EL BLOG DE TERESA GÓMEZ-LIMÓN


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CRISTINA CIFUENTES Y SU PERSONAJE

El debate sobre el Máster de Cristina Cifuentes ha ocupado durante estos días páginas, debates, comparecencias, twists  y todo tipo de comunicaciones. Sin lugar a dudas, desde el punto de vista político y social es una actuación que merece todos los reproches, tanto por la más que probable falsedad, incluso documental, como por la mentira, que es uno de los peores “delitos” de un político.

Pero si profundizamos todavía más en el tema, ese análisis nos lleva a observar una situación desoladora en cuanto al concepto de valores que tiene Cifuentes y, por lo que sabemos, muchos más. A este respecto, habría que hacer la siguiente reflexión: ¿cuál fue la “razón práctica” que llevó a Cifuentes a “falsear” su Máster?. No lo necesitaba, no le iba a reportar ningún beneficio en su carrera política ni en su trabajo profesional, al que con toda probabilidad jamás se iba a incorporar. ¿Por qué entonces se metió en este lío?

Considero que el personaje de Cifuentes, ese que tenía que representar cada día y que la tenía muy satisfecha, necesitaba colgarse medallas, méritos, adornos, con los que compensar a la Cifuentes auténtica, que al parecer no llenaba su vida. Su problema en este momento es que, cuando se acaba el personaje, Cifuentes se queda sin nada, solo con la Cifuentes auténtica, desnuda como el rey de la fábula, lo que debe ser para ella dramático y produce hasta cierta compasión desde el punto de vista humano.

Cuando uno es un/a joven estudiante que acaba de terminar la carrera, no le queda más remedio que tener méritos académicos para encontrar un futuro en la vida; en ese momento vital los títulos importan mucho, porque la sociedad los exige. Pero cuando se tienen unos años y la vida resuelta, la motivación de hacer unos estudios post grado es esencialmente el conocimiento, eso que debería presidir cualquier estudio, pero de lo que nadie habla.

Lo verdaderamente importante sería preguntar: ¿qué aprendió Cifuentes del Máster? ¿Le sirvió para ser una persona, en este caso en el ejercicio de la política, más eficaz, más eficiente, más creativa, servir mejor a los ciudadanos? Indudablemente no, hubiera cursado o no el Máster. Porque el conocimiento, en política, está completamente devaluado; no importa, no interesa, incluso puede ser contraproducente porque sirve para hacer ciudadanos libres y la libertad siempre es un peligro para la política.

Por otra parte, los valores que representa el “personaje” político en nuestra sociedad son totalmente discriminatorios: los títulos parecen ser adornos imprescindibles. Cuantos más mejor, aunque no se haya asimilado nada de dicho aprendizaje, aunque no hayan servido para incrementar el conocimiento de la persona e influir positivamente en su modo de pensar y de actuar. Tengo que decir, por mi experiencia personal, que he conocido a personas muy valiosas sin título y a otras lamentables con muchos títulos.

Hemos visto imágenes abochornantes del PP aplaudiendo a Cifuentes de manera desmesurada por la supuesta falsificación de su Máster. Todas estas personas eran también “personajes” que se tenían que atener a su papel de comparsas necesarias para conseguir que la compañía de teatro les vuelva a contratar de nuevo.

Por ello para que un político sea fiable y haga bien su trabajo ha de despojarse del personaje y ser persona, con sus aciertos y con sus errores. Porque ponerse en el lugar de los ciudadanos y comprender sus problemas no es ir a un mercadillo y besar a los niños, eso lo hace el personaje, disfrazado, lleno de adornos y representando un papel.

Cristina Cifuentes probablemente se va a quedar sin personaje. Ahora tendrá que aprender a ser persona, esa persona que ha escondido durante tanto tiempo.

 


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LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO EN TORNO A LAS PENSIONES Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

En estos días estamos asistiendo a una serie de reivindicaciones de los pensionistas que, porque son absolutamente justas, desde el Gobierno se tratan de maquillar, utilizando un subterfugio para que los pensionistas acepten lo que no en aceptable en modo alguno.

Desde mi punto de vista, lo mismo que otros servicios públicos básicos, las pensiones deberían financiarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y no estar sometidas a determinadas fluctuaciones como son: el mercado de trabajo, la esperanza de vida o la salud económica de las arcas públicas. Es un “timo” eso del “pacto intergeneracional” y una excusa fantástica del Estado para poder bajar y manipular las pensiones  en función de su interés.

Lo mismo que ocurre en una economía privada -la de cada uno de nosotros- existen gastos esenciales que no podemos dejar de pagar: vivienda, luz, agua, medicamentos y alimentación. Sin eso, no podemos vivir. Sin embargo, otros gastos, aunque deseables, podemos considerarlos superfluos o de segundo orden en función de nuestras posibilidades, como: viajes, coche, restaurantes de lujo, móviles de última generación, ropa de marca, etc.

Los Presupuestos Generales del Estado deben cubrir, para todos los ciudadanos, esos gastos esenciales: educación, sanidad, pensiones, justicia, dependencia, paro y vivienda.  Y con el resto pagar otros gastos no imprescindibles, como pueden ser: AVE, autopistas, aeropuertos, ejército, etc.. Todo ello pagado con dinero público y mermándolo de los gastos básicos. ¿Por qué se priorizan esos gastos no imprescindibles?. Muy sencillo: porque esos gastos benefician a las empresas importantes e influyentes a los que se le adjudican las obras e incluso permiten, como lo estamos viendo cada día, que algunos políticos corruptos se lucren de ellos. Eso no ocurre con las pensiones y sueldos y salarios para pagar a los funcionarios que realizan el trabajo de las necesidades básicas (maestros, médicos, cuidadores y, en general, personal de la administración y servicios).

¿Se cumple así la Constitución de 1978?

Desde los Poderes del Estado español ya se encargaron en la Constitución de 1978 de “blindar” algunos artículos: la monarquía,  la cooperación con la iglesia católica, la sumisión a la tutela militar y la modificación de la propia Constitución. Sin embargo otros, los más necesarios para la ciudadanía, aquellos que afectan a los derechos básicos de la gente, no constituyen un principio de obligado cumplimiento: derecho a una vivienda digna, derecho a la salud, derechos laborales, derecho a las prestaciones sociales, derecho a la cultura, derechos de los discapacitados, derechos de los mayores y derechos de los consumidores, todos ellos recogidos en el capítulo tercero como “principios rectores de la política social y económica”, pero sin que exista una obligación de cumplimiento por parte de los poderes públicos. Esto no es una casualidad, es algo que se hizo con total y absoluta intencionalidad.

¿Y qué ocurre con los ingresos?

Sin lugar a dudas el Estado ha de equilibrar los ingresos con los gastos, porque de otra forma será imposible que los recursos lleguen para todas las necesidades. Los ingresos vienen de los impuestos de todo tipo. Pero ¿quién paga los impuestos?

Esencialmente lo pagamos los trabajadores por cuenta ajena que superamos el mínimo no exento de pagar impuestos. Ese es el grueso, junto con el IVA.

¿Quién se libra total o parcialmente de pagar impuestos teniendo ingresos más que suficientes?

  • Los que forman parte de una SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable): entidades bancarias (Santander, Banca March, Sabadell, Credit Suisse, BBVA, Urquijo Gestión….) y grupos independientes, pertenecientes, en general, al IBEX 35 (Endesa, Telefónica, Abertis, Repsol….).

Estas sociedades manejan (datos de 2017) 297.913 millones de euros, con enormes beneficios cada año. Las SICAV están formadas por las grandes fortunas y es una herramienta para canalizar sus inversiones. La principal ventaja de las SICAV es que las ganancias logradas por la sociedad de inversión tributan al 1%, frente al 30% del impuesto de sociedades. Estas sociedades requieren, para su puesta en marcha, de la participación de, al menos, 100 accionistas y un mínimo de, al menos, 2,4 millones de euros de patrimonio.

  • Los beneficiados de una amnistía fiscal. Cuando se produce la última amnistía fiscal se regularizan 40.000 millones de euros. Dicha amnistía fiscal afectó a 31.500 beneficiarios, que tributaron tan solo al 3%, mucho menos de lo que tributa un trabajador que recibe 800 euros al mes (12%).
  • Exenciones tributarias a la Iglesia Católica que, por diferentes conceptos, deja de ingresar a las arcas públicas 2.500 millones de euros cada año.
  • El dinero que se ha robado de las arcas públicas a consecuencia de la corrupción.

Se calcula que, si se resolviera todo lo anteriormente dicho, se añadirían a la recaudación en los Presupuestos Generales del Estado anualmente unos 200.000 millones de euros, con lo que se podrían pagar todas las necesidades básicas de los ciudadanos e, incluso, sobraría presupuesto para otros gastos necesarios aunque no básicos.

¿Por qué no se hace?

Porque existen intereses para favorecer los exorbitantes beneficios de unos en contra de los derechos de otros. Y todo ello amparado por una Constitución hecha por y para esos que, pudiendo, no contribuyen a los intereses generales.

La buena noticia es que hemos llegado a un punto en que la ciudadanía de este país tenemos conocimiento e información  y no estamos dispuestos a que se pisoteen nuestros derechos esenciales. Eso es democracia, lo demás es un timo.

 

 

 


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EL GOBIERNO DE ESPAÑA INCUMPLE DERECHOS FUNDAMENTALES RECOGIDOS EN LA CONSTITUCIÓN

Resulta asombrosa, además de preocupante, la deriva que está adoptando el Gobierno de Mariano Rajoy respecto al problema catalán. Este Gobierno del PP, con el inestimable apoyo de PSOE y C’s no se conforma solamente con enviar un batallón de policías y guardias civiles a Cataluña, con motivo de 1-O, para agredir a ciudadanos civiles pacíficos, cuyo único “delito” era querer votar, es decir ejercer un derecho democrático, en las condiciones que fueran, pero un derecho democrático al fin.

Las últimas acciones del Gobierno en estos días a muchos nos han producido auténtica “perplejidad” aunque, dicho sea de paso, ya no nos sorprendemos de casi nada. El asunto tan debatido en todos los medios de comunicación es la “iluminada” ocurrencia de acudir -otra vez- al Tribunal Constitucional para que Puigdemont no sea investido Presidente de la Generalitat de ninguna de las maneras, ni presencial, ni telemáticamente, ni en cuclillas.

Quiero pensar que estos Sres. que forman el Gobierno del reino de España, presidido por Mariano Rajoy, saben que el derecho del sufragio activo y pasivo es un derecho fundamental recogido en el artículo 23 de nuestra Constitución, esa a la que ellos mismos apelan continuamente. Y deben saber que si se impide la elección de la persona con más apoyos en el Parlament de Cataluña no solamente se le está impidiendo ejercer su derecho de ser elegido sino, lo que es peor, se está impidiendo ejercer un derecho fundamental a todos los electores que han votado legal y legítimamente a los diputados que apoyan la candidatura de Puigdemont. En este caso 2 millones de ciudadanos.

También quiero pensar que los miembros de este Gobierno saben que otro derecho fundamental es la presunción de inocencia de toda persona hasta que no exista una Sentencia firme. Por lo tanto, hasta tanto exista un inhabilitación en Sentencia firme, toda persona y también el Sr. Puigdemont, puede ejercer cualquier cargo público y, sobre todo, un cargo electo.

La Vicepresidenta del Gobierno, la Sra. Sáenz de Santamaría, dijo el otro día ante los medios que el Sr. Puigdemont tiene una orden de busca y captura. Lo que no dijo es que esa orden se circunscribe al territorio español, pues la famosa euroorden parece que tiene billete de ida y vuelta, pues va y viene y no se sabe por qué. Este hecho resulta un tanto extraño porque pertenecemos a un ámbito europeo y, por tanto, a los delincuentes de verdad se les persigue fuera de nuestras fronteras y los países europeos tienen obligación de cumplir la orden de extradicción (imaginemos, por ejemplo, el caso de un terrorista, el miembro de una organización mafiosa, un traficante de seres humanos, un asesino en serie, etc. etc.).

Y por último, lo que me quedaba por ver es que se dicte una orden contra alguien previa a realizar una supuesta infracción. Hasta donde alcanzan mis conocimientos, los delitos o infracciones han de ser cometidos para poder ser perseguidos. ¿Se imaginan que Hacienda nos multara “por si” pudiéramos defraudar el año que viene en el pago de nuestros tributos?. Sería una barbaridad, ¿no?. Pues esto es lo mismo.

Imagino que el Consejo de Estado habrá hecho algunas de estas reflexiones y claro, por un mínimo de profesionalidad, no ha hecho un informe favorable a esta petición del Gobierno.

Todos los argumentos expuestos no sólo los expongo yo sino que juristas de un gran prestigio lo han dicho con mucho más conocimiento de causa que el mío. Incluso alguno ha dicho estar totalmente asombrado de lo que está pasando. En eso y en otras muchas cosas coincidimos.

Probablemente muchos lectores estén pensando que soy una independentista radical. Pues no. Lo que soy es una demócrata convencida y me aterra que, como decía al principio, este Gobierno esté actuando cada vez más hacia una deriva totalitaria y antidemocrática. Desgraciadamente tenemos lamentables ejemplos en la Historia que nos alertan de que lo que ha empezado como una exaltación de la patria acaba convirtiéndose en algo mucho más peligroso.

Para terminar, por si alguien cree que este tema no le afecta como ciudadano, sea de donde sea (catalán, andaluz, extremeño, vasco o de cualquier otro lugar de España), les quiero recordar aquel poema que, aunque atribuido equivocadamente a Bertold Brech, pertenece al pastor Martin  Niemollër:

 

Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, 
porque yo no era comunista,
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio,
porque yo no era socialdemócrata
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté,
porque yo no era sindicalista,
Cuando vinieron a buscar a los judíos,
no pronuncié palabra,
porque yo no era judío,
Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí,
no había nadie más que pudiera protestar.”

 

Es necesario que esto nunca lo olvidemos.


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LAS MENTIRAS PROPAGANDÍSTICAS DE ANA PASTOR SIENDO MINISTRA DE FOMENTO

Revisar una documentación pasada te refresca la memoria. Eso me ha ocurrido a mí hace unos días cuando intentaba poner en orden los centenares de folios periodísticos que ha ocupado -y ocupa- el accidente del tren de Santiago ocurrido el 24 de julio de 2013 y cuya consecuencia fueron 81 muertos y 144 heridos.

En uno de ellos (El Mundo, jueves 24 de julio de 2014), cuando se cumplía exactamente un año de la tragedia, veía el siguiente titular: “Las 22 medidas de Fomento para evitar un accidente como el del Alvia” y seguidamente detallaba cada una de estas medidas que la Ministra Ana Pastor había puesto encima de la mesa como evitación de otros accidentes ferroviarios de características similares.

A mí, una de las victimas, que ahora sabemos mucho más de lo que sabíamos entonces, gracias a nuestro tesón y nuestra firmeza por conocer la verdad de lo sucedido, esta declaración de parte de la entonces Ministra Ana Pastor me produce rabia y vergüenza.

De las 22 medidas, 17 ya existían en el tren siniestrado. Del resto, 3 nada tienen que ver con la seguridad técnica de los trenes, como el acceso y la identificación de los pasajeros o la gratuidad de los billetes para menores. Otra habla de la creación de la Agencia de Seguridad Ferroviaria “que velará por el cumplimiento de las normas”, lo que quiere decir que antes no se cumplían las normas (como de hecho así ha sido) y a nadie le importaba. Lo de la atención a las víctimas me resulta especialmente sangriento pues puedo asegurar, con conocimiento de causa, que las víctimas hemos sido doblemente victimizadas debido al maltrato sufrido por parte del Ministerio de Fomento, incluso hemos tenido que soportar la afrenta que el actual Ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo en el programa El Objetivo de Ana Pastor que a las víctimas “las llamamos todos los días”. Respecto a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha sido invalidada en un extenso informe de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) por no ser independiente y, aunque las víctimas hemos reclamado reiteradas veces que se cree una comisión independiente, todo ha sido en vano. Más vale no hablar de las indemnizaciones porque, aunque hayan subido respecto a las que había en 1985, son tan ridículas que el sueldo anual de cualquier cargo político supera la mejor de ellas.

Total, que la única novedad (y todavía “en fase de desarrollo”) es la ubicación de los equipajes, aunque les puedo asegurar que nadie ha fallecido o ha tenido una lesión grave en la catástrofe de Santiago a causa de una maleta.

Pero, ¿qué dijo la Ministra Ana Pastor de los sistemas de seguridad automáticos obligatorios en Alta Velocidad?. Nada.

¿Qué dijo la Ministra Ana Pastor de la evaluación de riesgos antes de poner en marcha la línea y el tren?. Nada.

¿Qué dijo la Ministra Ana Pastor de pedir responsabilidades políticas a las empresas ferroviarias, Adif y Renfe, por los gravísimos daños causados?. Nada.

Sí dijo la Ministra Ana Pastor, en su momento, que iba a colaborar con la Justicia y ahora sabemos que se ha ocultado a la Justicia documentación muy relevante respecto al accidente. Y nadie dimite y nadie es cesado por ello.

Todas estas medidas de las que la Ministra Ana Pastor no habló nunca se refieren sencillamente al cumplimiento de las leyes vigentes en el momento de la catástrofe que no se cumplieron. Y por eso ocurrió el accidente. Lo ha dicho la Unión Europea.

Por eso, al releer el artículo publicado al año de la tragedia, he sentido rabia al ver que lo único que le preocupó a la Ministra Ana Pastor fue una repugnante propaganda, cuando había sobre la mesa 81 muertos y decenas de heridos. Y vergüenza por pertenecer a un país en que los responsables de las instituciones no sólo ocultan la verdad sino que encima premian a aquellos que tuvieron responsabilidades políticas en esta catástrofe.

Pero las víctimas seguiremos luchando y JAMÁS OLVIDAREMOS.

 

 


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EL MACHISMO EN ESPAÑA: UN CASO REAL

Actualmente todavía sufrimos en España la espantosa lacra del machismo, con muchas mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas, así como miles de mujeres que, sin llegar a ser asesinadas, sufren diariamente violencia física o psicológica. Eso es una espantosa realidad. Sin embargo, el maltrato a las mujeres es hoy condenado por toda la sociedad y casi nadie, al menos públicamente, se atreve a defender lo contrario. Este hecho, aunque no es la solución al problema, supone un claro avance respecto a lo que ocurría en España en décadas anteriores. Seguidamente pondré como ejemplo un caso real, del que he cambiado el nombre para preservar su identidad.

Años 70. Tania es una mujer de 23 años que acaba de contraer matrimonio por la Iglesia, que era la única forma de hacerlo para que fuera reconocido administrativamente. Su flamante esposo, ocho años mayor que Tania, es un profesor de la Universidad que, poco después, se convertiría en catedrático, gracias a la inestimable ayuda de un cura dominico, naturalmente franquista. Su vida en común desde el principio no fue muy bien, ya que cada uno tenía valores distintos y formas diferentes de ver el mundo. Mientras que Tania siempre fue una mujer avanzada a su tiempo y rebelde por naturaleza, su marido, E., era muy conservador y aceptaba el orden establecido -entonces franquista- de manera total y absoluta. Además de eso, E. era una persona egocéntrica y distante, al que solo le importaba su propia carrera, siendo Tania algo secundario para él. A los dos años de matrimonio tuvieron un hijo.

Como consecuencia de esa diferencia de valores, Tania comenzó a tener problemas con E.: tuvo que soportar un afán de control por el solo hecho de que quería trabajar, quería ser independiente y tener su propia vida. E. era el típico marido que daba una imagen distinta en casa que fuera de ella, como ocurre con el típico maltratador. Llegó un momento en que la situación se hizo tan insoportable para Tania que decidió marcharse de casa, con la intención de volver por su hijo, una vez que organizara su vida, siendo esto consentido por parte de su ex marido.

Pero cuál sería su sorpresa cuando, casi de manera inmediata, recibió una demanda de separación -todavía no existía el divorcio- acusándola de abandono de hogar y de un montón de perversiones que a Tania nunca se le pasaron por la cabeza.

Como consecuencia de esta demanda, se realizó un juicio con un juez franquista, unos testigos franquistas e, incluso, la colaboración de su propia familia, concretamente de su madre que, desgraciadamente, también había sido influida por valores franquistas.

En aquellos años la definición era clara para la mujer: si querías tener una profesión eras una puta, si querías tener tu propia independencia, eras una puta y, naturalmente, si osabas abandonar el domicilio conyugal dominado por tu marido, eras una puta. Para ser una mujer decente, tenías que convertirte en una ama de casa, someterte al control de tu marido y tener como único horizonte el cuidado de tus hijos.

Pero lo peor para Tania no quedó ahí. El marido de Tania, E., que se autodenominaba – ¡qué sarcasmo!- “progresista”, solicitó una nulidad de matrimonio en el Tribunal de la Rota, naturalmente previo pago de una importante cantidad de dinero. Y la Iglesia alegó que el matrimonio nunca había existido porque Tania estaba loca y no sabía lo que hacía.

Tania intentó por todos los medios recuperar a su hijo, pero los tribunales franquistas se lo negaron una y otra vez.

Pasado el tiempo, Tania rehízo su vida con el hombre que la ha acompañado a lo largo de ésta y que siempre fue su verdadero compañero.

Sin embargo, a pesar de la lucha que Tania inició, las circunstancias propiciaron que perdiera el contacto con el hijo de su ex marido, que se fue a vivir con su padre fuera de Madrid. Este hijo fue sometido por todo su entorno a un verdadero lavado de cerebro, lo que se conoce en medios psicológicos como el “síndrome de alienación parental”, por el que se manipula al menor hasta conseguir que termine odiando al progenitor no custodio, en este caso la madre.

El menor creció y Tania tuvo dos hijos más, pero al hijo de su ex marido le manipularon de tal manera que le hicieron perder el apego con su madre, como si ésta fuera un cúmulo de maldad. Lo peor de todo fue que este chico creció y, a pesar de tener en la actualidad 44 años y creerse también progresista, ni una sola vez se ha planteado enterarse de qué es lo que pasó y si su madre, en aquellos tiempos, tuvo que sufrir las consecuencias de la dictadura de su tiempo y fue una víctima de la violencia de género.

Resulta fácil criticar al PP y al pensamiento conservador, mientras uno mismo no se plantea qué ocurría con las mujeres durante el franquismo, sobre todo si una de esas mujeres es tu madre.

Seguramente si viéramos esta historia en un film, lloraríamos y, sin lugar a dudas, nos pondríamos de parte de la mujer que veríamos como víctima, pero a veces en la realidad perdemos la perspectiva de las cosas y, sobre todo, del entorno en donde ocurrieron.

Viendo este caso y otros muchos casos anónimos de mujeres que fueron víctimas del franquismo, tendríamos que reivindicar, dentro de la Memoria Histórica, un apartado de las víctimas de violencia de género durante esta época. Seguramente nos asombraríamos de la multitud de casos de mujeres maltratadas, que sufrieron a causa de las creencias de una sociedad retrógrada y franquista.

 


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¿ES ESPAÑA UN PAÍS FRANQUISTA?

Sin entrar en el debate sobre el proceso independentista de Cataluña y poniendo por delante mi censura a cualquier tipo de odio o descalificación personal, venga de donde venga, me quisiera centrar en algo muy concreto que se cita frecuentemente sin que, en ocasiones, se profundice demasiado en ello: ¿es España un país franquista?

Antonio Muñoz Molina dice en un artículo que “en el extranjero muchos consideran que todo cuanto ocurre [en España] tiene sus orígenes en la Guerra Civil y los largos años de dictadura que le siguieron”. Y yo me pregunto, ¿no es eso cierto?.

Desde el comienzo de la guerra civil y el largo periodo de la dictadura han pasado 81 años que, aunque pueda parecer mucho tiempo, para la Historia no es más que un suspiro. Y todo ello deja huellas en la memoria colectiva de los pueblos, sobre todo en aquellos que fueron las víctimas de una situación tan lamentable y dramática.

Pero la cosa no queda ahí. Posteriormente vino la Transición y la instauración de la “democracia” que, como todos sabemos -o al menos algunos-, se realizó no mediante un consenso como se pretende vender, sino con la claudicación de las víctimas a través de aquellos que supuestamente las representaban (principalmente PC, PSOE y Sindicatos), que se pusieron al servicio del bloque franquista “reconvertido” por el devenir de los acontecimientos.

Ahora se argumenta y se elogia con entusiasmo el “acuerdo”, el “consenso” y las renuncias que hicieron todos para construir la democracia. Pero realmente, ¿quién renunció y a qué renunció?. Los que renunciaron fueron aquellos que representaban la legalidad del orden establecido antes de la Guerra Civil -es decir, la República- y que fueron masacrados por un golpe de Estado que acaudillo Franco, con la inestimable ayuda de los nazis. Por ello, los “Pactos de la Moncloa” tuvieron como resultado: poner a un rey como Jefe del Estado y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, que había sido preparado por Franco para sucederle y que había jurado los principios fundamentales del movimiento; desmantelar, por orden de su secretario general, Santiago Carrillo, el Partido Comunista y toda su organización, que había luchado durante años contra la dictadura franquista; neutralizar a los Sindicatos, mediante subvenciones y prebendas, de manera que nunca actuaran contra el sistema establecido. Y lo peor de todo, hacer una Constitución que ampara esencialmente la monarquía, el ejército y la Iglesia, así como la dificultad para modificarla, además de ser ambigua y no establecer, de manera clara y rotunda, tanto la separación de poderes -que en la práctica no existe- como la consideración de los derechos sociales como derechos fundamentales y no como una mera declaración de intenciones. Y tampoco ha existido una reparación -como sí lo han hecho en otros países- con la aceptación de la llamada “oposición” en aquel momento, promulgando una Ley de Amnistía que dejaba sin procesar a todos los genocidas que causaron la muerte de miles de civiles inocentes.

¿Cómo podemos pensar que con este continuismo del franquismo, maquillado con una apariencia de democracia, no van a existir problemas en nuestro país?. No solamente con el proceso catalán, sino que la situación va más allá, con una “Ley mordaza”, que disminuye notablemente la libertad de expresión y permite condenar a personas por ejercerla, con la excusa de que es una función del Poder Judicial que es “independiente”; con unos representantes públicos que defienden, sin ningún rubor, el apresamiento por parte de la Gestapo, la tortura y la muerte del Presidente de la Generalitat en aquel momento, Lluis Companys; con la manifestación de esos mismos representantes de que los familiares de las víctimas del franquismo lo único que buscan es la subvención; que éstos se mofan públicamente de aquella tragedia, diciendo que son “cosas del abuelo”. ¿Se imaginan ustedes hablar así de los hornos crematorios en Alemania?. Resulta indignante para cualquier demócrata que las víctimas del franquismo hayan de recurrir a un juzgado en Argentina para pedir Justicia.

Acaba de decir el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no hace falta reformar la Constitución, porque “lo que funciona no hay que cambiarlo”. Pero, ¿para quién funciona la Constitución?: ¿para los que tienen privilegios de aforamiento porque se supone que representan a los ciudadanos?; ¿para los que son beneficiarios de una amnistía fiscal a los que defraudan millones de euros a Hacienda?; ¿para los políticos que, una vez abandona el cargo, se “refugian” en un Consejo de administración de una empresa privada que ha sido beneficiada por ese mismo político?, ¿para que el fiscal de la hermana del rey en el caso Noos se reúna con los abogados de la Infanta para salvarla y el matrimonio esté gozando de unas “vacaciones” pagadas por todos sin que el cuñado del rey esté en prisión?. Y todo eso y más ocurre mientras que hay ciudadanos que son desahuciados de sus viviendas; mientras que existen 13 millones de personas en nuestro país que viven con riesgo de pobreza y exclusión social; mientras hay 3 millones y medio de parados y casi el 50% de los trabajadores cobran menos de 1.000 euros y el 65% de los contratos son temporales; mientras el salario mínimo interprofesional de España está por detrás de los siete países principales de Europa. Por todo ello está absolutamente claro a quién beneficia y a quién perjudica nuestro ordenamiento jurídico, empezando por la Constitución.

No voy a entrar en este artículo si esta situación que vivimos en España puede ser destacada por el independentismo catalán, pero lo cierto y verdad, según “afirman en el extranjero” es que España no ha hecho una ruptura con el franquismo, sino que simplemente ha “maquillado” aquel sistema dándole una apariencia de democracia, que no es digna de tal nombre.

 

 


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LA LEY Y LA POLÍTICA

Hace unos días los ciudadanos nos hemos enterado de lo que unos policías municipales nazis del Ayuntamiento de Madrid decían a través de un chat. Sus comentarios, a cualquier persona normal, le producen miedo por lo que tienen de extrema violencia y, además, se encuentran tipificados en el Código Penal, habiendo sido denunciados ante la autoridad judicial.

Sin embargo, nos sorprende que el Ayuntamiento de Madrid tan solo haya tomado “medidas cautelares” en el ámbito laboral, hasta que haya una resolución judicial, actuación con la que no estamos en absoluto de acuerdo, por parecernos unas medidas totalmente insuficientes por parte de la institución para la que trabajan.

No debemos olvidar que una cosa es la justicia penal y otra bien distinta la justicia laboral, siendo sus jurisdicciones totalmente independientes.

Evidentemente, el Ayuntamiento de Madrid no puede tomar medidas penales contra estos individuos, pero sí medidas laborales, ya que es la “patronal” de éstos.

Lo que el Ayuntamiento de Madrid, ejerciendo sus funciones de gobierno y de servicio público, tiene la obligación política de hacer es rescindir toda relación laboral con estos individuos, dicho de otra manera, despedirlos definitivamente del trabajo. Y si estos individuos se sienten afectados en sus derechos pueden recurrir a un Juzgado de lo Social o de lo Contencioso-Administrativo, según sea su relación laboral con el Ayuntamiento, con lo cual tardará entre 3 y 5 años en resolverse el tema, teniendo en cuenta la insuficiencia y el atasco de dichos juzgados. Pero, mientras tanto, no cobrarán un solo euro de los ciudadanos madrileños.

Me sorprende desagradablemente que el Delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, en referencia a este caso diga que “no hay que actuar con precipitación”, que “hay que ser garantista” y que el Ayuntamiento “cumple la ley” y lo peor de todo “que las medidas son provisionales y que se podrían levantar en cualquier momento o en el caso de que el juez que investiga el asunto lo archive”.

A este respecto, y siempre desde el plano laboral, me pregunto: ¿se es garantista cuando hay un despido de trabajadores honrados solo por el hecho de que la patronal obtenga más beneficios?; ¿se es garantista cuando la administración hace recortes que van en detrimento de los servicios de los ciudadanos?; ¿se es garantista cuando no se aplican los presupuestos aprobados por la Comunidad de Madrid para la violencia de género? Por qué se tiene que ser garantista con unos asesinos salvajes cuya máxima es matar?

También me ha dejado estupefacta el comentario de la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) que alega, supongo que para la defensa de estos individuos, que se trata de un “grupo privado y no público”. Y yo me pregunto, ¿acaso son públicos los delitos de pederastia, violaciones, violencia de género e, incluso, asesinatos? El hecho de no ser públicos no les exime del supuesto delito.

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Madrid, tiene obligación política de tomar decisiones en lo que es competente, que es en ámbito laboral, y no esconderse detrás de los jueces, como últimamente parecen hacer muchos políticos que gobiernan las instituciones. Si seguimos así, creo que nos sobran los gobernantes y vamos a tener que decir a los jueces que se presenten a las elecciones.