EL BLOG DE TERESA GÓMEZ-LIMÓN


Deja un comentario

CARTA ABIERTA AL MINISTRO DE FOMENTO ÍÑIGO DE LA SERNA

Sr. Ministro,

Supongo que sigue usted con interés las noticias que aparecen sobre la catástrofe del tren de Santiago, ocurrido el 24 de julio de 2013 y que dejó 81 fallecidos y 144 lesionados.

Pero, por si acaso no ha estado al tanto, ya que últimamente tiene usted mucha “tarea” con el sistema ferroviario español (un tren se le incendia, teniendo que ser evacuados todos sus pasajeros; se estropea el sistema eléctrico del AVE de Andalucía….), le voy a contar algunas novedades que sin duda van a ser de su interés.

Cuando usted se dignó recibir a una representación de las víctimas el 29 de diciembre de 2016 y en aquella reunión le pedimos que cumpliera los compromisos que había adquirido siendo Alcalde de Santander de que se constituyera una Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) independiente, cumpliendo así con el mandato de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA, por sus siglas en inglés), usted, de forma muy displicente y despreciativa, dijo que la ERA no tenía competencias en España. Eso es una verdad a medias, puesto que la ERA, que como debería saber es el think tank (comité de expertos) de la Unión Europea en materia ferroviaria, es la que asesora a los eurodiputados y a la Comisión para la elaboración de la normativa en esta materia y, además, a partir del 2019 sus competencias van a ser mayores. Pero es cierto que no tiene competencias directas sobre usted y su Gobierno.

En aquella lamentable reunión usted apeló a los consejos de la Abogacía del Estado, es decir “sus abogados” y naturalmente “los abogados de ADIF y RENFE Operadora”, que son el Ministerio de Fomento. Naturalmente “sus abogados” -por cierto pagados por todos los ciudadanos- le aconsejaron bien, porque hacer una CIAF independiente supondría que saldrían a la luz datos que ni a usted ni a su gobierno ni al gobierno anterior le interesa que salgan. Esa es la verdad.

Cada una de las veces que ha tenido que salir a la palestra en relación con esta catástrofe ferroviaria, la más grave en la historia de la democracia, usted, sus antecesores y su gobierno han dicho la frase mágica: “dejemos que actúe la justicia”, como si la política no tuviera nada que ver en esto. Es lo que vulgarmente se llama “echar balones fuera”. Pues bien, la Justicia se ha pronunciado precisamente en ese tema y la Audiencia Provincial de La Coruña, en los autos de 26/05/16 y de 31/03/17 de 2017 ha dicho lo siguiente respecto a la CIAF: …”ciertamente, dado el origen de sus componentes, no puede ser tenido [se refiere al informe de la CIAF] como una evaluación de agentes independientes, lo que ocurre es que ese documento no forma parte de las pruebas documentales en el proceso penal, con lo cual la Audiencia, a mi manera de ver correctamente, se inhibe del tema político.

Respecto al nombramiento del nuevo Presidente de la CIAF, D. Fernando Montes Ponce de León, lo primero que quiero destacar es que ha sido vetado en la Comisión de Fomento del Congreso por muchos diputados, aunque naturalmente ha contado -como no podía ser de otra manera- con el voto favorable del PP y la abstención del PSOE, ambos partidos implicados en el caso Alvia. Respecto al nuevo presidente, Sr. Montes, he de puntualizar algunos extremos que considero del máximo interés:

  1. El Sr. Montes ha sido propuesto por el Ministro de Fomento, lo cual, como muy bien dice la Sala de la Audiencia el origende su propuesta, ya no puede considerarse independiente.
  2. El Sr. Montes dijo en sede parlamentaria que el informe de la CIAF sobre la catástrofe del Alvia  “se hizo con completa independencia y por gente profesional” . Es lógico que este señor diga eso, puesto que él mismo ha formado parte de la Comisión. ¡¡Faltaría más!!.
  3. Pero, además, o la ignorancia o la “obediencia debida” a quien le propone y le nombra, deben obnubilar los conocimientos de este señor porque dice algo a todas luces falso y es “hay 300 puntos similares a los de la curva de Angrois”. El Sr. Montes, a estas alturas de la investigación debería saber, como han dicho casi todos los peritos, que una curva de esta envergadura, en una línea de Alta Velocidad, en donde se tenga que pasar de 220 km/h a 80 km/h, sin mediar ninguna señalización lateral de velocidad es ÚNICA en la red ferroviaria española.
  4. Por último, también queremos destacar que el Sr. Montes trabajo, entre otros, para la empresa Dimetronic, una de las adjudicatarias del proyecto Orense-Santiago.

Sr. Ministro, las víctimas no pedimos que se “reabra” ninguna Comisión de Investigación de Accidentes ferroviarios, porque no estamos en un procedimiento judicial. Lo que hay que hacer es una Comisión nueva, que sea independiente y cumpla la Directiva Europea 49/2004, cosa que no se ha hecho, tal y como afirman la Comisión y el Parlamento Europeo y, ahora, hasta la Audiencia Provincial de La Coruña.

Por último, no olvide, Sr. Ministro, la palabras del poeta inglés Alexander Pope (1688-1744): El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar veinte más para sostener la certeza de esta primera”.

Anuncios


Deja un comentario

OTRO ACCIDENTE DEL ALVIA S730

Otro  tren Alvia S730 (FRANKENSTEIN), semejante al que sufrió el accidente de Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013, ha vuelto a sufrir un accidente, en este caso, afortunadamente sin víctimas. El accidente, ocurrido el 6 de abril de 2017 a las 18:00 h.,  ha sido provocado porque uno de los dos Coches Extremos Técnicos, que van cargados con un gran depósito de diesel para poder circular por líneas no electrificadas, se incendió (lo mismo que ocurrió también en el accidente de Santiago), teniendo que ser evacuados urgentemente todos los pasajeros que fueron llevados en autobús a su lugar de destino.

Como ya dijo la Agencia Ferroviaria Europea, en su informe de 26 de enero de 2016, era y es preciso hacer un análisis de riesgos de dicho material rodante, que es un nuevo tren hecho “a trozos” sin ninguna integración entre sí y sin que nadie, hasta el momento, tal como dice la normativa, haya hecho la citada evaluación de riesgos de este siniestro tren.

El tren Alvia S730 es- según palabras del ex ministro de Fomento, José Blanco- “único en el mundo”, lo cual es totalmente cierto, ya que se trata de una chapuza de tal naturaleza que hasta la empresa fabricante, Talgo, lo tiene descatalogado y no lo vende en ningún país del mundo, mientras que en España siguen funcionando en nuestras líneas ferroviarias poniendo en peligro la seguridad y la vida de los ocupantes del mismo.

Nos gustaría saber qué va a hacer ahora el Ministerio de Fomento. ¿Va a constituir una nueva Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios tan “independiente” como la anterior?; ¿le va a echar la culpa también al maquinista o a un pirómano que pasaba por allí?; ¿le va a contar lo sucedido a la Agencia Ferroviaria Europea para que vea lo estupendo que es el sistema ferroviario español?. Seguramente lo que va a hacer RENFE y el Ministerio de Fomento, que son la misma cosa, es como siempre hace, SILENCIAR lo acontecido y echar balones fuera.

Pero lo cierto y verdad es que los ciudadanos españoles no podemos seguir montándonos en trenes, que son un verdadero “monstruo tecnológico”, cuyos riesgos no han sido evaluados, que incumplen la normativa más elemental de seguridad y que ponen en peligro la vida de los usuarios y de los trabajadores.

 


Deja un comentario

LA INJUSTA SENTENCIA DE CASANDRA, LA AUSENCIA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LOS DATOS FALSOS

Todo el mundo -y cuando digo “mundo” lo digo en sentido literal, ya que este caso ha traspasado nuestras fronteras- está de acuerdo en lo injusto, desfasado en el tiempo y contra uno de los derechos fundamentales (la libertad de expresión) de la Sentencia contra Cassandra. La gente civilizada, que respetamos los Derechos Humanos Fundamentales, estamos de acuerdo en ello.

Sin embargo me ha llamado la atención que nadie, absolutamente nadie, al referirse al supuesto “enaltecimiento del terrorismo” al que se refiere la Sentencia de la Audiencia Nacional hable, no del terrorismo de ETA, sino del terrorismo de la CIA, con Henry Kissinger a la cabeza (por cierto actualmente este “señor” se encuentra en busca y captura internacional por delitos de genocidio). Algunos, empezando por los Ilustres Magistrados de la Audiencia Nacional, deberían estar mejor informados y no dejarse llevar por las mentiras que, desde el poder, contaron a los ciudadanos en su día y siguen manteniendo hoy.

Lo cierto y verdad, como así lo describe magistralmente en su libro “El Precio del Trono” la escritora y periodista Pilar Urbano, que hasta donde yo sé no ha sido denunciada todavía desde el año 2011 en que se publicó dicho libro, describe perfectamente en el mismo cómo los integrantes de ETA, que naturalmente tenían “infiltrados” dentro de su organización, recibieron por sorpresa (ya que ellos solo pretendían hacer un secuestro de alguna personalidad importante para intercambiarlo por presos de ETA) las órdenes oportunas  de matar a Carrero Blanco, cosa que a ellos mismos les dejó en su momento perplejos. Pero los de ETA fueron solamente el “instrumento” que utilizó la CIA para hacerlo y no los verdaderos autores, pues para no tener ni disponían de los explosivos adecuados, ya que los que pusieron -hasta que la CIA los cambió- estaban “caducados” y, en caso de utilizarlos, no hubieran explotado.

Esto no es ninguna leyenda urbana. Pilar Urbano obtiene dicha documentación, de los documentos que EEUU tiene obligación de desclasificar pasados 30 años, cosa que no ocurre en España.

Y algunos se preguntarán, ¿por qué la CIA iba a querer matar a Carrero Blanco? Por dos razones: la primera porque tenía muchas reticencias de renovar las bases norteamericanas sin ninguna contraprestación a España por parte del Gobierno americano y la segunda y más importante porque Carrero, en una de las visitas de Kissinger, le enseñó un anteproyecto de acuerdo para fabricar armas nucleares entre Francia y España. El asesino Kissinger y, por supuesto el Gobierno americano de entonces, no tuvo dudas sobre lo que había que hacer de manera inmediata.

Todo esto lo cuento porque, si la Audiencia Nacional decide, basándose en los fundamentos de derecho que estime oportunos, condenar a Casandra a un año de prisión por enaltecimiento del terrorismo, lo primero que ha de hacer en su sentencia es decir que los verdaderos terroristas fueron la CIA y Henry Kissinger, que planearon, organizaron, ordenaron y pusieron los medios necesarios para el asesinato de Carrero Blanco. Los de ETA, obedeciendo órdenes, se limitaron a apretar el botón.

Tanto esto es así que, cuando se analizó el explosivo que causó la muerte de Carrero Blanco, se dijo con claridad que dicho explosivo solo era utilizado en todo el mundo por el ejército de los Estados Unidos.

Señores de la Audiencia Nacional, cuando condenen a alguien por hacer un chiste de un dictador asesinado hace 44 años, al menos digan toda la verdad y pongan en su Sentencia a los verdaderos terroristas a los que se está enalteciendo: la CIA y Henry Kissinger. Existe documentación al respecto.

Por eso, para mejor proveer, les recomiendo encarecidamente la lectura del mencionado libro, con toda la documentación utilizada para su redacción.

Y permitan que la gente haga chistes de dictadores asesinos, es lo menos que se puede hacer, ya que nunca fueron condenados por sus crímenes, como ocurrió en la Alemania nazi. La Justicia debe ser para todos.


Deja un comentario

“JUDICIALIZAR” LA TRAGEDIA DEL TREN DE SANTIAGO

El Partido Popular, que tiene una gran cantidad de altos cargos supuestamente implicados en delitos, siempre trata de “judicializar” lo asuntos, diciendo cosas tales como: “ya lo decidirán los tribunales”…., “tenemos que esperar a ver qué dice la Justicia”…. y cosas similares, que escuchamos constantemente en las declaraciones que hacen en los medios de comunicación.

Al parecer, al Partido Popular el hecho de que haya personas que ocupan altos cargos dentro de la administración y a los que todos les pagamos, el que hagan una buena o mala gestión, el que cumplan con sus responsabilidades, el que velen por el bien común de los ciudadanos, les debe parecer una cosa que no tiene la menor importancia.

En el caso de la tragedia del tren de Santiago, esas frases las estamos oyendo desde que esta catástrofe se produjo. Pero, ¿por qué el Gobierno pretende que el asunto se convierta solo en un tema judicial y no sea considerado, además, un tema político, relativo a sus responsabilidades públicas? Pues es muy sencillo:

  1. Porque la Justicia, especialmente la Fiscalía, como lamentablemente hemos podido conocer últimamente, está controlada por el Gobierno. Hemos oído como el Ministro Catalá, que fue Secretario de Estado del Ministerio de Fomento cuando se produjo el accidente, ha dicho públicamente: “me pongo al lado de los jefes”.¿Y quiénes son los jefes?: el Fiscal General del Estado, elegido por el Gobierno, y el Sr. Catalá, que quita y pone fiscales en función de su “obediencia debida”.
  2. Porque los asuntos judiciales se dilatan muchísimo en el tiempo, a veces no tanto porque sean tan complejos sino porque “se meten en el cajón” y así los ciudadanos e, incluso, los afectados se van “olvidando” del tema. En ningún país de Europa ocurre que un asunto como el del Yack 42 tarde 14 años en aclararse. Y solo en parte.
  3. Porque el Gobierno jamás admite responsabilidades políticas, los políticos no son responsables más que de “servir fielmente a su partido”. En una ocasión, a las víctimas del Alvia un exministro relacionado directamente con el tema nos dijo a la cara: “los ministros estamos para firmar”.
  4. Porque el Gobierno lo tiene todo “atado y bien atado”, como decía el dictador, y en España existe un solo poder con distintas funciones. Y a la Justicia le han dado el “marrón” de proteger a los poderosos. Y cuando alguno se sale del esquema lo cesan, lo inhabilitan, lo presionan y hasta reciben amenazas, ellos y sus familias. Como se ve, todo muy democrático.

Menos mal que estamos en Europa, que es el único “contrapunto” para tanta desvergüenza, inmoralidad e ignominia que ocurre en este país, concretamente contra la víctimas del tren de Santiago. Las autoridades europeas han demostrado tener moral y nos han tratado como a ciudadanos, cosa a la que desgraciadamente no estamos acostumbrados.

El Fiscal que lleva la instrucción de nuestra causa, D. Antonio Roma, en dos ocasiones que el Juez Aláez imputó primero a 22 y luego a 11 responsables de Adif, solicitó inmediatamente su desimputación, obviamente, tal como ha dicho el Ministro, “obedeciendo a sus jefes”. No sabemos si, con los datos actuales, que son demoledores, tanto por parte de la Agencia Ferroviaria Europea como por parte de los peritos independientes, seguirá obedeciendo a sus jefes o cumplirá con los que dice la Constitución que es su función: “la defensa de la legalidad y el bien común”. Porque, según vemos, ambas cosas son incompatibles. El tiempo nos lo dirá.

 

 

 

 

 


Deja un comentario

PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA: UN AUTENTICO PARIPÉ

La semana pasada los profesionales y las usuarias de los juzgados de violencia de género de Madrid sufrimos una penosa actuación por un grupo de individuos que constantemente acuden a los juzgados de violencia con pegatinas insultantes que colocan en árboles, aceras y por fuera de los juzgados, algo que les sale completamente gratis. El pasado martes, 21 de febrero, aparecieron con una sábana donde se pedía la derogación de la Ley contra la Violencia de Género y en un especie de bandera de España la frase: “in dubio pro zorra”, lo que sin duda es una invitación al odio y a la violencia contra las mujeres. A alguna compañera mía, que se acercó para hacer una foto, la increparon. Me gustaría que, en este caso, la fiscalía actuara de oficio contra estos individuos si de verdad las instituciones quieren demostrar que están decididas a luchar contra la violencia de género. Resulta asombroso que ante una actuación de este tipo ni siquiera se haya abierto una investigación.

No sé si, en este caso, el Ministro Catalá, dirá, como en el caso de los titiriteros, que es “repugnante y nada edificante” y que tienen “tintes manifiestamente de delito por ensalzamiento del terrorismo”. Probablemente al Sr. Catalá, el que maten cada día a las mujeres por violencia machista y que, al mismo tiempo, unos individuos vayan a llamarlas “zorras” no tiene la menor importancia. Así es el Ministro de Justicia que tenemos.

Desde que ha comenzado 2017 han sido asesinadas 15 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, lo que constituye toda una lacra social y un atentado contra los derechos humanos, que una sociedad  no puede permitir de ninguna manera.

Ante lo grave de la situación, PP y PSOE han propuesto en el Congreso de los Diputados un pacto de Estado contra la violencia machista. Para ello han creado una subcomisión, a la que al parecer van a acudir, además de diputados, reconocidos expertos.

Sin embargo a mí, como psicóloga forense de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que día a día me encuentro con este problema como profesional y que tengo una experiencia más que dilatada en ese campo, me asaltan muchas dudas. Temo que dicho pacto no quede, como ya ha ocurrido en muchas otras ocasiones, en otro “maquillaje gatopardiano” para quedar bien ante la opinión pública y que, como en otras ocasiones, nos hagan creer que cambia todo para que no cambie nada. Voy a señalar algunos aspectos que, desde mi experiencia, habría que cambiar de manera inmediata.

  1. La violencia de género, no nos olvidemos, no surge de un día para otro sino que se gesta a lo largo de años. Las víctimas deberían tener acceso  a servicios públicos -psicológicos y sociales- a los que acudir sin que tengan necesidad de interponer una denuncia. Porque -y este dato nunca lo debemos olvidar- la mayoría de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas no habían denunciado previamente. ¿Por qué?, por el propio problema de la violencia de género: miedo, inseguridad y, sobre todo, problemas emocionales. Por lo tanto, las mujeres víctimas de violencia de género deberían contar con servicios públicos psicológicos y sociales de calidad previos a la denuncia.
  2. La mayoría de las mujeres que denuncian lo hacen con abogados de oficio, es decir sin coste para la víctima. El problema, como ellos mismos reivindican, es que habría que modificar de manera profunda el turno de oficio, ya que un abogado de estas características cobra unos 130 euros por expediente y a algunos de dichos expedientes hay que dedicarles mucho tiempo porque se trata de causas complejas. Los abogados más reputados no trabajan de oficio sino de manera privada y sus costas son mucho más altas y muchas mujeres víctimas de la violencia machista no las pueden pagar. Otro aspecto sería que las mujeres víctimas de violencia de género  contaran con abogados de oficio con experiencia, profesionalidad, capacidad y, naturalmente, pagados dignamente.
  3. La peligrosidad del supuesto maltratador es un elemento esencial para evitar las muertes, eso parece un aspecto casi de sentido común. Pero, ¿cómo se evalúa la peligrosidad de los supuestos maltratadores? Pues a través de un programa informático, llamado VioGen, que tiene la policía y que, en función de unos datos que le da la víctima cuando va a denunciar, determina informáticamente la peligrosidad del supuesto maltratador. En la mayoría de los casos, la evaluación del riesgo nada tiene que ver con la realidad. Yo, como psicóloga, que evalúa a muchos maltratadores, puedo asegurar que es IMPOSIBLE predecir y evaluar la conducta peligrosa de una persona sin haberla visto. Por lo tanto, en las comisarías donde la víctima vaya a poner la denuncia, deberían existir psicólogos expertos para evaluar la peligrosidad del supuesto maltratador. Esta es una medida que mitigaría bastante el riesgo.
  4. Una formación continua de cualquier profesional es algo básico y esencial. Pues bien, en el caso de los profesionales que actúan como peritos de los equipos psicosociales la situación es la siguiente: no tienen plaza fija, tan solo la tenemos los más antiguos, no hay una reposición de plazas equilibrada (se quedan más plazas vacantes de las que se cubren) y en la periferia, lo que no es Madrid capital, los juzgados de violencia tienen que compatibilizar la atención a las mujeres víctimas de violencia con el resto de procedimientos de instrucción, con lo que una víctima puede tardar un año en ser citada para su evaluación. Además, las personas que se incorporan por bolsa de trabajo, muchas veces, aunque tengan el título profesional, jamás han trabajado en un juzgado ni -lo que es peor- la administración les ha formado para ello. Somos las propias compañeras, de manera altruista, las que les damos cierta formación en la medida de nuestra disposición de tiempo. Por lo tanto, las víctimas de violencia de género, cuando ponen una denuncia, deberían contar con recursos suficientes en el juzgado para que su caso se evaluara en breve y los profesionales que la atiendan sean profesionales formados y con experiencia.
  5. En muchos casos no ha existido petición por parte del juez ni del fiscal de informe pericial psicológico o social. Esto es grave porque en una sala de vistas, con el escaso tiempo de que disponen los jueces, dedicándole a la víctima un tiempo limitado, que solamente se refiere a los hechos denunciados, pero que no enmarcan las circunstancias en su totalidad, es muy difícil conocer bien la situación y, en ocasiones, percibir su nivel de gravedad. Por lo tanto, lo mismo que ocurre con el caso de los menores, en el caso de víctimas de violencia de género el informe pericial debería ser preceptivo, aunque no vinculante. Esto lo hemos pedido en reiteradas ocasiones, pero las autoridades jamás nos han hecho caso.
  6. La Comunidad de Madrid, de quien dependemos, está siempre amenazando con quitar juzgados de violencia de género en la capital y los psicólogos y trabajadores sociales no estamos en las guardias de los juzgados, aunque lo hemos reivindicado cantidad de veces. Así que cuando llega una víctima de violencia machista, en circunstancias psicológicas bastante degradadas, lo único que recibe es la toma de declaración y una lista de teléfonos con los recursos a los que acudir, pero nadie la atiende psicológica y socialmente de una manera personalizada. Esta atención es importante, porque se trata de una mujer en situación vulnerable, que necesita algo más que burocracia. Por otra parte el material psicotécnico nos lo dan a cuentagotas y nunca todo lo que pedimos y que es necesario para nuestro trabajo.

Habría muchas más cosas que hacer, como lo referente a temas educativos, concienciación de la sociedad, introducción legislativa como violencia de los temas de trata o de acoso laboral, que no están en la ley, casas de acogida, puntos de encuentro familiar, que se deberían tratar, pero que alargarían mucho este artículo.

Pero lo que pretendo demostrar en estos seis puntos que he expuesto es que todas las medidas requieren de algo esencial: recursos económicos públicos y que, desde el año 2010, los presupuestos generales del Estado para violencia de género se han recortado un 26%, mientras que se rescata a los Bancos, se hacen amnistías fiscales y las SICAV tributan el 1% de sus grandes fortunas.


Deja un comentario

LA FISCALÍA POLÍTICA

Aunque ya casi nada sorprende en este país, estos últimos días hemos asistido a unos hechos verdaderamente inquietantes:

  • La Fiscalía General del Estado ordenó no seguir adelante con la investigación del Presidente de Murcia, contra el criterio de las encargadas del caso Púnica, partidarias de reclamar la imputación de Pedro Antonio Sánchez.
  • El Presidente de Murcia, dirigente del PP, ya conocía, antes de que se hiciera público, que la cúpula fiscal apoyaba exonerarle.
  • La cúpula del Ministerio Fiscal explica, sin rubor alguno, que los asuntos de trascendencia se pasan para su examen a la Secretaría Técnica, el órgano que asesora al Fiscal General.
  • Rafael Catalá, Ministro de Justicia del reino de España, dice: “lo anómalo es que las fiscales [del caso Púnica] no acaten el criterio de sus superiores”.
  • Se sustituye al fiscal superior de Murcia, que investiga al Presidente de esa Comunidad por corrupción.

Todo esto ha pasado a lo largo de una semana en España, un país que se presenta ante el mundo como democrático. Para mayor abundamiento, hemos escuchado esta mañana unas declaraciones del fiscal superior saliente, Manuel López Bernal, en las que decía, los gravísimos hechos vividos por él y sus compañeros por luchar contra la corrupción: “no puede ser que al final los perseguidos seamos los fiscales y no los corruptos”. Y seguidamente ha explicado que los fiscales “independientes” han tenido que sufrir todo tipo de intimidaciones, ellos y sus familias. Explica que, incluso, “a un compañero le entraron dos veces en casa delincuentes, que no eran <<comunes>> para llevarse información sensible de la lucha contra la corrupción. Solo se llevaron su ordenador. Ni siquiera se han llevado, para disimular, el dinero que había en casa, como queriendo dejar su tarjeta de visita”. Y sigue diciendo: “hemos denunciado a la Fiscalía General del Estado y a la Delegación del Gobierno, pero las investigaciones no salen adelante”.

La Constitución Española de 1978, origen de todo este sistema no democrático, establece en su artículo 117.1 la independencia de jueces y magistrados. En su artículo 124.1 atribuye a la fiscalía la misión de promover la acciones de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público y procurar el interés social. Pero luego, los artículos 124.2, 124.3 y 124.4 dice que la fiscalía tendrá dependencia jerárquica, es decir que los fiscales tienen que obedecer a sus  jefes, que una ley [hecha por el Gobierno de turno] regulará el gobierno de los fiscales y que el Fiscal General del Estado será nombrado por el rey a propuesta del Gobierno.

Para ser claros: que la fiscalía depende del Gobierno y sirve fielmente al Gobierno y a los poderosos y al fiscal que trata de defender la legalidad lo eliminan. Esa es la realidad, eso sí, amparada por la “sagrada Constitución”.

Esto es lo que sale a la luz. Pero, cuando un ciudadano normal experimenta la situación en sus propias carnes, porque le toca enfrentarse a los Poderes del Estado, además de indignación e ira siente algo mucho peor: miedo, por lo que le pueda ocurrir, al salirse de los cauces corruptos del “sistema”. Es exactamente la misma sensación que tendría en una dictadura. No hay ninguna diferencia.

Por eso, los ciudadanos no podemos permitir que la Justicia siga así, que no sea independiente del poder político, que tenga que obedecer órdenes para amparar a corruptos que están perjudicando a la ciudadanía, que los jueces y los fiscales incómodos para el poder sean apartados e incluso amenazados.

¡No lo podemos permitir! ¡Basta ya! ¡Necesitamos una democracia real!

 

 


Deja un comentario

LA SENTENCIA DE CASO NOOS: UN FRAUDE MÁS DE UNA FALSA DEMOCRACIA

Después de siete meses de “listo para Sentencia” hoy hemos conocido la Sentencia del caso noos. No nos ha sorprendido porque, desgraciadamente, cualquier persona medianamente informada sabe cómo no funciona la democracia en este país.

Lo que a mí sí me ha sorprendido realmente (y nunca mejor dicho) es lo poco que se coordinan los que detentan el poder judicial, que son los mismos que detentan el poder político y económico, para llegar a esta “solución final”.

Porque yo me pregunto: ¿cómo es posible que el Fiscal pida para un imputado -perdón, “investigado”- 19 años de prisión y el tribunal sentenciador lo deje en 6 años?, menos de un tercio de lo solicitado por la fiscalía. Aquí hay algo que no cuadra.

Una de dos: o el fiscal es un pésimo profesional, que no sabe aplicar la legislación vigente ni valorar las pruebas o el tribunal sentenciador ha sido “tocado por el dedo de Dios”. Pero no suele ser frecuente que ocurra algo de esta naturaleza. Porque lo menos que pueden hacer, para que no sea tan escandaloso para los ciudadanos, es ponerse de acuerdo previamente y solicitar penas más o menos parecidas, ya que el Código Penal a aplicar es el mismo. ¿O no?.

Al parecer, el tribunal sentenciador le ha aplicado a Iñaki Urdangarín todos los atenuantes que existen en el Código Penal y yo diría que hasta se han sacado alguno de la manga. Vamos que la criatura es un “angelito”, que se ha despistado un poco y se ha llevado unos cientos de millones de euros del dinero que pagamos todos, pero sin mala intención. Además, parece que ha devuelto “un poquito” del dinero a las arcas públicas. Pero no es que lo haya devuelto por remordimiento de conciencia. ¡No!. Lo ha devuelto cuando le han “pillado”, que no es lo mismo, ya que dinero nunca le va a faltar, como ya hemos podido ver por el tren de vida que estas dos personas y sus hijos han llevado y llevan tanto en Washington como en Suiza, un nivel de vida que la inmensa mayoría de los ciudadanos no podemos ni soñar. Será por los “ahorros” de todos estos años.

Respecto a la Infanta del reino de España (qué antiguo suena eso), pues lo que ya se sabía y se esperaba. Y en ese caso sí que han estado de acuerdo la fiscalía y el tribunal sentenciador: que era una mujer “florero”, que firmaba cosas que no sabía qué eran, a pesar de ser mayor de edad; y que para ella el amor era más fuerte que el cumplimiento de la Ley. Ya saben, cuando cometan un delito y les pillen argumenten que fue por amor y el tribunal lo tendrá en cuenta

Hace poco, hemos podido leer todos como a una joven llamada Cassandra le pedían 2 años y medio de prisión ¡por hacer chistes sobre Carrero Blanco en su cuenta de twitter! Si comparamos los dos casos, el tribunal sentenciador a esta joven no sólo debería aplicarle, como a Urdangarín, todos los atenuantes, sino incluso “premiarla”. Pero me olvidaba que esta mujer no tiene sangre azul y eso tiene su importancia en la manera de aplicar la llamada justicia en algunos miembros del poder judicial.

No entiendo de ninguna de las maneras cómo en pleno siglo XXI y en un sistema llamado democrático existe la institución monárquica. Pero todavía me parece más anacrónico e inasumible si la restauración de esa monarquía ha venido de la mano del dictador; si el llamado “rey emérito” tuvo que dimitir por algunos escándalos (solo los que se conocen) y si los miembros de la Familia Real se dedican a robar a los ciudadanos. Ante todo este cúmulo de circunstancias hay que ser muy, muy fanático para seguir apoyando todavía la monarquía en este país.

Por todo ello, solo puedo acabar este artículo diciendo: ¡Viva la República!