el Sr. Puigdemont, puede ejercer cualquier cargo público y, sobre todo, un cargo electo.

La Vicepresidenta del Gobierno, la Sra. Sáenz de Santamaría, dijo el otro día ante los medios que el Sr. Puigdemont tiene una orden de busca y captura. Lo que no dijo es que esa orden se circunscribe al territorio español, pues la famosa euroorden parece que tiene billete de ida y vuelta, pues va y viene y no se sabe por qué. Este hecho resulta un tanto extraño porque pertenecemos a un ámbito europeo y, por tanto, a los delincuentes de verdad se les persigue fuera de nuestras fronteras y los países europeos tienen obligación de cumplir la orden de extradicción (imaginemos, por ejemplo, el caso de un terrorista, el miembro de una organización mafiosa, un traficante de seres humanos, un asesino en serie, etc. etc.).

Y por último, lo que me quedaba por ver es que se dicte una orden contra alguien previa a realizar una supuesta infracción. Hasta donde alcanzan mis conocimientos, los delitos o infracciones han de ser cometidos para poder ser perseguidos. ¿Se imaginan que Hacienda nos multara “por si” pudiéramos defraudar el año que viene en el pago de nuestros tributos?. Sería una barbaridad, ¿no?. Pues esto es lo mismo.

Imagino que el Consejo de Estado habrá hecho algunas de estas reflexiones y claro, por un mínimo de profesionalidad, no ha hecho un informe favorable a esta petición del Gobierno.

Todos los argumentos expuestos no sólo los expongo yo sino que juristas de un gran prestigio lo han dicho con mucho más conocimiento de causa que el mío. Incluso alguno ha dicho estar totalmente asombrado de lo que está pasando. En eso y en otras muchas cosas coincidimos.

Probablemente muchos lectores estén pensando que soy una independentista radical. Pues no. Lo que soy es una demócrata convencida y me aterra que, como decía al principio, este Gobierno esté actuando cada vez más hacia una deriva totalitaria y antidemocrática. Desgraciadamente tenemos lamentables ejemplos en la Historia que nos alertan de que lo que ha empezado como una exaltación de la patria acaba convirtiéndose en algo mucho más peligroso.

Para terminar, por si alguien cree que este tema no le afecta como ciudadano, sea de donde sea (catalán, andaluz, extremeño, vasco o de cualquier otro lugar de España), les quiero recordar aquel poema que, aunque atribuido equivocadamente a Bertold Brech, pertenece al pastor Martin  Niemollër:

 

Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, 
porque yo no era comunista,
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio,
porque yo no era socialdemócrata
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté,
porque yo no era sindicalista,
Cuando vinieron a buscar a los judíos,
no pronuncié palabra,
porque yo no era judío,
Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí,
no había nadie más que pudiera protestar.”

 

Es necesario que esto nunca lo olvidemos.