EL BLOG DE TERESA GÓMEZ-LIMÓN


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EL “FEMINISMO LIBERAL” DE CIUDADANOS

Ciudadanos, en una estrategia de marketing de cara a las Elecciones Generales del 28 de abril, ha defendido un “Feminismo Liberal” como su signo de identidad respecto a las cuestiones sobre la mujer.

Aunque la terminología pueda sonar bien para los no iniciados, hemos de aclarar que los mismos términos ya fueron utilizados y reivindicados en los años 60 del siglo pasado por Betty Friedan, activista del feminismo estadounidense cuya obra fundamental fue “La Mística de la Feminidad”. Friedan reivindicaba un feminismo individual, aspecto esencial de su teoría, es decir un feminismo no vinculado a la clase social o a la formación, sino que estaba centrado en el papel de la mujer en el hogar, pero no se refería en ningún momento a la exploración u opresión de la mujer.

Posteriormente, en el feminismo de la última década siglo XX y sobre todo en el siglo XXI, han surgido otros movimientos que analizan el problema desde otros puntos de vista. Su forma más conocida es el Feminismo Radical, entendiendo que “Radical” viene de “raíz” y que trata de analizar las causas subyacentes de la desigualdad y explotación de la mujer. Esta raíz reside en el patriarcado que, básicamente, se refiere a un desequilibrio de poder entre mujeres y hombres. El feminismo, en los últimos años, ha ido haciéndose cada vez más complejo, incorporando elementos de raza, clase y orientación sexual como aspectos que han dado lugar a la discriminación social.

Pero volviendo al tema de Ciudadanos, hemos podido leer lo que han llamado el “decálogo” de ese feminismo radical que dicen defender y observamos que no dice nada concreto, salvo lugares comunes que no se diferencian de lo que puedan decir otros partidos. Sin embargo, cuando descendemos a lo concreto, hay dos propuestas de Ciudadanos dichas por una de sus líderes, Inés Arrimadas, que nos indican con claridad en qué consiste su “feminismo radical”: la defensa de la prostitución y la defensa de los vientres de alquiler.

Creo que no existe nada que cosifique más a la mujer que utilizar su propio cuerpo como mercancía, tanto en el caso de la prostitución como en el caso de los vientres de alquiler. Lo que ocurre es que Ciudadanos hace de todo una mercancía, mientras que produzca ganancias y lo solicite el mercado, defendiendo así el sacrosanto liberalismo del que ellos presumen.

Esto, además, está totalmente relacionado, lo que nunca quiso ver Friedan, con la clase social. Porque jamás una mujer va a vender su cuerpo o su vientre si no es porque se encuentra en unas condiciones precarias y, esa forma de obtener recursos por necesidad, es una forma vil y abyecta de explotación. La peor de todas.

Pero a Ciudadanos, a la Sra. Arrimadas y a los poderosos del dinero que les apoyan y financian, esa forma de explotación no les afecta en absoluto, porque nunca se van a encontrar en esa tesitura social y económica y, de camino, esa apuesta puede beneficiar a los negocios y negociantes que desarrollen esas actividades que pretenden legalizar.

Es cierto que, a lo largo de la Historia, el patriarcado ha afectado a todas las mujeres en razón de su género, pero no es menos cierto que, dentro de esa situación, han sufrido y sufren mucho más los efectos de ese patriarcado las mujeres trabajadoras de una clase social más desfavorecida. Ninguna mujer se hace prostituta por vocación, ninguna mujer alquila su vientre porque se sienta realizada haciéndolo. Quien diga eso es que o no entiende nada o está defendiendo unos intereses espurios.

El feminismo tiene el deber de luchar por los derechos de la mujer en todas sus facetas, pero todas las mujeres auténticamente feministas sabemos que, si no se cambia una sociedad y un Sistema totalmente mercantilizado, en donde todo se compra y se vende, en donde todo tiene un precio y en la que el valor de un ser humano se mide por la cuantía de su patrimonio económico, no habremos conseguido nada. Por eso las mujeres, junto con los compañeros hombres que tengan las mismas aspiraciones, debemos luchar hombro a hombro para conseguir eliminar no solo el patriarcado sino todas las injusticias sociales que se producen a nuestro alrededor. Y para ello el movimiento feminista es un instrumento imprescindible.

 

 

 

 

 


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EN RESPUESTA AL PARTIDO NAZIFASCISTA DE VOX

Sé que ustedes no merecen el que yo pierda mi tiempo contestando a las barbaridades que dicen. Pero lo voy a hacer para que los ciudadanos demócratas del siglo XXI, si alguna vez han tenido la tentación de votarles, sepan las consecuencias de lo que hacen, que pueden resultar muy graves para la Democracia, para los Derechos Humanos y, en general, para nuestro país.

Desde que se sabe de la existencia de Vox, no han parado ustedes de plantear propuestas que nos retrotraen a tiempos “muy oscuros” que tuvo que vivir el mundo en el siglo pasado, hace nada más que 80 años. Han propuesto expulsar a los migrantes de nuestro país, buscando “listas” en los servicios sanitarios; han manifestado estar claramente en contra de las opciones de género y, por tanto, de los derechos de los LGBTI; han puesto sobre la mesa que una de sus primeras reivindicaciones era la derogación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Por cierto, todo ello en contra de la normativa aprobada por Europa y por los Organismos Internacionales a los que pertenece España.

Lo último que se les ha ocurrido, a través de un individuo indocumentado y misógino como Francisco Serrano, un juez que ya tuvo que ser apartado de la judicatura por prevaricación, es pedir por escrito al Gobierno de la Junta de Andalucía que le proporcione una “relación detallada de nombres y apellidos” de los empleados públicos que elaboran los informes periciales en los procedimientos de Violencia de Género para “depurar casos ideológicos”.

Aunque sabemos que lo que solicitan es totalmente ilegal, ya que a todos nos es de aplicación la Ley de Protección de Datos, las leyes laborales y los estatutos del ejercicio profesional, no deja de ponernos los pelos de punta a los demócratas escuchar tales cosas dichas en tales términos.

Y esa conducta la tienen ustedes estando en la oposición y con una representación limitada, lo que nos indica lo que podría suceder si algún día tenemos la desgracia de que alcancen el poder. Ustedes, que se hacen fotos con los llamados “constitucionalistas”, no creen en la Constitución ni la respetan, como tampoco creen en la Carta de Derechos Humanos. Ustedes solo creen en un estado totalitario, en donde se ilegalicen los partidos políticos y los ciudadanos se rijan por una sola ley: la que impongan ustedes.

Francisco Serrano, el máximo representante de Vox en el Parlamento Andaluz, es una persona llena de odio hacia las mujeres, odio que le rezuma en todas sus declaraciones y actos. Probablemente algo tuvo que ver la denuncia de una mujer por lo que se le acusó de prevaricación y se le apartó de la judicatura. Pero esto no es un problema personal sino toda una ideología que, como ya dije antes, nos retrotrae a tiempos oscuros del siglo pasado, donde se cometieron las mayores barbaridades contra la Humanidad.

Se ha apelado a los 400.000 votantes de Vox en Andalucía. Sin embargo, aunque ello se haya producido bajo un sistema democrático, eso no elimina el riesgo de una involución. Por hacer paralelismos históricos, el partido nazi, cuando se presentó a las elecciones, se autocalificaba como un partido interclasista y abogaba por el orden y la autoridad, la recuperación de la economía y la vuelta a las esencias nacionales de Alemania, primando la acción sobre la reflexión y una visión maniquea de la realidad. Las propuestas de Vox se asemejan, dentro del contexto actual, mucho a aquellas.

Vox ha comenzado a traspasar la raya roja, aun sin tener poder. Ha comenzado a pedir datos para “depurar” a determinados colectivos, sin respetar ningún tipo de derechos.

Pero ha cometido un fallo: ha puesto como su gran caballo de batalla la lucha contra la igualdad de mujeres y hombres, la negación de la violencia machista y, en general, la limitación de las libertades y de los derechos de todos aquellos colectivos que no responden a su limitada y rancia visión del mundo.

Las mujeres, en una mayoría aplastante, no estamos dispuestas a que, en pleno siglo XXI, se nos maltrate, se nos viole y no se respeten nuestros derechos. El movimiento feminista, por mucho que les pese a algunos, es un movimiento internacional e imparable, al que Vox y sus socios no van a parar.

Esperemos que las personas demócratas, que buscan un país en paz y con derechos y libertades y, especialmente las mujeres, se den cuenta de que el voto a Vox va en contra de sus intereses y, peor aún, de sus derechos más elementales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y EL ACCIDENTE DE TREN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA

La responsabilidad política es la que tienen los gobernantes en una democracia e implica tanto a los cargos electos como a los cargos designados. La responsabilidad política no se refiere solo a un comportamiento fuera de la legalidad, pues ese tendrá que ser determinado por las autoridades judiciales, sino a la actividad de vigilancia y control político, que no significa sanción en el ámbito jurídico. Es lo que se conoce en la doctrina clásica como in eligiendo, in vigilando o in organizando, siempre que el actor principal tenga poder sobre su agente, es decir la persona en quien se delega, permitiéndole que actúe en su nombre. Es lo que se llama la cadena de delegación y responsabilidad. Todas las democracias representativas se basan en la existencia de delegación de poder y responsabilidad política para el ejercicio de ese poder, a pesar de que lo habitual es que los agentes estén mejor informados que quienes les controlan.          Toda responsabilidad, en este caso política, requiere una sanción que no se ha de quedar en el mero simbolismo. Como decía Kenney[1] en referencia a la responsabilidad política: “si no existe sanción, nos encontramos con una forma disminuida, reducida, es decir, incompleta de responsabilidad”. ¿Y en qué consiste dicha sanción? La primera y principal en la dimisión o el cese del cargo vinculado a los hechos que generan la responsabilidad o, en el caso de que ya no ocupara éste, el reproche político y ciudadano para ostentar otro tipo de representación política. Hemos de tener presente que la responsabilidad política es uno de los elementos con los que se valora la calidad de un régimen democrático.

La responsabilidad política se basa, esencialmente, en el respeto a los representados, es decir a todos los ciudadanos y está directamente asociada a la eficacia, la moral y la ética pública y en la no tolerancia de conductas negligentes e irresponsables.

El objeto de la responsabilidad política no son solamente los errores de la gestión, porque entonces el mero desconocimiento bastaría para anular la responsabilidad política; en ese caso, sería también políticamente responsable por incompetente.

¿Quién es el máximo responsable político de un Gobierno? Dicho por la mayoría de los autores, el Ministro/a que, al tomar posesión de su cargo, asume la responsabilidad política derivada de todos y cada uno de los integrantes del órgano que dirige. Los británicos, que tiene una democracia muy avanzada dicen al respecto lo siguiente: “cada ministro es responsable ante el Parlamento por la conducta de su ministerio. Los actos de cada funcionario son en principio considerados como actos del Ministro”[2]. El Ministro no podrá alegar desconocimiento, porque eso sería una dejación de funciones. Tan sólo podrá eludir dicha responsabilidad demostrando de que los actos que se investigan se realizaron contra sus instrucciones expresas, señalando a quienes las incumplieron.

LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA EN EL CASO DEL TREN ALVIA

Como víctima del accidente del Alvia, he seguido con cierta perplejidad las comparecencias se han producido en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados, finalizando -hoy- con la de los dos Ministros de Fomento. Y, repito, con perplejidad porque las comparecencias en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados se asemejan mucho a las comparecencias del procedimiento judicial y considero que eso es un error, puesto que ni se debe perseguir lo mismo ni las responsabilidades son las mismas.

De lo visto a lo largo de la Comisión hay cosas que me sorprenden:

  • Las empresas privadas nada tienen que ver con las responsabilidades políticas, ya que no son representantes públicos. Considero que su única aportación, políticamente hablando, es el contenido del contrato de dichas empresas con Renfe, Adif o el Ministerio de Fomento para conocer qué se les pedía, así como la identidad de quien firmó el contrato de que se trate por parte de la Administración.
  • En el caso de INECO, que en teoría es un evaluador independiente, exactamente lo mismo.
  • En el caso de personas que, en el momento en que se produjo el accidente, prestaban sus servicios en Renfe, Adif o el Ministerio de Fomento en algún Departamento que tenga que ver con el suceso, lo único que interesa políticamente son, por una parte, sus funciones concretas y por otra, muy especialmente, la CADENA DE MANDO y seguir dicha cadena hasta llegar al máximo responsable.
  • También, a la hora de pedir responsabilidades políticas, hemos de conocer qué personas han sido “designadas” y por quién.
  • Y, por último, las comparecencias de los respectivos ex Ministros, aunque eran las esperadas, no por eso son menos criticables.

Al Sr. Blanco y a la Sra. Pastor no se les pide que “entiendan” de cuestiones técnicas, por lo que nunca nadie va a pedir su imputación penal en el caso. Pero han de tener presente que son el último eslabón de la cadena de mando, por lo tanto, los máximos responsables de todo lo que afectaba a su Ministerio y que fue causa de los hechos. No se trata de “entender”, ni se trata de una “responsabilidad directa”, sino de una responsabilidad que les atañe como máximos responsables del Ministerio.

Como ya dije antes, la exigencia de responsabilidades políticas es lo que mide la calidad de una democracia y así lo vemos en el funcionamiento de la mayoría de los países de nuestro entorno. Por ello, cuando sucedió el accidente, yo solicité públicamente la dimisión o el cese de los Presidentes de Renfe y Adif, responsables máximos de las organizaciones que intervienen en la operación de la línea y del tren, al margen de su posible responsabilidad penal. Hoy ninguno de ellos ocupa ese cargo, pero desgraciadamente por circunstancias ajenas al accidente y no por una conducta políticamente sancionable.

La comparecencia del Sr. Blanco y la Sra. Pastor han sido las que se esperaban: no sabían, no eran expertos, no podían controlar todo lo que ocurría en su Ministerio. Lamentablemente, lo que nos han transmitido, una vez más, es que la calidad de nuestra democracia es muy deficiente y que los ciudadanos, que pagamos sus generosos salarios, somos los únicos sufridores de tanta irresponsabilidad que jamás parece merecer una sanción política.

 

 

 

 

[1] Horizontal Accountability: Concepts and Conflicts,  en “Democratic Accountability in Latin America”, Oxford University Press, 2003

[2] Sir Ivor Jennings, Parliament, Cambridge University Press, Londres, 1970


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LOS DE ARRIBA Y LOS DE ABAJO Carta abierta a la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena

Sra. Alcaldesa,

Hoy, 30 de noviembre de 2018, se ha puesto en marcha el plan “Madrid Central”.

Vaya por delante que estoy totalmente de acuerdo con que se tomen medidas, a nivel mundial, estatal y local en favor del medio ambiente y de la no contaminación del planeta tierra.

Ahora bien, en lo que no estoy en absoluto de acuerdo es que dichas medidas siempre afecten a los “de abajo” y nunca a los “de arriba”, utilizando el argot de sus socios en el Gobierno de Madrid.

Por referirme a las medidas que ha tomado su Gobierno respecto a la circulación de los vehículos privados por un área muy extensa de la ciudad de Madrid, deseo que  reflexione sobre algunos extremos:

  1. Que los vehículos que no pueden circular son los más antiguos, que no disponen de ninguna etiqueta. Le puedo asegurar, Sra. Alcaldesa, y usted también lo sabe porque es una persona inteligente, que los ciudadanos no tienen el “capricho” de tener el mismo coche durante 10, 15 o 18 años, lo que les ocurre es que no pueden renovarlo porque no tienen recursos suficientes, ya que los coches eléctricos tienen un elevado precio que oscila entre los 35.000 y más de 150.000 euros. Este problema lo tienen los ciudadanos “de abajo”.
  2. Sin embargo a los ciudadanos “de arriba” esta medida no les afecta en absoluto, porque pueden gastarse dinero en un coche eléctrico e, incluso, tener varios coches, uno para cada uso.
  3. Por otra parte, los ciudadanos “de abajo” no suelen tener plaza de garaje por lo que, en caso de tener un coche eléctrico, tendrían que recargar su coche en la vía pública, no existiendo en toda la ciudad de Madrid más que 24 puntos de recarga y por lo tanto tendrían que ir a más de un punto, pudiendo tardar en toda la operación entre 4 y 5 horas. Sin embargo los “de arriba” sí tienen garaje, incluso para más de un coche.
  4. Si en los “de arriba” incluimos a los representantes de las instituciones, sería interesante saber cuántos coches eléctricos forman parte del Parque Móvil de Madrid, es decir, para que todo el mundo lo entienda, cuántos coches oficiales hay eléctricos.
  5. Si seguimos hablando de los “de arriba”, usted debe saber que la contaminación no se produce tan solo por los gases contaminantes de los coches, sino también por los sobreenvasados y la utilización excesiva de plásticos. Los consumidores no somos responsables de eso, sino que esa presentación de los productos corresponde a los distribuidores (las grandes superficies), que forman parte de los “de arriba”,  por lo tanto son intocables.
  6. Por otra parte, las fuentes de energía eléctrica no son todas limpias y renovables, sino que casi un 53% todavía no lo es, porque se va reconviertiendo poco a poco. ¿Por qué se les da una moratoria a las eléctricas?. Porque también éstas pertenecen a los “de arriba”.
  7. El Gobierno Central va a publicar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética en la que se contempla que no se podrán matricular coches con algún tipo de combustión en 2040, es decir dentro de 22 años, anunciándolo con tanto tiempo para que “el mundo del automóvil disponga del tiempo prudencial necesario para adaptarse”. ¿Por qué no se le da ese tiempo a los ciudadanos? Muy sencillo: porque los fabricantes de automóviles forman parte de los “de arriba”. Sin embargo usted, Sra. Alcaldesa, ha aprobado esta Ordenanza en un plazo de tiempo record y la ha puesto en vigor de forma inmediata para los “de abajo”

A nivel general, también hubiera sido necesario que, al hacer el estudio sobre lo que contaminan los coches privados en la ciudad de Madrid, se hubieran tenido en cuenta otros aspectos en relación al medio ambiente, como por ejemplo lo que contamina fabricar los materiales que forman un coche (baterías, chasis, pintura y demás elementos). Según fuentes de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), contamina lo mismo la producción de un vehículo convencional que la de uno eléctrico. Según un estudio del Instituto Medioambiental de Suecia, el proceso de elaboración de una batería eléctrica de 100 kWh genera hasta 200 toneladas de dióxido de carbono, cifras equivalentes al CO2 generado al conducir un coche diesel o gasolina durante unos ocho años. Si todos los ciudadanos afectados por restricciones en el uso de su vehículo se pusieran a adquirir coches eléctricos, ¿cuánto se contaminaría el planeta por la fabricación de los mismos?. ¿Ha hecho un estudio, Sra. Alcaldesa?.

Hay que mejorar el Medio Ambiente, de eso no hay duda, y hemos de colaborar todos. Pero es demagógico engañar a la gente con medidas parciales e improvisadas que afectan, como siempre, tan solo a los “de abajo”: a los que tienen que trabajar y han de fichar a una hora concreta, cosa de lo que usted no sabe nada porque nunca lo ha hecho, ni como Magistrada ni como Alcaldesa; a los que no disponen de una tarjeta de taxi sin que les cueste un céntimo, como ocurre con los diputados y cargos públicos; a los presidentes y altos cargos de las grandes compañías eléctricas, grandes superficies y fabricantes de automóviles y, en general, a los que se encuentran en una escala social potente, llamados en su argot a los “de arriba”, a los que jamás les afecta ninguna medida.

No haga demagogia, Sra. Alcaldesa, dando a sensación de que las medidas adoptadas por su Gobierno en la ciudad de Madrid, respecto a la limitación del tráfico privado de los coches más antiguos, son la panacea y van convertir la ciudad de Madrid en un vergel, sin que se realice algo mucho más amplio, planificado, con las infraestructuras suficientes y, sobre todo, pensando en todos los ciudadanos, también en los “de abajo”.

 

 

 

 


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LA TRAMPA POLÍTICA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY

Con el conflicto catalán estamos presenciando debates públicos sobre el incumplimiento de la Ley de los líderes catalanes y su tipificación en el Código Penal. Como consecuencia de ello, se dice frecuentemente que “hay que dejar hacer el trabajo a los jueces” lo que, en principio, podría ser razonable.

Sin embargo este aforismo se queda en la superficie del problema, ya que la única función de los jueces es aplicar las leyes existentes en cada momento. Y aunque es cierto que toda Ley tiene un margen de interpretación no es menos cierto que existe un límite en dicha interpretación que viene determinado por las propias leyes.

Las leyes dentro de una sociedad son creadas y aprobadas por los distintos poderes legislativos de cada país para regir el orden político que se desea; en ellas se recogen los derechos y deberes de los ciudadanos frente al Estado Y considero que es ahí donde debe centrarse el debate, porque esa es la raíz y el origen del conflicto.

Para comenzar esta reflexión, es preciso recordar que las leyes no son ajenas a los poderes políticos dado que éstos, en cualquier tiempo y lugar, promulgan leyes que son favorables al sistema político que defienden. Es decir, la leyes nunca son neutrales.

A lo largo de la Historia, siempre que se produce un cambio de signo, se derogan las leyes anteriores y se promulgan leyes nuevas. Podemos poner como ejemplo, las leyes de Núremberg en la época nazi o, por referirnos a nuestro país, las leyes Fundamentales del franquismo. Podrían ser, como de hecho lo eran, absolutamente injustas pero eran leyes que había que cumplir y el incumplimiento de las mismas traía consecuencias, algunas veces pagando con la propia vida.

El lector me podrá replicar que en los dos ejemplos expuestos se trataba de dictaduras. Y es verdad. Pero tenemos ejemplos iguales en democracias. En Estados Unidos, país que no ha conocido nada que no fuera un sistema democrático, existía la Ley Jim Craw, que avalaba “legalmente” la segregación racial; y la Ley Racial Integrity Act que, entre otras cosas, prohibía los matrimonios interraciales. Si nos vamos a un país como Francia, por ley no se permitió el voto femenino hasta 1944 y en la civilizada Suiza la ley impidió el voto femenino hasta 1971.

A este razonamiento se podrá alegar que “eran otros tiempos”, pero a eso se puede contraponer, en primer lugar, que estamos hablando del siglo pasado, no de la Edad Media y, en segundo lugar, que al parecer lo que en un momento dado era “ilegal” transcurrido el tiempo se convirtió en algo legal y perfectamente asumido por todos. No se puede adivinar el futuro, pero es muy probable que, refiriéndonos concretamente al problema catalán, lo que ahora nos parece una “herejía” dentro de 30, 40 ó 50 años seguramente parecerá lo más normal del mundo, porque los tiempos cambian y también los valores.

Se ha dicho con frecuencia por parte de algunos tertulianos que para cambiar las leyes de nuestro país, especialmente la Constitución, se ha de ir “de la ley a la ley”, frase pronunciada en su momento por Torcuato Fernández Miranda, uno de los artífices de la transición. Pero, cuando se asume como propia dicha frase no se puede olvidar que Torcuato Fernández Miranda fue Ministro Secretario General del Movimiento con Franco, es decir era un falangista, movimiento político con similitudes con el fascismo italiano y con el nacional-socialismo alemán, al basarse todos ellos en la exaltación de la patria y todos ellos enemigos del liberalismo, del racionalismo, del marxismo y, lo que es peor, de la democracia. Por ello es importante conocer quién es el autor de determinadas afirmaciones cuando se hacen propias. Hubiera sido más realista decir: “del franquismo al postfranquismo”, pero naturalmente la intención era otra y las palabras tienen su importancia simbólica.

Volviendo de nuevo al problema catalán, el dilema principal no está en los jueces, que sin duda tienen su “parte de responsabilidad” en la interpretación de las leyes, máxime cuando la separación de poderes en este país está cuestionada por la propia Unión Europea. El verdadero problema, desde mi punto de vista, reside en las mismas leyes, comenzando por la Constitución, que no permite referéndums con libertad, que consagra una forma de Estado -la monarquía-  prácticamente inamovible desde esa misma Constitución que, aunque sea una monarquía parlamentaria, se encuentra absolutamente ligada a la religión.

Este hecho es fácil de demostrar ante la pregunta ¿por qué es inviolable el rey?. Porque la inviolabilidad tiene su origen en las monarquías medievales, que basaban el origen de la monarquía en un “mandato divino”, por lo que el rey “no puede pecar”. En definitiva, el rey es una persona sagrada y, en consecuencia, no puede obrar mal ya que es el representante de Dios y, si el poder lo recibe de Dios, solo ante él responde. Este hecho, aunque dicho así pueda parecer un sarcasmo, es exactamente así pues no de otro modo se explica que en el año 2018 exista semejante precepto legal y constitucional.

Cataluña tiene unas legítimas aspiraciones históricas que se remontan, al menos, hasta 1714 cuando Rafael Casanova estuvo en la resistencia para impedir la toma de Barcelona por el primer Borbón de España, Felipe V, un rey nefasto que terminó completamente demente, sumiendo a este país en un desastre, como ocurrió con la mayoría de los borbones.

Sin lugar a dudas los hechos históricos que ocurren en los pueblos tienen su repercusión a lo largo de los años, aunque los protagonistas sean otros y las circunstancias sean diferentes. Y las leyes, esas leyes que en un momento dado nos parecen sagradas, con el paso del tiempo vemos que no eran tan sagradas sino que, en muchos casos, violaban los Derechos Humanos Fundamentales. Por eso creo que no se debe hablar superficialmente, sino que hay que conocer la Historia y reflexionar más. Quizá de esa manera se pueda entender mejor el problema de Cataluña.

 

 

 


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LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y EL ACCIDENTE DE TREN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

La responsabilidad política

Últimamente, por multitud de eventos que están ocurriendo en nuestro país, se escucha constantemente hablar de “responsabilidad política”, por lo que creo indispensable saber qué implica y a quién es exigible dicha responsabilidad.

La responsabilidad política es la que tienen los gobernantes en una democracia e implica tanto a los cargos electos como a los cargos designados. La responsabilidad política no se refiere solo a un comportamiento fuera de la legalidad, pues ese tendrá que ser determinado por las autoridades judiciales, sino a la actividad de vigilancia y control político, que no significa sanción en el ámbito jurídico. Es lo que se conoce en la doctrina clásica como in eligiendo, in vigilando o in organizando, siempre que el actor principal tenga poder sobre su agente, es decir la persona en quien se delega, permitiéndole que actúe en su nombre. Es lo que se llama la cadena de delegación y responsabilidad. Todas las democracias representativas se basan en la existencia de delegación de poder y responsabilidad política para el ejercicio de ese poder, a pesar de que lo habitual es que los agentes estén mejor informados que quienes les controlan.          Toda responsabilidad, en este caso política, requiere una sanción que no se ha de quedar en el mero simbolismo. Como decía Kenney[1] en referencia a la responsabilidad política: “si no existe sanción, nos encontramos con una forma disminuida, reducida, es decir, incompleta de responsabilidad”. ¿Y en qué consiste dicha sanción? La primera y principal en la dimisión o el cese del cargo vinculado a los hechos que generan la responsabilidad o, en el caso de que ya no ocupara éste, el reproche político y ciudadano para ostentar otro tipo de representación política. Hemos de tener presente que la responsabilidad política es uno de los elementos con los que se valora la calidad de un régimen democrático.

La responsabilidad política se basa, esencialmente, en el respeto a los representados, es decir a todos los ciudadanos y está directamente asociada a la eficacia, la moral y la ética pública y en la no tolerancia del abuso de poder.

El objeto de la responsabilidad política no son solamente los errores de la gestión, porque entonces el mero desconocimiento bastaría para anular la responsabilidad política; en ese caso, sería también políticamente responsable por incompetente.

¿Quién es el máximo responsable político de un Gobierno? Dicho por la mayoría de los autores, el Ministro/a que, al tomar posesión de su cargo, asume la responsabilidad política derivada de todos y cada uno de los integrantes del órgano que dirige. Los británicos, que tienen una democracia muy avanzada dicen al respecto lo siguiente: “cada ministro es responsable ante el Parlamento por la conducta de su ministerio. Los actos de cada funcionario son en principio considerados como actos del Ministro”[2]. El Ministro no podrá alegar desconocimiento, porque eso sería una dejación de funciones. Tan sólo podrá eludir dicha responsabilidad demostrando que los actos que se investigan se realizaron contra sus instrucciones expresas, señalando a quienes las incumplieron.

 

La responsabilidad política en el caso del Alvia

Como víctima del accidente del Alvia, sigo con cierta perplejidad las comparecencias que se están produciendo en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados. Y digo con perplejidad porque se asemejan mucho a las comparecencias del procedimiento judicial y considero que eso es un error, puesto que ni se debe perseguir lo mismo ni las responsabilidades son las mismas.

Desconozco quiénes son los comparecientes que faltan, pero de lo visto hasta ahora hay cosas que me sorprenden:

  • Las empresas privadas nada tienen que ver con las responsabilidades políticas, ya que no son representantes públicos. Considero que su única aportación, políticamente hablando, es el contenido del contrato de dichas empresas con Renfe, Adif o el Ministerio de Fomento para conocer qué se les pedía, así como la identidad de quien firmó el contrato de que se trate por parte de la Administración.
  • En el caso de INECO, que en teoría es un evaluador independiente, exactamente lo mismo.
  • En el caso de personas que, en el momento en que se produjo el accidente, prestaban sus servicios en Renfe, Adif o el Ministerio de Fomento en algún Departamento que tenga que ver con el suceso, lo único que interesa políticamente es por una parte sus funciones concretas y por otra, muy especialmente, la cadena de mando y seguir dicha cadena hasta llegar al máximo responsable.
  • También sería interesante conocer qué personas han sido “nombradas” y por quién.

 

No sé quiénes asesoran a los diputados respecto a la selección de los comparecientes, puesto que deduzco que les será imposible haberse leído los 78 tomos de la causa, de donde se pueden deducir los comparecientes de interés en el plano puramente político. Sin embargo considero que, de lo visto hasta ahora, sobran algunas comparecencias y faltan otras y echo de menos algunas preguntas destinadas directamente a averiguar las responsabilidades políticas. Llevar a comparecientes no responsables políticamente o hacer preguntas que no vayan destinadas a la asunción de responsabilidades en toda la cadena de mando es desvirtuar la Comisión de Investigación.

Considero que, si se sigue por ese camino, al final el objeto de la Comisión va a quedarse en concluir si se cumple o no la legislación vigente y eso le corresponde exclusivamente al Juez y no a una Comisión Parlamentaria.

Como ya dije antes, la exigencia de responsabilidades políticas es lo que mide la calidad de una democracia y así lo vemos en el funcionamiento de la mayoría de los países de nuestro entorno. Por ello, cuando sucedió el accidente, yo solicité públicamente la dimisión o el cese de los Presidentes de Renfe y Adif, responsables máximos de las organizaciones que intervienen en la operación de la línea y del tren, al margen de su posible responsabilidad penal. Hoy ninguno de ellos ocupa ese cargo, pero desgraciadamente por circunstancias ajenas al accidente y no por una conducta políticamente sancionable.

 

 

 

 

[1] Horizontal Accountability: Concepts and Conflicts,  en “Democratic Accountability in Latin America”, Oxford University Press, 2003

[2] Sir Ivor Jennings, Parliament, Cambridge University Press, Londres, 1970


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LA VIOLENCIA MACHISTA Y LOS PERITOS FORENSES

Los últimos casos de mujeres y menores asesinados y con denuncias de maltrato revelan que algo no funciona en la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género.

Cuando una mujer o un menor son asesinados, las instituciones se lamentan e inmediatamente convocan un minuto de silencio. Eso está muy bien, siempre que la cosa no quede solamente ahí. Pero desgraciadamente ahí queda y no se toma ninguna medida que pueda prevenir posteriores asesinatos.

Y lo más trágico es que existen herramientas para tomar medidas eficaces.

La primera de ellas es valorar la peligrosidad del supuesto maltratador. ¿Y cómo se hace esto en la actualidad? Pues mediante un cuestionario que un policía de turno, que no es un profesional en la materia, rellena mediante un programa informático con los datos que le proporciona la víctima. Nada más. Lo que es totalmente insuficiente y, en muchas ocasiones, erróneo.

Para realizar esta tarea existen forenses médicos, psicólogos y trabajadores sociales, especializados en violencia machista, cuya función es auxiliar a los jueces a tomar decisiones respecto las medidas cautelares que protejan a las mujeres y a los menores desde el momento de la denuncia.

 

Sin embargo, la situación real de dichos trabajadores, que somos profesionales con una superespecialización (somos doctores o licenciados y, además, forenses) deja mucho que desear. Por referirme solamente a la Comunidad de Madrid, que es donde ejerzo mi actividad, puedo constatar que los equipos de valoración forense (llamados psicosociales) somos sistemáticamente ninguneados por la Comunidad de Madrid, que no tiene en cuenta nuestras reivindicaciones profesionales para ejercer debidamente nuestro trabajo. Estas reivindicaciones consisten, entre otras, en: disponer de las herramientas adecuadas para la evaluación de las y los peritadas/os, que son insuficientes y llegan tarde y a cuenta gotas, teniéndonos que valer de fotocopias para poder disponer mínimamente de algunas; tener una contraprestación económica adecuada a nuestra responsabilidad y una seguridad en el empleo para todos los trabajadores; tener un complemento económico similar al complemento de destino que tienen los funcionarios; en caso de tener que realizar guardias, como así parece que va a ser, que no sean como las está planteando la Comunidad de Madrid (guardias de 12 horas con una contraprestación económica de 103 euros brutos y sin libranza, lo que está prohibido por las normas de la Unión Europea).

Otras “lindezas”, que hemos tenido que soportar en el traslado que se está realizando en el momento actual, es que la empresa adjudicataria de mudanzas (ORDAX), en un escrito sin firmar por nadie,  nos pide, lo mismo que al resto de los funcionarios, que embalemos y desembalemos la documentación y otros enseres, cuando en el Pliego de Condiciones de la contratación con dicha empresa dice claramente, como no podía ser de otra manera, que ese trabajo le corresponde al adjudicatario.

La última noticia que tenemos es que, en la nueva Sede de la calle Albarracín 31, no habrá plazas de parking salvo para unos pocos, lo que significa que o bien el que no tenga más remedio, habrá de alquilar una plaza de parking a costa de la reducción de su salario o bien, en el caso de las guardias, supondrá llegar a casa en muchos casos a las 23:00 horas, incumpliendo entre otras cosas la tan cacareada “conciliación” de la vida personal y laboral.

Con este maltrato al que nos somete la Comunidad de Madrid a los trabajadores de los equipos forenses, que somos un pilar fundamental para prevenir la violencia machista, parece estar claro por los hechos que nada o muy poco les importamos a la Comunidad de Madrid. Y si no les importamos los trabajadores indica que muy poco les importan las víctimas de la violencia machista, que son las destinatarias de nuestro trabajo.

No me sirve que la Comunidad de Madrid pueda alegar falta de presupuesto porque esta Comunidad tiene una desgraciada historia de corrupción, por cuya alcantarilla se han ido cientos de miles de euros, que hubieran sido necesarios para la atención a las mujeres víctimas de la violencia machista. Además, no cesa de crear nuevas Direcciones Generales, como la D.G. de Infraestructuras Judiciales, creada en el pasado mes de mayo, y que imagino supone un coste importante en recursos humanos y materiales.

Si las administraciones, en este caso la Comunidad de Madrid, quiere luchar de verdad contra la lacra de la violencia de género ha de empezar por respetar y valorar a los profesionales que trabajamos en ello, lo mismo que respetan y valoran a sus Diputados y altos cargos, que tienen muy buenas condiciones de trabajo y muy buen salario, sin que para éstos exista ningún problema presupuestario.